La evaluación docente: Una campaña orquestada contra el profesorado

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Una campaña orquestada contra el profesorado

Asistimos desde hace unas semanas a una campaña en los medios de comunicación cuyo fin principal parece ser responsabilizar al profesorado por los defectos del sistema educativo de la totalidad del estado.

La publicación inminente del Libro Blanco encargado por el ministro Méndez de Vigo a José Antonio Marina, va en esa línea. Las propuestas para mejorar la educación tienen que ver con viejas recetas neoliberales con efectos nefastos en los países donde se aplican. La panacea para resolver esos problemas es la evaluación del profesorado.

Si ha habido miles de despidos en la enseñanza pública en nuestro país, si la precariedad de las plantilla docentes es moneda corriente en los centros educativos, si ha aumentado el número de alumnado por aula, si las familias atraviesan situaciones económicas y sociales gravísimas, si han desaparecido recursos destinados a la atención a la diversidad, becas, comedores escolares, si el porcentaje destinado a educación ha menguado hasta un 4% del PIB, parece claro que estas variables no les importan y cargan toda la responsabilidad sobre el profesorado.

De nada valen los esfuerzos titánicos de los docentes para – a pesar de los recortes brutales sufridos- mantener la atención al alumnado. De nada valen, frente a la campaña orquestada contra el profesorado a la que asistimos estupefactos.

El informe presentado por la OCDE, que en los últimos años se ha convertido en el máximo referente en materia educativa, cuando se trata de una organización de carácter económico, es un informe de más de 500 páginas sobre el estado de la educación en sus países miembros, convirtiéndose en la última andanada contra el profesorado en nuestro país.

Parece poco casual que de los miles de datos que contiene el informe- muchos de ellos reconociendo los recortes y sus efectos negativos en nuestro sistema educativo- se hayan resaltado dos: el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan y la falta de evaluación del profesorado.

Incluso se reproducen frases incomprensibles del informe para falsear la realidad “en España la única consecuencia de un mal resultado en una evaluación es no conseguir la certificación para el puesto como docente” según frase reproducida por los medios del informe. La realidad es que la inmensa mayoría de los docentes de la enseñanza pública ha superado pruebas durísimas de ingreso a la docencia, tras años de formación. Y que el servicio de inspección somete regularmente a los centros educativos a planes de evaluación organizados por las Consejerías de Educación. En lo que se hace hincapié es en lo que machaconamente se viene insistiendo estos últimos tiempos. No se analiza la sobrecarga de trabajo del profesorado, la abrumadora burocracia que nos atenaza, la imposición de una Ley contra la inmensa mayoría de la Comunidad Educativa.

Los problemas que hoy aquejan a la enseñanza pública no se resuelven culpando al profesorado que es víctima de los recortes, sino revirtiéndolos, derogando la LOMCE, recuperando las condiciones laborales anteriores a los recortes, disminuyendo el horario lectivo, estabilizando al profesorado interino, acabando con la precariedad, estableciendo una verdadera atención a la diversidad, invirtiendo en la mejora de las instalaciones, servicios complementarios y garantizando la gratuidad real de la educación pública.

Lo que en realidad pretende el Partido Popular, y lamentablemente otras opciones políticas, es degradar la figura de los docentes, explicar que la falta de evaluación es la responsable de todos los males y poner en marcha un sistema retributivo que reduzca nuevamente los salarios docentes con el señuelo de premiar a los buenos docentes. La razón de todo ello son los compromisos adquiridos ante Bruselas para disminuir aún más el porcentaje del PIB destinado a Educación hasta un 3’7% en los próximos años. Y ello cuando el propio Consejo Escolar del Estado exigía alcanzar un 7%. No hay una preocupación real en nuestro país por la educación y por que la profesión docente sea respetada. A lo que asistimos es a una campaña de acoso y derribo contra quienes tenemos en nuestras manos a la juventud de este país. Recuperar al menos la situación anterior a los recortes, derogar la LOMCE, contratar miles de nuevos docentes y un compromiso para que en la próxima legislatura se alcance ese 7% son las exigencias mínimas para mejorar mínimamente la educación nuestro país.

Estas, precisamente, son las exigencias de SUATEA y la Confederación de STEs-Intersindical que estamos desarrollando en una campaña estatal para acabar con los recortes y exigir la derogación de la LOMCE.

Secretariado de SUATEA y STEs-Intersindical
25 de noviembre de 2015

 

 

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