Esta entrada está disponible en: Asturianu (Asturiano)
El 26 de octubre, el Ministerio de Educación y Formación Profesional colgó en su página institucional una consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación y, en la mañana de hoy, 9 de noviembre, nos ha sorprendido con la filtración de las propuestas para la modificación de la LOMCE a algunos medios de comunicación, curiosamente se filtra un día antes de que termine la consulta pública mañana 10 de noviembre. Por otra parte, la ministra de Educación participó esta semana en el Foro «Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas» y generó sorpresa e indignación al anunciar la intención de vincular una parte de las retribuciones del profesorado a que sean evaluados de forma voluntaria por agentes externos.
Desde SUATEA y los STEs-i manifestamos nuestro rechazo a que se hagan este tipo de propuestas sin haber convocado la Mesa Sectorial de Educación, único ámbito de negociación por afectar muchas de las propuestas a las condiciones laborales del profesorado. No deja de resultar sorprendente que en los últimos años se ha impuesto la costumbre de hacer los grandes anuncios en foros que nada tienen que ver con los ámbitos de negociación a los que se pretende vaciar de contenido.
En el documento sometido a consulta pública sobre la LOMCE se tratan de manera muy sucinta los problemas que se pretende solucionar y los objetivos que persigue la nueva norma. Desde SUATEA y la Confederación de STEs-intersindical, queremos llamar la atención, en primer lugar, sobre lo limitado del planteamiento ministerial: únicamente pretende eliminar, según su visión, los aspectos que puedan haber sido más cuestionados de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esto significa, por citar solo dos ejemplos, que pretenden dejar en el currículo la enseñanza de la religión confesional, o que no se establezca un sistema plenamente democrático de dirección de los centros educativos que contemple la elección del director o directora por los representantes de la comunidad educativa.
Respecto a la propuesta de evaluación del profesorado, consideramos que es injusto e irresponsable hacer recaer los problemas y carencias del sistema educativo en el profesorado y da a entender que el profesorado es poco profesional y que nadie le pide cuentas sobre el trabajo que desarrolla, algo absolutamente falso porque el profesorado, de una u otra forma, siempre está sometido a evaluación a través de sus diferentes actuaciones: las programaciones y el grado de cumplimiento de las mismas a lo largo de cada curso, los resultados de evaluaciones del alumnado, los informes, las memorias de fin de curso, la inspección, las familias, etc. Las carencias más evidentes del sistema educativo tienen que ver con la financiación y con los recortes de los últimos años: jornadas laborales interminables, ratios de alumno/a por aula inasumibles, incremento de tareas burocráticas, desaparición en la práctica de programas educativos, mayores dificultades para la formación del profesorado, la atención a la diversidad bajo mínimos, reducción de las becas al alumnado, etc. .
En otro sentido, se quiere vincular la supuesta evaluación, que proponen que sea voluntaria, al cobro de incentivos salariales, tal como ocurre en Asturias. Desde SUATEA, como bien sabe el profesorado asturiano, nos manifestamos desde el primer momento absolutamente en contra de la evaluación del profesorado y de vincularla al cobro de incentivos salariales. Debe quedar claro que el profesorado asturiano que se sometió a la evaluación voluntaria realiza idéntico trabajo que los compañeros que rechazaron someterse a evaluación para no caer en ese chantaje.
En efecto, para los STEs-i, resulta desalentador que después de casi medio año de gobierno del PSOE, y tras la oposición que previamente se venía planteando a la LOMCE, ahora el mismo Ministerio aborde el asunto de esta ley sólo como una reforma parcial de los aspectos más polémicos de la misma. Además, nos resulta muy preocupante que se aborden determinados problemas en base, por un lado, a unas supuestas coincidencias de toda la comunidad educativa detectadas en el seno de la ya desaparecida subcomisión parlamentaria para el pacto educativo, y, por otro lado, que una de las referencias sean las líneas estratégicas que determinados organismos supranacionales, como la UE y la OCDE, establecen en base a determinadas evaluaciones periódicas internacionales. El Ministerio no parece, al menos después de analizar el documento que somete a consulta previa, que se plantee la transformación a fondo del sistema educativo que muchas organizaciones anhelamos. Los cambios pretenden buscarlos en el consenso con los sectores social y políticamente más conservadores; y que todo ello se efectuará bajo las directrices neoliberales que emanan de la UE y la OCDE, y que se concretan en el marco que establecen pruebas internacionales de evaluación como PISA.
Como conclusión, desde SUATEA y los STEs-intersindical exigimos diálogo y negociación con los distintos sectores de la educación pública y no sólo entre grupos políticos. Los Stes-i demandamos una nueva ley inclusiva, compensadora de desigualdades, que no seleccione ni segregue al alumnado, laica, democrática, respetuosa con las lenguas y culturas territoriales, que eduque para la igualdad real entre mujeres y hombres, el espíritu crítico y el compromiso con los valores transformadores de la sociedad. Una ley dentro de este marco progresista, de verdadera calidad, con la suficiente financiación y acordada con los distintos sectores de la comunidad educativa pública, es la que realmente dotará de verdadera estabilidad y calidad al sistema.
Uviéu, 9 de noviembre de 2018
Esta entrada está disponible en: Asturianu (Asturiano)