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- Ante la existencia de violencia específica que daña la convivencia en los centros educativos, desarrollo de programas educativos que prevengan y eliminen las actitudes antisociales y la violencia en cualquiera de sus formas.
- Puesta en práctica, en todos los centros educativos, de las medidas de actuación contra el acoso escolar y contra la violencia de género. Rechazo ante cualquier contenido y exaltación de la violencia física, psicológica, verbal, gestual, sexual, motivada por sexismo, LGTBfobia, racismo, xenofobia o cualquier otra causa que dañe la convivencia en los contextos escolares, o constituya una discriminación para cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Fomento de la convivencia, mediante la democratización de los centros, para mejorar las relaciones entre los diversos estamentos que componen la comunidad educativa. Instauración de la coeducación como la única educación posible para fomentar los valores sociales y cívicos de ayuda, colaboración, cooperación, solidaridad, así como para desarrollar la empatía, la escucha activa, las habilidades sociales, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
- Exigencia a las Administraciones Públicas de la prevención y abordaje de los problemas de convivencia en su raíz social, comprometiéndose en la lucha efectiva por la reducción de las desigualdades sociales a través de políticas compensadoras.
- Inserción e integración plena de la prevención de los conflictos y de la violencia en las dinámicas escolares; puesta en práctica de los planes preventivos existentes contra el maltrato escolar y contra la violencia de género y LGTBfobia en el ámbito educativo, y elaboración de «planes específicos» para problemas concretos, con la participación real de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Formación específica en igualdad de género en el currículo, y formación en mediación para la resolución de conflictos desde y en los departamentos de orientación.
- Dotación de personal suficiente para garantizar una atención adecuada en función de la cantidad de alumnado del centro y de su perfil social y académico. Incremento de los recursos para afrontar los nuevos retos de la convivencia: reducción de las ratios y del número de grupos por profesor/a; aumento de las plantillas en los centros públicos, incluyendo profesionales de otros ámbitos (trabajo social, mediación, enfermería, …)
- Desarrollo pleno de sistemas de atención a la salud psicosocial para todo el profesorado, con adaptación de los reconocimientos a las especificidades de las situaciones de convivencia y a los diferentes perfiles de centros y de puestos de trabajo.
- Estudio del impacto de las nuevas tecnologías en la convivencia escolar, fundamentalmente de la violencia y el acoso a través de las redes sociales, y puesta en marcha de los planes de actuación correspondientes para evitar todo tipo de acoso entre el alumnado y hacia o entre el profesorado.
- Extensión de los valores participativos y la corresponsabilidad en la gestión de la convivencia a toda la Comunidad Educativa, fomentando el trabajo con otras instancias y figuras como los/las educadores/as y los servicios sociales, ayuntamientos, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
- Compromiso total con los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública, impulsando la valoración social de la labor docente, ampliando y mejorando la asistencia jurídica y el apoyo institucional.
- Campañas institucionales de dignificación de la profesión docente comenzando por la mejora de las condiciones laborales y la reducción del horario lectivo del profesorado, la estabilidad del profesorado interino y la dotación de las plazas necesarias para el adecuado ejercicio de la docencia en el marco de la educación inclusiva.
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