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- Derogación de la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y del Título II, Capítulo VII de la Ley Economía Sostenible. Estas leyes contemplan la privatización de la FP y permiten la incorporación de los centros privados y empresas al sistema educativo con la posibilidad de expedir títulos de validez académica y laboral. Estas leyes también suponen la privatización de los centros de FP y el uso de sus instalaciones y material por parte de las empresas.
- Todos los recursos públicos han de ir destinados a la FP de los centros públicos. No a los conciertos. Potenciación de la FP reglada. No a una formación insuficiente dirigida a formar personas para trabajos precarios.
- Control público de las actividades formativas de FP. Control público exclusivo sobre los títulos y certificados profesionales. Modificación de las normas que regulan la composición de los Consejos de la Formación Profesional para que pasen a ser representación de la comunidad educativa.
- Permisos a cargo de la Consejería para actualizar la formación del profesorado de FP en aquellos ciclos que requieren profesorado especialista.
- Impartición de la formación ocupacional y continua en centros públicos.
- Gestión democrática de los Centros Integrados de FP, comenzando por la potestad de la elección de los cargos directivos por parte de la comunidad educativa del centro.
- Cursos de formación ocupacional y de formación continua incluidos en la programación anual del centro; el horario correspondiente a estos cursos debe integrarse en la plantilla del centro y se deben crear los puestos de trabajo necesarios, sin recurrir a las horas extra. No a la Formación Profesional como negocio.
- Ampliación de las plantillas de profesorado de FP que facilite la formación y adaptación a los distintos ciclos. Ampliación de la oferta de FP en todas las comarcas asturianas.
- Ratio máxima de 15 alumnos/as por aula. Desdoblamiento de los módulos prácticos.
- Regulación de los Centros Integrados de FP que garanticen el carácter público de los mismos.
- Dotación de equipamientos actualizados a todas las familias profesionales de todos los centros de FP.
- Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación laboral dirigida hacia una cultura solidaria y participativa en el mundo del trabajo.
- Asignación de horario para labores de mantenimiento de talleres y laboratorios.
- No al Decreto que regula los Centros Integrados de Formación Profesional del Principado de Asturias que permite que las direcciones de los centros contraten a parte del profesorado y que la Consejería de Educación nombre a dedo a las direcciones del centros.
- Utilización del sistema de listas de profesorado interino y bolsas de trabajo para la contratación del 100% del profesorado que imparte la formación reglada, ocupacional y continua en estos centros.
- Recuperación de las condiciones laborales previas al Real Decreto Ley 14/2012. Reducción del horario lectivo.
- Asignación de horario suficiente para la atención de tutorías en ciclos formativos a distancia. Igualdad en el cómputo de horas docentes para los módulos impartidos en la modalidad presencial y distancia
- Garantizar una formación continua de calidad para el profesorado, especialmente en el momento de la implantación de nuevos ciclos formativos.
- En cuanto a las prácticas en empresas, priorizar relaciones y convenios con aquellas que tengan un compromiso de contratación del alumnado.
- Fomento por parte de la Consejería de Educación de acciones encaminadas a la elaboración de materiales de calidad que sirvan de apoyo en la labor docente del profesorado de ciclos formativos.
- Diseño y puesta en práctica de medidas que potencien la elección de estudios y profesiones libre de sesgos sexistas por parte del alumnado de las distintas familias profesionales.
- Campañas y medidas destinadas a sensibilizar a las empresas en la superación de los estereotipos sexistas y la igualdad de género.
- Rechazo a la FP Dual en los términos en los que está planteada, ya que supone mano de obra casi gratuita para la empresa a cambio de una formación limitada.
- Hacia la consideración de la FP como una etapa formativa al servicio de la sociedad y las personas, no solo al sistema productivo.
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