¿Por qué quedamos docentes que no queremos adherirnos a la evaluación docente?

¿POR QUÉ QUEDAMOS DOCENTES QUE NO QUEREMOS ADHERIRNOS A LA EVALUACIÓN DOCENTE Y SUS INCENTIVOS?

 Llevamos años de retroceso en los servicios públicos y la enseñanza es uno de los más afectados por los recortes. Las políticas educativas que vivimos en estos momentos están beneficiando a los centros privados y se vislumbran claramente las intenciones mercantilistas que buscan la privatización de lo público y su conversión en negocio con la aplicación sostenida de políticas neoliberales que avanzan incansablemente para conseguirlo. También vemos cómo los recortes han afectado a las condiciones laborales del profesorado, por eso llevamos años de reivindicación y movilizaciones para recuperarlas. En este contexto, igual que con anterioridad a él, hay un grupo de profesorado que no se ha adherido a la evaluación docente. Un grupo que mantiene su posición crítica, su derecho a disentir y a mantener una posición ética de compromiso con la enseñanza pública pese al agravio económico, ya que no hay diferencia entre el trabajo que desarrollamos y el que realizan el resto de compañeros en nuestros centros.

La ley de evaluación docente supuso, en su nacimiento, una flagrante discriminación entre diferentes colectivos docentes: el funcionariado interino estaba excluido, igual que aquel funcionariado de carrera con menos de cinco años de servicio en Asturias (menospreciando los años de servicio prestados en otras CCAA). Se cobraba distinto haciendo el mismo trabajo, situación que se sigue dando con los que seguimos «sin entrar por el aro»

Los denominados «no firmantes» defendemos la necesidad de mantener equipos de trabajo docente, basados en la cooperación y la solidaridad, que desarrollen e implementen la innovación frente al establecimiento de una competitividad fomentada por incentivos a la productividad (verdadero espíritu del incentivo a la evaluación) que las pone en peligro. No aceptamos la individualización de las relaciones laborales (y lo que se cobra es una de ellas, y de las más importantes), ya que la capacidad de la negociación colectiva es imprescindible en cualquier Administración pública si no queremos que la división acabe por afectar al resto de derechos que como trabajadores de la enseñanza hemos logrado alcanzar a lo largo de los años.

Somos los docentes con el salario más bajo de todo el Estado español, tenemos derecho a una mejor consideración por parte de nuestra Administración, que, como mínimo debería equipararnos a la media estatal. El dinero que se cobra con la evaluación docente no puede ser considerado una subida salarial encubierta (como se declaró en alguna ocasión). No es aceptable que este «premio condicionado» que no puede ser consolidado sirva de excusa para salvar la brecha salarial que nos separa del resto de docentes del estado. No es aceptable que se pierda el derecho a cobrar el suplemento por estar enfermo; o que las condiciones que se exigen vayan a endurecerse y dejen fuera a profesorado crítico con los equipos directivos (de los que depende su evaluación positiva para el cobro); o de nuevo se use para marginar a otros grupos de docentes desafortunados.

Por último, cuestionamos directamente el objeto de esa evaluación: remunerar con un incentivo económico al personal que en el desempeño de  su trabajo supere unos requisitos recogidos en un cuestionario. Esto supone instaurar una vara para medir la función docente con una gran carga de subjetividad y peligrosidad para el futuro. Nos oponemos a ello y reivindicamos una subida salarial real, lineal e igual para todo el mundo.

Todo ello, por coherencia, nos lleva a seguir negándonos a participar de esa pantomima. Los/as «no firmantes» existimos y no queremos que el silencio tape nuestra legítima y argumentada posición crítica.

El Secretariado de SUATEA

Uviéu 14 de junio de 2023