Abandono escolar temprano

Esta semana se ha presentado por parte del Ministerio de Educación y la OCDE el  informe con las Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano en España.

A pesar de que las cifras  de alumnado han mejorado sustancialmente (28,2% en 2010), sigue habiendo un alto porcentaje de jóvenes que abandonan los estudios. De media, en España se estima un 13,9 %, frente al 9,3% en la UE que no acaban la secundaria postobligatoria o los programas alternativos equivalentes. Además, el porcentaje de hombres es significativamente superior al de mujeres: 16,5% y 11,2%, respectivamente.

Se trata de un grave problema social que muestra que una buena parte de nuestra infancia y juventud no tiene los mismos derechos que el resto a una educación de calidad, pues se priva a ese alumnado del acceso al saber.  Y como se ve en este estudio, a quien más afecta esta situación es al alumnado procedente de familias desfavorecidas, minorías, familias migrantes, menores en situación vulnerable… 

También constata el estudio la falta de profesionales de orientación, profesorado de apoyo o del trabajo social o mejor dicho, según sus palabras, la mala distribución de este tipo de personal imprescindible para luchar contra la desigualdad educativa.

Otras constataciones del trabajo encargado a la OCDE se refieren a la situación del profesorado, con una tasa de temporalidad que supera el 33% cuando en el resto de países de la OCDE es del 18% o la sobrecarga de trabajo burocrático que ahoga, especialmente, a los equipos directivos. 

También  se constata en el informe que la segregación del alumnado, provocada fundamentalmente por la coexistencia de un red privada concertada sufragada con fondos públicos  con la red pública, hace que niñas y niños en situación de desventaja educativa se concentren en determinados centros públicos, mientras los centros concertados establecen cobros indebidos  en forma de cuotas voluntarias u obligatoriedad de matricularse en actividades extraescolares de alto coste, lo cual aleja a determinado alumnado no deseado por ese tipo de centros.

No parece que fuera necesario encargar estudio alguno a la OCDE para saber que subsisten graves problemas sobre todo para el alumnado con más dificultades de partida.  La realidad es que la desigualdad social y las políticas educativas privatizadoras de la educación hacen que la situación no mejore  lo suficiente y se mantengan situaciones  de abandono en determinadas zonas y centros educativos.

Es cierto que el estudio y  propuestas subsiguientes responden a la preocupación del gobierno por reducir dicha tasa de abandono y de coordinar las políticas de las CCAA para lograrlo.

Evidentemente, el carácter de organismo económico de la OCDE y su visión de que la educación debe formar ciudadanos para el mercado laboral, hace que en el estudio se subrayen los análisis sobre las posibilidades de inserción laboral que este alumnado pierde al abandonar tan tempranamente la escuela a la vez que reconoce que la entrada temprana en el mercado laboral por motivos económicos,  la necesidad de buscar trabajo u otras necesidades familiares, son los factores que obligan más frecuentemente a los jóvenes a abandonar la educación.

Algunas de las medidas propuestas son unificar criterios entre todas las comunidades autónomas para medir el absentismo y la necesidades educativas del alumnado para asignar destinar fondos a los centros que más los necesitan;  eliminar el cobro de cuotas en la enseñanza concertada u obligar a estos centros a reservar plazas para alumnado nuevo durante el curso escolar; reducir la inestabilidad de las plantillas docentes, o mantener y ampliar programas  para garantizar el apoyo al alumnado; ampliar la oferta y la consideración de la Formación Profesional,… .

Por otra parte, aunque se reconoce la falta de profesionales de orientación, apoyo educativo y trabajo social, no se habla de ampliar sustancialmente su número, incrementándose en los centros con más alumnado susceptible de abandono temprano, sino que se sugiere la posibilidad de trasladar a este personal de unos centros a otros donde sean más necesarios, es decir, retirarlos de unos centros con menos problemas supuestamente, para destinarlos a otros.

A pesar de que ha habido un incremento del PIB destinado a educación, que en 2022 alcanzaba el 4,9% (en época de gobiernos del PP había descendido vertiginosamente por debajo del 4%) no se hace una propuesta seria de incremento del mismo por ejemplo para reducir las ratios, que siguen siendo muy elevadas; para incrementar las plantillas docentes; para aumentar el profesorado especialista en atención a la diversidad; para la contratación de personal de apoyo socio-educativo con el que  garantizar la apertura por las tardes de todos los centros evitando así  algo que denuncia el informe: que las familias tengan que incrementar el gasto privado en educación para compensar las desigualdades del sistema. Los fondos específicos están garantizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España para 2021-2026, y después ¿qué? 

En efecto,  el estudio constata que muchas familias envían a sus hijos e hijas a clases “particulares”. Pero no se analiza profundamente por qué esto ocurre en nuestro país. Quizás no se ha tenido en cuenta que el profesorado tiene que atender a un alumnado cada vez más diverso en aulas masificadas. Que falta tiempo para que el profesorado pueda coordinarse con los departamentos de orientación para poner en marcha planes individualizados para el alumnado más vulnerable, que el profesorado tutor se ve desbordado por la creciente  burocracia que le  ahoga. Que el profesorado, al que quizás hubiera sido conveniente escuchar más, está harto de que el exceso de burocracia le impida una relación más estrecha con alumnado y familias para poder detectar precozmente los problemas que después conllevarán el abandono temprano y otros problemas que afectan al alumnado.

En vez de proponer que la escuela garantice durante las tardes el apoyo educativo a través de programas de refuerzo, de actividades extraescolares y deportivas gratuitas, de apertura de bibliotecas, de dinamización de barrios y pueblos a través de la colaboración, lo que se pone en cuestión es la jornada continua. 

Para atajar los problemas que aquejan a la educación en nuestro país, no basta con medidas parciales. Se necesita que la sociedad sea consciente de que sin un incremento sustancial de la inversión educativa destinada a la escuela pública, sin una mejora de las condiciones de estabilidad para miles de personas interinas, sin unas plantillas estables y bien formadas, sin una apuesta por la infancia para que ningún niño y ninguna niña se quede atrás dependiendo de su origen o situación económica, no lograremos una sociedad más justa y más democrática.

Y eso es algo que nos jugamos también en los próximos días. No lo olvidemos.

Laura Conde Rubio (del Secretariáu de SUATEA)

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