INFORME PARA EL SECRETARIADO DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
Visita de la XIII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, realizada entre el 20 de febrero y 5 de marzo de 2017
Jesús de la Roza (Secretariado de SUATEA) Marzo 2017
Una de las numerosas pintadas a favor de la paz en una calle de Bogotá
Índice
- Artículos publicados en “Público”.
- XIII DELEGACIÓN ASTURIANA – DDHH – COLOMBIA: Informe preliminar.
- Actividades realizadas durante la visita.
- Integrantes de la Delegación.
- Objetivos.
- Introducción.
- El proceso de paz, desde los campamentos de las FARC Colombia, la paz atascada en el barro.
- Proceso de paz en Colombia Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz.
- Artículos publicados en “Atlántica XXII”.
- Colombia: con la guerrilla de las FARC (I).
- Esperanza y muerte en Colombia.
1. Introducción
Tal y como se aprobó en el Secretariado de la CI de fecha 12 de enero de 2017 , entre los días 20 de febrero y 5 de marzo de 2017, en representación de la Confederación, formé parte de la XIII Delegación Asturiana de DD.HH en Colombia. Lo que sigue es un informe sobre los objetivos, participantes, actividades realizadas, informe preliminar de la visita, artículos de prensa derivados de la visita y memoria económica.
2. Objetivos
- Establecer el estado de los Derechos Humanos en Colombia, y en particular en las regiones definidas por el Comité de Selección del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia: Cauca, Tolima, Sucre, Córdoba, Magdalena Medio, Bolívar, Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Bogotá y Cundinamarca, mediante entrevistas con autoridades nacionales y locales, así como con responsables de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos con presencia en el país, y mediante Audiencias públicas con comunidades locales, organizaciones sociales del orden nacional y local, de Derechos Humanos y de víctimas.
- Expresar apoyo al proceso de terminación del conflicto armado con las FARC e impulsar el cumplimiento de los Acuerdos suscritos, visitando algunas zonas veredales de encuentro (lugares de concentración de las FARC, previo al desarme e integración en la vida civil).
- Apoyar el inicio del proceso de diálogo para la terminación del conflicto armado con el ELN y
- Estimular la apertura de conversaciones con el EPL.
- Difundir en Europa los hallazgos de la Delegación Asturiana y profundizar las actividades de Diplomacia Política-Parlamentaria y de Diplomacia Ciudadana por la Paz y los Derechos Humanos para Colombia en la Unión Europea y en sus Estados miembros.
- Publicar en papel y en medio magnético el 13 Informe Asturiano de Verificación del estado de los Derechos humanos en Colombia, que se presenta ante la sociedad a través de los medios de comunicación y de reuniones y charlas públicas en Europa, y que se difunde a través de las redes sociales y en entrevistas con gobiernos y Parlamentos de Asturias y en otras comunidades autonómicas de España, así como ante el Parlamento Europeo y ante los sistemas de DDHH y DIH de la ONU y de la OEA.
3. Integrantes de la Delegación
- Tania González Peña. Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
- Javier Couso Permuy. Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
- Mario José Suárez del Fueyo. Concejal del Ayuntamiento de Gijón/Asturias. Secretario General de Xixón Si Puede.
- Celestina Intriago Fernández. Presidenta de la Coordinadora de Ongs. De Asturias.
- Carmen Alonso Villaseñor. Vicepresidenta de Ingeniería Sin Fronteras Asturias
- Jesús de la Roza Braga. Representante de la Confederación Intersindical/España.
- Ana María Andrés Ablanedo. Coordinadora de la Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
- Daniel Busto Gutiérrez. Delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.
- Francisco Javier Arjona Muñoz. Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
- Carlos María Meana Suárez. Abogado laboralista.
- Javier Alfonso Orozco peñaranda. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.
- Javier Vargas. Periodista del diario “Público”
Miembros de la delegación con mandos de las FARC (“La Elvira”, Buenos Aires, Cauca)
4. Actividades realizadas durante la visita
Durante los primeros diez días realizamos un intenso, exigente y agotador trabajo de campo que nos llevó por los departamentos señalados más arriba. Para ello, hubimos de tomar seis vuelos diferentes y realizar miles de kilómetros en furgonetas, todoterrenos, lancha (por el río Magdalena), etc. Tuvimos dos encuentros con guerrilleros de las FARC en dos de las 26 “zonas veredales de transición” (campamentos de estancia provisional) en las que están ubicados), visitamos a presos políticos en la cárcel de Picaleña (Ibagué, Tolima), y tuvimos numerosos encuentros (audiencias) con comunidades campesinas, negras, asociaciones de víctimas y desaparecidos, sindicatos, líderes sociales, miembros de la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, etc.
Durante los tres últimos días, realizamos visitas institucionales en Bogotá: Embajada española, Comité Tripartido de Verificación (formado por representantes del Gobierno, de las FARC y de la ONU), Unidad de Protección de Víctimas, miembros del comité tripartito de las FARC, Viceministro de Defensa… y realizamos una rueda de prensa en la que presentamos un informe provisional sobre las conclusiones extraídas durante la visita.
En el Anexo que figura al final de este informe, figura el plan de trabajo previsto y, felizmente, realizado con la salvedad citada y con cambios en los horarios de las visitas institucionales realizadas, a petición suya.
CCCampesinos en una asamblea con la Delegación
5. XIII DELEGACIÓN ASTURIANA – DDHH – COLOMBIA: Informe preliminar[1]
Durante los últimos once días, la Delegación Asturiana ha recorrido las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, de Córdoba, de Sucre y Cartagena. Ha escuchado a las comunidades, organizaciones sociales y de víctimas; a campesinos y pescadores; a prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué y ha visitado las Zonas Veredales de Transición de guerrilleros-as de las FARC en La Elvira (Buenos Aires/Cauca) y La Fila (Icononzo-Tolima), recabando la versión de esta guerrilla sobre la implementación de los Acuerdos de Paz.
Tras sostener reuniones y contrastar informaciones con autoridades civiles y militares en Bogotá y con las misiones diplomáticas de la ONU, la Unión Europea y España, esta delegación expresa:
- Su satisfacción por el inicio de la fase pública de las conversaciones de paz entre gobierno y ELN. También por la constatación del cumplimiento del cese del fuego entre las FARC y la fuerza pública.
- No obstante, alerta de los atrasos y graves insuficiencias que ha constatado en su visita a las Zonas Veredales de la Fila y La Elvira, que se unen a los testimonios recibidos de la de Gallo (Tierralta/Córdoba) y Planadas (Tolima). Hay incumplimientos en materia de infraestructura (de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización), y en la Ley de Amnistía e Indultos para guerrilleras/os. Nos preocupan los obstáculos que están poniendo los jueces de ejecución de penas para cumplir con las excarcelaciones pactadas. Nos preocupa el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a la guerrilla y para evitar el acceso de la población estas zonas transitorias. De hecho, nuestra Delegación sufrió esta actitud del Gobierno al ser retenida durante tres horas cuando intentaba acceder a La Elvira por orden del Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo. Lo mismo les ocurrió a los estudiantes que conforman el Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Policía a regresar a Icononzo. Alarma a la Delegación las condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales visitadas, que afectan de manera especial a las personas de las FARC que están enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebés nacidos en los últimos meses. No se está dando participación a las regiones en el proceso de abastecimiento de la Zonas Veredales, y se ha denunciado la corrupción en la adjudicación de las obras a empresas no especializadas en construcción. La prioridad del gobierno parece ser sólo la entrega de armas. Estas circunstancias son un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado y generan escepticismo sobre la intención del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC.
- La Delegación también expresa temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que ahora dejan libres las FARC, a pesar de que el Ministro de Defensa niega su existencia. Esta Delegación ha recibido informaciones sobre su presencia en todos los territorios visitados. La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pública y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz. Las informaciones que recibió nuestra Delegación dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Aguilas Negras adelantan campañas de reclutamiento de menores; hay paramilitares en Puente Cauca que atracan y amenazan a menos de 200 metros de un puesto del ejército; las llamadas Autodefensas Gaitanistas están desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel (Putumayo); hay paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indìgenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejército no actúa; hay paramilitares en el Sur de Bolívar, en Buena Vista por ejemplo están haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan; también recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habrían penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, así como en los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el río Magdalena y en el entorno de las mineras del carbón. Hay denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Córdoba donde extorsionan a maestros de escuela y amenazan a la dirigencia social. Hay paramilitares alrededor de Punto de Concentración de las FARC en Gallo (Tierralta-Córdoba). Las organizaciones sociales denuncian que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejército amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento de Sucre. Es la misma situación que se repite en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, donde el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madrevieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operan con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el río San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitución por los campesinos, hay presencia paramilitar. También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, y en el Cacarica, lugar en el que el pasado 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Zona Humanitaria-Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejército está encargado de la protección perimetral.
- La paz en Colombia sigue siendo una aspiración, no es una realidad en muchas regiones. Durante el 2016 y los dos primeros meses del 2017 los asesinatos de militantes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, las amenazas, los desplazamientos forzados y otras vulneraciones de Derechos Humanos contra a líderes sociales persisten y se agudizan. La Delegación ha constatado que los crímenes contra la dirigencia social tienen el carácter de sistemáticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social, a desestimular mediante el terror la exigencia de restitución de las tierras usurpadas, a acelerar el proceso de apropiación de las tierras baldías en las ciénagas de los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú, a acallar a quienes se manifiestan contra los grandes proyectos minero-energéticos, a silenciar los reclamos de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indígenas y de las comunidades LGBTI.
- La orden del gobierno de erradicación forzada de los cultivos ilegales va en sentido contrario de lo acordado con las FARC y agudiza el conflicto social pues las comunidades exigen planes de estructurales de cambio para el campo.
- Preocupan los testimonios sobre el cierre de vías y el uso de paramilitares por algunas empresas de palma aceitera que extienden sus dominios con violencia sobre tierras de titularidad pública y comunal, entre ellas Indupalma.
- En Cajamarca/Tolima las comunidades expresaron su rechazo a los convenios confidenciales entre la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Ejército colombiano por valor de más de $20.000 millones. Se desconoce el contenido de los convenios y se denuncia que, de facto, supedita a la fuerza pública a los intereses de la empresa foránea en contra de los pobladores que expresan su oposición a la mina. El Gobierno confirma la existencia de éste y de otros convenios destinados, según dice, al aumento de la coordinación para asegurar sectores económicos estratégicos que generarían empleo y progreso.
- Nos inquieta el Plan Atrato-Gran Darien que alarma a las comunidades quienes ven venir una nueva fuente de peligro para sus vidas y de despojo territorial, que implicaría desplazamientos masivos y forzados de las comunidades campesinas, indígenas y afro-colombianas.
- Nos preocupan los reportes de amenazas a ambientalistas e integrantes de la USO por su oposición a la extracción vía fracking en San Martín.
- Se ha producido un gran deterioro de los derechos laborales, según denuncian los sindicatos de la CUT. Algo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la ENS), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al nuevo Código de Policía, al parecer pensadas para reprimir la legítima movilización ciudadana. Existe un alto grado de sub-contratación laboral para evadir obligaciones patronales, algo que repercute en salarios de hambre y en la negación patronal de las prestaciones sociales. Esto contrasta con las promesas gubernamentales en el seno de OIT de mejorar esas condiciones de la clase trabajadora. Buen ejemplo de lo anterior es un Informe del 2011, avalado por varias Embajadas, cuyas conclusiones indican la persistencia de la violencia antisindical, en un 99% impune.
- La Delegación Asturiana muestra su admiración y respeto a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrodescendientes, de mujeres, y de derechos humanos y de los sectores populares de Colombia, sometidas a una persecución sistemática, impune. Su esfuerzo y su valor son una base firme para la construcción de paz y justicia social.
- La Delegación Asturiana con base en las 13 visitas realizadas y en el acumulado de relaciones solidarias construidas desde el Programa Asturiano de Derechos Humanos de acogida temporal defensores/as perseguidas, se permite solicitar al gobierno colombiano que ofrezca garantías y proteja de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.
- Trasladamos a las agencias de la ONU, a la Delegación de la Unión Europea y a las agencias de cooperación la necesidad de priorizar durante el llamado posconflicto el apoyo a los planes de desarrollo social y económico de las comunidades, contando siempre con su participación directa y evitando que dichos recursos sean manejados por la misma casta que implementó la violencia y que comienza a robarse los recursos destinados a impulsar la paz.
- Instamos al gobierno colombiano a atender las demandas del movimiento sindical, las demandas de tierras del campesinado, a impulsar las Zonas de Reserva Campesina, a atender las demandas territoriales de las comunidades negras y los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, así como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
- Instamos al Ejecutivo a llenar el vacío de poder que dejan las FARC con obras sociales, escuelas, vías, puestos de salud, programas sociales, para hacer una presencia que no sea sólo de fuerza pública y para ser consecuente con lo acordado en La Habana.
- Instamos al gobierno a liberar en los términos acordados a los presos políticos y de guerra que ya deberían estar en las zonas veredales con sus compañeros/as desmovilizados/as.
- Unimos nuestras voces y esfuerzos a los de millones de personas que desean la paz y la justicia social para Colombia.
6. Artículos publicados en “Público”
1. El proceso de paz, desde los campamentos de las FARC Colombia, la paz atascada en el barro
Dos meses después de que los miembros de las FARC abandonaran la selva para empezar su transición a la vida civil y política, el Gobierno no está cumpliendo lo pactado. Cientos de guerrilleros viven en cabañas improvisadas sin agua corriente, expuestos al barro y la lluvia y desconfían de que las infraestructuras prometidas lleguen algún día. El retraso en la aplicación de los acuerdos de La Habana, denuncian, es generalizado.
Un guerrillero de las FARC camina entre el barro en la zona veredal de transición de La Fila, en la región de Tolima.- JAIRO VARGAS
11/03/2017 23:15
JAIRO VARGAS
Aunque es temprano y hace frío en la cordillera central colombiana, Güérima Maheche se afana en su higiene. Un pilón de agua turbia le sirve para afeitarse cabeza y barba y para cepillarse los dientes. Lleva haciéndolo así 22 años, desde que tenía 15. Toda una vida con el rifle a cuestas, aunque ahora puede colgarlo. Es uno de los 7.000 guerrilleros de las FARC que ha salido de la selva para concentrarse en una de las 26 zonas veredales donde los insurgentes esperan a ser considerados ciudadanos de pleno derecho.
Güérima deja la guerra sin ningún miedo y sin cansancio, “porque, cuando uno hace las cosas por amor, no se cansa. Hay que dejar las armas porque para eso hemos luchado tanto tiempo, para utilizar la palabra”, apunta. Su vida civil se la imagina similar a la actual, trabajando desde la política y junto a las comunidades abandonadas por el Estado para mejorar la calidad de vida de los suyos, explica. Le acompaña Héctor Estiven, su hijo de 12 años, al que hacía cuatro que no veía. En la vereda de La Fila, en la región de Tolima, centro del país, no hay bombardeos ni disparos ni explosiones de minas. Todo eso quedó atrás el 26 de septiembre del pasado año, cuando las FARC y el Gobierno colombiano pusieron fin a una guerra que ha durado 52 años, la más larga de América Latina. Héctor Estiven puede visitar a su padre sin temor, aunque le toque ducharse con agua fría en medio de la montaña. Parece contento, aunque se queje cada vez que Güérima le vierte una cacerola helada encima. Son las alegrías que trae la paz, pero todas las partes insisten en que ésta no se firma, se construye. Y en esas están, aunque el proceso es mucho más lento que el jurado del Premio Nobel, que ya ha otorgado el galardón al presidente Juan Manuel Santos.
Basta con subir un kilómetro desde la feliz escena del baño para comprobar que el Gobierno no está cumpliendo lo pactado. Allí no hay nada salvo un inmenso claro entre árboles que, cuando llueve, se convierte en una ciénaga; y la lluvia es frecuente en las montañas de Tolima. Gracias a ella pueden cocinar, lavar la ropa y los platos, porque aún no tienen agua corriente, ni duchas. Ni siquiera un retrete. Cada paso sin resbalar ya es una victoria, más aún si se carga con varios kilos de arroz o con tu propio hijo de pocos meses. No era lo que esperaban cuando hace dos meses avanzaban en columnas desde la jungla a los puntos de transición para no volver a pegar un tiro.
“Estamos empeñados en la paz, aunque ahora intenten desmoralizarnos. No nos vencieron, no hemos perdido la guerra, tuvieron que sentarse a negociar”, recuerda Carlos Alberto, al mando de la tropa desmovilizada en La Fila. El tono que emplea es algo más duro que el de algunos de sus colegas que dirigen las otras 25 zonas transitorias en las que los guerrilleros pasan su particular cuarentena de 180 días. A este paso, puede que sea más tiempo. Quizás hable así porque su vereda es una de las peor acondicionadas por parte del Gobierno. Quizás lo diga porque esa situación ─rodeados de barro y en chozas improvisadas expuestos a todo─ sí parece una derrota ante los ojos de cualquiera.
Allí, a una hora en coche desde Icononzo, la población más cercana, no hay nada más que barro y pequeñas chozas de plástico y bambú que han levantado los propios guerrilleros. La mayoría son para para dormir, algunas más amplias hacen las veces de peluquería, otra es una enfermería y otras sirven para apilar sus fusiles de asalto. Ahí viven como pueden alrededor de 350 personas que no paran de reparar lo que el clima va destruyendo. Tienen 38 enfermos, siete guerrilleras están embarazadas y hay una decena de bebés, enumera el comandante. El baby boom posterior a los acuerdos se ha hecho notar. La mayoría de los guerrilleros entraron a filas a edades tempranas, siendo niños y niñas que, en muchos casos, han encontrado en su compañero de armas a su compañero de vida. Hoy son jóvenes que, con la tranquilidad del cese al fuego, han decidido formar una familia. Los hijos de la paz, les llaman ellos.
Cabañas de plástico en las que viven los guerrilleros desmovilizados de las FARC en la zona veredal de La Fila, en la región de Tolima.- JAIRO VARGAS
«Peor que en la selva»
Pero denuncian que la asistencia sanitaria que les prometió Santos, al menos en su campamento, brilla por su ausencia. Las condiciones, dicen varios guerrilleros, son peores que cuando estaban en la selva, donde la vegetación les protegía del viento y la lluvia. No están acostumbrados a la fría humedad que dejan las nubes atascadas en la montaña, mucho menos cuando contaban con un techo, aunque fuera básico. Sigue operando su medicina de guerra que, aunque no es mala, ahora adolece de escasez de medicamentos. Las veredas no son un buen lugar para dar a luz, y el hospital más cercano está a varias horas de los campamentos, en un viaje lleno de baches y peligros.
“No hemos peleado 52 años para que ahora nos tiren en cartones, como animales”, se queja el comandante insurgente ante el abandono del Gobierno. Pero ya no hay vuelta atrás. La guerrilla está decidida a dejar las armas y convertirse en partido político. Medio siglo de guerra cansa a cualquiera, y más aún si los avances en tecnología militar decantaban la balanza del lado del Estado. En mayo tendrá lugar la conferencia política de la que saldrá su propuesta para las elecciones de 2018. Aquel abrazo en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, líder de las FARC, marcaba una senda sin retorno. El camino hacia la paz es ya definitivo, aunque por momentos se atasque en el barro, como los guerrilleros de La Fila.
Aún queda mucho por hacer, como el desarme total o la amnistía e indultos para muchos guerrilleros presos, que son dos de los aspectos que más preocupan a los medios de comunicación, a los políticos y la población colombiana, sobre todo a la urbana, donde el no al acuerdo arrasó en el plebiscito. “Cumpliremos con la dejación de armas”, aseguraba a El Tiempo en una entrevista reciente Iván Márquez, uno de los máximos líderes de las FARC. Ningún guerrillero lo duda, pero lo que está en el aire son los plazos.
Walter Mendoza, comandante del bloque occidental Alfonso Cano de las FARC, afirma que entregarán las últimas armas cuando el Gobierno cumpla su parte del trato. “Cuando se construyan las instalaciones, cuando se aplique la ley de amnistía y de justicia especial para la paz, cuando el último guerrillero preso por delitos políticos salga de la cárcel y, sobre todo, cuando haya garantías políticas y de seguridad para nosotros”, enumera. Mendoza, que luce gorra del Che Guevara y una camiseta con un lema por la paz, dirige a los desmovilizados en la vereda de La Elvira, en el departamento de Cauca, 700 kilómetros al suroeste del barrizal de Tolima. Ni siquiera se han colocado aún los contenedores para depositar las armas que debe verificar la ONU, aunque ya se ha anunciado oficialmente el inicio del desarme.
Fuentes de Naciones Unidas que supervisan el proceso aseguran que “los retrasos en los acuerdos existen”. “Los sufrimos todos, tanto las FARC como el Gobierno y la ONU. Nos cuesta mucho avanzar y tenemos problemas, pero lo que sí es cierto es que la predisposición a resolver diferencias es total por ambas partes. Discutimos, consensuamos y avanzamos, así se resume el día a día”, explica uno de los observadores de la ONU, que achaca a un excesivo centralismo político la descoordinación en los territorios. “Es comprensible, no es una tarea fácil poner fin a medio siglo de guerra. Algunos campamentos que sí están en buenas condiciones”, apunta.
La situación es algo mejor en esta región, los insurgentes han podido aprovechar los cobertizos que dejó en el lugar una empresa maderera y el campamento, también precario y levantado por los guerrilleros, se extiende alrededor de una cancha de fútbol sala cubierta. Es de las pocas cosas que ha construido el Estado recientemente para las comunidades de la zona. Algunas excavadoras aplanan el suelo y varios obreros de una empresa contratista esparcen los cimientos de alguna de las futuras casas de los guerrilleros. Falta mucho trabajo, teniendo en cuenta que son casi 300 personas y que ya han pasado dos meses desde que los milicianos de las FARC empezaron a llegar a las zonas de transición. Las infraestructuras deberían haber estado listas etonces, pero no fue así. Temen que nunca acaben las obras y, lo que es más grave, que parte del dinero de la paz se pierda en los cajones de la corrupción, otro mal endémico del país. «Si nos dieran a nosotros los materiales no nos falta disposición ni conocimientos para construirlo todo nosotros mismos», explica Mendoza.
Máquinas y obreros contratistas trabajan en la zona veredal de La Elvira, donde viven casi 300 guerrilleros de las FARC, en el departamento de Cauca, Colombia.- JAIRO VARGAS
Hasta La Elvira no se llega por casualidad. Hay que subir durante horas por estrechas pistas forestales, rozar precipicios de miles de metros de altura, bordear alguna plantación de coca y tener la suerte de que el batallón del Ejército que “protege” el campamento fariano te deje pasar. Tras dos horas de retención y la bronca pertinente entre un cabo veinteañero y el comandante de la guerrilla Francisco González, alias Pacho Chino, que participa en el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del proceso de paz, el viaje continúa una hora más esquivando motocicletas con hasta cinco personas encima. Un gran cartel con los retratos de los “guerrilleros legendarios” da la bienvenida al campamento. Alrededor del rostro del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, se extienden las de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano; Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, y la de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, cuyo ordenador sirvió al Gobierno colombiano para tratar de vincular a las FARC con el narcotráfico y, en España, con ETA.
La confianza en que esté todo listo en algún momento empieza a decaer, aunque la tropa lo asume con la disciplina militar que les caracteriza. Es el caso de Adán, de 33 años. Entró en la guerrilla a los 14, en la región del Meta, al sur de la capital. “Estaba pelao, había necesidad y no había muchas oportunidades de prosperar en mi aldea”, explica. La decisión no fue fácil y llegó muy forzada por la pobreza y por el miedo. Era la época de los “falsos positivos”, un eufemismo macabro bajo el que se esconde el asesinato de civiles inocentes que el Ejército hacía pasar en sus informes por guerrilleros abatidos en combate. Podía tocarle a cualquiera que se cruzara con un batallón, porque había compensación económica por estas muertes.
Hasta 2015, la Fiscalía ha investigado más de 3.000 de estos casos, pero la impunidad es el denominador común de la inmensa mayoría. “Para morir y pasar por guerrillero sin serlo, preferí serlo directamente”, recuerda. “Mi papá estuvo de acuerdo, mi mamá lloró mucho, pero fue mi decisión y la respetaron”, recuerda el joven. No sostuvo un arma hasta pasados los años. Al principio tuvo que instruirse en lo militar y en lo político. Lo primero fue aprender a leer. “Era como trabajar en una finca”, detalla.
Pero creció y pasó a ser insurgente en el otro extremo del país. “Hubo una época muy dura, de combates diarios”, rememora. Teníamos hasta cuatro frentes abiertos contra nosotros. Los paramilitares por un lado, el Ejército por otro y también los elenos”, que no son griegos, sino guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla que hoy sigue activa en Colombia y se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno. Pero ese tiempo quedó atrás y, hoy, Adán puede sentarse a charlar con sus compañeros o recoger los huevos del gallinero del campamento sin miedo a que un avión le tire encima un racimo de bombas. Confía en el proceso de paz, pero sobre todo porque confía sus superiores. Le guste o no, hará lo que le manden, como siempre ha hecho. No cuestiona ninguna acción de la guerrilla, ni admite errores. Pero entre la tranquilidad del campamento, Adán no baja la guardia, recuerda el “engaño” del Gobierno a la guerrilla del M-19, que pasó de las armas a la política en 1990, y vive con “cierto temor” porque está aumentando el número de asesinatos a líderes campesinos, sindicales, ambientalistas y de movimientos sociales. Ellos, los guerrilleros desmovilizados, podrían ser los siguientes.
Temor a los paramilitares
Como no ha llovido, los insurgentes deambulan por la cancha y alrededores, donde varios de ellos representan una obra de teatro con tintes de educación en igualdad de género. No hay mucho que hacer allí más que pasar las horas, charlar en corrillos y esperar al almuerzo. Armas se ven pocas y todos visten de civil. Sólo en la parte norte del campamento, en el final de la zona, tres guerrilleros armados con fusiles de asalto montan guardia. No se fían de la protección del Gobierno y aseguran que las áreas abandonadas por la guerrilla están siendo copadas por los paramilitares, grupos armados de extrema derecha que extorsionan, matan y se lucran con las plantaciones de coca, marihuana y amapola, pero que para el Gobierno son agua pasada. En Bogotá, la capital, los ministros prefieren hablar de bandas criminales (Badcrim), pero los campesinos y los propios guerrilleros no ven ninguna diferencia entre éstas y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que firmaron su propio proceso de paz en tiempos de Álvaro Uribe, hace una década.
Varios guerrilleros de las FARC charlan en la zona veredal de transición de La Elvira, en el Cauca.- JAIRO VARGAS
Entre la tropa y el alto mando sobrevuela el fantasma de la Unión Patriótica (UP), el partido político que en los años 80 conformaron sectores de varios grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, y que fueron literalmente exterminados por el paramilitarismo. Alrededor de 5.000 personas, entre cargos electos y militantes de la UP, fueron asesinadas por las AUC en connivencia con sectores del Ejército y la Policía, según varias condenas. Un exterminio ideológico que, si el Estado no lo evita, podría repetirse con el partido de las FARC y sus aliados en la perseguida izquierda colombiana.
“La transición hacia la paz no tiene sentido si no garantizamos la seguridad de los desmovilizados, sobre todo de los que se van a dedicar a la vida pública”, reconoce el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Afirma que es “una prioridad del Gobierno” y pide confianza en un Ejecutivo que ha conseguido lo que ningún otro ha logrado hasta el momento. Fernández, al igual que el ministro, niega la mayor en cuanto al paramilitarismo. “Son bandas de crimen organizado, la página del paramilitarismo ya está pasada en este país”, insiste. No quiere una “guerra de términos lingüísticos” porque es “cierto que este crimen organizado busca ocupar el territorio dejado por las FARC cometiendo crímenes, con la extracción minera y con los cultivos ilegales”, expone. Es una “gran preocupación” para el Gobierno, pero afirma que se están “redoblando los esfuerzos” para combatirlos. “El paramilitarismo del que se habla hoy no es contrainsurgencia, sólo tiene afán de lucro, no de exterminio político y, lo que es fundamental, no hay permisividad del Ejército con sus acciones. Hoy se les combate y se investiga a los militares al más mínimo indicio de relación con las bandas criminales”, arguye reconociendo, de paso, la oscura y atroz época del uribismo en el país.
Respecto al estado de los acuerdos, Fernández de Soto lamenta los retrasos, pero los achaca a la falta de recursos y al esquema de prioridades del Gobierno. “Hay que establecer prioridades porque unas zonas son más urgentes que otras”, dice refiriéndose a regiones que han padecido más violencia, donde el único Estado real era la propia guerrilla y en las que hay insurgentes de las FARC disidentes del proceso de paz que se niegan a entregar las armas. Son un 5% de la guerrilla, estima el viceministro. No obstante, insiste en que “el proceso está mostrando sus frutos”.
No lo ve así Andrés París, otro comandante de las FARC que recibe a Público a en un edificio cercano al del despacho del viceministro, en Bogotá. La paz también es eso, compartir espacios. París, cuyo nombre real es Jesús Emilio Carvajalino, participó en las conversaciones de La Habana y se encarga de supervisar el estado de las zonas de transición, sobre todo en cuanto a la atención sanitaria. Cree que la esta actitud “dilatoria” por parte del Gobierno responde a una estrategia clara: “Que el partido político que resulte en mayo y sus posibles alianzas en la izquierda nazca sin fuerzas, sin posibilidad de impactar». “Si los acuerdos más básicos como la logística no se cumplen, qué podemos esperar de los fundamentales como la amnistía para los presos o la reorganización agraria que hemos pactado para las áreas rurales e incomunicadas del país”, se pregunta retóricamente. La paz está firmada. Sólo falta construirla.
Una guerrillera de las FARC pasa delante de un mural en favor de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, en la zona veredal de transición de La Elvira, en el Cauca.- JAIRO VARGAS
2. Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz
Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado.
Un hombre coloca flores durante una vigilia en Bogotá, en homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia.- MARCHA PATRIÓTICA
17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 16:51
El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.
“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.
El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.
Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.
El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.
Monumento al maestro caído, en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia.- JAIRO VARGAS
Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.
Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza
sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.
Negar la realidad
Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.
No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.
Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.
“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.
“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.
Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.
Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.
“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.
Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.
El engaño de los paramilitares desmovilizados
Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.
“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.
7. Artículos publicados en “Atlántica XXII”
1. Colombia: con la guerrilla de las FARC (I)
Publicado el 30 de Marzo, 2017
Un guerrillero de las FARC con las armas reposadas en el campamento de La Fila (Iconozco, Tolima). Foto / Jesús de la Roza.
A principios de este mes de marzo regresó del país latinoamericano, tras dos semanas de intenso trabajo, la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. Una docena de personas, entre ellos eurodiputados, sindicalistas y representantes de la sociedad civil, recorrieron miles de kilómetros y estuvieron en dos de las 26 zonas veredales, donde se agrupan los guerrilleros de las FARC en proceso de desarme e integración. También se entrevistaron con miembros del Gobierno y estuvieron en la embajada española. Uno de los expedicionarios, Jesús de la Roza, cuenta en dos artículos la experiencia y sus reflexiones sobre la situación en Colombia.
Jesús de la Roza / Confederación Intersindical, SUATEA (Campamento de la Elvira, Cauca, Colombia).
Apenas unas horas después de aterrizar en Bogotá, la Delegación Asturiana de Derechos Humanos dejaba atrás la ciudad de Cali, las llanuras del Valle del Cauca y ascendía en microbús por sinuosas y remotas carreteras de tierra en las montañas del departamento del Cauca, camino de nuestro primer encuentro con las FARC, en la zona veredal de “La Elvira” (uno de los 26 puntos de concentración de la guerrilla previo a su desarme, integración en la vida civil y transformación en fuerza política). Unos kilómetros antes de llegar a nuestro destino la delegación fue retenida en un puesto militar que nos impidió continuar. En una clara violación de los acuerdos de paz de La Habana, el Alto Comisionado para la Paz, había ordenado que no se nos dejara pasar. Tras tres horas de retención e intensas negociaciones telefónicas, se nos permitió seguir nuestro camino “bajo nuestra responsabilidad”. Parecía que alguien estuviera interesado en que una delegación internacional, que incluía dos eurodiputados, no fuera testigo de los incumplimientos del Gobierno.
Cuando llegamos a la zona de recepción de visitantes de La Elvira nos encontramos con una explanada en la que había una pequeña cancha deportiva recientemente construida por la comunidad y dos antiguas construcciones. Eso fue todo lo que los 292 guerrilleros se encontraron cuando llegaron unas semanas antes a esta zona veredal. El Gobierno tenía que haber construido en estas 26 “zonas veredales” campamentos habitables con construcciones dignas, agua, luz, servicios médicos… y facilitar el progresivo contacto entre guerrilleros y comunidades vecinas y visitantes en general. Las FARC cumplieron y sus 7.000 hombres y mujeres (que suponen un 30% de la guerrilla) se establecieron en los campamentos, pero el Gobierno apenas comenzó las obras hasta tiempo después de la llegada de la guerrilla: ”En algunos sitios, no han puesto ni una piedra”. En La Elvira, un kilómetro más arriba del punto de recepción, pudimos comprobar la presencia de algunos obreros y unas pocas máquinas allanando terrenos anunciando futuras construcciones. “Como mucho el 10 o 15 % de la obra prevista”, nos indica Walter Mendoza, comandante del Bloque Occidental “Alfonso Cano”. Sin luz, sin agua, sin servicios médicos, los guerrilleros sobreviven estoicamente y “con paciencia revolucionaria” en las cabañas de madera y plásticos que ellos mismos se han construido. “Vivimos peor que en la selva”, nos confesaba un guerrillero.
Pese a todo, el anhelo de construir y vivir en una Colombia en paz se refleja en todo el campamento, en las palabras de guerrilleras y guerrilleros, en los grafitis que adornan algunas cabañas con permanentes alusiones a la paz, en la bandera blanca que ondea a la entrada del campamento, en la actitud tranquila de jóvenes y no tan jóvenes guerrilleros y guerrilleras que, pese a las dificultades, sueñan con la paz y saben que podrán dormir tranquilos sin el temor a que los despierte el sonido de una bomba. No temen que el proceso se dilate, unos meses no son nada tras casi 53 años de guerra.
El penal de Picaleña
Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.
Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.
El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.
Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?
Una guerrillera con su hija en el campamento La Elvira (Cauca). Foto / Jesús de la Roza.
En que la apuesta de las FARC por la paz es inequívoca coinciden todos y así nos lo manifestaron los mandos con los que nos reunimos en La Elvira. Tanto el mencionado Walter Mendoza, como Francisco González, del “Alto Estado Mayor”, como Rolando Cauca (34 años en la guerrilla), como Pacho (uno de los jefes en el campamento) nos confirmaron estar “comprometidos 100% con el proceso”, dispuestos a “jugárselo todo por la paz” y “hacer todo lo que esté en su mano” para que esto llegue a buen término, porque, apostillaba el comandante Mendoza, “la guerra es la peor pandemia de la Humanidad”.
Campamento de La Fila
Días después, tras un largo viaje en todoterrenos, visitamos la vereda de “La Fila”, también situada en un lugar remoto de las montañas Iconozco, Tolima. La dificultad para llegar al campamento, levantado en una ladera, no la puso la policía que vigilaba el acceso, sino el barro. Había llovido la noche anterior y seguía lloviznando cuando comenzamos a caminar por la cuesta que nos llevaba al punto de recepción del campamento. Seguidamente, otro kilómetro de subida por un sendero cada vez más impracticable. Por fin, entre la arboleda y la incipiente niebla que comenzaba a descender por los altos, divisamos las primeras cabañas de caña, madera y plástico construidas por la guerrilla.
Si en La Elvira las obras no habían avanzado un 15%, en La Fila ni siquiera habían comenzado. Tras un inhumano viaje de 32 horas en autobús, sin que la ONU les facilitase comida, ni posibilidad de asearse, llegaron a una vereda sin habilitar. Todo el campamento fue levantado por la guerrilla. Cuando llegaron los contratistas a decir que iban a construir unas casas prefabricadas de 3 metros cuadrados, los guerrilleros rechazaron esas “casitas de cartón” y les hicieron dar la vuelta “por dignidad” y “porque no es lo que está firmado en los acuerdos”, como nos recordaba Carlos Alberto, uno de los mandos de las FARC en el lugar.
Llegar a La Fila y ascender por la ladera viendo el campamento, con sus cabañas repartidas por el claro es como llegar a una aldea un domingo en el que no hay otra actividad que el cotidiano cocinar, lavar, fregar, limpiar (tareas que vimos realizar siempre a guerrilleras, pese a que las FARC procuran integrar el feminismo en su discurso y llegar a presumir de que “igual que ellas cogen las armas, ellos trabajan en la cocina”).
Era emocionante ver a padres y madres con sus bebés de pocos meses en brazos a los que mostraban con orgullo. Son “los hijos de la paz”, nos decían. Así conocimos a Alejandro, un bebé de dos meses que su mamá nos mostraba embelesada, o a Mikel, un bebé de seis meses que había encontrado un juguete en las gafas de la activista de derechos humanos que la sostenía en brazos. Había otros 5 niños en el campamento.
También pudimos observar la alegría de una familia que se lavaban en un pilón de agua helada. El niño se quejaba del agua, pero se mostraba feliz de reencontrarse con su padre tras cuatro años sin verle. Escenas que parecen cotidianas, pero que entrañan un momento especial: los niños de la paz, el reencuentro de guerrilleras y guerrilleros con sus hijas e hijos.
Pero no todo es tan idílico. Además de un clima muy diferente al clima caluroso al que estaban acostumbrados, el campamento carece de agua, luz, y asistencia médica. Además de 7 niñas y niños, hay 9 mujeres embarazadas y más de 30 heridos que necesitan atención médica de la que carecen. Han habilitado una cabaña como enfermería, pero apenas disponen de medicinas y el personal consiste en un guerrillero/enfermero que se formó en la guerra.
Son conscientes de los incumplimientos del Gobierno, denuncian el aislamiento al que se les quiere someter dificultando el que lleguen visitas (a menudo son identificadas y fotografiadas por la policía) pero, al igual que en La Elvira, se muestran firmes en su decisión de lograr una paz con justicia, como rezan (dicen) las banderas blancas que ondean repartidas por todo el campamento. Sabedores de las dificultades que obstaculizan el proceso de paz desde su inicio, y sabedores de que “no hay marcha atrás”, hay tres cosas en las que insisten y que dan vueltas en mi cabeza, una y otra vez, según voy bajando la embarrada ladera al final de la visita. Una, la necesidad de que la comunidad internacional conozca la realidad de la situación del país, se involucre, apoye, vigile y contribuya a que se cumplan los acuerdos. Otra es la imperiosa necesidad de contar con la más amplia movilización social colombiana posible en su apoyo y defensa (“los acuerdos son para la sociedad colombiana, no para las FARC”, nos decían). Por último, siempre que hablan de acuerdos y de incumplimientos, mantienen vivo el recuerdo de sus presos, a los que siempre ponen por delante. Presos que malviven en las cárceles, como pudimos comprobar en nuestra visita al penal de Picaleña, y que esperan por las leyes de amnistía e indulto previstas en los acuerdos. De este incumplimiento y de la visita a la cárcel de Picaleña, Ibagué, Tolima, os contaré en la próxima entrega.
El penal de Picaleña
Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.
Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.
El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.
Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?
2. Esperanza y muerte en Colombia
El paramilitarismo que no existe, pero que sigue matando
“Es muy contradictorio: estamos en un momento de post-conflicto y cese el fuego, pero no hay garantías para el trabajo social, político, sindical y de derechos humanos”, nos decía en Popayán (Cauca) un miembro de la “Red por la vida y los derechos humanos”. Y no le falta razón. A lo largo de 2016, fueron asesinados 120 líderes y lideresas sociales, campesinos, docentes, sanitarios, estudiantes…, 40 de ellos sólo en la región del Cauca. En lo que va de año, ya son más de 20 los asesinatos cometidos, 5 durante las dos semanas de nuestra visita, cumpliéndose el macabro ritmo de un defensor o defensora de derechos humanos asesinado cada tres días.
El gobierno niega la existencia del paramilitarismo. Así nos lo hizo saber el Viceministro de defensa Aníbal Fernández de Soto en nuestro encuentro con él. El gobierno habla de bandas armadas organizadas que ocupan territorios abandonados por las FARC con ánimo lucrativo: minería ilegal y narcotráfico. El asesinato de líderes sería consecuencia de esos intereses económicos comprometidos por la defensa del territorio por parte de los campesinos; pero, según él, no serían crímenes políticos, ni habría conexión con el estado, ni las bandas forman parte de una única estructura. Implícitamente, el viceministro reconoce un grave problema denunciado por las organizaciones sociales con las que nos reunimos por todo el país y por las FARC: pese al despliegue de más de 60.000 soldados, el gobierno no tiene el control de todo el territorio nacional. Donde las FARC era un estado “de facto”, había normas y reglas de convivencia. La llegada de las bandas paramilitares ha disparado el número de homicidios y asesinatos selectivos.
En nuestras asambleas con las comunidades, tanto en las regiones del Cauca y Valle del Cauca, como en el sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Tolima, Córdoba, Sucre y Cartagena, en los numerosos encuentros con campesinos, sindicalistas, docentes, desplazados, amenazados y víctimas en general, los testimonios sobre la presencia paramilitar en numerosas zonas del país fue abrumadora. “Águilas Negras”, “La Constructora”, “Los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Clan del Golfo”, son nombres de otras tantas organizaciones paramilitares de las que oímos hablar. Escuchamos relatos de nuevos desplazamientos forzados, de panfletos y amenazas, de nombres y lugares por los que campean, de connivencia con fuerzas armadas, fiscalía y autoridades. Escuchamos la relación pormenorizada de líderes sociales asesinados, sus nombres y circunstancias. Asistimos a la impotencia de campesinos a quienes se les impide recuperar sus tierras, del dolor de personas que perdieron a un padre, una madre, a una hija,… Nos hablaron del miedo de algunos que renuncian a sus derechos y se van de la tierra por temor a perder la vida; pero también pudimos comprobar el compromiso de comunidades rurales organizadas en defensa de su territorio para las que “ya no cabe el miedo”, el tejido organizativo que se desarrolla en la búsqueda de una soberanía alimentaria, la capacidad de recuperar cultivos y crear cooperativas comunitarias, el papel decisivo de la mujer en esta lucha por la tierra. Su capacidad para “crear vida”, como tantas veces escuchamos.
Porque en el fondo, se trata de un conflicto por la posesión y uso de la tierra: la lucha del campesinado por recuperar y/o mantener las tierras ancestrales de las comunidades, contra los intereses de las multinacionales que necesitan cada vez de más y más tierras para desarrollar sus proyectos o ejecutar otros nuevos. Los sectores más denunciados fueron el minero energético (oro, fraking, petróleo…), agroindustrial (sobre todo el arrasador cultivo de la palma) y ganadero. Todo ellos mezclado con los intereses del narcotráfico y las bandas paramilitares, que son quienes realizan el trabajo sucio en beneficio de los anteriores.
“Vamos a mandar, ahora que la guerrilla se va”
Un día, tras cinco horas de navegación por el río Magdalena, llegamos a Arenal (Sur del Bolívar), otra zona castigada por la guerra y el paramilitarismo al que responsabilizan de 11 asesinatos en la zona en 2016. Han vuelto las amenazas, los desplazamientos y la presencia de encapuchados en una zona que constituye un corredor del narcotráfico y en el que la explotación de la palma ha convertido a campesinos en obreros agrícolas con salarios de hambre. El abandono del estado es tal que “en una de las veredas, la escuela son dos aulas debajo de un árbol. En otras han sido construidas por los campesinos; a veces incluso la comunidad tiene que hacerse cargo de pagar al maestro”.
Pese a todo, las comunidades se organizan y luchan. Se muestran orgullosos de estar “rescatando la soberanía alimentaria” y “recuperando cultivos que como la yuca o el plátano habían llegado a desaparecer”. Nos muestran con orgullos su cooperativa y los productos que elaboran cinco mujeres a las que da empleo: mermeladas, vino de frutas,… en un proceso integral que abarca desde la siembra y la recolección, hasta el envasado y la comercialización. Visitamos su radio comunitaria “La Negrita”, una radio que pretende dar la voz al pueblo; pero todo lo tienen que pelear: de la radio se apoderó la policía, aunque la recuperó la comunidad, y de la cooperativa quisieron apoderare las autoridades locales.
Aguachica, sin agua pero con lágrimas de sangre
Al día siguiente nos dirigimos a Aguachica, ya en el departamento del Cesar una polvorienta ciudad que, pese a su nombre, sólo dispone de agua corriente cada 15 días. En cambio, los uniformes de los niños y niñas de la escuela privada religiosa en la que nos reunimos lucían limpios. Las comunidades de Aguachica sufren la doble amenaza del incremento del cultivo de la palma que expulsa a los campesinos de sus tierras y de los terratenientes ganaderos, que “cortan las alambres de los cultivos para que el ganado entre y lo destruya”, como nos decía resignado el campesino Alirio Díaz. Este apoderamiento de tierras se hace también a costa de desecar los humedales del río para ganar terreno para la palma y el ganado, lo que también ha contribuido a una disminución drástica de la pesca. Están amenazados también por proyectos industriales de hidrocarburos (gas y petróleo) y por megaproyectos como la carretera “Ruta del Sol”. Igualmente, se encuentra en un corredor de narcotráfico, con lo que la proliferación de las bandas paramilitares y las amenazas a los líderes comunitarios han ido en aumento.
La lucha por la defensa de la tierra contra la expansión del cultivo de palma “nos ha costado lágrimas de sangre”, nos decía un campesino. Otros agricultores, despojados de sus tierras, acabaron convertidos en pobres asalariados explotados en empresas de palma, donde hacer sindicalismo es sinónimo de peligro de muerte (en Colombia han asesinado a más de 3.000 sindicalistas en los últimos treinta años, causando que el porcentaje de afiliación sindical no llegue al 4%). Encima, quieren que estos trabajadores de la palma pasen a ser subcontratarlos y precarizar aún más su situación en una región con más de un 90% de trabajo informal (venta ambulante, etc.), donde está privatizado el alumbrado, la recogida de basuras…, y donde la nueva tarifa de agua, ese agua que solo disfrutan cada dos semanas, supone el 15 o 20% del salario mínimo. “Podríamos tener agua cada dos días, pero tememos que lo quieren privatizar culpando al mal servicio público”, remarcan.
“Yo quiero mucho a mi tierra, la recuerdo todos los días”
Andrés Narváez es un campesino, analfabeto, compositor de letras y, a poco que se lo pidas, cantante; pero también es un líder comunitario en la restitución de las tierras de la finca “La Europa”, municipio de Ovejas, departamento de Sucre. La lucha por recuperar esta tierra, que les corresponde tras una reforma agraria de hace años, ha costado la vida de 15 campesinos, 6 desapariciones y 90 familia desplazadas. A Andrés Narváez le pegaron cuatro tiros en 2015, sobreviviendo de milagro. Tuve el gusto de conocerle en Asturias, donde pasó seis meses como refugiado ante el peligro que corría su vida, y nos reencontramos en su tierra, en la finca “La Europa”, en los Montes de María, tierra a la que compuso bellas canciones desde su refugio en España. Al despedir a sus “hermanos asturianos”, volvió a cantarnos esos versos que aún resuenan en mi cabeza y que comienzan:
Pero, pese a su porte sereno, la vida de Andrés sigue en peligro, como la de su amigo Argimiro, contra el que atentaron el pasado noviembre y que salvó su vida gracias a la rápida intervención del escolta. El sicario que disparó a Andrés fue detenido y juzgado, pero ya está libre, acusado sólo de un delito de lesiones, en un país donde la impunidad es la gran aliada de la violencia. Según el propio Fiscal General, más del 90% de los crímenes permanecen impunes.
“El problema no son los cultivadores, sino el narcotráfico”
A los problemas a los que se enfrenta el campesinado colombiano vistos hasta ahora, hay que añadir uno más: el de la sustitución de los cultivos ilegales de coca, marihuana y amapola. Los acuerdos contemplan la sustitución de dichos cultivos en un proceso organizado con la participación de las comunidades. Pese a ello, el gobierno ha continuado con la erradicación de dichos cultivos, llevando a la indigencia a las personas cuya subsistencia depende de ellos. Esta política, que puede llevar a situaciones explosivas en las zonas afectadas, constituye otro incumplimiento más por parte del gobierno. Como nos decía un miembro del sindicato campesino Fensuagro, “el problema no es la coca, sino el narcotráfico; es necesario cambiar la estructura agraria, pero contando con la comunidad.
“Monumento al maestro caído”
Nada más llegar al edificio del sindicato docente Ademacor-Fecode, en Montería, departamento de Sucre, sorprende el enorme monolito de seis metros de altura dedicado “Al maestro caído”. Deja de sorprender cuando el presidente del sindicato informa de que en los últimos 30 años han sido asesinados más de 1000 maestros y maestras en Colombia, muchos de ellos en Córdoba, departamento en que se haya Montería. Algunos de sus familiares, viudas, hijos e hijas, hermanas, padres… estaban presentes. A día de hoy siguen las amenazas y extorsiones. Sólo en los dos primeros meses de este año hubo 10 denuncias. “Y eso, los valientes que se atreven a denunciar, que seguro que hay muchos más que tiene miedo”, subraya el sindicalista. Un ejemplo más de que el terror paramilitar se extiende por todo el tejido social: enseñanza, sanidad, industria, campesinado,…
A modo de reflexión final
Tras dos intensas semanas de recorrido por diferentes departamentos colombianos, hemos podido comprobar el firme e inquebrantable compromiso con la paz de las FARC, así como el apoyo de las comunidades campesinas, de asociaciones de derechos humanos, y organizaciones de base, en general, a los acuerdos de La Habana. También la desconfianza hacia un gobierno que está incumpliendo los plazos establecidos.
Pero la paz también tiene poderosos enemigos: multinacionales de la energía, la minería, la agroindustria, así como terratenientes y narcotraficantes, junto con sectores de la policía, el ejército y las diferentes administraciones públicas ponen palos en las ruedas de un proceso que, de cumplirse, afectaría gravemente a sus intereses económicos mafiosos. El propio gobierno está dividido, como nos reconocía Todd Howland, Alto Comisionado de Naciones Unida para Colombia.
La incapacidad del gobierno para cumplir los plazos de los acuerdos, para acabar con el paramilitarismo y para proteger la vida de los líderes sociales de todos los sectores dificulta el proceso de paz. Todos los colectivos con los que nos reunimos son conscientes de que es necesaria una fuerte movilización social en Colombia en su defensa que rompa las barreras mediáticas con las que el gobierno oculta los problemas reales del país; pero también es necesaria la vigilancia de la comunidad internacional como garante del mismo. Es especialmente importante que los fondos económicos para la paz sean gestionados por las propias comunidades beneficiarias de los mismos. En diferentes ocasiones manifestaron su temor a que sean gestionados por administraciones corruptas que acabarían favoreciendo “a las mismas mafias de siempre”.
En medio de la desconfianza, el temor y la muerte, la esperanza comienza a formar parte del horizonte político colombiano.
Jesús de la Roza
[1]Informe presentado en rueda de prensa en Bogotá el 3 de marzo de 2017