El alumnado migrante en FP no puede hacer prácticas por trabas burocráticas

El alumnado migrante matriculado en ciclos de Formación Profesional en Asturias se está quedando sin poder realizar las prácticas obligatorias en empresas debido a la exigencia de estar dado de alta en la Seguridad Social durante el periodo de formación en empresa. Esta situación está dejando en un limbo educativo a estudiantes que pueden matricularse legalmente en FP pero que, en la práctica, no pueden completar su formación ni obtener el título.

La normativa estatal exige desde enero de 2024 que el alumnado esté dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social durante su estancia formativa. Sin embargo, para obtener ese número es necesario disponer de NIE, lo que excluye a estudiantes que se encuentran en situación administrativa irregular. Paradójicamente, este alumnado puede matricularse en los ciclos formativos con pasaporte, pero posteriormente no puede realizar las prácticas obligatorias necesarias para titular.

El problema ya se está detectando en varios centros asturianos. “Se da el caso de familiares directos que están estudiando lo mismo, uno de ellos podrá incorporarse a la empresa porque su situación administrativa está más avanzada, el otro no podrá”, explica una docente asturiana.

Esto se suma a otras lagunas normativas derivadas de la implantación del nuevo sistema de Formación Profesional que externaliza parte de la educación y la pone al servicio de las empresas. El profesorado señala, por ejemplo, que el alumnado de la modalidad semipresencial —pensada precisamente para personas adultas que trabajan— no está encontrando adaptaciones reales para compatibilizar su empleo con las estancias formativas en empresa.

Esta problemática es solo un ejemplo más del desamparo que está viviendo el profesorado de Formación Profesional desde la implantación del nuevo modelo. La total improvisación y la falta de respuestas por parte de la Administración educativa ha generado una sobrecarga de trabajo en el profesorado que denuncia falta de instrucciones claras, deficiencias en la plataforma informática de gestión, dificultades para encontrar empresas suficientes para las prácticas, ausencia de figuras de prospección que la propia ley prevé, una creciente carga burocrática en los centros y una falta evidente de formación específica y apoyo institucional.

Todo ello se produce además en un contexto de creciente privatización del sector. Mientras la demanda de Formación Profesional supera ya el millón de estudiantes en el Estado, el crecimiento de la oferta está siendo absorbido en gran medida por centros privados, que han multiplicado su presencia en la última década, especialmente en la modalidad online.

Reclamamos a la Consejería de Educación que dé una respuesta inmediata a estas situaciones de incertidumbre y falta de reglamentación y garantice que ningún estudiante quede excluido de su formación por obstáculos administrativos. “La educación debe ser un camino hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades, no un laberinto burocrático que expulsa precisamente a quienes más necesitan la formación”.