Acuerdos de Paz en Colombia: ni cumplimiento, ni paz

10/04/2019

Jesús de la Roza (Corresponsable de Internacional de SUATEA-Confederación Intersindical). Miembro de la XV visita asturiana de verificación de los Derechos Humanos en Colombia

Tuve ocasión de visitar Colombia hace dos años formando parte de la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos[1]. Hacía apenas cuatro meses que se habían firmado los Acuerdos de Paz (noviembre de 2016) entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ya entonces pudimos comprobar la lentitud y dificultad con la que arrancaba el cumplimiento de dichos acuerdos, los primeros indicios de corrupción en el manejo de fondos relacionados con los mismos, la ocupación por parte de paramilitares de zonas previamente controladas por las FARC, las dificultades del campesinado para hacer efectivo su derecho a la recuperación de tierras de las que habían sido despojados, la persistencia de los desplazamientos forzados de personas, el riesgo que corrían y las amenazas que pesaban sobre líderes y lideresas sociales –especialmente en lo tocante a la restitución de tierras-, las dificultades para ejercer el sindicalismo,… Pero, con todo, había una gran esperanza de que los acuerdos recién firmados, pese a la enorme y poderosa oposición de importantes sectores de la oligarquía colombiana comandada por el ex-narcopresidente  Álvaro Uribe Vélez, podrían, por fin, traer la paz a Colombia tras más de 50 años de conflicto armado, decenas de miles de muertos y, todavía a día de hoy, siete millones de personas desplazadas (en una población que no llega a los 50 millones). Tal vez el mejor ejemplo de esa esperanza eran los denominados “niños de la paz”, los hijos e hijas  recién nacidos de ex-guerrilleros.

El entonces presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque (una marioneta de Uribe) han tenido éxito en hacer creer al mundo que en Colombia se está en una etapa que llaman de “post-conflicto” y que la situación es prácticamente de paz, gracias a los acuerdos, obviando que siguen operativas tres guerrillas en el país (el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, el Ejército Popular de Liberación –EPL- más las disidencias de las FARC) y que los acuerdos no se están cumpliendo. La realidad es que, pese al vergonzoso silencio de los medios de comunicación, el número de líderes y lideresas asesinados en Colombia ha aumentado, especialmente desde la elección de Duque como presidente el pasado mes de agosto. Según la Defensoría del Pueblo, con quien nos reunimos el 1 de marzo, entre 2016 y 2018 habían sido asesinados 461 líderes y lideresas sociales; 29 en los dos primeros meses de 2019. Además, también habían sido asesinados más de 90 ex-combatientes de las FARC.

Una mujer sostiene una bandera las FARC durante una manifestación en apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá. REUTERS
Una mujer sostiene una bandera las FARC durante una manifestación en apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá. REUTERS

Dos años después, volví a Colombia formando parte de la XV Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos. El objetivo de esta Delegación era comprobar la situación derivada del conflicto en torno a la posesión y titularidad de tierras, así como de comprobar si se estaban cumpliendo los acuerdos, en particular el relativo al  “capítulo étnico” y a la sustitución de los denominados cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola). Así, durante una semana realizamos un intenso trabajo de campo visitando comunidades, fundamentalmente indígenas, negras (afrocolombianas) y campesinas, en dos departamentos del suroeste de Colombia (Nariño y Cauca), y dos del norte (sur de Córdoba y Sucre).

En tierras del pueblo “Awá”

Lo primero que me llamó la atención en el momento de aterrizar en Tumaco –una ciudad con un alto porcentaje de población negra-, departamento de Nariño, fue el enorme barrio de chabolas que se extendía a ambos lados del aeropuerto, así como la presencia de dos helicópteros de combate “black hawk” en la pista compartida de uso civil y militar; anticipo de dos de los elementos presentes en toda la región: la pobreza a la que está sometida una gran parte de la población y la alta militarización del territorio. Tuvimos ocasión de comprobar ambas cosas, incluida la presencia de militares frente a centros escolares, en flagrante violación del derecho internacional humanitario.

Tras varias horas de carretera nos fuimos adentrando en la selva, cerca de la frontera con Ecuador, hacia tierras donde habitan varias comunidades del pueblo indígena Awá, (uno de los más de 80 pueblos indígenas de Colombia) con algunos de cuyos líderes (gobernadores y guardia indígena) mantuvimos dos reuniones, una en un centro social inacabado, cuyos soportales son utilizados como escuela, en el resguardo Tortugaña-Telembí y otra en El Diviso (Barbacoas).

El pueblo Awá, como tantos otros, ha sido víctima de desplazamientos forzados desde hace años. En nuestro encuentro van desgranando un rosario de penalidades que están grabadas a fuego en su memoria. Los datos, si bien fríos, son terriblemente contundentes: 109 nueve líderes indígenas han sido asesinados desde los acuerdos (a fecha 20 de febrero), 53 desde las elecciones presidenciales de agosto de 2018; solo del pueblo Awá han sido asesinados más de 400 líderes desde 1990. Muy presentes en su memoria están las 9 masacres de las que han sido objeto. Rescato dos por su relevancia. Una porque fue perpetrada por las FARC en 2009 en la que fueron asesinados 11 indígenas (incluidas dos mujeres embarazadas), crimen por el que las FARC han pedido perdón; la otra por su cercanía en el tiempo y por la relevancia de la misma: en un resguardo llamado el Palmar, Ricaurte, fueron asesinados delante de la comunidad la persona que acababa de ser elegida gobernador del resguardo y su padre. El hijo y nieto, muy joven, apenas puede contener las lágrimas cuando nos narra los hechos asumiendo que ahora le toca a él, que ejerce de guarda indígena, continuar el trabajo de sus mayores a riesgo de su vida. Para el ejército se trató de una mera pelea familiar, una de las típicas excusas para no investigar y por lo que la mayoría de estos asesinatos quedan impunes.

Esta zona, antes bajo el control de las FARC, es una zona donde se cultiva coca y constituye un importante corredor para el narcotráfico, por su proximidad con la frontera con Ecuador, la existencia de ríos navegables y con puertos próximos en el Pacífico. Los Awá mostraron su disposición a proceder a la sustitución de cultivos, pero no han podido hacerlo por falta de ayudas y de garantías. Temen que el gobierno decida fumigar con glifosato, que no distingue entre coca y otros cultivos como la yuca o el plátano.

Ya no están las FARC, pero han ido llegando otros actores armados: el ELN, distintas disidencias de las FARC[2]  y diferentes grupos paramilitares. Ello, unido a la presencia del ejército y la policía, con quienes a veces actúan en connivencia, hace que hayan aumentado las amenazas y la inseguridad hasta el punto de que en algunos resguardos no se puede salir sólo o adentrarse en determinados lugares. Hay resguardos a los que se les ha impuesto el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, se controla el movimiento de sus habitantes, incluso restringen o prohíben el uso del teléfono móvil, hay zonas que han sido nuevamente minadas,… También quieren que hagan de informantes, poniéndoles en peligro frente a uno u otro actor armado. Lo sorprendente es que, según nos cuentan, el 80 % del territorio está militarizado, pese a lo cual, no cesan las amenazas ni los asesinatos.

A todo ello hay que sumar los atentados al medio ambiente derivados de la minería y de los continuos ataques del ELN al oleoducto transandino que causa graves problemas de contaminación en los ríos.

No obstante, pese al miedo y pese al incumplimiento por parte del gobierno de más de 300 acuerdos que los Awá han ido arrancando a lo largo de los años, su lucha en defensa del territorio continuará porque, como nos decía uno de sus líderes, “un awá sin territorio no es nadie”.

Con las comunidades negras de Tumaco

Al igual que la dirigencia social en las zonas rurales es objeto de atentados, otro tanto ocurre en la ciudad de Tumaco donde hablamos con líderes y lideresas negras amenazadas (se ha puesto precio a su vida por poco más de 1.000 €) .Muchos ya no denuncian o lo hacen en otras ciudades por miedo, especialmente desde que una fiscala de la audiencia nacional (de la que facilitaron nombre  y apellidos) declarara que “los líderes no deberían existir, son lo peor de la sociedad”. Esta desprotección judicial es una de las mayores quejas, al punto de que a “ningún reclamante de tierras en Tumaco se las han restituido. Además, muchas personas no reclaman por miedo”. A ello hay que sumar la desconfianza en la policía y fuerzas armadas a los que acusan de connivencia con muchos grupos armados. Este clima de violencia es el que ha llevado a considerar las condiciones de vida de la población como de crisis humanitaria.

Tumaco, una ciudad en la que hace 20 años apenas existía la coca, es considerada hoy en Colombia como ciudad de mafiosos, droga y narcotráfico. “La droga mueve el 70% de la economía de la zona”, lo que hace que en Tumaco operen al menos 10 grupos armados que luchan por su control. Tampoco funciona la sustitución de cultivos por falta de apoyos reales que permitan subsistir durante el período de transición. Se probó a cultivar cacao, pero los costes de producción superaban los de ventas; también se probó con pimientos, pero pudrían en una tierra que no era adecuada para ello. Las propuestas que elevan a la administración sobre erradicación y sustitución son rechazadas por lo que, a mucha gente, no le queda otra que volver a los cultivos ilícitos para poder subsistir, sea de manera voluntaria, u obligada por los paramilitares.

Las escasas ayudas, se quejan, tampoco son pactadas con la comunidad. A menudo se reducen a cursos de capacitación (“estamos hartos de cursos, estamos más que capacitados”), de peluquería si son para mujeres, que sólo sirven para aumentar las cuentas de beneficios de las empresas encargadas de impartirlos.

Ejemplo del abandono y la pobreza es el hecho de que solamente hay luz eléctrica en el 15 % de las 365 aldeas que pertenecen el municipio, o que un mes después del inicio oficial del curso escolar no se hayan iniciado aun las clases en 16 escuelas. Esto les preocupa especialmente ya que otro de los grandes problemas es el reclutamiento de niños y niñas por parte de los diferentes actores armados, máxime teniendo en cuenta la práctica inexistencia de empleo formal y legal. En el caso de las niñas, la prostitución puede ser vista como la única salida a la pobreza, o son directamente forzadas a ella.

En este clima de temor en el que “el delito más grande es decir la verdad y oponerse a la privatización de lo público” hay cierta añoranza de los tiempos en que las FARC eran el poder real en la zona. Al menos “sabíamos quién era el enemigo, ahora no”. Un líder lo resumía de la siguiente manera: “Con las FARC dormíamos con un ojo abierto, desde que llegaron los militares tenemos que dormir con los dos ojos abiertos”.

Con el pueblo indígena Nasa y las comunidades negras del Norte del Cauca

De Nariño nos dirigimos al Cauca, también en el suroeste, donde nos reunimos en Santander de Quilichao con líderes del pueblo indígena Nasa que nos describieron una situación no muy diferente de la existente en Nariño. El vacío dejado por las FARC está siendo cubierto progresivamente por el EPL, el ELN, grupos paramilitares, disidencias de las FARC, narcotraficantes y una presencia creciente del ejército. Los siete actores armados activos en el Norte del Cauca, con enfrentamientos entre ellos en su lucha por el control territorial, han hecho que la situación a partir de 2018 recuerde lo ocurrido años atrás. Se han producido desplazamientos de población, se reclutan jóvenes, se producen restricciones a la movilidad, se ha puesto precio a la cabeza de líderes y lideresas (todos los líderes Nasa han sido amenazados). Denuncian 46 homicidios en territorio indígena, de los cuales 26 son comuneros.

Problemas similares denuncian las comunidades negras agrupadas en la muy potente organización ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca). La situación estratégica de la zona (en las vías panamericana y bolivariana), su riqueza hídrica, la fertilidad del suelo y la abundancia de minerales, hacen que éste sea un territorio en disputa entre las comunidades (indígenas, negras y campesinas) y los intereses de las multinacionales extractivas, los terratenientes locales y el narcotráfico.

La situación ha empeorado gravemente desde 2016 (año de la firma de los acuerdos) con la llegada de varios grupos paramilitares a la zona con lo que comenzaron las amenazas a la dirigencia comunitaria poniendo precio a sus cabezas. A partir de 2017 llega el ELN al territorio donde también hay presencia de las disidencias de las FARC (“al menos 7 grupos de no más de 30 personas cada uno”). Con ello, junto con las amenazas, llegaron las restricciones a la movilidad, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad. No se atreven a denunciar las amenazas  porque no se fían de la fiscalía (“toman copas con los agresores”). Preocupa mucho el reclutamiento de jóvenes porque “en el conflicto hemos perdido dos generaciones, tenemos miedo perder una tercera”.

Denuncian que varias empresas atacan directamente los derechos territoriales, como la empresa de huevos Kikes que atenta contra las autoridades por denunciar la grave contaminación que produce. También Cervalle, acusada de malcriar cerdos causando graves problemas de contaminación en las proximidades, y que ha establecido en su interior un batallón militar supuestamente para proteger, además de tener seguridad privada que hace patrullajes ilegales. La presencia de tanto varón también supone un peligro para las mujeres y niñas de la zona.

Por último, además de denunciar más de 350 acuerdos incumplidos por el gobierno, denuncian el intento de enfrentar a indígenas con afro-colombianos en la disputa por la tierra por lo que se ha creado un consejo interétnico al objeto de solucionar los problemas que se están generando.

Finca “La Emperatriz”: lucha por la tierra y represión

Antes de irnos de la zona, tuvimos conocimiento de un nuevo intento de desalojo de la finca La Emperatriz por parte del temido ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La finca de La Emperatriz es un ejemplo de lucha del pueblo Nasa por la posesión, uso y disfrute de una tierra que es suya por derecho. No obstante, la finca la pretende una terrateniente vecino que cuenta con policía antidisturbios en su terreno. Dos días antes de nuestra llegada, la ESMAD entro en la finca a sangre y fuego dejando dos personas heridas de bala. Pudimos comprobar el resultado: campos de cultivo arrasados, modestas construcciones de madera derribadas y abundantes botes de humo disparados por la policía (“cargados con metralla”, nos dicen). Pese al ataque y al miedo, la finca sigue en manos campesinas y, durante nuestra visita, ya habían comenzado las labores de reconstrucción.

 Por tierras del Norte (Córdoba y Sucre)

Pasamos de las grandes tormentas e inundaciones (con graves consecuencias para la economía e infraestructuras) de Popayán y Quilichao (Cauca), en el Pacífico, con suspensión de vuelo incluido, a la sequía del departamento de Córdoba, en la Costa Atlántica. Nos dirigimos a Puerto Libertador, Montería, en un largo viaje de cuatro horas y, por primera vez en los 15 años que se llevan realizando estas visitas de verificación, escoltados por la policía, a sugerencia de las propias comunidades que íbamos a visitar.  Nos reunimos con el sindicato agrario y sus muy jóvenes dirigentes, autoridades indígenas zenú, y las Juntas de Acción Comunal, y con presencia del ejército que se mantenía a una prudente distancia.

La zona, que nuestros interlocutores definen como “zona de resistencia campesina” vive bajo el fuego e intereses cruzados de muchos actores. Una vez que se fueron las FARC, ocurrió los mismo que vimos en otras partes: llegó el ELN, los paramilitares (“aquí domina el Clan del Golfo”), disidencias de las FARC (el autodenominado Nuevo Frente  18), la policía y el ejército (acusado de asesinar a un campesino el día de Nochebuena). Como consecuencia de los enfrentamientos entre unos y otros se han producido desplazamientos de población (que se dirigen a las núcleos de población más grandes) así como bloqueo económico, alimentario (“controlan la cantidad de comida que puede subir cada familia”) y comunicativo: se restringe y controla el uso del móvil y les han cerrado una página web; las disidencias establecen censos de población, se ha reminado el territorio, se promueven los reclutamientos forzados de jóvenes para el narcotráfico o la prostitución,… Un mes después del comienzo oficial del curso, aun no han empezado las clases en ninguna de las 13 veredas (aldeas) de la zona. Se encargará de la educación una empresa-ONG denominada “Jehová Edifica”, en una clara muestra de privatización e ideologización religiosa de un servicio público fundamental.

Pese al miedo, que hace que mucha gente no quiera ser líder o lideresa  de acción comunal, utilizan la denuncia pública como mecanismo de defensa. El miedo no es gratuito, además de las numerosas amenazas han sido asesinados en el departamento 28 líderes desde 2016, 20 de ellos en esta zona del sur de Córdoba. De esos 20, 6 en este pequeño corregimiento de Puerto Libertador, lo que supone el mayor porcentaje de crímenes de líderes sociales y defensores de todo el país.

Aseguran que apostaron por el proceso de paz y la erradicación de cultivos ilícitos, llegando a arrancar el 95% de la coca en el territorio, pero ante la negativa del gobierno a convertir la zona en “reserva campesina” y ante la presión de tantos actores armados que obligan a muchos campesinos a plantar coca se muestran resignados: “tendremos que plantar coca porque no tenemos otro modo de subsistencia. Es la base de la economía del sur de Córdoba”.

Como grave incumplimiento señalan que nunca todavía hayan preguntado a los pobladores de la zona para la elaboración en curso del trabajo de la Comisión de la Verdad, por lo que el relato de la guerra no tendrá los aportes de esta zona que ha sufrido intensa actividad guerrera, que todavía padece, al ser un nudo y corredor estratégico entre varias regiones.

Con preocupación señalan que la Red de Cooperantes de Uribe, establecida para que hubiera cientos de miles de informantes, ahora se reproduce de nuevo en un programa llamado Mil Cooperantes ofreciendo dinero a activistas de las Juntas de Acción Comunal y poniendo en peligro su integridad al involucrarlos en la guerra.

Con decisión y énfasis aseguran que estos territorios continuarán resistiendo y preparan movilizaciones frente a las traiciones e incumplimientos del gobierno de Iván Duque.

Finca “La Alemania”: ejemplo de lucha campesina

De Montería viajamos al vecino departamento de Sucre. Nos dirigimos a la finca “La Alemania” que  tiene una larga historia de disputa territorial, de asesinatos (diez en doce años), desplazamientos forzados por los grupos paramilitares, de resistencia y lucha por la tierra. Pese a la inseguridad y al miedo (hablamos en voz baja para que no nos oyeran las fuerzas policiales visiblemente presentes en las cercanías) se mantienen en la finca tras doce años de lucha. Se trata, nos decía un campesino de “insistir, resistir, persistir”, y ello pese a no tener agua, ni luz, ni escuela, ni centro de salud,  “ni siquiera tecnología para trabajar la tierra”.

Denuncian  que los paramilitares, que nunca se han ido de la zona, se sienten más fuertes con el nuevo gobierno, que quieren establecer su base en la finca por lo que, poco a poco, tratan de ir echando a la gente de sus casa para ir ocupándolas ellos, a la par que amenazan a toda la dirigencia social. Antes de irnos, volvemos a escuchar esa petición (que empieza a adquirir tintes desgarradores: “no  nos abandonéis”) de acompañamiento y ayuda internacional, de presencia de observadores de manera permanente porque eso les da mayores garantías de supervivencia.

Además de los problemas específicos de la finca, denuncian lo que ocurre en San Onofre (municipio al que pertenece “La Alemania”), donde se da la conjunción perfecta de intereses comunes de la administración pública, los paramilitares (los auténticos amos), el ejército y la policía. La connivencia llega a tal punto que ya no se atreven a denunciar puesto que son los paramilitares los primeros en conocer las denuncias e interesarse por ellas. Conviene recordar la crueldad e intensidad de la represión paramilitar en San Onofre, donde ya se han realizado 84 exhumaciones de fosas y donde el terror tuvo un centro neurálgico por muchos años, historia que se vuelve a repetir en el presente, como en Guaranda y Puerto Pajón donde los campesinos deben pedir permiso a los ilegales para pasar o salir. Denuncian igualmente el uso que se hace de menores para el narcotráfico –a riesgo de perder la vida si se oponen-, así como una “terrible violencia sexual” que deja, además, a muchas niñas embarazadas.

A modo de conclusión

Dos años y medio después de la firma de los acuerdos de paz la situación de los derechos humanos ha empeorado en Colombia. El incremento de asesinatos de miembros de la dirigencia social así lo atestigua.

Los territorios abandonados por las FARC han sido ocupados por paramilitares, disidencias y, en parte, por el ELN. La relativa calma que se produjo con la firma de los acuerdos ha desaparecido. Se está volviendo a los momentos más duros de la pasada década: desplazamientos de población, usurpación de tierras, reclutamiento de menores, acoso sexual a niñas, exilios forzados y asesinatos.

El que haya territorios en los que el estado no garantiza la vida de sus habitantes podría considerarse como el resultado de un estado parcialmente fallido o, lo que es peor y posiblemente más cierto: se mantiene la connivencia de sectores del estado con los intereses del gran capital (extractivo, agro-industrial, energético, ganadero) a costa de los pobladores de esos territorios. Los paramilitares serían los encargados de realizar el trabajo sucio que “despeje” dichos territorios.

El desinterés del nuevo gobierno en cumplir los acuerdos dificulta enormemente el avance en el proceso de paz pretendido con la firma de los mismos. De hecho, está dando pasos muy preocupantes al tratar de modificar o hacer inefectivos algunos de los elementos más importantes de los acuerdos, como la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tampoco parece tener interés en reanudar las conversaciones con el ELN, por lo que el conflicto armado entre guerrilla y Estado se mantiene vivo, pese a la desmovilización de las FARC.

Las ayudas internacionales están sirviendo para que muchos intermediarios llenen sus bolsillos, pero no sirven a los intereses de la comunidad; uno, porque una buena parte de los mismos se pierde por el camino; otro, porque su utilización no ha sido negociada con las comunidades  receptoras de los mismos.

La esperanza que había en los acuerdos está desapareciendo, como ha desaparecido la confianza en prácticamente todas las instituciones del Estado, en particular la Fiscalía.

Es una opinión compartida por los miembros de esta XV Comisión que sólo la movilización interna (como la que, en el momento de escribir estas líneas,  se está dando desde hace días con los bloqueos de la Vía Panamericana), junto con la presión internacional (que las comunidades que visitamos reclaman con insistencia) pueden salvar el proceso de paz, hoy seriamente comprometido.


NOTAS
[1] Ver https://www.atlanticaxxii.com/colombia-la-guerrilla-las-farc-i/ y https://www.atlanticaxxii.com/colombia-vida-muerte-la-lucha-la-tierra-ii/ 
[2] El partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) heredero de la guerrilla FARC, con quien nos reunimos en Bogotá al final de nuestro recorrido, no reconoce la existencia de disidencias, que supondría una visión política diferente a la suya, sino que habla de “desertores”.

Visita de la XIII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia

INFORME PARA EL SECRETARIADO DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL

Visita de la XIII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, realizada entre el 20 de febrero y 5 de marzo de 2017

Jesús de la Roza (Secretariado de SUATEA)  Marzo 2017

 

Sin nombreUna de las numerosas pintadas a favor de la paz en una calle de Bogotá 



 

Índice

  1. Artículos publicados en “Público”.
  2. XIII DELEGACIÓN ASTURIANA – DDHH – COLOMBIA: Informe preliminar.
  3. Actividades realizadas durante la visita.
  4. Integrantes de la Delegación.
  5. Objetivos.
  6. Introducción.
    1. El proceso de paz, desde los campamentos de las FARC Colombia, la paz atascada en el barro.
    2. Proceso de paz en Colombia Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz.
  7. Artículos publicados en “Atlántica XXII”.
    1. Colombia: con la guerrilla de las FARC (I).
    2. Esperanza y muerte en Colombia.


1.  Introducción

Tal y como se aprobó en el Secretariado de la CI de fecha 12 de enero de 2017 , entre los días 20 de febrero y 5 de marzo de 2017, en representación de la Confederación, formé parte de la XIII Delegación Asturiana de DD.HH en Colombia. Lo que sigue es un informe sobre los objetivos, participantes, actividades realizadas, informe preliminar de la visita, artículos de prensa derivados de la visita y memoria económica.


2.  Objetivos

  • Establecer el estado de los Derechos Humanos en Colombia, y en particular en las regiones definidas por el Comité de Selección del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia: Cauca, Tolima, Sucre, Córdoba, Magdalena Medio, Bolívar, Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Bogotá y Cundinamarca, mediante entrevistas con autoridades nacionales y locales, así como con responsables de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos con presencia en el país, y mediante Audiencias públicas con comunidades locales, organizaciones sociales del orden nacional y local, de Derechos Humanos y de víctimas.
  • Expresar apoyo al proceso de terminación del conflicto armado con las FARC  e impulsar el cumplimiento de los Acuerdos suscritos, visitando algunas zonas veredales de encuentro (lugares de concentración de las FARC, previo al desarme e integración en la vida civil).
  • Apoyar el inicio del proceso de diálogo para la terminación del conflicto armado con el ELN y
  • Estimular la apertura de conversaciones con el EPL.
  • Difundir en Europa los hallazgos de la Delegación Asturiana y profundizar las actividades de Diplomacia Política-Parlamentaria y de Diplomacia Ciudadana por la Paz y los Derechos Humanos para Colombia en la Unión Europea y en sus Estados miembros.
  • Publicar en papel y en medio magnético el 13 Informe Asturiano de Verificación del estado de los Derechos humanos en Colombia, que se presenta ante la sociedad a través de los medios de comunicación y de reuniones y charlas públicas en Europa, y que se difunde a través de las redes sociales y en entrevistas con gobiernos y Parlamentos de Asturias y en otras comunidades autonómicas de España, así como ante el Parlamento Europeo y ante los sistemas de DDHH y DIH de la ONU y de la OEA.

 

3.  Integrantes de la Delegación

  1. Tania González Peña. Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
  2. Javier Couso Permuy. Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
  3. Mario José Suárez del Fueyo. Concejal del Ayuntamiento de Gijón/Asturias. Secretario General de Xixón Si Puede.
  4. Celestina Intriago Fernández. Presidenta de la Coordinadora de Ongs. De Asturias.
  5. Carmen Alonso Villaseñor. Vicepresidenta de Ingeniería Sin Fronteras Asturias
  6. Jesús de la Roza Braga. Representante de la Confederación Intersindical/España.
  7. Ana María Andrés Ablanedo. Coordinadora de la Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
  8. Daniel Busto Gutiérrez. Delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.
  9. Francisco Javier Arjona Muñoz. Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
  10. Carlos María Meana Suárez. Abogado laboralista.
  11. Javier Alfonso Orozco peñaranda. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.
  12. Javier Vargas. Periodista del diario “Público”

Miembros de la delegación con mandos de las FARC (“La Elvira”, Buenos Aires, Cauca)

4.  Actividades realizadas durante la visita

Durante los primeros diez días realizamos un intenso, exigente y agotador trabajo de campo que nos llevó por los departamentos señalados más arriba. Para ello, hubimos de tomar seis vuelos diferentes y realizar miles de kilómetros en furgonetas, todoterrenos, lancha (por el río Magdalena), etc. Tuvimos dos encuentros con guerrilleros de las FARC en dos de las 26 “zonas veredales de transición” (campamentos de estancia provisional) en las que están ubicados), visitamos a presos políticos en la cárcel de Picaleña (Ibagué, Tolima), y tuvimos numerosos encuentros (audiencias) con comunidades campesinas, negras, asociaciones de víctimas y desaparecidos, sindicatos, líderes sociales, miembros de la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, etc.

Durante los tres últimos días, realizamos visitas institucionales en Bogotá: Embajada española, Comité Tripartido de Verificación (formado por representantes del Gobierno, de las FARC y de la ONU), Unidad de Protección de Víctimas, miembros del comité tripartito de las FARC, Viceministro de Defensa… y realizamos una rueda de prensa en la que presentamos un informe provisional sobre las conclusiones extraídas durante la visita.

En el Anexo que figura al final de este informe, figura el plan de trabajo previsto y, felizmente, realizado con la salvedad citada y con cambios en los horarios de las visitas institucionales realizadas, a petición suya.

CCCampesinos en una asamblea con la Delegación

 

 

5.  XIII DELEGACIÓN ASTURIANA – DDHH – COLOMBIA: Informe preliminar[1]

Durante los últimos once días, la Delegación Asturiana ha recorrido las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, de Córdoba, de Sucre y Cartagena. Ha escuchado a las comunidades, organizaciones sociales y de víctimas; a campesinos y pescadores; a prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué y ha visitado las Zonas Veredales de Transición de guerrilleros-as de las FARC en La Elvira (Buenos Aires/Cauca) y La Fila (Icononzo-Tolima), recabando la versión de esta guerrilla sobre la implementación de los Acuerdos de Paz.

Tras sostener reuniones y contrastar informaciones con autoridades civiles y militares en Bogotá y con las misiones diplomáticas de la ONU, la Unión Europea y España, esta delegación expresa:

  1. Su satisfacción por el inicio de la fase pública de las conversaciones de paz entre gobierno y ELN. También por la constatación del cumplimiento del cese del fuego entre las FARC y la fuerza pública.
  2. No obstante, alerta de los atrasos y graves insuficiencias que ha constatado en su visita a las Zonas Veredales de la Fila y La Elvira, que se unen a los testimonios recibidos de la de Gallo (Tierralta/Córdoba) y Planadas (Tolima). Hay incumplimientos en materia de infraestructura (de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización), y en la Ley de Amnistía e Indultos para guerrilleras/os. Nos preocupan los obstáculos que están poniendo los jueces de ejecución de penas para cumplir con las excarcelaciones pactadas. Nos preocupa el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a la guerrilla y para evitar el acceso de la población estas zonas transitorias. De hecho, nuestra Delegación sufrió esta actitud del Gobierno al ser retenida durante tres horas cuando intentaba acceder a La Elvira por orden del Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo. Lo mismo les ocurrió a los estudiantes que conforman el Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Policía a regresar a Icononzo. Alarma a la Delegación las condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales visitadas, que afectan de manera especial a las personas de las FARC que están enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebés nacidos en los últimos meses. No se está dando participación a las regiones en el proceso de abastecimiento de la Zonas Veredales, y se ha denunciado la corrupción en la adjudicación de las obras a empresas no especializadas en construcción. La prioridad del gobierno parece ser sólo la entrega de armas. Estas circunstancias son un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado y generan escepticismo sobre la intención del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC.
  3. La Delegación también expresa temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que ahora dejan libres las FARC, a pesar de que el Ministro de Defensa niega su existencia. Esta Delegación ha recibido informaciones sobre su presencia en todos los territorios visitados. La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pública y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz. Las informaciones que recibió nuestra Delegación dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Aguilas Negras adelantan campañas de reclutamiento de menores; hay paramilitares en Puente Cauca que atracan y amenazan a menos de 200 metros de un puesto del ejército; las llamadas Autodefensas Gaitanistas están desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel (Putumayo); hay paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indìgenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejército no actúa; hay paramilitares en el Sur de Bolívar, en Buena Vista por ejemplo están haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan; también recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habrían penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, así como en los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el río Magdalena y en el entorno de las mineras del carbón. Hay denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Córdoba donde extorsionan a maestros de escuela y amenazan a la dirigencia social. Hay paramilitares alrededor de Punto de Concentración de las FARC en Gallo (Tierralta-Córdoba). Las organizaciones sociales denuncian que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejército amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento de Sucre. Es la misma situación que se repite en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, donde el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madrevieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operan con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el río San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitución por los campesinos, hay presencia paramilitar. También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, y en el Cacarica, lugar en el que el pasado 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Zona Humanitaria-Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejército está encargado de la protección perimetral.
  4. La paz en Colombia sigue siendo una aspiración, no es una realidad en muchas regiones. Durante el 2016 y los dos primeros meses del 2017 los asesinatos de militantes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, las amenazas, los desplazamientos forzados y otras vulneraciones de Derechos Humanos contra a líderes sociales persisten y se agudizan. La Delegación ha constatado que los crímenes contra la dirigencia social tienen el carácter de sistemáticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social, a desestimular mediante el terror la exigencia de restitución de las tierras usurpadas, a acelerar el proceso de apropiación de las tierras baldías en las ciénagas de los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú, a acallar a quienes se manifiestan contra los grandes proyectos minero-energéticos, a silenciar los reclamos de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indígenas y de las comunidades LGBTI.
  5. La orden del gobierno de erradicación forzada de los cultivos ilegales va en sentido contrario de lo acordado con las FARC y agudiza el conflicto social pues las comunidades exigen planes de estructurales de cambio para el campo.
  6. Preocupan los testimonios sobre el cierre de vías y el uso de paramilitares por algunas empresas de palma aceitera que extienden sus dominios con violencia sobre tierras de titularidad pública y comunal, entre ellas Indupalma.
  7. En Cajamarca/Tolima las comunidades expresaron su rechazo a los convenios confidenciales entre la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Ejército colombiano por valor de más de $20.000 millones. Se desconoce el contenido de los convenios y se denuncia que, de facto, supedita a la fuerza pública a los intereses de la empresa foránea en contra de los pobladores que expresan su oposición a la mina. El Gobierno confirma la existencia de éste y de otros convenios destinados, según dice, al aumento de la coordinación para asegurar sectores económicos estratégicos que generarían empleo y progreso.
  8. Nos inquieta el Plan Atrato-Gran Darien que alarma a las comunidades quienes ven venir una nueva fuente de peligro para sus vidas y de despojo territorial, que implicaría desplazamientos masivos y forzados de las comunidades campesinas, indígenas y afro-colombianas.
  9. Nos preocupan los reportes de amenazas a ambientalistas e integrantes de la USO por su oposición a la extracción vía fracking en San Martín.
  10. Se ha producido un gran deterioro de los derechos laborales, según denuncian los sindicatos de la CUT. Algo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la ENS), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al nuevo Código de Policía, al parecer pensadas para reprimir la legítima movilización ciudadana. Existe un alto grado de sub-contratación laboral para evadir obligaciones patronales, algo que repercute en salarios de hambre y en la negación patronal de las prestaciones sociales. Esto contrasta con las promesas gubernamentales en el seno de OIT de mejorar esas condiciones de la clase trabajadora. Buen ejemplo de lo anterior es un Informe del 2011, avalado por varias Embajadas, cuyas conclusiones indican la persistencia de la violencia antisindical, en un 99% impune.
  11. La Delegación Asturiana muestra su admiración y respeto a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrodescendientes, de mujeres, y de derechos humanos y de los sectores populares de Colombia, sometidas a una persecución sistemática, impune. Su esfuerzo y su valor son una base firme para la construcción de paz y justicia social.
  12. La Delegación Asturiana con base en las 13 visitas realizadas y en el acumulado de relaciones solidarias construidas desde el Programa Asturiano de Derechos Humanos de acogida temporal defensores/as perseguidas, se permite solicitar al gobierno colombiano que ofrezca garantías y proteja de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.
  13. Trasladamos a las agencias de la ONU, a la Delegación de la Unión Europea y a las agencias de cooperación la necesidad de priorizar durante el llamado posconflicto el apoyo a los planes de desarrollo social y económico de las comunidades, contando siempre con su participación directa y evitando que dichos recursos sean manejados por la misma casta que implementó la violencia y que comienza a robarse los recursos destinados a impulsar la paz.
  14. Instamos al gobierno colombiano a atender las demandas del movimiento sindical, las demandas de tierras del campesinado, a impulsar las Zonas de Reserva Campesina, a atender las demandas territoriales de las comunidades negras y los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, así como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
  15. Instamos al Ejecutivo a llenar el vacío de poder que dejan las FARC con obras sociales, escuelas, vías, puestos de salud, programas sociales, para hacer una presencia que no sea sólo de fuerza pública y para ser consecuente con lo acordado en La Habana.
  16. Instamos al gobierno a liberar en los términos acordados a los presos políticos y de guerra que ya deberían estar en las zonas veredales con sus compañeros/as desmovilizados/as.
  17. Unimos nuestras voces y esfuerzos a los de millones de personas que desean la paz y la justicia social para Colombia.


6. Artículos publicados en “Público”

1. El proceso de paz, desde los campamentos de las FARC Colombia, la paz atascada en el barro

Dos meses después de que los miembros de las FARC abandonaran la selva para empezar su transición a la vida civil y política, el Gobierno no está cumpliendo lo pactado. Cientos de guerrilleros viven en cabañas improvisadas sin agua corriente, expuestos al barro y la lluvia y desconfían de que las infraestructuras prometidas lleguen algún día. El retraso en la aplicación de los acuerdos de La Habana, denuncian, es generalizado.

 

Un guerrillero de las FARC camina entre el barro en la zona veredal de transición de La Fila, en la región de Tolima.- JAIRO VARGAS

 

11/03/2017 23:15

JAIRO VARGAS

Aunque es temprano y hace frío en la cordillera central colombiana, Güérima Maheche se afana en su higiene. Un pilón de agua turbia le sirve para afeitarse cabeza y barba y para cepillarse los dientes. Lleva haciéndolo así 22 años, desde que tenía 15. Toda una vida con el rifle a cuestas, aunque ahora puede colgarlo. Es uno de los 7.000 guerrilleros de las FARC que ha salido de la selva para concentrarse en una de las 26 zonas veredales donde los insurgentes esperan a ser considerados ciudadanos de pleno derecho.

Güérima deja la guerra sin ningún miedo y sin cansancio, “porque, cuando uno hace las cosas por amor, no se cansa. Hay que dejar las armas porque para eso hemos luchado tanto tiempo, para utilizar la palabra”, apunta. Su vida civil se la imagina similar a la actual, trabajando desde la política y junto a las comunidades abandonadas por el Estado para mejorar la calidad de vida de los suyos, explica. Le acompaña Héctor Estiven, su hijo de 12 años, al que hacía cuatro que no veía. En la vereda de La Fila, en la región de Tolima, centro del país, no hay bombardeos ni disparos ni explosiones de minas. Todo eso quedó atrás el 26 de septiembre del pasado año, cuando las FARC y el Gobierno colombiano pusieron fin a una guerra que ha durado 52 años, la más larga de América Latina. Héctor Estiven puede visitar a su padre sin temor, aunque le toque ducharse con agua fría en medio de la montaña. Parece contento, aunque se queje cada vez que Güérima le vierte una cacerola helada encima. Son las alegrías que trae la paz, pero todas las partes insisten en que ésta no se firma, se construye. Y en esas están, aunque el proceso es mucho más lento que el jurado del Premio Nobel, que ya ha otorgado el galardón al presidente Juan Manuel Santos.

Basta con subir un kilómetro desde la feliz escena del baño para comprobar que el Gobierno no está cumpliendo lo pactado. Allí no hay nada salvo un inmenso claro entre árboles que, cuando llueve, se convierte en una ciénaga; y la lluvia es frecuente en las montañas de Tolima. Gracias a ella pueden cocinar, lavar la ropa y los platos, porque aún no tienen agua corriente, ni duchas. Ni siquiera un retrete. Cada paso sin resbalar ya es una victoria, más aún si se carga con varios kilos de arroz o con tu propio hijo de pocos meses. No era lo que esperaban cuando hace dos meses avanzaban en columnas desde la jungla a los puntos de transición para no volver a pegar un tiro.

“Estamos empeñados en la paz, aunque ahora intenten desmoralizarnos. No nos vencieron, no hemos perdido la guerra, tuvieron que sentarse a negociar”, recuerda Carlos Alberto, al mando de la tropa desmovilizada en La Fila. El tono que emplea es algo más duro que el de algunos de sus colegas que dirigen las otras 25 zonas transitorias en las que los guerrilleros pasan su particular cuarentena de 180 días. A este paso, puede que sea más tiempo. Quizás hable así porque su vereda es una de las peor acondicionadas por parte del Gobierno. Quizás lo diga porque esa situación ─rodeados de barro y en chozas improvisadas expuestos a todo─ sí parece una derrota ante los ojos de cualquiera.

Allí, a una hora en coche desde Icononzo, la población más cercana, no hay nada más que barro y pequeñas chozas de plástico y bambú que han levantado los propios guerrilleros. La mayoría son para para dormir, algunas más amplias hacen las veces de peluquería, otra es una enfermería y otras sirven para apilar sus fusiles de asalto. Ahí viven como pueden alrededor de 350 personas que no paran de reparar lo que el clima va destruyendo. Tienen 38 enfermos, siete guerrilleras están embarazadas y hay una decena de bebés, enumera el comandante. El baby boom posterior a los acuerdos se ha hecho notar. La mayoría de los guerrilleros entraron a filas a edades tempranas, siendo niños y niñas que, en muchos casos, han encontrado en su compañero de armas a su compañero de vida. Hoy son jóvenes que, con la tranquilidad del cese al fuego, han decidido formar una familia. Los hijos de la paz, les llaman ellos.

 

Cabañas de plástico en las que viven los guerrilleros desmovilizados de las FARC en la zona veredal de La Fila, en la región de Tolima.- JAIRO VARGAS

 «Peor que en la selva»

Pero denuncian que la asistencia sanitaria que les prometió Santos, al menos en su campamento, brilla por su ausencia. Las condiciones, dicen varios guerrilleros, son peores que cuando estaban en la selva, donde la vegetación les protegía del viento y la lluvia. No están acostumbrados a la fría humedad que dejan las nubes atascadas en la montaña, mucho menos cuando contaban con un techo, aunque fuera básico. Sigue operando su medicina de guerra que, aunque no es mala, ahora adolece de escasez de medicamentos. Las veredas no son un buen lugar para dar a luz, y el hospital más cercano está a varias horas de los campamentos, en un viaje lleno de baches y peligros.

“No hemos peleado 52 años para que ahora nos tiren en cartones, como animales”, se queja el comandante insurgente ante el abandono del Gobierno. Pero ya no hay vuelta atrás. La guerrilla está decidida a dejar las armas y convertirse en partido político. Medio siglo de guerra cansa a cualquiera, y más aún si los avances en tecnología militar decantaban la balanza del lado del Estado. En mayo tendrá lugar la conferencia política de la que saldrá su propuesta para las elecciones de 2018. Aquel abrazo en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, líder de las FARC, marcaba una senda sin retorno. El camino hacia la paz es ya definitivo, aunque por momentos se atasque en el barro, como los guerrilleros de La Fila.

Aún queda mucho por hacer, como el desarme total o la amnistía e indultos para muchos guerrilleros presos, que son dos de los aspectos que más preocupan a los medios de comunicación, a los políticos y la población colombiana, sobre todo a la urbana, donde el no al acuerdo arrasó en el plebiscito. “Cumpliremos con la dejación de armas”, aseguraba a El Tiempo en una entrevista reciente Iván Márquez, uno de los máximos líderes de las FARC. Ningún guerrillero lo duda, pero lo que está en el aire son los plazos.

Walter Mendoza, comandante del bloque occidental Alfonso Cano de las FARC, afirma que entregarán las últimas armas cuando el Gobierno cumpla su parte del trato. “Cuando se construyan las instalaciones, cuando se aplique la ley de amnistía y de justicia especial para la paz, cuando el último guerrillero preso por delitos políticos salga de la cárcel y, sobre todo, cuando haya garantías políticas y de seguridad para nosotros”, enumera. Mendoza, que luce gorra del Che Guevara y una camiseta con un lema por la paz, dirige a los desmovilizados en la vereda de La Elvira, en el departamento de Cauca, 700 kilómetros al suroeste del barrizal de Tolima. Ni siquiera se han colocado aún los contenedores para depositar las armas que debe verificar la ONU, aunque ya se ha anunciado oficialmente el inicio del desarme.

Fuentes de Naciones Unidas que supervisan el proceso aseguran que “los retrasos en los acuerdos existen”. “Los sufrimos todos, tanto las FARC como el Gobierno y la ONU. Nos cuesta mucho avanzar y tenemos problemas, pero lo que sí es cierto es que la predisposición a resolver diferencias es total por ambas partes. Discutimos, consensuamos y avanzamos, así se resume el día a día”, explica uno de los observadores de la ONU, que achaca a un excesivo centralismo político la descoordinación en los territorios. “Es comprensible, no es una tarea fácil poner fin a medio siglo de guerra. Algunos campamentos que sí están en buenas condiciones”, apunta.

La situación es algo mejor en esta región, los insurgentes han podido aprovechar los cobertizos que dejó en el lugar una empresa maderera y el campamento, también precario y levantado por los guerrilleros, se extiende alrededor de una cancha de fútbol sala cubierta. Es de las pocas cosas que ha construido el Estado recientemente para las comunidades de la zona. Algunas excavadoras aplanan el suelo y varios obreros de una empresa contratista esparcen los cimientos de alguna de las futuras casas de los guerrilleros. Falta mucho trabajo, teniendo en cuenta que son casi 300 personas y que ya han pasado dos meses desde que los milicianos de las FARC empezaron a llegar a las zonas de transición. Las infraestructuras deberían haber estado listas etonces, pero no fue así. Temen que nunca acaben las obras y, lo que es más grave, que parte del dinero de la paz se pierda en los cajones de la corrupción, otro mal endémico del país. «Si nos dieran a nosotros los materiales no nos falta disposición ni conocimientos para construirlo todo nosotros mismos», explica Mendoza.

Máquinas y obreros contratistas trabajan en la zona veredal de La Elvira, donde viven casi 300 guerrilleros de las FARC, en el departamento de Cauca, Colombia.- JAIRO VARGAS

Hasta La Elvira no se llega por casualidad. Hay que subir durante horas por estrechas pistas forestales, rozar precipicios de miles de metros de altura, bordear alguna plantación de coca y tener la suerte de que el batallón del Ejército que “protege” el campamento fariano te deje pasar. Tras dos horas de retención y la bronca pertinente entre un cabo veinteañero y el comandante de la guerrilla Francisco González, alias Pacho Chino, que participa en el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del proceso de paz, el viaje continúa una hora más esquivando motocicletas con hasta cinco personas encima. Un gran cartel con los retratos de los “guerrilleros legendarios” da la bienvenida al campamento. Alrededor del rostro del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, se extienden las de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano; Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, y la de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, cuyo ordenador sirvió al Gobierno colombiano para tratar de vincular a las FARC con el narcotráfico y, en España, con ETA.

La confianza en que esté todo listo en algún momento empieza a decaer, aunque la tropa lo asume con la disciplina militar que les caracteriza. Es el caso de Adán, de 33 años. Entró en la guerrilla a los 14, en la región del Meta, al sur de la capital. “Estaba pelao, había necesidad y no había muchas oportunidades de prosperar en mi aldea”, explica. La decisión no fue fácil y llegó muy forzada por la pobreza y por el miedo. Era la época de los “falsos positivos”, un eufemismo macabro bajo el que se esconde el asesinato de civiles inocentes que el Ejército hacía pasar en sus informes por guerrilleros abatidos en combate. Podía tocarle a cualquiera que se cruzara con un batallón, porque había compensación económica por estas muertes.

Hasta 2015, la Fiscalía ha investigado más de 3.000 de estos casos, pero la impunidad es el denominador común de la inmensa mayoría. “Para morir y pasar por guerrillero sin serlo, preferí serlo directamente”, recuerda. “Mi papá estuvo de acuerdo, mi mamá lloró mucho, pero fue mi decisión y la respetaron”, recuerda el joven. No sostuvo un arma hasta pasados los años. Al principio tuvo que instruirse en lo militar y en lo político. Lo primero fue aprender a leer. “Era como trabajar en una finca”, detalla.

Pero creció y pasó a ser insurgente en el otro extremo del país. “Hubo una época muy dura, de combates diarios”, rememora. Teníamos hasta cuatro frentes abiertos contra nosotros. Los paramilitares por un lado, el Ejército por otro y también los elenos”, que no son griegos, sino guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla que hoy sigue activa en Colombia y se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno. Pero ese tiempo quedó atrás y, hoy, Adán puede sentarse a charlar con sus compañeros o recoger los huevos del gallinero del campamento sin miedo a que un avión le tire encima un racimo de bombas. Confía en el proceso de paz, pero sobre todo porque confía sus superiores. Le guste o no, hará lo que le manden, como siempre ha hecho. No cuestiona ninguna acción de la guerrilla, ni admite errores. Pero entre la tranquilidad del campamento, Adán no baja la guardia, recuerda el “engaño” del Gobierno a la guerrilla del M-19, que pasó de las armas a la política en 1990, y vive con “cierto temor” porque está aumentando el número de asesinatos a líderes campesinos, sindicales, ambientalistas y de movimientos sociales. Ellos, los guerrilleros desmovilizados, podrían ser los siguientes.

Temor a los paramilitares

Como no ha llovido, los insurgentes deambulan por la cancha y alrededores, donde varios de ellos representan una obra de teatro con tintes de educación en igualdad de género. No hay mucho que hacer allí más que pasar las horas, charlar en corrillos y esperar al almuerzo. Armas se ven pocas y todos visten de civil. Sólo en la parte norte del campamento, en el final de la zona, tres guerrilleros armados con fusiles de asalto montan guardia. No se fían de la protección del Gobierno y aseguran que las áreas abandonadas por la guerrilla están siendo copadas por los paramilitares, grupos armados de extrema derecha que extorsionan, matan y se lucran con las plantaciones de coca, marihuana y amapola, pero que para el Gobierno son agua pasada. En Bogotá, la capital, los ministros prefieren hablar de bandas criminales (Badcrim), pero los campesinos y los propios guerrilleros no ven ninguna diferencia entre éstas y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que firmaron su propio proceso de paz en tiempos de Álvaro Uribe, hace una década.

Varios guerrilleros de las FARC charlan en la zona veredal de transición de La Elvira, en el Cauca.- JAIRO VARGAS

Entre la tropa y el alto mando sobrevuela el fantasma de la Unión Patriótica (UP), el partido político que en los años 80 conformaron sectores de varios grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, y que fueron literalmente exterminados por el paramilitarismo. Alrededor de 5.000 personas, entre cargos electos y militantes de la UP, fueron asesinadas por las AUC en connivencia con sectores del Ejército y la Policía, según varias condenas. Un exterminio ideológico que, si el Estado no lo evita, podría repetirse con el partido de las FARC y sus aliados en la perseguida izquierda colombiana.

“La transición hacia la paz no tiene sentido si no garantizamos la seguridad de los desmovilizados, sobre todo de los que se van a dedicar a la vida pública”, reconoce el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Afirma que es “una prioridad del Gobierno” y pide confianza en un Ejecutivo que ha conseguido lo que ningún otro ha logrado hasta el momento. Fernández, al igual que el ministro, niega la mayor en cuanto al paramilitarismo. “Son bandas de crimen organizado, la página del paramilitarismo ya está pasada en este país”, insiste. No quiere una “guerra de términos lingüísticos” porque es “cierto que este crimen organizado busca ocupar el territorio dejado por las FARC cometiendo crímenes, con la extracción minera y con los cultivos ilegales”, expone. Es una “gran preocupación” para el Gobierno, pero afirma que se están “redoblando los esfuerzos” para combatirlos. “El paramilitarismo del que se habla hoy no es contrainsurgencia, sólo tiene afán de lucro, no de exterminio político y, lo que es fundamental, no hay permisividad del Ejército con sus acciones. Hoy se les combate y se investiga a los militares al más mínimo indicio de relación con las bandas criminales”, arguye reconociendo, de paso, la oscura y atroz época del uribismo en el país.

Respecto al estado de los acuerdos, Fernández de Soto lamenta los retrasos, pero los achaca a la falta de recursos y al esquema de prioridades del Gobierno. “Hay que establecer prioridades porque unas zonas son más urgentes que otras”, dice refiriéndose a regiones que han padecido más violencia, donde el único Estado real era la propia guerrilla y en las que hay insurgentes de las FARC disidentes del proceso de paz que se niegan a entregar las armas. Son un 5% de la guerrilla, estima el viceministro. No obstante, insiste en que “el proceso está mostrando sus frutos”.

No lo ve así Andrés París, otro comandante de las FARC que recibe a Público a en un edificio cercano al del despacho del viceministro, en Bogotá. La paz también es eso, compartir espacios. París, cuyo nombre real es Jesús Emilio Carvajalino, participó en las conversaciones de La Habana y se encarga de supervisar el estado de las zonas de transición, sobre todo en cuanto a la atención sanitaria. Cree que la esta actitud “dilatoria” por parte del Gobierno responde a una estrategia clara: “Que el partido político que resulte en mayo y sus posibles alianzas en la izquierda nazca sin fuerzas, sin posibilidad de impactar». “Si los acuerdos más básicos como la logística no se cumplen, qué podemos esperar de los fundamentales como la amnistía para los presos o la reorganización agraria que hemos pactado para las áreas rurales e incomunicadas del país”, se pregunta retóricamente. La paz está firmada. Sólo falta construirla.

Una guerrillera de las FARC pasa delante de un mural en favor de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, en la zona veredal de transición de La Elvira, en el Cauca.- JAIRO VARGAS

 

 

2. Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado.

Un hombre coloca flores durante una vigilia en Bogotá, en homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia.- MARCHA PATRIÓTICA

17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 16:51

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.

“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.

Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.

El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.

Monumento al maestro caído, en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia.- JAIRO VARGAS

Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.

Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza

sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

 

Negar la realidad

Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.

No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.

Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.

“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.

“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.

Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.

Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.

“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.

Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.

El engaño de los paramilitares desmovilizados

Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.


7.  Artículos publicados en “Atlántica XXII”

1. Colombia: con la guerrilla de las FARC (I)

Publicado el 30 de Marzo, 2017

Un guerrillero de las FARC con las armas reposadas en el campamento de La Fila (Iconozco, Tolima). Foto / Jesús de la Roza.

 

A principios de este mes de marzo regresó del país latinoamericano, tras dos semanas de intenso trabajo, la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. Una docena de personas, entre ellos eurodiputados, sindicalistas y representantes de la sociedad civil, recorrieron miles de kilómetros y estuvieron en dos de las 26 zonas veredales, donde se agrupan los guerrilleros de las FARC en proceso de desarme e integración. También se entrevistaron con miembros del Gobierno y estuvieron en la embajada española. Uno de los expedicionarios, Jesús de la Roza, cuenta en dos artículos la experiencia y sus reflexiones sobre la situación en Colombia.

Jesús de la Roza / Confederación Intersindical, SUATEA (Campamento de la Elvira, Cauca, Colombia).

Apenas unas horas después de aterrizar en Bogotá, la Delegación Asturiana de Derechos Humanos dejaba atrás la ciudad de Cali, las llanuras del Valle del Cauca y ascendía en microbús por sinuosas y remotas carreteras de tierra en las montañas del departamento del Cauca, camino de nuestro primer encuentro con las FARC, en la zona veredal de “La Elvira” (uno de los 26 puntos de concentración de la guerrilla previo a su desarme, integración en la vida civil y transformación en fuerza política). Unos kilómetros antes de llegar a nuestro destino la delegación fue retenida en un puesto militar que nos impidió continuar. En una clara violación de los acuerdos de paz de La Habana, el Alto Comisionado para la Paz, había ordenado que no se nos dejara pasar. Tras tres horas de retención e intensas negociaciones telefónicas, se nos permitió seguir nuestro camino “bajo nuestra responsabilidad”. Parecía que alguien estuviera interesado en que una delegación internacional, que incluía dos eurodiputados, no fuera testigo de los incumplimientos del Gobierno.

Cuando llegamos a la zona de recepción de visitantes de La Elvira nos encontramos con una explanada en la que había una pequeña cancha deportiva recientemente construida por la comunidad y dos antiguas construcciones. Eso fue todo lo que los 292 guerrilleros se encontraron cuando llegaron unas semanas antes a esta zona veredal. El Gobierno tenía que haber construido en estas 26 “zonas veredales” campamentos habitables con construcciones dignas, agua, luz, servicios médicos… y facilitar el progresivo contacto entre guerrilleros y comunidades vecinas y visitantes en general. Las FARC cumplieron y sus 7.000 hombres y mujeres (que suponen un 30% de la guerrilla) se establecieron en los campamentos, pero el Gobierno apenas comenzó las obras hasta tiempo después de la llegada de la guerrilla: ”En algunos sitios, no han puesto ni una piedra”. En La Elvira, un kilómetro más arriba del punto de recepción, pudimos comprobar la presencia de algunos obreros y unas pocas máquinas allanando terrenos anunciando futuras construcciones. “Como mucho el 10 o 15 % de la obra prevista”, nos indica Walter Mendoza, comandante del Bloque Occidental “Alfonso Cano”. Sin luz, sin agua, sin servicios médicos, los guerrilleros sobreviven estoicamente y “con paciencia revolucionaria” en las cabañas de madera y plásticos que ellos mismos se han construido. “Vivimos peor que en la selva”, nos confesaba un guerrillero.

Pese a todo, el anhelo de construir y vivir en una Colombia en paz se refleja en todo el campamento, en las palabras de guerrilleras y guerrilleros, en los grafitis que adornan algunas cabañas con permanentes alusiones a la paz, en la bandera blanca que ondea a la entrada del campamento, en la actitud tranquila de jóvenes y no tan jóvenes guerrilleros y guerrilleras que, pese a las dificultades, sueñan con la paz y saben que podrán dormir tranquilos sin el temor a que los despierte el sonido de una bomba. No temen que el proceso se dilate, unos meses no son nada tras casi 53 años de guerra.

El penal de Picaleña

Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.

Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.

El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.

Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?

Una guerrillera con su hija en el campamento La Elvira (Cauca). Foto / Jesús de la Roza.

En que la apuesta de las FARC por la paz es inequívoca coinciden todos y así nos lo manifestaron los mandos con los que nos reunimos en La Elvira. Tanto el mencionado Walter Mendoza, como Francisco González, del “Alto Estado Mayor”, como Rolando Cauca (34 años en la guerrilla), como Pacho (uno de los jefes en el campamento) nos confirmaron estar “comprometidos 100% con el proceso”, dispuestos a “jugárselo todo por la paz” y “hacer todo lo que esté en su mano” para que esto llegue a buen término, porque, apostillaba el comandante Mendoza, “la guerra es la peor pandemia de la Humanidad”.

Campamento de La Fila

Días después, tras un largo viaje en todoterrenos, visitamos la vereda de “La Fila”, también situada en un lugar remoto de las montañas Iconozco, Tolima. La dificultad para llegar al campamento, levantado en una ladera, no la puso la policía que vigilaba el acceso, sino el barro. Había llovido la noche anterior y seguía lloviznando cuando comenzamos a caminar por la cuesta que nos llevaba al punto de recepción del campamento. Seguidamente, otro kilómetro de subida por un sendero cada vez más impracticable. Por fin, entre la arboleda y la incipiente niebla que comenzaba a descender por los altos, divisamos las primeras cabañas de caña, madera y plástico construidas por la guerrilla.

Si en La Elvira las obras no habían avanzado un 15%, en La Fila ni siquiera habían comenzado. Tras un inhumano viaje de 32 horas en autobús, sin que la ONU les facilitase comida, ni posibilidad de asearse, llegaron a una vereda sin habilitar. Todo el campamento fue levantado por la guerrilla. Cuando llegaron los contratistas a decir que iban a construir unas casas prefabricadas de 3 metros cuadrados, los guerrilleros rechazaron esas “casitas de cartón” y les hicieron dar la vuelta “por dignidad” y “porque no es lo que está firmado en los acuerdos”, como nos recordaba Carlos Alberto, uno de los mandos de las FARC en el lugar.

Llegar a La Fila y ascender por la ladera viendo el campamento, con sus cabañas repartidas por el claro es como llegar a una aldea un domingo en el que no hay otra actividad que el cotidiano cocinar, lavar, fregar, limpiar (tareas que vimos realizar siempre a guerrilleras, pese a que las FARC procuran integrar el feminismo en su discurso y llegar a presumir de que “igual que ellas cogen las armas, ellos trabajan en la cocina”).

Era emocionante ver a padres y madres con sus bebés de pocos meses en brazos a los que mostraban con orgullo. Son “los hijos de la paz”, nos decían. Así conocimos a Alejandro, un bebé de dos meses que su mamá nos mostraba embelesada, o a Mikel, un bebé de seis meses que había encontrado un juguete en las gafas de la activista de derechos humanos que la sostenía en brazos. Había otros 5 niños en el campamento.

También pudimos observar la alegría de una familia que se lavaban en un pilón de agua helada. El niño se quejaba del agua, pero se mostraba feliz de reencontrarse con su padre tras cuatro años sin verle. Escenas que parecen cotidianas, pero que entrañan un momento especial: los niños de la paz, el reencuentro de guerrilleras y guerrilleros con sus hijas e hijos.

Pero no todo es tan idílico. Además de un clima muy diferente al clima caluroso al que estaban acostumbrados, el campamento carece de agua, luz, y asistencia médica. Además de 7 niñas y niños, hay 9 mujeres embarazadas y más de 30 heridos que necesitan atención médica de la que carecen. Han habilitado una cabaña como enfermería, pero apenas disponen de medicinas y el personal consiste en un guerrillero/enfermero que se formó en la guerra.

Son conscientes de los incumplimientos del Gobierno, denuncian el aislamiento al que se les quiere someter dificultando el que lleguen visitas (a menudo son identificadas y fotografiadas por la policía) pero, al igual que en La Elvira, se muestran firmes en su decisión de lograr una paz con justicia, como rezan (dicen) las banderas blancas que ondean repartidas por todo el campamento. Sabedores de las dificultades que obstaculizan el proceso de paz desde su inicio, y sabedores de que “no hay marcha atrás”, hay tres cosas en las que insisten y que dan vueltas en mi cabeza, una y otra vez, según voy bajando la embarrada ladera al final de la visita. Una, la necesidad de que la comunidad internacional conozca la realidad de la situación del país, se involucre, apoye, vigile y contribuya a que se cumplan los acuerdos. Otra es la imperiosa necesidad de contar con la más amplia movilización social colombiana posible en su apoyo y defensa (“los acuerdos son para la sociedad colombiana, no para las FARC”, nos decían). Por último, siempre que hablan de acuerdos y de incumplimientos, mantienen vivo el recuerdo de sus presos, a los que siempre ponen por delante. Presos que malviven en las cárceles, como pudimos comprobar en nuestra visita al penal de Picaleña, y que esperan por las leyes de amnistía e indulto previstas en los acuerdos. De este incumplimiento y de la visita a la cárcel de Picaleña, Ibagué, Tolima, os contaré en la próxima entrega.

El penal de Picaleña

Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.

Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.

El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.

Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?


2. Esperanza y muerte en Colombia

El paramilitarismo que no existe, pero que sigue matando

“Es muy contradictorio: estamos en un momento de post-conflicto y cese el fuego, pero no hay garantías para el trabajo social, político, sindical y de derechos humanos”, nos decía en Popayán (Cauca) un miembro de la “Red por la vida y los derechos humanos”. Y no le falta razón. A lo largo de 2016, fueron asesinados 120 líderes y lideresas sociales, campesinos, docentes, sanitarios, estudiantes…, 40 de ellos sólo en la región del Cauca. En lo que va de año, ya son más de 20 los asesinatos cometidos, 5 durante las dos semanas de nuestra visita, cumpliéndose el macabro ritmo de un defensor o defensora de derechos humanos asesinado cada tres días.

El gobierno niega la existencia del paramilitarismo. Así nos lo hizo saber el Viceministro de defensa Aníbal Fernández de Soto en nuestro encuentro con él. El gobierno habla de bandas armadas organizadas que ocupan territorios abandonados por las FARC con ánimo lucrativo: minería ilegal y narcotráfico. El asesinato de líderes sería consecuencia de esos intereses económicos comprometidos por la defensa del territorio por parte de los campesinos; pero, según él, no serían crímenes políticos, ni habría conexión con el estado, ni las bandas forman parte de una única estructura. Implícitamente, el viceministro reconoce un grave problema denunciado por las organizaciones sociales con las que nos reunimos por todo el país y por las FARC: pese al despliegue de más de 60.000 soldados, el gobierno no tiene el control de todo el territorio nacional. Donde las FARC era un estado “de facto”, había normas y reglas de convivencia. La llegada de las bandas paramilitares ha disparado el número de homicidios y asesinatos selectivos.

En nuestras asambleas con las comunidades, tanto en las regiones del Cauca y Valle del Cauca, como en el sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Tolima, Córdoba, Sucre y Cartagena, en los numerosos encuentros con campesinos, sindicalistas, docentes, desplazados, amenazados y víctimas en general, los testimonios sobre la presencia paramilitar en numerosas zonas del país fue abrumadora. “Águilas Negras”, “La Constructora”, “Los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Clan del Golfo”, son nombres de otras tantas organizaciones paramilitares de las que oímos hablar. Escuchamos relatos de nuevos desplazamientos forzados, de panfletos y amenazas, de nombres y lugares por los que campean, de connivencia con fuerzas armadas, fiscalía y autoridades. Escuchamos la relación pormenorizada de líderes sociales asesinados, sus nombres y circunstancias. Asistimos a la impotencia de campesinos a quienes se les impide recuperar sus tierras, del dolor de personas que perdieron a un padre, una madre, a una hija,… Nos hablaron del miedo de algunos que renuncian a sus derechos y se van de la tierra por temor a perder la vida; pero también pudimos comprobar el compromiso de comunidades rurales organizadas en defensa de su territorio para las que “ya no cabe el miedo”, el tejido organizativo que se desarrolla en la búsqueda de una soberanía alimentaria, la capacidad de recuperar cultivos y crear cooperativas comunitarias, el papel decisivo de la mujer en esta lucha por la tierra. Su capacidad para “crear vida”, como tantas veces escuchamos.

Porque en el fondo, se trata de un conflicto por la posesión y uso de la tierra: la lucha del campesinado por  recuperar y/o mantener las tierras ancestrales de las comunidades, contra los intereses de las multinacionales que necesitan cada vez de más y más tierras para desarrollar sus proyectos o ejecutar otros nuevos. Los sectores más denunciados fueron el minero energético (oro, fraking, petróleo…), agroindustrial (sobre todo el arrasador cultivo de la palma) y ganadero. Todo ellos mezclado con los intereses del narcotráfico y las bandas paramilitares, que son quienes realizan el trabajo sucio en beneficio de los anteriores.

 “Vamos a mandar, ahora que la guerrilla se va”

Un día, tras cinco horas de navegación por el río Magdalena, llegamos a Arenal (Sur del Bolívar), otra zona castigada por la guerra y el paramilitarismo al que responsabilizan de 11 asesinatos en la zona en 2016. Han vuelto las amenazas, los desplazamientos y la presencia de encapuchados en una zona que constituye un corredor del narcotráfico y en el que la explotación de la palma ha convertido a campesinos en obreros agrícolas con salarios de hambre. El abandono del estado es tal que “en una de las veredas, la escuela son dos aulas debajo de un árbol. En otras han sido construidas por los campesinos; a veces incluso la comunidad tiene que hacerse cargo de pagar al maestro”.

Pese a todo, las comunidades se organizan y luchan. Se muestran orgullosos de estar “rescatando la soberanía alimentaria” y “recuperando cultivos que como la yuca o el plátano habían llegado a desaparecer”. Nos muestran con orgullos su cooperativa y los productos que elaboran cinco mujeres a las que da empleo: mermeladas, vino de frutas,… en un proceso integral que abarca desde la siembra y la recolección, hasta el envasado y la comercialización. Visitamos su radio comunitaria “La Negrita”, una radio que pretende dar la voz al pueblo; pero todo lo tienen que pelear: de la radio se apoderó la policía, aunque la recuperó la comunidad, y de la cooperativa quisieron apoderare las autoridades locales.

Aguachica, sin agua pero con lágrimas de sangre

Al día siguiente nos dirigimos a Aguachica, ya en el departamento del Cesar una polvorienta ciudad que, pese a su nombre, sólo dispone de agua corriente cada 15 días. En cambio, los uniformes de los niños y niñas de la escuela privada religiosa en la que nos reunimos lucían limpios. Las comunidades de Aguachica sufren la doble amenaza del incremento del cultivo de la palma que expulsa a los campesinos de sus tierras y de los terratenientes ganaderos, que “cortan las alambres de los cultivos para que el ganado entre y lo destruya”, como nos decía resignado el campesino Alirio Díaz. Este apoderamiento de tierras se hace también a costa de desecar los humedales del río para ganar terreno para la palma y el ganado, lo que también ha contribuido a una disminución drástica de la pesca. Están amenazados también por proyectos industriales de hidrocarburos (gas y petróleo) y por megaproyectos como la carretera “Ruta del Sol”. Igualmente, se encuentra en un corredor de narcotráfico, con lo que la proliferación de las bandas paramilitares y las amenazas a los líderes comunitarios han ido en aumento.

La lucha por la defensa de la tierra contra la expansión del cultivo de palma “nos ha costado lágrimas de sangre”, nos decía un campesino. Otros agricultores, despojados de sus tierras, acabaron convertidos en pobres asalariados explotados en empresas de palma, donde hacer sindicalismo es sinónimo de peligro de muerte (en Colombia han asesinado a más de 3.000 sindicalistas en los últimos treinta años, causando que el porcentaje de afiliación sindical no llegue al 4%). Encima, quieren que estos trabajadores de la palma pasen a ser subcontratarlos y precarizar aún más su situación en una región con más de un 90% de trabajo informal (venta ambulante, etc.), donde está privatizado el alumbrado, la recogida de basuras…, y donde la nueva tarifa de agua, ese agua que solo disfrutan cada dos semanas, supone el 15 o 20% del salario mínimo. “Podríamos tener agua cada dos días, pero tememos que lo quieren privatizar culpando al mal servicio público”, remarcan.

“Yo quiero mucho a mi tierra, la recuerdo todos los días”

Andrés Narváez es un campesino, analfabeto, compositor de letras y, a poco que se lo pidas, cantante; pero también es un líder comunitario en la restitución de las tierras de la finca “La Europa”, municipio de Ovejas, departamento de Sucre. La lucha por recuperar esta tierra, que les corresponde tras una reforma agraria de hace años, ha costado la vida de 15 campesinos, 6 desapariciones y 90 familia desplazadas. A Andrés Narváez le pegaron cuatro tiros en 2015, sobreviviendo de milagro. Tuve el gusto de conocerle en Asturias, donde pasó seis meses como refugiado ante el peligro que corría su vida, y nos reencontramos en su tierra, en la finca “La Europa”, en los Montes de María, tierra a la que compuso bellas canciones desde su refugio en España. Al despedir a sus “hermanos asturianos”, volvió a cantarnos esos versos que aún resuenan en mi cabeza y que comienzan:

Pero, pese a su porte sereno, la vida de Andrés sigue en peligro, como la de su amigo Argimiro, contra el que atentaron el pasado noviembre y que salvó su vida gracias a la rápida intervención del escolta. El sicario que disparó a Andrés fue detenido y juzgado, pero ya está libre, acusado sólo de un delito de lesiones, en un país donde la impunidad es la gran aliada de la violencia. Según el propio Fiscal General, más del 90% de los crímenes permanecen impunes.

“El problema no son los cultivadores, sino el narcotráfico”

A los problemas a los que se enfrenta el campesinado colombiano vistos hasta ahora, hay que añadir uno más: el de la sustitución de los cultivos ilegales de coca, marihuana y amapola. Los acuerdos contemplan la sustitución de dichos cultivos en un proceso organizado con la participación de las comunidades. Pese a ello, el gobierno ha continuado con la erradicación de dichos cultivos, llevando a la indigencia a las personas cuya subsistencia depende de ellos. Esta política, que puede llevar a situaciones explosivas en las zonas afectadas, constituye otro incumplimiento más por parte del gobierno. Como nos decía un miembro del sindicato campesino Fensuagro, “el problema no es la coca, sino el narcotráfico; es necesario cambiar la estructura agraria, pero contando con la comunidad.

“Monumento al maestro caído”

Nada más llegar al edificio del sindicato docente Ademacor-Fecode, en Montería, departamento de Sucre, sorprende el enorme monolito de seis metros de altura dedicado “Al maestro caído”. Deja de sorprender cuando el presidente del sindicato informa de que en los últimos 30 años han sido asesinados más de 1000 maestros y maestras en Colombia, muchos de ellos en Córdoba, departamento en que se haya Montería. Algunos de sus familiares, viudas, hijos e hijas, hermanas, padres… estaban presentes. A día de hoy siguen las amenazas y extorsiones. Sólo en los dos primeros meses de este año hubo 10 denuncias. “Y eso, los valientes que se atreven a denunciar, que seguro que hay muchos más que tiene miedo”, subraya el sindicalista. Un ejemplo más de que el terror paramilitar se extiende por todo el tejido social: enseñanza, sanidad, industria, campesinado,…

A modo de reflexión final

Tras dos intensas semanas de recorrido por diferentes departamentos colombianos, hemos podido comprobar el firme e inquebrantable compromiso con la paz de las FARC, así como el apoyo de las comunidades campesinas, de asociaciones de derechos humanos, y organizaciones de base, en general, a los acuerdos de La Habana. También la desconfianza hacia un gobierno que está incumpliendo los plazos establecidos.

Pero la paz también tiene poderosos enemigos: multinacionales de la energía, la minería, la agroindustria, así como terratenientes y narcotraficantes, junto con sectores de la policía, el ejército y las diferentes administraciones públicas ponen palos en las ruedas de un proceso que, de cumplirse, afectaría gravemente a sus intereses económicos mafiosos. El propio gobierno está dividido, como nos reconocía Todd Howland, Alto Comisionado de Naciones Unida para Colombia.

La incapacidad del gobierno para cumplir los plazos de los acuerdos, para acabar con el paramilitarismo y para proteger la vida de los líderes sociales de todos los sectores dificulta el proceso de paz. Todos los colectivos con los que nos reunimos son conscientes de que es necesaria una fuerte movilización social en Colombia en su defensa que rompa las barreras mediáticas con las que el gobierno oculta los problemas reales del país; pero también es necesaria la vigilancia de la comunidad internacional como garante del mismo. Es especialmente importante que los fondos económicos para la paz sean gestionados por las propias comunidades beneficiarias de los mismos. En diferentes ocasiones manifestaron su temor a que sean gestionados por administraciones corruptas que acabarían favoreciendo “a las mismas mafias de siempre”.

En medio de la desconfianza, el temor y la muerte, la esperanza comienza a formar parte del horizonte político colombiano.

Jesús de la Roza

[1]Informe presentado en rueda de prensa en Bogotá el 3 de marzo de 2017

El TTIP y el TISA: Historia de dos vampiros

TTIP  Jose Ignacio Muñiz, profesor de secundaria

La Asociación Transantlántica para el Comercio y la Inversión es la rimbombante denominación en español del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que lleva años negociándose en secreto y que ha dado en denominarse TTIP por sus siglas en inglés. Desde que se produjeran una serie de filtraciones de sus borradores y las negociaciones (entre otros por Wikileaks) la oposición a esta última vuelta de tuerca del liberalismo no ha dejado de crecer en muchos de los países afectados por el mismo, entre los que desgraciadamente, de momento, no se encuentra España, principalmente porque la práctica totalidad de los principales medios de comunicación lo ha ignorado de forma absoluta.

Podemos resumir en pocas palabras el propósito del TTIP como la eliminación final de cualquier traba para la libre circulación de capitales, empresas, trabajadores y productos entre los países firmantes. Esas trabas, dado que las barreras arancelarias entre los dos bloques son mínimas, son las “barreras no arancelarias”, es decir, las leyes y normas que regulan la vida económica de los estados. En otras palabras, los gobiernos de los diferentes países perderían la capacidad de legislar ningún aspecto de la vida económica, desde la protección social al medio ambiente, ya que, una vez firmado el tratado, todos los países estaríamos obligados por él. No sólo eso, el tratado contempla su propia irreversibilidad: una vez aprobado no podrá ser derogado ni modificado por ningún estado en ningún momento. A esto hay que añadir que la vigilancia para su cumplimiento y la decisión sobre posibles conflictos entre estados y empresas estará al cargo de tribunales privados de arbitraje formados por miembros “notables” de la judicatura y del mundo empresarial.

Para los pormenores del TTIP os remito a los enlaces a internet que incluyo. Las implicaciones y consecuencias del acuerdo para el llamado estado social europeo son evidentes; sólo añadiré que las negociaciones las está llevando a cabo por parte europea la Comisión Europea en solitario y no se contempla ningún tipo de consulta popular sobre el mismo (se ve que aprendieron la lección del NO francés a la supuesta Constitución Europea). Simplemente será necesaria su ratificación por los gobiernos de los estados miembros.

Junto con el TTIP prosiguen también las negociaciones para otro acuerdo relacionado: el TISA (siglas en inglés que podemos traducir como “Acuerdo para el comercio de servicios”), en el que participan además de la UE y EEUU otros 21 países, y que propone la liberalización global del comercio de servicios. Su propósito es acabar con lo que la terminología ultraliberal llama “competencia desleal de los estados” en la realización de los servicios públicos. El tratado pretende no solo permitir el libre acceso de cualquier empresa de cualquier país a los servicios de otro, sino impedir que ningún estado provea esos servicios. La única excepción a esto serían los servicios que un país firmante incluyera de forma explícita en el acuerdo final. En el caso de España –y de la mayoría de los miembros de la UE- ni la educación ni la sanidad podrían incluirse en esa lista de servicios no privatizables, pues en la actualidad la empresa privada ya está presente en esos sectores, lo que según los principios del tratado impide su conservación como servicios públicos estatales. Por supuesto, al igual que en el caso del TTIP, una vez firmado por las diferentes partes, el TISA será irreversible y ningún gobierno podrá cambiar unilateralmente sus términos.

Imagino que lo expuesto hasta ahora es más que suficiente para hacerse una idea de lo que se nos viene encima si no nos unimos a la creciente oposición que se está creando tanto en EEUU como en Europa. El TTIP ha sido ya definido como un “tratado vampiro”: si ve la luz morirá antes de nacer, de ahí el secreto con el que se está negociando (absoluto hasta que comenzaron a producirse filtraciones). Me permito invitaros a contribuir a romper el secreto conociendo lo que está pasando, primero, y luego comentándolo con la gente que conocéis. Solo así podremos derribar el muro de silencio que los medios españoles –una vez más demuestran a quién sirven- han erigido sobre el TTIP.


Para más información sobre el TTIP:

La versión de la Comisión Europea está en:

Sobre el TISA:

Y aquí el TISA según la Comisión Europea:

La campaña estatal #NoalTTIP:

  • http://www.noalttip.org/

La propuesta de la Evaluación docente: un análisis crítico desde la economía política de la educación

LA PROPUESTA DE LA EVALUACIÓN DOCENTE: UN ANÁLISIS CRÍTICO DESDE LA ECONOMIA POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN

Autor: Antoni Verger. STEI-i (Illes Balears) y Universidad de Amsterdam (Holanda)

Sumario:

1.- Introducción: la economía política de la evaluación

2.- La evaluación docente en contexto
La evaluación docente en contexto

  • Globalización neoliberal y competitividad
  • La competencia también penetra en los sistemas educativos
  • Financiamiento competitivo, elección y evaluación
  • ‘Accountability´ y la institucionalización del estado evaluador
  • Evaluación y neoliberalismo

3.- La evaluación docente neoliberal y sus efectos

  • Stress docente
  • Alteración del poder del docente.
  • Desigualdades educativas
  • Falsas atribuciones

4.- Resistencias y alternativas al modelo dominante

  • Dos modelos de evaluación docente

5.- Conclusiones

Referencias



1.-  Introducción: la economía política de la evaluación

Hasta hace poco, el alumnado era el único miembro de la comunidad educativa que era sistemáticamente evaluado en el marco de los sistemas y los procesos educativos. No obstante, actualmente, los docentes de muchos países también están siendo sometidos a procesos de evaluación externa. Como señala Tenti- Fanfani (2002) “durante los últimos años, por una serie de circunstancias complejas, los sistemas educativos (es decir, los docentes y las instituciones) ya no son sólo los sujetos activos de la evaluación, sino que ahora son también objeto de evaluación” (p. 2). Así, la evaluación del personal docente (a la par que la de otros aspectos de los centros educativos) está adquiriendo mayor centralidad en la agenda política de la educación. Numerosas reformas educativas contemporáneas, sobretodo aquellas que se llevan a cabo en el contexto anglosajón y en países con gobiernos más marcadamente neoliberales, introducen medidas de evaluación escolar y docente.

A pesar de la centralidad política adquirida por la evaluación docente, se trata de un tema que todavía no ha sido suficientemente problematizado or parte de los movimientos pro-educación pública. Tampoco es, ni ha sido, un tema estrella entre los analistas críticos de las ciencias de la educación. En la mayoría de ocasiones, el tema ha sido tratado parcialmente o sólo mencionado tangencialmente en análisis más amplios sobre educación y neoliberalismo. Así, la evaluación docente ha quedado difuminada en un amplio paquete de reformas educativas neoliberales y en pocas ocasiones se le ha otorgado la relevancia que debería tener como objeto de reflexión crítica o como objeto de estudio en sí mismo.

Por ello, me planteo esta ponencia como una aproximación a este campo inexplorado con el que abrir interrogantes y ejes de análisis que, en el futuro, podrían ser cubiertos por una agenda de investigación más amplia. Considero que la economía política es la disciplina que nos ofrece las herramientas más adecuadas para realizar esta primera aproximación. Un análisis desde la economía política requiere analizar la evaluación docente en el contexto internacional y en base a variables po icas y socio-económicas. Esto nos permitirá penetrar en las “circunstancias complejas” de la evaluación docente a las que se refería Tenti-Fanfani en la cita anterior. Nuestro punto de entrada para el análisis de la temática es el actual proceso de globalización económica. En el marco de la globaliz ción, se ha acentuado la competición económica y la ‘competitividad’ se ha erigido en un poderoso dispositivo político y económico. La mayor competencia económica ha presionado hacia un cambio de paradigma en la relación entr el estado y la educación (el cual, muy gráficamente, ha sido calificado como “estado evaluador”). En este contexto, la evaluación educativa y docente ha adquirido diversas funciones. Entre otras, la evaluación es utilizada como mecanismo de competitividad y para fomentar la competencia entre profesores, entre centros y/o zonas educativas, aunque también como medida para promover reformas educativas de carácter eficientista. Cabe señalar que el uso de la evaluación como instrumento de gobernanza educativa no afecta únicamente al personal docente. Actualmente, también son evaluados y comparados los sistemas educativos nacionales (como sucede con el PISA o el TIMMS)(1), los sistemas educativos locales o provinciales, las escuelas, etc (Rifà et al 2005).

La ponencia se divide en tres partes principales. En la primera, contextualizamos la evaluación docente desde la perspectiva de la economía política. Ello nos permitirá explicar y entender la emergencia de la propuesta de la evaluación docente, así como las razones por las cuales está adquiriendo una gran centralidad en el marco de las reformas educativas neoliberales. En la segunda parte apunto a los efectos sociales y educativos de la propuesta de la evaluación. Como veremos, dichos efectos tienen un carácter multi-dimensional y son contingentes al modelo de evaluación docente específico del que estemos hablando. Para acabar, en el tercer punto expondré una serie de propuestas alternativas a la evaluación docente neoliberal que se están dibujando desde el campo educativo y, a continuación, sistematizaré lo que podría ser un modelo alternativo de evaluación.


2.- La evaluación docente en contexto

La evaluación educativa no es un fenómeno nuevo, ya que se empieza a implementar a principios del siglo XX en los EUA. En ese momento, la evaluación se asociaba a la idea de progreso y a un cierto cientificismo desde el que se creía que todo se podía medir y calcular, incluso los fenómenos más complejos. El principal objetivo de la evaluación, que inicialmente se basaba en resultados cuantificables, era introducir mejoras en las políticas educativas (analizar innovaciones educativas, ubicación de recursos, desarrollo curricular, etc.). Con el paso del tiempo, y a raíz de las críticas recibidas (las evaluaciones fueron consideradas frívolas, poco analíticas, etc.) se fueron introduciendo aproximaciones mas complejas y comprehensivas. No obstante, la evaluación educativa se caracterizó por su escasa centralidad política y por su falta de impacto real en la toma de decisiones políticas en materia educativa (De la Garza 2005).

En América Latina, desde los años 50 se produjo una clara asociación entre evaluación y planeamiento. Por aquel entonces, la evaluación educativa permitía sobretodo planear las necesidades de mano de obra e infraestructuras para la expansión de los sistemas educativos. Más adelante, los gobiernos encargaban a las universidades la evaluación de sus políticas y programas educativos, aunque guardaban con mucho recelo los resultados. En consecuencia, resulta difícil indagar sobre el impacto político de dichas evaluaciones (Reimers 2003).

Últimamente, ha emergido con fuerza una propuesta de evaluación educativa con fines de control y ligada a actividades de gobernanza. Paralelamente, se han diversificad los objetos de la evaluación. Así, además de las políticas educativas y su implementación, también son evaluados los logros de los alumnos, el rendimiento de las instituciones educativas y, más recientemente, el desempeño docente (Tiana-Ferrer 2006). Este último campo de evaluación es el que resulta más polémico y sensible, no sólo por las políticas de castigo e incentivos a las que se ha asociado en muchos casos, sino por basarse a menudo en la asunción de que la actuación de los docentes es el principal determinante de los resultados obtenidos por el alumnado.

En este apartado, explicamos las razones de fondo de la emergencia y la forma adquirida por la propuesta dominante de la evaluación docente, así como los motivos por los cuales se inscribe en un paradigma de gobernanza educativa neoliberal.

Globalización neoliberal y competitividad

La propuesta de la evaluación docente se debe contextualizar, en primer lugar, en la fase actual del desarrollo del capitalismo, eufemísticamente conocida como “globalización”. La globalización es un concepto ambiguo y multi-dimesional que, en realidad, cuando interpela a aspectos económicos se refiere a la intensificación de la liberalización, a escala planetaria, de múltiples dominios de la economía (finanzas, comercio, inversiones, etc.). Este nuevo escenario económico tiene como consecuencia la acentuación de la competencia en todas las escalas y ámbitos. Así, en primer lugar, las empresas se enzarzan en dinámicas de competición todavía más exacerbadas que en fases anteriores ya que su ámbito territorial de actuación se ha ampliado considerablemente. En consecuencia, se multiplican las fusiones y las absorciones, crecen los conglomerados empresariales y aumentan las dificultades de supervivencia para las pequeñas y medianas empresas en la mayoría de sectores.

No obstante, la competencia económica trasciende el mundo empresarial; también compiten las regiones (por ejemplo, NAFTA versus UE), los países e, incluso, ciudades que pertenecen a los mismos países (Barcelona contra Madrid, Liverpool contra Manchester, y un largo etcétera). En el marco de estas dinámicas cuaja un modelo de estado calificado como “estado competitivo” (Cerny 1997). El estado competitivo, por encima del bienestar de sus ciudadanos o del pleno empleo (como hacía el estado del bienestar), promueve la iniciativa empresarial, la innovación y la generación de beneficios, tanto en el sector privado como en el público. Los organismos internacionales, a través de la elaboración de rankings internacionales y sistemas de evaluación se encargan de representar y alimentar la competencia por la competitividad entre los países. Así, más allá de los clásicos indicadores de crecimiento económico (como el PIB per cápita), los países son hoy en día ordenados en función de su desarrollo tecnológico (véase la Knowledge Assessment Methodology llevada a cabo por el Banco Mundial), de su capacidad para atraer empresas y facilitar los negocios (véase el informe Doing Business del Banco Mundial) o de sus niveles de liberalización comercial (véanse los exámenes de política comercia de la OMC), entre otros. Finalmente, en el nivel más micro encontramos que también las personas, a título individual, se sienten más presionadas a competir entre ellas en varias esferas económicas y, en particular, en el mercado laboral (Brown y Lauder 1997).

Esta intensificación de la competencia en todas las escalas y niveles tiene múltiples repercusiones en los sistemas educativos. Una de las principales repercusiones tiene que ver con el hecho de que, para competir, hay que ser competitivos y, sin duda, a la educación se le ha otorgado un papel fundamental en la adquisición de competitividad (y, en concreto, en la adquisición de las competencias necesarias para competir).(2) La concepción de la educación como factor clave de competitividad hace que, en primer lugar, aumente la demanda educativa por parte de los individuos. Cada vez más y más personas están dispuestas a pagar y a hacer otros sacrificios para acceder a determinados estudios con los que obtener el certificado que, supuestamente, les ofrecerá más y mejores opciones en el mercado laboral.(3) La educación se convierte así en un bien posicional y, en la medida de sus posibilidades, los individuos intentarán acceder a los centros más prestigiosos o a aquellos que aparecen mejor parados en diversos rankings publicados por los periódicos y, en ocasiones, por los propios ministerios de educación.

Por otro lado, a nivel de países y regiones, la educación y el conocimiento también son concebidos como factores clave de competitividad, hasta el punto que cada vez más países y regiones aspiran a realizarse como “economías o sociedades del conocimiento” (Jessop 2000; Robertson 2005). Ello podría tener repercusiones positivas para la educación ya que si el conocimiento y la educación son percibidos como elementos fundamentales para el desarrollo de los países, habrá mayor conciencia de la necesidad de la inversión educativa pública. No obstante, se corre el peligro también de que esta mayor inversión se realice a través de la activación de fuentes privadas y de que, paralelamente, las funciones primordiales de la educación se subordinen a las necesidades y prioridades de la esfera económica. En todo caso, la “economía del conocimiento” actúa como un poderoso imaginario político y económico que enmarca muchas de las estrategias de desarrollo de los países, tanto del norte como del sur. Por ejemplo, en el Tratado de Lisboa se definió el objetivo estratégico de convertir la UE en «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social».(4) En la estrategia derivada de Lisboa la educación juega un papel clave. Entre otras cosas, los líderes europeos se han propuesto convertir los sistemas educativos europeos en el “destino favorito de los estudiantes, eruditos e investigadores de otras zonas del mundo”.(5) En el marco de esta estrategia, las agencias de evaluación de la calidad educativa juegan un papel fundamental ya que deben garantizar a los ‘estudiantes, eruditos e investigadores de todo el mundo’ que Europa es el mejor de los destinos posibles.

La competencia también penetra en los sistemas educativos

En la sección anterior hemos explorado algunos de los efectos ocasionados por la creciente competencia económica en la educación (y, en cierta manera, en la evaluación educativa). Sin embargo, a continuación, enfatizamos cómo la competitividad económica, más que afectar externamente, penetra directamente en la misma esfera educativa, altera el comportamiento y las políticas de muchos estados en la materia e impregna muchas de las reglas y relaciones educativas. En concreto, nos fijaremos en cómo el dispositivo de la competición económica – y el ideal de la competitividad – se asocian a la emergencia de la propuesta de la evaluación educativa y de la evaluación docente en particular.

A la hora de construir nuestro argumento, nos centraremos en los cambios en la relación entre el estado y la educación experimentados en el contexto actual. Los cambios en cuestión pueden ser capturado por un conglomerado conceptual, teórico y normativo asociado a la conocida como ‘agenda de la buena gobernanza’ (good governance). Así, la propuesta de la evaluación docente no se debe enmarcar en una agenda explícitamente o exclusivamente educativa.(6) La agenda de la buena gobernanza está   grada por elementos como: el giro hacia un estado evaluador, la nueva gestión pública, la rendición de cuentas, el financiamiento competitivo o la elección de los consumidores, entre otros. Antes de empezar con la descripción de cada uno de estos elementos, cabría matizar que la evaluación docente no está necesariamente asociada a estos conceptos, ni es en todos los casos una respuesta a la competitividad económica. No quisiéramos ser ni det rministas económicos ni maniqueístas en nuestro análisis de la temática. Por o tanto, queremos poner de relieve que en este apartado hacemos mención a medidas de evaluación asociadas a políticas educativas neoliberales, pero, como desarrollaremos más adelante, éste no es el único modelo de evaluación, ni la globalización económica el único leit motive posible de la evaluación educativa y docente. Además, hay que tener en cuenta que los efectos de la globalización en los sistemas educativos nacionales están mediados por factores locales. Así, como dice Beneviste (2002), factores como la política de cada país (politics) y la específica organización política del estado (polity) son importante filtros mediadores entre las tendencias globales hacia la evaluación, como las que describimos en este apartado, y su cristalización (diseño e implementación) específica en sistemas de evaluación nacionales.

Financiamiento competitivo, elección y evaluación

Una de las principales implicaciones de la intensificación de la competencia económica es que dificulta a los estados mantener determinados niveles de gasto público. Muchos gobiernos sostienen la creencia de que si quieren ser competitivos internacionalmente y no perder así el denominado “tren de la globalización” tienen que moderar la presión fiscal sobre el capital y, en consecuencia, reducir el “gasto” y el “déficit” público (Dale 1999; Green 2002). El hecho de que esta creencia esté muy extendida tiene efectos en la educación, así como en otros servicios públicos, puesto que obliga a “racionalizar” la inversión pública. Ello se traduce a menudo en recortes de la financiación educativa pública (Aronowitz y De Fazio 1997). Por otro lado, los estados que aspiran a ser más competitivos modifican sus funciones y prioridades en el ámbito de los servicios públicos de forma que tienden a proveer menos servicios de manera directa (Mundy 1998). Se promueven así políticas de privatización y/o descentralización en el área de los servicios públicos, así como políticas de financiamiento más competitivas. Cabe decir que estos cambios en la relación Estado-educación no implican que el estado se desentienda totalmente de los servicios públicos ni que pierdan el control en este ámbito. Significan más bien que el estado se relaciona con ellos basándose en nuevos modelos de financiamiento y gestión (partenariados con el sector privado y gobiernos locales) implementado mecanismos de control menos directos a través de diferentes formas de regulación (Kwiek 2001).

Así, en un contexto de recursos escasos y de permanente “crisis fiscal” los gobiernos fomentan la competencia por los recursos en el campo educativo como una medida eficientista. Estas medidas suelen afectar tanto a los centros públicos como a los privados. Como consecuencia de ello, los sistemas educativos son fragmentados en diferentes unidades y los proveedores estatales monopolísticos son sustituidos por proveedores independientes (Le Grand 1996). Cabe matizar que, si bien el eficientismo económico se encuentra en el centro de esta estrategia de transformación educativa, en muchas ocasiones se sostiene que estos cambios pro-competencia tienen muchas otras “propiedades”. Así, son muchos los gobiernos que están convencidos de que a mayor competencia entre centros habrá mayor calidad educativa, mejorará la productividad y la responsabilidad de los centros, así como su adaptación a los cambios que se producen en el entorno ( Olssen y Peters 2005).

Una manera habitual de fomentar la competencia entre centros consiste en la introducció de fórmulas de financiamiento competitivo, es decir, sistemas de financiamiento de las escuelas en función de los resultados obtenidos, o en función del número de alumnos que son captados por cada centro (Ball 1990). Así, se establece que los centros que cuentan con más alumnos y/o mejores resultados gozarán de mayores dosis de financiamiento. La evaluación de las escuelas, de los docentes y de los alumnos se convierte en un dispositivo de gestión clave cuando se introducen fórmulas de financiamiento competitivo, ya que los estados necesitan conocer los resultados de las escuelas o del desempeño de los docentes para distinguir cuáles tienen que ser castigadas y cuáles compensadas. En algunos casos extremos, como el inglés, el sueldo del personal docente es fijado en función de su productividad, la cual se deriva de los resultados de las evaluaciones.

La evaluación también es un instrumento clave para aquellos gobiernos que pretenden fomentar la elección de los centros. La elección es un valor casi sagrado en los sistemas de mercado, por lo tanto, la elección escolar de parte de la demanda es algo que se intenta promover activamente en de muchas de las reformas educativas neoliberales actuales. Sin duda, la mejor forma de potenciar la elección educativa consiste en hacer públicos rankings de centros educativos, los cuales no son otra cosa que la ordenación del resultado de las evaluaciones educativas. Así se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Chile (Benveniste 2002). Como veremos más adelante, uno de los efectos más perversos de la evaluación docente y educativa se produce cuando ésta se imbrica al fomento de la elección escolar. Ahora bien, cabe mencionar que, independientemente del hecho que la evaluación se instituya para provocar o no la elección de centros, en caso que los resultados se hagan públicos, muchas familias los utilizarán en ese sentido.(7)

El valor de la elección está más inserto en determinados contextos y países en los que el individualismo y las reglas del mercado han penetrado en mayor medida en el sector público. Por ejemplo, las organizaciones estudiantiles más exitosas y votadas en las universidades holandesas son aquellas que proponen hacer públicos los resultados de las evaluaciones de los docentes. De esta manera pretenden avergonzar públicamente a los profesores “peores” (o, mejor dicho, peor evaluados), y contribuir a que los estudiantes escojan a los mejor considerados. Lamentablemente, estas organizaciones estudiantiles no tienen en cuenta cómo cada vez se explota de manera más intensiva al personal docente en las universidades holandesas, ni cómo se reducen los salarios o el número de horas que se contabilizan para preparación de las clases. En este ejemplo encontramos una de las principales limitaciones de los sistemas de evaluación predominantes, en la cual incidiremos más adelante. Nos referimos a que la mayoría de evaluaciones se fijan en los resultados, pero no así en las condiciones en las que (y por las que) se producen estos resultados.

‘Accountability´ y la institucionalización del estado evaluador

Otra forma habitual de fomentar la competencia y la eficiencia los sistemas educativos consiste en la introducción de formas de gestión empresarial en los centros educativos. Así, muchas reformas educativas han incorporado en el funcionamiento de los sistemas de enseñanza lo que se conoce como la nueva gestión pública (NGP). La NGP se puede definir como una filosofía de gestión orientada por criterios de mercado que pretende desburocratizar el sector público y hacerlo más eficiente. La NGP conlleva la aplicación de técnicas importadas del ámbito empresarial al sector público (Dale 1997).(8)  Según Clarke et al (2000), este modelo de gestión cuenta con las siguientes características:

  • Se destina mayor atención a los productos finales y a los resultados (outputs), y escasa atención a los recursos con los que se deben hacer estos productos (inputs).
  • Las organizaciones son consideradas redes de relaciones de poca confianza, que deben ser unidas por contratos o por medidas de tipo contractual.
  • Se fomenta la separación de las funciones de comprador y proveedor o de cliente y contratista dentro de procesos u organizaciones que antes se encontraban integrados.
  • División de grandes organizaciones en unidades más pequeñas y utilización de la competencia como vía para facilitar la salida o la elección por parte de los usuarios del servicio.
  • Descentralización de la autoridad presupuestaria y sobre recursos humanos, la cual se transfiere a gestores directos.

Una de las principales características de la NGP es que se trata de una gestión orientada por estándares e indicadores medibles, así como por el control público a través de la obtención de resultados también calculables. En consecuencia, la nueva gestión pública se encuentra imbricada a la propuesta de la accountability o rendición de cuentas. La rendición de cuentas, como principio político, adquiere centralidad a medida que el estado necesita ejercer control sobre el sistema educativo a través de mecanismos no convencionales. Entre estos mecanismos destaca el de la evaluación. Cabe decir que existen diferentes modelos de rendición de cuentas. Estos se pueden diferenciar en función de si son más burocráticos o de si están más orientados por criterios de mercado (Olssen y Peters 2005). La rendición de cuentas burocrática es ex ante y las reglas y los criterios están especificados y formulados en términos de estándares. En este caso se evaluaría si, por ejemplo, los maestros cumplen los estándares necesarios para acceder a una plaza en una escuela pública. En cambio, la accountability pro-mercado funciona en base a contratos en los que los resultados son compensados o castigados en función del logro de objetivos externamente impuestos. En este caso, la evaluación es activada de manera recurrente, en un contexto de falta de confianza, para comprobar si los profesionales cumplen con los objetivos fijados. Por lo tan o, el modelo de mercado de rendición de cuentas es el que se encuentra más directamente asociado a la propuesta de la evaluación docente de carácter más neoliberal.

La rendición de cuentas, como nuevo modelo de control estatal de la educación, conlleva la institucionalización de lo que se ha dado a conocer como el “estado evaluador” (Neave 1988). El concepto de estado evaluador condensa de manera muy clara la reformulación de la relación entre la educación y el estado que se está viviendo actualmente y que sustituye al paradigma tradicional del estado docente, en el cual el estado se responsabilizaba directamente de la mayoría de tareas de financiamiento, gestión y regulación de la educación. En el marco de este nuevo paradigma, el estado descentraliza y privatiza la educación, pero para no perder el control sobre el sector establece estándares de contenidos y de rendimientos y evalúa si los centros logran los objetivos de manera eficaz. En función de los resultados obtenidos en las evaluaciones, el estado puede castigar o premiar a los centros y a los docentes, sea económicamente (incentivos salariales, financiamiento competitivo) o mediante tecnologías de “naming, blaming and shaming” (nombrar, culpar y avergonzar). La publicación de los resultados tiene otros efectos como afectar la elegibilidad de los centros, o el prestigio y el estatus de los docentes. Resulta revelador que cuando predominaba el modelo de “estado docente”, los gobiernos evitaban publicar los resultados y los guardaban con recelo. Evitaban así someterse al escrutinio público o dar facilidades a la crítica de los medios y los partidos opositores (Reimers 2003). En cambio, el “estado evaluador” publica muy a menudo los resultados sin pudor, independientemente de si estos son buenos o malos. Pareciera que, en el marco del nuevo paradigma, los resultados que se desprenden de las evaluaciones educativas “no fueran con el estado”.

Para poder llevar a término las políticas de evaluación, el estado acostumbra a crear o a favorecer la emergencia de nuevos actores en el escenario educativo como son las agencias de acreditación y de evaluación de la calidad educativa. Estas agencias pueden ser públicas, semi-públicas o privadas. Es más, en determinados países, como sucede en Chile, el estado favorece y da crédito a los resultados de las evaluaciones de su sistema de educación superior ofrecidos por agencias privadas internacionales. Por lo tanto, se produce la aparente paradoja de que el estado evaluador, en muchas ocasiones, ni tan solo se encarga directamente de gestionar la evaluación de sus sistemas educativos.

Sea como sea, por lo que podemos observar, otra de las funciones de los sistemas de evaluación educativa es que permiten a los estados mantener un cierto control de los sistemas educativos, a pesar de que se hayan desentendido, en mayor o menor medida, de la provisión/gestión directa de los servicios educativos. Por este motivo, algunos autores consideran que los mecanismos de evaluación permiten al estado dirigir la educación “a distancia” (Mollis y Marginson 2002).

Evaluación y neoliberalismo

A primera vista, pareciera que el énfasis regulador por parte de muchos gobiernos asociado a las propuestas de accountability y evaluación se contradice con el paradigma político neoliberal que predomina actualmente. No obstante, existiría una contradicción real en caso de que los gobiernos en cuestión se adscribieran a una ideología liberal, pero no necesariamente en el caso de la ideología neoliberal. Cabe tener en cuenta que el rol del estado es diferente en el marco del liberalismo clásico que en el neoliberalismo actual. Mark Olssen (1996) explica esta distinción entre neoliberalismo y liberalismo de forma muy clara. Según este autor, el liberalismo representa una concepción negativa del poder estatal ya que puede coartar las libertades de los individuos. Así, el mercado debería ser el espacio regulador de la mayoría de actividades e intercambios humanos, el cual es representado mediante la metáfora de la man invisible. En cambio, el neoliberalismo concibe de manera positiva el rol del estado en la creación de un individuo emprendedor y competitivo. Pareciera pues que el neoliberalismo no cree que el individuo sea emprendedor y competitivo por naturaleza (como si creían los liberales clásicos), sino que deben ser continuamente evaluados, controlados y supervisados para que efectivamente lo sean (Olssen 1996). En este caso, en lugar de la metáfora de la mano invisible, el neoliberalismo puede ser representado como el Estado “echando una mano” a la mano invisible.

Por lo tanto, el neoliberalismo, para poder funcionar, requiere de la constante producción de evidencias de que los individuos y, en nuestro caso, los profesores y las escuelas están actuando como emprendedores (Apple 2001). La evaluación es, en este contexto, un instrumento clave de los gobiernos neoliberales de cara a activar a los individuos y a las escuelas y fomentar su competitividad, así como para contribuir al funcionamiento de los mercados o casi-mercados educativos.

En definitiva, los gobiernos neoliberales evitan monopolizar todas las actividades relativas a la educación y asumen la función primordial de coordinar y controlar la acción de un amplio conjunto de actores en materia de financiación, provisión y regulación del sector (Dale, 1997). Esto no nos debe hacer pensar que el neoliberalismo conlleva la pérdida de poder y autoridad del estado en el campo educativo. Más bien se produce el efecto inverso. Es decir, el estado se deshace de las “poco gratificantes” tareas de gestión directa de la educación, y refuerza el control ideológico, así como de los contenidos y procedimientos educativos a través de mecanismos efectivos de evaluación, estandarización y/o financiación. Por lo tanto, la evaluación es para los gobiernos neoliberales una nueva forma de ejercer su poder y una herramienta clave de control; aunque también una herramienta clave para instaurar nuevas reglas del juego (más competitivas) y para instaurar modelos de gestión basados en la eficiencia.

 


La evaluación docente neoliberal y sus efectos

Por lo que se deduce de lo expuesto en el punto anterior, en el marco del paradigma político neoliberal, la evolución educativa cumple varias funciones. En el siguiente cuadro, sintetizamos las más relevantes. Como podemos ver, la evaluación educativa es un instrumento que permite a los gobiernos alcanzar objetivos múltiples y muy diversos, aunque ello no significa que se persigan todos ellos a la vez a través de todos los procesos de reforma educativa.

Funciones de la evaluación en un programa educativo neoliberal (Fuente: elaboración propia)
1. Facilitar la elección escolar
2. Fomentar la competición entre centros
3. Incentivar la productividad del personal docente
4. Apoyo de fórmulas de financiamiento competitivo
5. Controlar el sistema educativo “a distancia”

  • Los sistemas de evaluación docente, como parte de sistemas más amplios de evaluación educativa, pueden contribuir a la realización de funciones como s especificadas. De hecho, en los últimos años, la evaluación docente ha adquirido una gran centralidad en procesos de reforma educativa de carácter neoliberal. En el marco de estas reformas, la evaluación docente adopta una forma específica, la cual no tiene porque corresponder a otras formas de evaluación del personal docente o de la práctica educativa. Es por ello que, a la hora analizar los efectos de la evaluación docente, cabe especificar previamente a qué modelo (o lo que en sociología se llama “tipo ideal”) de evaluación específico nos estamos refiriendo. El análisis que realizamos en esta sección se ciñe a un modelo marcadamente neoliberal. Las características de dicho modelo se pueden articular a partir de un conjunto de variables que estructuran la actividad de la evaluación. Concretamente, nos referimos a los objetivos, la metodología, los métodos utilizados, la unidad de análisis privilegiada, la temporalidad, los agentes y los indicadores de la evaluación. A continuación, exponemos cómo cristalizan cada uno de estos ítems en el marco del modelo (o tipo ideal) de evaluación docente que calificamos como neoliberal:
    • Objetivos: control, activar al profesorado, hacerlo más competitivo, eficiencia, calidad educativa.
    • Metodología: eminentemente cuantitativa.
    • Métodos: centrados en resultados de pruebas a profesores y a sus alumnos.
    • Unidad de análisis: docentes de manera individual.
    • Tiempo: ex post (revisión continua de objetivos).
    • Agentes: expertos en evaluación, agentes externos.-Indicadores: competencias, habilidades, resultados de su grupo clase.

La implementación de sistemas de evaluación que se ajustan al modelo neoliberal conlleva múltiples efectos en áreas tan diversas como la justicia social, los derechos laborales del docente o la equidad educativa. A la vez, estos efectos se pueden materializar a un nivel más micro (el maestro a nivel individual) o más macro (a nivel de los sistemas educativos). Nuestro análisis, concretamente, se centra en cuatro dimensiones de impacto. Son: stress docente, alteración del poder docente, acentuación de las desigualdades educativas y falsas atribuciones.

Stress docente

Kyriacou (2001), después de revisar un amplio número de investigaciones empíricas, concluye que la evaluación externa del desempeño de los maestros es una de las principales razones del estrés docente. Otros factores de estrés también se encuentran más o menos directamente relacionados con la propuesta de la evaluación. Estos son: el deterioro de las relaciones con los colegas, la pérdida de status y autoestima o el aumento de tareas burocráticas.

La evaluación y la propuesta de la accountability, en general, conllevan el incremento de actividades administrativas, reuniones y otras tareas engorrosas que se suman a la ya sobre-cargada agenda laboral de muchos docentes (Whitty y Power 2002). Esta agenda laboral se encuentra especialmente cargada en el caso de aquellos profesores que trabajan en contextos más empobrecidos en los que, además de tareas educativas, se han visto obligados a asumir tareas de trabajo social, de captación de fondos para la escuela e, incluso, de mantenimiento del edificio escolar. (9)

Alteración del poder del docente

La labor docente está inmersa en muchos países en procesos de desprofesionalización y proletarización. Estos procesos conllevan, entre otras cosas, una pérdida de poder de los docentes en los sistemas educativos. Rojas Figueroa (2007) refleja esta idea muy claramente cuando afirma que: el profesorado cuenta con poco margen para definir lo que se debe enseñar, ya que lo hacen los expertos en currículo; su participación acostumbra a ser baja en el proceso de legislación educativa; y los metodólogos, expertos en didáctica y psicólogos son los que le dictan cómo debe enseñar. Por otro lado, los libros de texto cada vez encorsetan más y restan creatividad a la dinámica en aula (Apple 1988). A todo ello, debemos sumar ahora las evaluaciones externas, diseñadas por expertos en evaluación y econometría, que son las que deciden si los alumnos aprendieron o no, y si los profesores enseñaron o no correctamente (Rojas-Figueroa 2007). Por lo tanto, la evaluación externa, de profesores y alumnos, agrava este proceso paulatino de pérdida de poder de control del personal docente sobre el acto de educar.

La pérdida de poder docente se acentúa sin duda en los casos que la evaluación se asocia a pérdidas de derechos laborales de los docentes. Tengamos en cuenta que en algunos casos se utiliza la evaluación docente para justificar despidos, jerarquías entre el personal docente, o para romper los lazos de solidaridad entre la plantilla. La evaluación docente es también contraproducente para la acción sindical, ya que el énfasis se pone en aspectos de rendimiento individual y desvirtúa las demandas corporativas. La evaluación puede ser percibida así como parte de una estrategia más amplia para romper con el control de los profesionales de los servicios públicos y establecer un control del consumidor a través de una estructura de mercado. Tengamos en cuenta que uno de los objetivos de las evaluaciones es hacer los docentes más receptivos y “sensibles” a la demanda de los clientes, a los juicios externos, etc. (Apple 2001). Desde los sectores conservadores y neoliberales se considera que la escuela ha sido “capturada” por los profesores. En su intento de que los profesores se sientan menos “propietarios” de la escuela y de su trabajo, las evaluaciones pueden  tener   un   carácter   fuertemente “proletarizador” y, consecuentemente, normativo y homogeneizador. Ello repercute también en la pérdida de poder docente en el ámbito curricular. Aquellas evaluaciones que ponen excesivo énfasis en lo que se debe enseñar podrían desincentivar la creatividad y autonomía de los profesores y fomentar así la obediencia, la conformidad y, paradójicamente, la burocratización del acto de enseñar. En otro nivel de análisis, este sería uno de los principales efectos del PISA que, al focalizarse en la evaluación de resultados en matemáticas y lengua, ha hecho que se impulsen reformas curriculares en la mayoría de puntos del planeta para incrementar la carga lectiva de estas dos disciplinas (de esta manera los países intentan salir mejor parados en el PISA). Fácilmente, se podría establecer una analogía con lo que puede suceder en el nivel más micro. Y es que, como afirma Michael Apple (1999), las evaluaciones dominantes presionan los currículos a la harmonización respecto al objetivo de mejorar la competitividad económica internacional de las personas y de los países.

Desigualdades educativas

La propuesta de la evaluación neoliberal está muy orientada a mejorar la calidad educativa, pero no otorga la misma centralidad a temas de equidad educativa. Es más, puede tener repercusiones negativas en materia de equidad.

Como mencionábamos en la sección anterior, aquellas evaluaciones que hacen públicos los micro-datos fomentan la elección escolar. La elección escolar es interpretada por los sectores neoliberales como un mecanismo de competencia y de calidad educativa. No obstante, también es un mecanismo de segregación educativa ya que, como demuestran múltiples estudios empíricos, son los sectores de clase media los más activos en procesos de elección ya que cuentan con más capital social y recursos culturales y materiales para elegir y acceder a las “mejores” escuelas (Whitty, Power, y Halpin 1999).

Pero cuando la evaluación de los centros (y de los profesores de los centros) repercute en materia de financiamiento, y prestigio, más que fomentar que los padres seleccionen las escuelas de sus hijos, se favorece que los mismos colegios sean los que elijan activamente a sus alumnos. Y aquí encontramos sin duda el verdadero mecanismo de segregación educativa, el cual, más que por las familias es activado por las propias escuelas. Tengamos en cuenta que los centros más prestigiosos tienen suficiente demanda para poder elegir los mejores alumnos y desestimar los que consideran alumnos difíciles (alumnos recién llegados de otros países, alumnos con dificultades de aprendizaje, alumnos con familias desestructuradas,…). Las escuelas, mediante la elección del alumnado, garantizan la reproducción de su prestigio así como los buenos resultados en las pruebas de evaluación.

Por su parte, desde un punto de vista más constructivista, Tenti-Fanfani (2002), considera que el reconocimiento público asociado a las evaluaciones es, en sí mismo, un mecanismo reproductor de las desigualdades educativas:

“El reconocimiento público y formal de las diferencias, agrega su propia fuerza específica a esas diferenci reales. En este sentido contribuye a reproducirlas en el tiempo. Las evidencias indican que el simple conocimiento de la desigualdad y su «oficialización» lejos de contribuir a superarlas, puede incluso «naturalizarlas» y por lo tanto consolidarlas en el tiempo” (p. 18)

 Ahora bien, las escuelas más prestigiosas, las familias de clase media y los gobernantes que implementan las evaluaciones no son los únicos responsables de esta situación. También los medios de comunicación y los partidos en la oposición tienen parte de responsabilidad. Por ejemplo, ¿por qué estos actores le dan tanta cobertura a las pruebas de calidad educativa e ignoran – o no dan la misma cobertura – a aquellos informes en los que se habla de segregación educativa o de otros tipo de desigualdades educativas?

Falsas atribuciones

metodología por la que se opta en las evaluaciones condiciona el diseño y el objeto de la investigación. El hecho de que la metodología sea eminentemente cuantitativa conlleva que la actividad docente sea reducida a indicadores de desempeño estandarizados. Muchas veces, en el marco del modelo neoliberal, la evaluación de los docentes sólo se puede limitar a “habilidades técnicas” o a competencias fáciles de medir, las cuales no siempre están relacionadas con los factores por los que la práctica docente puede ser exitosa (Apple, 1999). Esto nos lleva a plantear la cuestión de la pertinencia y la validez de las conclusiones que se derivan de los resultados de las evaluaciones.

En la mayoría de ocasiones, el éxito de los docentes depende más bien de factores exógenos a la práctica docente como son los recursos de los que disponen las escuelas o la composición social del alumnado. Tengamos en cuenta importantes factores inhibidores del éxito escolar como la alienación existente entre estudiantes pobres o de origen inmigrante que no creen que la educación pueda mejorar su futuro, la anomia escolar (los alumnos pobres no le otorgan el mismo significado a la escuela que estudiantes de otros estratos sociales), o la falta de estímulo y de recursos materiales para aprender recibidos por parte de sus familias. Tener en cuenta estos factores es especialmente relevante cuando la evaluación docente se asocia a castigos e incentivos económicos. En estos casos, se puede agravar la injusticia social que conlleva la implementación de este tipo de evaluaciones. Sin duda, los efectos negativos de las evaluaciones se acentúan a raíz del ‘educacionismo’ desde el que se interpretan los resultados. Sin obviamente negar que la actuación docente importe, al interpretar los resultados se debería tener presente que los factores contextuales (clase social, nivel educativo de los padres) o la educación entre iguales (la cual se ve perjudicada cuando existe segregación educativa) influyen mucho más en los resultados educativos que el desempeño docente.

En ocasiones las evaluaciones contemplan cuestiones de desigualdad educativa. Sin embargo, éstas son a menudo tratadas con frivolidad, de manera reduccionista o con fines políticos. Así, se interpretan los resultados con la intención de mostrar que las escuelas privadas son mejores que las públicas, o que los alumnos escolarizados en la lengua dominante del país obtienen mejores resultados que los alumnos que lo hacen en escuelas bilingües o en lenguas minorizadas. Por ejemplo, durante el gobierno de la Junta Militar en Chile, las evaluaciones educativas externas sirvieron para legitimar la privatización educativa ya que los resultados de las evaluaciones demostraban que los logros de los alumnos de escuelas públicas eran menores (Reimers 2003). No cabe decir que estas evaluaciones ignoraban el sesgo asociado a la composición social en cada tipo de centros.

Finalmente, es importante apuntar que los efectos del modelo neoliberal de evaluación pueden variar en función del contexto y del país concreto en el que se realizan. No se puede esperar lo mismo de un docente o de una organización escolar que interviene en un país con una larga tradición de políticas de bienestar, que de un docente de un país pobre o que trabaja en un país, sea ricos o pobre, muy descohesionado socialmente a raíz de la profundización del neoliberalismo (aunque, paradójicamente, es en los países con gobiernos más neoliberales donde los modelos de evaluación con los que más se culpabiliza al docente se están instaurando). También cabe remarcar que las políticas de evaluación docente se han forjado en el marco de un modelo de estado competitivo propio de contextos con un capitalismo más avanzado. Si bien en estos contextos, la propuesta de la evaluación docente puede tener efectos negativos, estos se acentúan en sociedades con un régimen de capitalismo menos avanzado en los que la receta de la evaluación docente, como sucede con tantas otras recetas, es exportada acríticamente y, por lo tanto, se implementa todavía más fuera de contexto.


Resistencias y alternativas al modelo dominante

El modelo neoliberal de evaluación docente no se ha ido extendiendo sin resistencias. La evaluación es un acto político y, como tal, está sujeto a impugnación (Benveniste 2002). En países como Corea del Sur o Grecia, los sindicatos de la educación han protestado de manera contundente y, en cierta manera, efectiva contra proyectos de ley que pretendían introducir dicha propuesta. Por ejemplo, en Grecia se interrumpió indefinidamente un proyecto de ley que quería imponer un sistema de evaluación docente con el que, en función de los resultados, se pudiera obligar a los maestros a hacer cursos de formación, a suspender sus actividades de docencia y relegarlos a tareas administrativas o, en el caso más extremo, despedirlos (Gouvias 2007).

La misma Internacional de la Educación (la principal federación internacional de sindicatos de personal docente), en el último Congreso Mundial celebrado en Berlín (Julio de 2007) se ha pronunciado sobre el tema.

Específicamente, los sindicatos miembros aprobaron una resolución en la que se cuestionaban los usos y abusos de las evaluaciones de la enseñanza y el aprendizaje:

“[El Vº Congreso de la Internacional de la Educación]:

  • Observa que la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje es una herramienta importante para impartir una educación de calidad y que ha sido utilizada eficazmente desde siempre en la educación pública;
  • Considera que toda evaluación de la calidad de la educación impartida por las instituciones de educación pública no debe basarse solamente en la puntuación obtenida por los estudiantes, sino que debe tener en cuenta toda una serie de factores relacionados con el entorno escolar y didáctico, como, por ejemplo, la capacidad de los estudiantes, las competencias, las circunstancias socioeconómicas, los recursos financieros y pedagógicos, las instalaciones, la administración escolar, el tamaño de las clases y el modelo organizativo de los centros;
  • Reconoce que los sistemas de evaluación podrían convertirse en herramientas políticas y económicas de promoción de la privatización; los organismos p ivados de evaluación utilizan instrumentos de evaluación inadecuados, diseñados para la empresa y no para la escuela”.(10)

Además, desde diversas fuentes del mundo educativo se están planteando alternativas al modelo de evaluación docente dominante. Estas alternativas son más respetuosas con los derechos laborales de los docentes y con el principio de la educación como servicio público. En general, muchas de estas propuestas críticas coinciden en la necesidad de superar sistemas de educación demasiado simplistas, únicamente cuantitativos e implementados desde arriba. Por ello, proponen una evaluación que tenga en cuenta y valo actitudes reflexivas y cooperativas, que se base en una epistemología subjetivista y en una metodología cualitativa (Dias Sobrinho 2004). En términos metodológicos, en la década de los setenta ya se propusieron aproximaciones alternativas a la evaluación educativa positivista, con un carácter naturalista y cualitativo. Los rasgos de estas propuestas, según De la Garza (2004) – citando a otros autores – se expresan de la siguiente manera:

«Comparados con los métodos clásicos, tienden a ser más extensivos (no necesariamente centrados en datos numéricos), más naturalistas (basados en la actividad del programa o proceso, más que en su intento o logro), y más adaptables (no constreñidos por diseños experimentales o preordenados). Asimismo, muy probablemente son s nsibles a los diferentes valores de los participantes en el programa, suscriben métodos empíricos que incorporan trabajo de campo etnográfico, desarrollan materiales de retroalimentación formulados en el lenguaje natural de los destinatarios, y desplazan el lugar de los juicios formales, del evaluador a los participantes (Hamilton, 1977).
Significan un compromiso de estudiar los programas en su contexto social, el uso de métodos cualitativos de indagación, tales como las entrevistas no estructuradas, la observación directa y la reconstrucción histórico dramática, y formas de reportar que permiten a los lectores generalizar por sí mismos, utilizando una generalización naturalista (Simona, 1987)».

Estas consideraciones metodológicas introducen con énfasis la idea de que, más allá de los outputs o resultados, los procesos de evaluación deben fijarse en los inputs (y condiciones de partida), así como en los procesos. Por lo tanto, la evaluación docente crítica debería basarse en una ontología que entienda el sistema educativo como un sistema abierto, inmerso en una realidad compleja y en una estructura social desigual, la cual penetra en las escuelas y, inevitablemente, condiciona los procesos y los resultados educativos. Por estos motivos resulta inadecuado – en términos analíticos, además de éticos – evaluar el desempeño docente de manera aislada del entorno.

Por su parte, Michael Apple (1999) considera que, desde el punto de vista de la justicia social, la evaluación docente debería estar guiada por los siguientes principios:

  • Debería apuntar a mejorar las oportunidades de los alumnos más desaventajados señalando las zonas y escuelas donde se requieren más recursos humanos y económicos.
  • Debería dar voz a los actores que han sido marginados y silenciados en los sistemas educativos
  • En lugar de promover la eficiencia por encima de todas las cosas, debería promover la eficacia permitiendo que los profesores obtienen los recursos y el apoyo que les permita hacer su trabajo.
  • Debería celebrar la creatividad y las diferencias de las prácticas educativas.
  • Debería proveer espacios en los que el personal docente pueda construir los currículos que conecten con las vidas y experiencias del alumnado y que, en definitiva, contengan contenidos significativos y relevantes.

Obviamente, por lo que se deduce de la propuesta formulada por Apple, las voces críticas con la evaluación docente dominante apuntan a la deseabilidad de un modelo de evaluación que se desvincule de la tecnología de ‘blaming and shaming’ y que, en cambio, dé la oportunidad a los maestros de reflexionar sobre sus prácticas diarias para mejorarlas. Ello supondría ir más allá de la pura evaluación y, en realidad, avanzar hacia el análisis y la investigación. En estos procesos de investigación y análisis sería interesante que los mismos maestros sean sujetos activos, y no únicamente objetos de estudio de un evaluador externo.

Si lo que se pretende es que los maestros otros protagonistas de la comunidad educativa, perciban la utilidad y utilicen las evaluaciones como una herramienta educativa es preciso que, previamente, se apropien del proceso de evaluación. Para ello, los docentes deben convertirse en sujetos activos tanto del diseño como de la implementación de los procesos de evaluación (Tenti-Fanfani 2002). Así, diversos autores consideran que es necesario trascender la evaluación externa y que se desencadenen procesos de auto-evaluación o auto-reflexión sobre la práctica educativa. Según Fredriksson (2004), la calidad de la educación, más que en indicadores medibles, se refleja en la habilidad de los docentes de reflexionar sobre su propia práctica, de examinar críticamente los métodos que usan y de buscar alternativas y mejoras por ellos mismos. Este mismo autor documenta experiencias piloto de auto-evaluación exitosas que se han impulsado a escala europea y que sitúan el locus del control del proceso en las propias escuelas y el personal docente. En el contexto latino-americano encontramos propuestas que podrían apuntar en esta misma dirección y que están inspiradas en los principios de la educación popular como la ‘sistematización de experiencias’ (Verger 2007) o la propuesta de la Memoria Docente.(11)

Por lo que respecta al objeto de estudio, una evaluación crítica no se centraría tanto en evaluar el desempeño docente de manera individual o aislada, en evaluar este desempeño en el marco de procesos internos y de la realidad funcional de los centros educativos. En este sentido, Miles (1974, citado en Escudero Escorza,    1997) sistematiza un conjunto de indicadores de lo que califica como un “centro docente sano”. Estos son: objetivos claros y aceptados por los miembros del grupo; buena comunicación; óptima igualación de poder; utilización de recursos eficaz; cohesión; moral (entendida como una suma de sentimientos individuales de satisfacción que apoyan los deseos de realizar esfuerzos); innovación; equilibrio entre adaptación a los cambios y autonomía e independencia respecto a determinadas demandas del  entorno  (político, económico); capacidad de resolución de problemas (esto conlleva poseer estructuras y procedimientos para detectar e identificar la existencia de problemas, descubrir las posibles soluciones, aplicarlas y medir su eficacia).

Tanto Escudero-Escorza como Miles apoyan también la idea de la evaluación participada por los docentes ya que consideran que un ‘centro docente sano’ es aquel que tiene capacidad de evaluarse y, de facto, se autoevalúa con regularidad.

Ahora bien, las evaluaciones más cuantitativas o extensivas no son negativas en sí mismas. Todo depende del uso que se haga de ellas, ya que en lugar de premiar y castigar a las escuelas, la evaluación extensiva podría servir para detectar problemas, carencias y/o desigualdades existentes en los sistemas educativos. Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso uruguayo con su Unidad de Medición de Resultados Educativos que ha tenido la capacidad de dirigir la atención a los vínculos entre el desempeño académico y variables socio- económicas (Benveniste 2002). Las evaluaciones más macro, como apunta Tenti- Fanfani (2002), pueden ayudar a “conocer tanto las desigualdades como la lógica de su producción, pero no para establecer rankings (…), sino para usar ese conocimiento para contrarrestar los factores que producen y reproducen las desigualdades, en especial en el salón de clases. Desde esta perspectiva, las evaluaciones (…) son una herramienta que produce información para uso práctico de los educadores, los alumnos y sus familias. Esta estrategia se propone conocer las desigualdades, no para formalizarlas e institucionalizarlas, sino para combatirlas” (p. 19).

Es incluso erróneo pensar que las evaluaciones cuantitativas obvian per se los condicionantes contextuales. Los indicadores contextuales pueden ser tenidos en cuenta y combinarse con los de desempeño institucional. Existen, como mínimo, otros dos tipos de índices – ampliamente conocidos en las ciencias de la educación – que se podrían combinar o presentar junto a los resultados de las evaluaciones educativas de carácter más cuantitativo. Nos referimos a índices de segregación educativa y de inclusión educativa – véase, por ejemplo, Booth y Ainscow (2002).

Dos modelos de evaluación docente

Para acabar, en la siguiente tabla en base a los contenidos expuestos a lo largo de esta sección, recomponemos las piezas de lo que podría ser un modelo de evaluación docente crítico y lo contrastamos con el modelo neoliberal.

 Tabla 1. Dos modelos de evaluación docente
Fuente: Elaboración propia

Variables Modelo Neoliberal Modelo Crítico
Objetivos Control, activación, competitividad, eficiencia, calidad educativa Empoderamiento, eficacia, calidad, equidad, detección de otros problemas de los sistemas educativos
Concepción   de la evaluación Medición Análisis e investigación
Metodología Eminentemente cuantitativa Eminentemente cualitativa, pero no necesariamente desestima datos cuantiativos.
Método Pruebas de resultados a profesores y a sus alumnos Talleres de investigación acción, focus groups, memoria docente, sistematización de experiencias, entrevistas, observación participativa
Unidad de análisis Docentes de manera individual Colectivo docente y organización escolar como sistema abierto (en relación al contexto)
Tiempo Ex post (revisión continua de objetivos) Ex ante (para el acceso a la plaza) y ex post (para introducir mejoras en la escuela y en el clima de trabajo)
Agentes Expertos en evaluación, agentes externos Participación activa de los docentes con apoyo de agentes externos
Indicadores Competencias, habilidades, resultados de su grupo clase. Proceso de educación – aprendizaje, indicadores de clima escolar / centro docente sano (véase Miles 1974), indicadores contextuales (socio-economía, segregación, inclusividad)

Esta tabla, a raíz de los modelos tan dispares que captura, refuerza la idea de que no se pueda hablar de la evaluación docente en abstracto, sino que nuestros análisis (y juicios de valores) sobre el tema se deben ceñir a modelos concretos de evaluación.


Conclusiones

La evaluación docente es un instrumento de gobernanza educativa que encaja a la perfección en la compleja tesitura generada por la acentuación de la competencia económica a escala global y de sus efectos en la educación. La competencia económica genera, por un lado, mayor demanda de educación (por parte de los países, de las personas, de las empresas, etc.) y, por otro lado, mayores dificultades para responder directamente a esta demanda por parte de los estados. Esta aparente contradicción se solventa con reformas educativas orientadas por el eficientismo y la privatización. En este contexto, la evaluación educativa y docente puede actuar como un mecanismo disciplinador para la consecución de los objetivos de competitividad y eficiencia. Así, la evaluación puede ser utilizada como un instrumento para la racionalización del gasto público ya que ofrece la información necesaria para instaurar sistemas de financiamiento competitivo y en función de los resultados. A su vez, la evaluación pretende activar a los centros y a los profesores, hacerlos competir entre ellos para captar más alumnos o para que los alumnos obtengan mejores resultados. Además, los sistemas de evaluación permiten a los estados continuar ontrolando los sistemas educativos a pesar de desresponsabilizarse de tareas de gestión educativa directa.

La propuesta de evaluación de carácter neoliberal que se impulsa en este contexto tiene implicaciones educativas, laborales sociales como acentuar el stress del personal docente, alterar a la baja su poder en los sistemas educativos, incrementar las desigualdades educativas, o poner a los docentes y a las escuelas de forma maniquea en el punto de mira de los problemas de los sistemas educativos.

No obstante, el debate sobre la conveniencia y la pertinencia de la rendición de cuentas y de la propuesta de la evaluación docente está subordinado a preguntas como qué se evalúa, cómo se evalúa y para qué. Existen propuestas de evaluación docente alternativas, participativas y más comprehensivas, las cuales son normalmente articuladas desde sectores críticos de las ciencias de la educación. Estas propuestas cuajan en un modelo de evaluación docente que hemos calificado como crítico y representado en la Tabla 1. Este modelo alternativo, en caso de adquirir mayor centralidad política, podría tener efectos opuestos a los de la evaluación neoliberal como por ejemplo identificar y atacar las desigualdades y necesidades educativas, mejorar el ambiente escolar o empoderar al personal docente.

 

 

Referencias

Apple, M. W. 1988. Teachers and texts. New York: Routledge.

Whitty, G., S. Power, and D. Halpin. 1999. La escuela, el estado y el mercado. Delegación de poderes y elección en educación. Madrid: Morata.

Whitty, G., and S. Power. 2000. Marketization and privatization in mass education systems. International Journal of Educational Development 20, no. 2: 93-107.

 

 Llamadas:

1) Las siglas corresponden, respectivamente, a Programme for International Student Assessment y Trends in International Mathematics and Science Study.

2) De hecho, no resulta extraño que muchas de las reformas curriculares actuales aspiren a fomentar una educación ‘basada en competencias’.

3) Cabe mencionar que el hecho de que las personas estén más dispuestas a pagar por su educación abre las puertas a la privatización y la mercantilización educativa. Por lo tanto, podemos considerar que la educación para la competitividad sería un mecanismo clave para entender la emergencia de mercados y/o de nichos de mercado educativos.

4) Véase “Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy”, en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0024en01.pdf [consultado el 12/06/08],

5) Véase: “Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en Europa” en: http://eur-lex.europa.eu/pri/es/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614es00010022.pdf [consultado: 07/07/08].

6) La agenda de la buena gobernanza cristalizó en la década de los noventa, y fue impulsada por organismos internacionales como el Banco Mundial a raíz, principalmente, del fracaso del Consenso de Washington con el cual pretendía fomentar el desarrollo a partir de medidas puramente economicistas (Robertson et al. 2007).

7) Se puede considerar que, desde una perspectiva de la rendición de cuentas democrática, es positivo que se hagan públicas las evaluaciones. No obstante, el problema ético y político surge cuando se hacen públicos los micro-datos o se vulnera el anomimato de los sujetos que conforman la muestra (sean estos profesores o escuelas).

8) El giro en la política de gestión educativa que conlleva la NGP no se debe regular necesariamente de manera explícita puesto que a menudo se instaura como consecuencia lógica del incremento de la autonomía financiera de los centros educativos, de la competencia entre centros o de las políticas de financiamiento competitivo (Ball 2002). Por ejemplo, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para compensar el recorte de financiación gubernamental ha supuesto uno de los primeros imperativos para adoptar este nuevo tipo de gestión en muchos sistemas de educación superior (Deem 2001).

9) No obstante, actualmente y en casi todos los contextos, la escuela es una institución que ha venido asumiendo más y más responsabilidades: cubrir necesidades afectivas, atenuar problemas sociales, asimilar y transmitir los cambios tecnológicos, incorporar nuevos contenidos (educación para la ciudadanía, educación sexual, educación vial,…).

10) Véase “Resolución sobre la educación de calidad: presente y futuro” en http://www.ei- ie.org/worldcongress2007/ei-ie/index6407.html?Id=160 [consultado: 01/07/08]

11) Véase http://www.lpp-buenosaires.net/documentacionpedagogica [Consultado: 12/07/08].