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Comienza el curso escolar y, otro año más, buena parte de los centros desconoce, a 1 de septiembre, la composición de la totalidad del Claustro. La Consejería de Educación sigue haciendo cábalas para asignar media plaza más de tal o cual especialidad aquí o allá, por lo que las plantillas docentes no son, todavía, las definitivas; terminarán de perfilarse, como mínimo, una semana después de la incorporación del alumnado el 11 de septiembre. Esto supone dejar a alumnos y alumnas sin clase de determinadas especialidades hasta el 18 de septiembre. También implica que el resto de profesorado, ya incorporado, debe cubrir esas ausencias haciendo guardias; que los equipos directivos no puedan planificar y organizar los horarios hasta que la Consejería les autorice, o no, la dotación de personal que habían solicitado ya a finales de curso; que el profesorado que se incorpore el 18 de septiembre, en lugar del día 1, tendrá que ponerse al día de las cuestiones de organización y funcionamiento de su nuevo centro de destino sobre la marcha, sin información previa de las características particulares del alumnado, de los programas y proyectos del centro, etc. Es decir, lo que la Administración ahorra en sueldos lo pierde su alumnado en calidad de enseñanza y sus trabajadoras y trabajadores en condiciones laborales y en bienestar emocional.
Por otro lado, los errores en la primera convocatoria de personal interino causan, como cada curso, perjuicios irreparables a quien los sufre: personas que deberían haber sido convocadas y no aparecen en los listados, baremos cuya puntuación debería haberse corregido -permitiendo mejorar la posición en las listas- y permanecen inalterados, plazas no adjudicadas que habían sido ofertadas y, por tanto, solicitadas; así como vacantes adjudicadas, pero inexistentes. En el primero de los casos, el personal afectado queda en situación de desempleo durante 15 días. En otros, las consecuencias derivadas de estos errores endémicos son variopintas: un contrato a jornada parcial cuando podrían haber optado a una jornada completa, sustituciones varias en lugar de una vacante estable para todo el curso, mayores desplazamientos o, directamente, mudanzas, o no trabajar en absoluto, dependiendo de la especialidad.
Mención aparte merece el colectivo interino del cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Mientras que en otras comunidades las administraciones educativas han dado la cobertura legal necesaria para no echarlos a la calle tras décadas de servicio, en Asturias han optado por el desahucio. Un desahucio que ya comenzó hace tres años, con tres compañeros, que, por supuesto, no recibieron ningún tipo de indemnización después de 33 años trabajando para esta Consejería, y sin cumplir los requisitos necesarios para poder jubilarse.
A la desidia institucional se suma la solidaridad abúlica del resto del colectivo docente, fragmentado, intencionadamente, en compartimentos estancos para debilitar la lucha colectiva y, con ella, la negociación de mejoras laborales y la financiación de los servicios públicos. Entre tanto, empresas privadas, la mayoría religiosas, se preparan para “emprender” en los nuevos nichos de mercado: el primer ciclo de Educación Infantil y el flamante sistema de Formación Profesional. Eso sí, con la paguina del Estado.
El Secretariado de SUATEA
N’Uviéu a 1 de setiembre de 2023
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