La Consejería hace caja

Las arcas del dinero publico, maltratadas y agujereadas con los sobrecostes del Muselón, Regasificadora, Caso Marea, Caso Villa… hay que recebarla rebañando fondos de donde se pueda. El Gobierno Asturiano, a través de la Consejería de Educación, va haciendo caja con las miserias que recoge de las dietas del profesorado itinerante que lleva sin cobrar desde que comenzó este curso, de los cierres y fusiones de centros para el curso próximo y de la merma sangrante en las partidas económicas transferidas a los centros educativos para su gasto corriente.

El pasado lunes día 29 febrero de 2016, SUATEA junto con el resto de sindicatos representados en la Junta de Personal docente no Universitario de Asturias (XPD), fue convocado a una reunión informativa por parte de la Consejería Educación, en la cual relataron los cierres y fusiones de centros que iban a tener lugar el curso que viene. Esa información ya la recogía la prensa el día anterior a dicha reunión, lo que es señal de que para decidir estas graves cuestiones, no se ha contado para nada con nuestra opinión. Denunciamos allí mismo el menosprecio que supone no contar con los/as trabajadores/as a la hora de tomar unas decisiones que van a recortar, en primer lugar, puestos de trabajo para profesorado interino y, a continuación, puestos en las plantillas de profesorado fijo. Estas decisiones han sido tomadas a espaldas de la comunidad educativa (en esa reunión se nos informó de que todavía no estaba tomada la decisión de cerrar la escuela de Muries ni la de San Andrés d’Agues de Trubia, pero al día siguiente ambas se confirmaron), Ssabemos que las asociaciones de padres y madres (AMPA) de muchos de estos centros y también las direcciones de los mismos están oponiéndose rotundamente. Significativo es el caso del cierre de la escuela de Muries, en el concejo Mieres, donde el Equipo de Gobierno y todos los grupos municipales excepto el PSOE, así como el AMPA rechazan el cierre. Decisiones que incumplen los acuerdos de plantillas pactados con las organizaciones sindicales donde se establece que los centros deben seguir abiertos con cuatro o más alumnos y ahora se cierran con nueve, seis y cinco alumnos/as. La Consejería miente cuando dice que ha informado y que cuenta con las comunidades educativas de los centros. Por tanto, si no se cuenta con el conocimiento de las condiciones reales de cada escuela y de su entorno socioeconómico, al ignorar tanto a la comunidad educativa como a los sindicatos, al tiempo que se toman decisiones apresuradas que afecten al Mapa de la Red de Centros. ¿Dónde queda la obligatoria planificación educativa? Nos tememos que probablemente este bajo de la caja registradora.

A la caja registradora van todos los dineros que se le adeudan al profesorado itinerante desde primeros de curso en concepto de dietas por kilometraje. Hay que recordar que el profesorado itinerante pone el coche, el seguro, la conducción y adelanta a la Administración el dinero del combustible (en algunos casos más de 600€).

Para la bolsa van también muchas de las partidas que la Consejería mandaba a los centros para el gasto corriente hasta el mes de febrero. Este mes de marzo, todos los centros que tenían dinero ahorrado en caja para gastos imprevistos, han quedado sorprendidos al ver como la Consejería les quitaba de su asignación presupuestaria (la misma que la del año pasado) la cuantía de lo ahorrado, sabiendo que los centros cada vez tienen más gastos de funcionamiento (fotocopiadoras, papel, material de oficina, conservación de equipos informáticos…) que inciden directamente en la calidad educativa. Con la misma disculpa, se quitan ciclos de la Escuela de Montaña para ponerlos en manos de la gestión privada. La Consejería vuelve a situar los criterios economicistas por encima de todo lo demás.

Por todo lo expuesto, SUATEA, instamos a la Consejería de Educación a que deje de aplicar más recortes pensando solo en hacer caja y a que respete los derechos de los/las trabajadores/as; a priorizar la calidad educativa y a presentar a la ciudadanía asturiana unos presupuestos que garanticen prestación de los servicios básicos a los cuales tienen derecho.