“Es un fracaso que no se haya llegado a un pacto global sobre educación”

La profesora Marian Moreno, integrante de SUATEA, considera aún más necesario aumentar el gasto educativo en el escenario Covid19.

 Por Toño Suárez en 19 mayo 2020 publicado en  
https://www.nortes.me/

La crisis que vivimos actualmente provocada por la pandemia ha abierto un melón enorme que estaba cerrado o a medio abrir: la visibilización de la precariedad de nuestro sistema público de educación, la conciliación que debía haber sido y no fue, la brecha digital en las familias con menos recursos, la necesidad de lo presencial en el proceso educativo que se enfrenta con la dificultad de implementar las medidas sanitarias adecuadas, los derechos laborales de un profesorado que se está dejando la piel y su tiempo en acabar de la mejor manera un curso que nos ha sido arrebatado sin tiempo de respuesta. Familias reconvertidas en docentes, profesorado reconvertido en herramienta multiusos y, en medio, un alumnado perdido, sin respuestas y, en muchos casos, sin ayuda para afrontar este inmenso cambio.

Marian Moreno es profesora de Lengua y Literatura y miembro del sindicato SUATEA (Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias), otro de los colectivos a los que esta crisis vírica que vivimos ha puesto a prueba: profesorado, familias y alumnado reinventados a marchas forzadas en un escenario hostil y completamente desconocido a base de temarios inacabados en las aulas y convertidos a on line, tirando, en muchos casos, más de imaginación que de recursos en un sector, el de la enseñanza pública, castigado, una y otra vez, por los recortes presupuestarios.

Esta crisis ha traído a las primeras planas de los medios de comunicación las carencias que, debido a los recortes, sufre nuestro sistema público de salud. ¿Crees que ha pasado lo mismo, por las mismas circunstancias, con nuestro sistema educativo?

Esta crisis ha evidenciado una serie de carencias en nuestra educación pública. La escuela ha salido adelante por el esfuerzo brutal del propio profesorado que, casi de un día para otro y con sus propios medios, hizo lo que pudo para poder conectar con el mayor número de alumnado posible, a base de no tener horario de trabajo, de mucho esfuerzo y de la pérdida de su propia intimidad al llevar la escuela a su propio hogar. Ha tenido que reinventarse, casi cambiar de profesión y adaptarse. Ha sido un esfuerzo enorme, incomparable con el del personal sanitario por cuestiones obvias, pero que también ha evidenciado cosas bonitas como que el elemento básico de la educación es el contacto, la convivencia en igualdad, el mirarnos a los ojos. Y que alumnado lo evidencie cuando te dice que te echan de menos, a una como profesora y a todo ese ambiente que los rodea, es muy gratificante.

Estamos viviendo un periodo excepcional en nuestras vidas, rodeados de medidas insólitas, también en educación. ¿Han contado desde la administración con el profesorado para consensuar tanto cambio?

En Asturias en concreto, no: no han contado con el personal docente. Los sindicatos somos los representantes legales del profesorado, elegidos democráticamente. Sólo se nos ha convocado a reuniones informativas pero en ningún momento se ha contado con nuestro punto de vista. En SUATEA no queríamos quedarnos sólo en la crítica y se envió un documento muy extenso a la Consejería con propuestas que no se han tenido en cuenta. Incluso algunas dudas o quejas que se planteaban ni siquiera han sido contestadas. Distinto ha sido el trato con la escuela concertada que sí tuvo oportunidad de decir cosas. Se han reunido con un comité de dirección de centros educativos, una comisión nada transparente, elegida a dedo por la Consejería. En definitiva: somos el último eslabón de esta larga cadena y no se han tenido en cuenta ni nuestras iniciativas ni nuestras ideas. Un acto muy poco democrático con el profesorado, desde mi punto de vista.

En este país gusta mucho el ventajismo, el juzgar con vehemencia los hechos a toro pasado. Vamos a jugar a ello: ¿La orden de cerrar los colegios llegó tarde o piensas que no había motivos para hacerlo antes?

No, no creo que llegara tarde. Parecía que la decisión iba a retrasarse un poco más pero los sindicatos hicimos un encierro en la Consejería y ese mismo día se decretó el estado de alarma con el confinamiento. Hay que recordar que no había una alarma social muy grande en las semanas anteriores, no había preocupación. Incluso había hasta cierto cachondeo con el asunto. Las autoridades sanitarias no consideraban que fuera necesario tomar ninguna medida y yo confío mucho en ellas, en los expertos que están manejando esta crisis sanitaria. Bienvenida la medida cuando vino ya que, además, se ha demostrado que ha sido muy efectiva.

El alumnado no volverá a las aulas hasta septiembre, salvo el de último año de la ESO y el de segundo curso de bachillerato, que tienen la opción de hacerlo a partir del próximo día 25 de mayo de manera voluntaria. Desde el punto de vista del profesorado: ¿cómo se planifica esa voluntariedad? ¿Cómo se organiza un centro educativo con esa premisa?

Es imposible. En una situación de pandemia tienes que saber el número de personas con las que vas a contar en clase. La voluntariedad implica que un alumno puede ir un día y al día siguiente no, que puedes tener clases con tres alumnos o con 25. Es imposible organizar un aula con las condiciones mínimas de seguridad sin saber las personas que vas a tener. Además de todo eso, tanto el ministro de sanidad, Salvador Illa como Fernando Simón están alertando sobre las juventud, las concentraciones, el no uso de mascarillas. Ese es el sector de población con el que tenemos que trabajar en las aulas. Así que entre la voluntariedad, que nos imposibilita planificar de ninguna de las maneras, y que vamos a trabajar con una población que, en general, no está observando un buen cumplimiento de las normas sanitarias pues no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Tampoco sabemos qué va a pasar con quienes no vengan a clase: ¿hay que hacer teleformación después de haber cumplido un horario en el colegio? ¿Tenemos que doblar horarios? ¿Y nuestros derechos laborales dónde quedan? Es todo muy complejo, la verdad

Todo indica a que este virus ha venido para quedarse: ¿nos dirigimos hacia un modelo educativo que combine las clases presenciales con las on line?

En un futuro cercano parece claro que sí. Pero combinar las clases presenciales con las on line para el alumnado no debería significar que se doblara el horario del profesorado. Si hay a la vista una convivencia entre la formación presencial y la teleformación habría que tener previsto también un gran esfuerzo presupuestario para la educación pública, de manera que se puedan bajar los ratios de alumnado por aula y aumentar la plantilla de profesorado. Habrá que hacer un gasto muy grande en educación si de verdad quieren que esto funcione.

“Habrá que hacer un gasto

muy grande en educación

si de verdad quieren que esto funcione”

Y en ese esfuerzo extra habrá que contemplar también esa parte de la población escolar que por diversos motivos no tenga a su alcance la posibilidad de acceder a una educación no presencial. Es un tema muy delicado, ¿verdad?

Es un tema muy complejo porque ya no es sólo no tener una conexión a internet en casa, o un ordenador en el caso de las familias más vulnerables. No nos podemos olvidar de la zona rural en la que, en algunos casos, no llega ni la línea de internet, o en el caso de familias con dos hijos, por ejemplo, y padres teletrabajando: necesitan cuatro ordenadores en casa y eso no está al alcance de muchos. Cuando hablamos de la brecha digital hablamos de un problema muy generalizado y que no sólo afecta a sectores muy vulnerables de la población, como se tiende a creer. Y luego otro problema es que hay familias que no empujan a sus hijos, que no les animan y que les permiten abandonar los estudios a edades muy tempranas. Si, encima, no tienen un apoyo presencial, cercano, de su profesorado en la escuela el problema se agranda aún más. Se pretende que nadie se quede atrás pero hay que sentar unas bases muy sólidas para conseguir que esa afirmación sea algo más que un eslogan bonito.

Los padres que han podido hacerlo han pasado este confinamiento teletrabajando pero llega el momento de retornar a sus puestos de trabajo, teniendo que dejar a sus hijos en casa. Es hora de conciliar, un verbo que se viene conjugando mal, ¿verdad?

Es una situación que no está bien enfocada socialmente. No es que los padres se incorporan y no hay colegio donde dejar a los niños y las niñas. La escuela no tiene como objetivo la conciliación, son las empresas las que han de tenerlo pero no han hecho un esfuerzo real por instaurar una verdadera conciliación. Y todo esto revertirá en que serán las mujeres las que tendrán que abandonar sus trabajos o hacer reducciones de jornada porque, en general, son las que menos cobran y hay que mantener el sueldo más alto que, por lo general, es el del hombre, con la consiguiente brecha de género que se abrirá y, aunque se está hablando poco de ello, será brutal.

Como ha sucedido con tantas otras cosas esta crisis ha dejado en segundo plano temas candentes que se venían tratando antes. Uno de ellos es el pin parental. Su intento de implantación encontró una fuerte oposición del gobierno de Sánchez pero: ¿crees que pueda ser una propuesta viable en el futuro?

No, no: no lo es a ningún nivel, ni siquiera a nivel legal. La extrema derecha sólo busca ruido, salir en la prensa. Seguro que es una propuesta que ya se les ha olvidado porque ya cumplió su función, que no era otra que ocupar portadas y tiempo de tertulias e informativos. Es un tema que ya no está de moda y ha dejado de interesarles. Es su estrategia y, hay que reconocer, que les está saliendo bien viendo el número de gente que les vota. Pero el pin parental no tiene ningún recorrido, ni a nivel de legislación internacional ni nacional. Así que si a alguien se le ocurre en el futuro volver a reactivar este tema se encontrará a los sindicatos, un día sí y otro también, en los juzgados.

Llega la LOMLOE, la octava ley educativa desde al año 1980. A la vista de los continuos cambios de criterio: ¿es la educación el gran fracaso de nuestra democracia?

Sin duda ninguna. Detrás de la educación hay muchísimos intereses económicos, exactamente igual que con la sanidad. E intereses ideológicos. Ha habido muchas reformas educativas, cada una con sus matices, pero lo que no acabamos de lograr es formalizar un gran pacto social por la educación que impida que cada uno que llegue haga y deshaga en función de sus conveniencias varias. Hay que sentarse y pactar unas líneas grandes y claras que no se puedan mover con facilidad. Es un fracaso que no se haya llegado a un pacto político global sobre educación, un fracaso no sólo de los políticos sino también de nuestra sociedad.

En otras reformas alguien decisión que las asignaturas de humanidades no eran importantes y fueron suprimiéndose. En esta nueva ley parece que le toca a las matemáticas pasar a ser asignatura no obligatoria. Parece cuando menos sorprendente, ¿verdad?

No tiene justificación. Espero que se recapacite y que se dé marcha atrás en este asunto. Ni las ciencias ni las humanidades pueden estar fuera de la enseñanza. Si hay que reorganizar horarios, reorganicémoslos, teniendo en cuenta que sí hay cosas que se pueden suprimir, como son las horas de religión en la escuela pública. La religión es algo personal, intransferible. Las creencias dependen de cada persona y deben estar fuera de la escuela pública. ¿Por qué nadie tiene la valentía de romper el concordato con la Santa Sede, una herencia envenenada para esta democracia?

La Escuela, el mercado del siglo XXI


José Antonio Alonso/Beatriz Quirós


En 1998 un artículo de Gérard de Sélys, periodista belga, aparece en Le Monde Diplomatique en su versión francesa. Se trata de “L’École, grand marché du XXIè siècle” un análisis de las pretensiones del empresariado europeo a través de su lobby, la ERT (European Round Table), de hacer de la educación y la formación un sector estratégico vital para las empresas y por tanto de convertir la enseñanza en un gran mercado. Quizá sea una de las primeras veces que se ponen de relieve las verdaderas intenciones de las elites políticas y económicas europeas: poner a la escuela al servicio de los mercados y de los intereses de esas elites y acabar con la concepción de una educación emancipadora y al servicio de la humanidad.
Este artículo, y la publicación ese mismo año -en colaboración con el profesor Nico Hirtt- del libro Tableau Noir, résister à la privatisation de l’enseignement (EPO. Bruxelles 1998) fueron determinantes para el conocimiento y posterior difusión de las ideas sobre la resistencia a la mercantilización y a la privatización de la educación.
En España sus ideas fueron retomadas en los análisis sobre la situación de la educación y los peligros que la acechaban por parte de algunos sindicalistas de la Confederación de STEs, SUATEA en Asturies, que decidimos traducir y difundir varios artículos de estos activistas belgas y que hoy son citados en numerosas ocasiones por quienes se dedican a estudiar y a luchar contra las políticas educativas neoliberales. Sus ideas fueron determinantes para articular la resistencia frente a la ofensiva emprendida por distintos gobiernos en el Estado español contra la enseñanza pública.

Gérard de Sélys

Desde estas líneas queremos hacer un pequeño homenaje a Gérard de Sélys, periodista de la Radiotelevisión Belga, activista y autor de numerosos libros, artículos, miembro del PTB, luchador incansable, que ha muerto el 3 de enero a la edad de 75 años con la publicación de la traducción de uno de los capítulos más premonitorios – recordemos que fue escrito en 1998- de Tableau Noir: résister à la privatisation de l’enseignement. Chapître 6: Stratégie.
Estrategia
Por el número de empleos que requiere y las importantes sumas de dinero que moviliza, el sector de la enseñanza es comparable al del automóvil. Esto da idea de su dimensión.
La producción automovilística de los veintinueve países miembros de la OCDE genera un volumen de negocio anual de alrededor de un billón 286.000 millones de US$ (7 billones 500 000 francos franceses, 45 billones de francos belgas) y emplea a cerca de cinco millones de trabajadores.
Los mismos países miembros de la OCDE dedican anualmente un billón de US$ (5 billones 800.000 millones de francos franceses, 35 billones de francos belgas) a la financiación de su enseñanza que da empleo a cerca de diez millones de docentes.
Si se suprime la mitad de los cuatro millones de profesores con los que cuentan los quince países de la Unión europea cuyos salarios constituyen más del ochenta por ciento de los gastos de enseñanza, ¡billones de francos franceses o belgas estarían disponibles para ser utilizados en la guerra competitiva!
Y, además, si pueden, los padres están dispuestos a gastar mucho para evitar que sus hijos estén en paro. Si tenemos en cuenta que hay ochenta millones de alumnos en todos los niveles -incluyendo la Universidad- en la Unión Europea, cuyos padres serían capaces de cualquier sacrificio para evitarles el paro, podemos hacernos una idea sobre la fortuna que está en juego.
Y eso sin contar con el producto de la venta de las escuelas abandonadas y de los terrenos que ocupan. Y sin contar que los patronos (los ricos) venderán en lo sucesivo, y muy caro, cursos que hasta ahora eran prácticamente gratuitos. Y en los que podrán enseñar lo que quieran. Enseñarán lo que necesitan que aprendamos para aumentar aun más sus beneficios, sus fortunas. Nos llenarán la cabeza con su ideología, sus ideas y sus mentiras. Y dejarán de lado lo que no les interesa.
Suprimirán partes enteras de la historia. Porque la historia puede explicar cómo los ricos han explotado siempre a los pobres y que éstos siempre han terminado rebelándose, algunas veces con éxito. Guardarán de la historia solamente los grandes momentos de la construcción de su “democracia” burguesa y de la adquisición de las “libertades”, su libertad de emprender y su libertad de explotar a los otros. Presentarán dos mil años de historia como un largo proceso que conduce “naturalmente” a la libre empresa, estado último, a su parecer, de la evolución de las sociedades humanas. Suprimirán las ciencias sociales, porque las ciencias sociales pueden describir demasiado bien la miseria de los explotados y la indecente opulencia de los ricos. Estas ciencias sociales no tienen, además, ningún interés para la rentabilidad de la mano de obra. Suprimirán la filosofía, porque podría demostrar que su propia filosofía no se fundamenta más que sobre embustes de charlatanes.
Nos atiborrarán, en cambio, en sus cursos-mercancía con las ideas y principios que les favorecen: la competitividad, la flexibilidad, la excelencia, la productividad, la ganancia, la economía de mercado y la supremacía de la empresa privada.
Aunque es totalmente falso, repetirán, en sus cursos, que la competitividad rige toda vida en la tierra. Que es una verdad natural, tan cierta como que los lobos han comido siempre a las ovejas, que los leones han cazado siempre a los antílopes, que las arañas han atrapado moscas en sus telas.
Dirán que es genético. Que no hay nada que hacer. Que hay que pelear para sobrevivir, ser mejor que el otro y aplastarle si es necesario. Afirmarán que los vencidos, los pobres, los marginados han escogido su suerte, fueron perezosos, o está inscrito en sus genes. Explicarán que los vencedores, los ricos, en su caso lo son porque han merecido su suerte, han devorado a los otros de forma natural y que eso está también inscrito en sus genes.
Explicarán que hay que ser “flexible” y “adaptarse”. Flexible quiere decir: trabajar cuando tienen necesidad de mover sus máquinas, noche y día si es necesario, e irse al paro cuando quieran parar sus máquinas. Adaptarse quiere decir: aceptar sus exigencias, trabajar para ellos dónde y cuándo quieran y con los salarios que impongan.
Insistirán machaconamente en la “excelencia”. Habrá que ser excelente o no ser. Habrá que tener, como ellos dicen, “cero defectos”, “cero retrasos”, “cero averías”. Y los que no se avengan a esta obligación de excelencia, serán ceros a la izquierda en la sociedad. Serán expulsados de sus empleos y reemplazados por “excelentes” quienes… aguantarán lo que puedan, durante el tiempo que puedan. El cansancio será un “defecto”, así como estar embarazada, tener preocupaciones, pensar en su enamorado, estar atascado en un embotellamiento, asistir a una reunión sindical, soñar, estar enfermo o leer un periódico.
Dirán que únicamente la “productividad” cuenta. Por ejemplo, si quieren producir el doble de mercancías, tienen la opción o bien de contratar al doble de trabajadores, o bien obligar a los que trabajan a producir dos veces más. Hoy en día la segunda solución es la que casi siempre escogen e imponen. Hoy quieren duplicar, triplicar la “productividad”. Mañana, si habéis aprendido bien en sus cursos que el aumento de producción salvará su empresa, y vuestro empleo al mismo tiempo, aceptaréis trabajar cuatro, cinco, seis veces más o más rápidamente.
Pagaréis muy caro sus cursos dedicados al “beneficio”. El beneficio es la ganancia que sacan de vuestro trabajo. Explicarán que el beneficio sirve para desarrollar la empresa, ampliarla, modernizarla y contratar a otros trabajadores, para vencer a la competencia. Explicarán que “el beneficio” os beneficia a vosotros. Ocultarán con cuidado que las ganancias que sacan de vuestro trabajo no tienen más que un destino: desarrollar cada vez más sus propios beneficios en detrimento de las necesidades sociales de la humanidad.
Habrá también cursos -de pago, claro está- sobre la supremacía de la empresa privada. En ellos defenderán que son “valientes y audaces capitanes de la industria” que han asumido el considerable riesgo de invertir su fortuna personal en pro del desarrollo del mundo moderno y del bienestar general. En primer lugar, no dirán de dónde sale su fortuna personal.
¿Del estado? ¿De un lejano antepasado aristócrata? ¿Del saqueo de las colonias? ¿De la venta de material bélico? ¿De la explotación descarada de la mano de obra en el siglo XIX? Después callarán que las principales invenciones que han permitido el desarrollo humano fueron descubiertas y mejoradas por grupos humanos anónimos. Como han sido y seguirán siendo anónimos los obreros, los técnicos y la mayor parte de los investigadores que mejoran sus máquinas, que inventan otras nuevas, perfeccionan nuevos productos. En fin, ocultarán cuidadosamente que, cuando su empresa está en peligro, lloriquean ante papá Estado y se hacen salvar, en nombre del mantenimiento del empleo, recibiendo fabulosas subvenciones en forma de ayudas o de contratos públicos.
Naturalmente, venderán cursos de economía. De “economía de mercado”. Cursos en los cuales eminentes premios Nobel demostrarán que todo debe venderse y comprarse y que las “leyes de oferta y demanda” no solo son naturales, sino también divinas. Que únicamente estas leyes pueden asegurar un desarrollo armónico de la humanidad. Y que el paro, las crisis económicas, la pobreza y las guerras son “fenómenos” o “calamidades naturales” frente a las cuales no se puede hacer nada, como los maremotos, los huracanes o los terremotos… Se guardarán mucho de explicar que sus crisis económicas son justamente provocadas por esta economía en donde todo debe venderse y comprarse. Se guardarán mucho de reconocer que estas crisis no tienen nada de natural. Nunca la humanidad tuvo la oportunidad de producir tantos bienes como hoy. Pero hay crisis porque estos bienes no se venden. No se venden porque un número creciente de mujeres y de hombres no tienen suficiente dinero para comprar lo indispensable.
Se guardarán bien de explicar, igualmente, que su enseñanza privada y de pago agravará la fractura de la sociedad y la selección social. Entre quienes tendrán un buen trabajo remunerado, quienes tendrán empleos precarios y salarios bajos y quienes no tendrán trabajo. Que será una enseñanza más selectiva y más jerarquizada. Destinada a preparar a los jóvenes a un “mercado de trabajo” más selectivo y más jerarquizado. A la era de los “treinta años gloriosos” (1945-1975), cuando los patronos reclamaban una elevación general de los niveles de formación, y tras un periodo de transición de una década, sucede hoy una era de estiramiento de las capacidades; por lo tanto, de los niveles de cualificación requeridos: se necesitan ingenieros y técnicos cada vez más “capacitados”, pero también una masa creciente de “pequeños empleos” que solo requieren una formación básica. Quieren vender la enseñanza “puntera” y dejar al Estado el cuidado de alfabetizar apenas, en escuelas barracones, a las futuras cuadrillas de barrenderos, vigilantes de aparcamientos y limpiadores de oficinas.
Finalmente, venderán hasta lecciones de democracia. Pero de su “democracia” únicamente. Aquélla en la que los ricos hacen las leyes ocultándose tras los políticos que ellos han hecho elegir. Aquélla en donde los ricos reinan sin compartir edificando hermosos “palacios de la nación” y secretos ministerios en los cuales trabajan hombres y mujeres que les muestran su devoción. O su sujeción. Aquélla que, cuando los pueblos se sublevan, disparan las armas, sin piedad, en nombre del “orden”, el orden de los ricos. Aquélla que fomenta golpes de Estado, instala dictaduras, financia, cuando pueden serles útiles, fascistas, nazis y sus hermanos integristas. Aquélla que provoca guerras para “defender la democracia”. Esa democracia. El poder absoluto de los ricos.
Esto es pues lo que hoy. preparan activamente. Apropiarse del dinero que los Estados, los padres y los estudiantes destinan a la enseñanza. Y vender su propaganda y sus mentiras al mismo tiempo que las únicas materias que les son útiles: los idiomas y algunas asignaturas técnicas industriales e intelectuales.

Beatriz Quirós
José Antonio Alonso
Miembros del sindicato SUATEA

Legislación, Normativa y documentació que fomentan, protegen y obligan a EDUCAR PARA LA IGUALDAD entre hombre sy mujeres y para el respeto a la diversidad sexual.

Desde SUATEA, ofrecemos la legislación, normativa y documentación internacional, estatal y asturiana que no solamente sustentan la educación para la igualdad y para el respeto a la diversidad sexual, sino que protegen al profesorado de las agresiones de la ultraderecha.
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Dende SUATEA, ufiertamos la lexislación, normativa y documentación internacional, estatal y asturiana que non solamente sofiten la educación pa la igualdá y pal respetu a la diversidá sexual, sinón también  protexen al profesoráu de les agresiones de la ultraderecha.  

¡¡COEDUCACIÓN, YA!!
NO A LOS ATAQUES CONTRA LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD.

 

INTRODUCCIÓN En los últimos tiempos, se asiste a una serie de ataques y agresiones a la escuela y al profesorado que coeduca y que, por lo tanto, cumple la ley tal y como está prescrita. La situación ha creado alarma entre la comunidad educativa y un sentimiento de desprotección ante colectivos reaccionarios que tienen la capacidad económica de llevar al profesorado a los tribunales. El ascenso de las posiciones de ultraderecha , y su acercamiento al poder en algunos territorios, nos lleva a pensar que este tipo de ataques se van a incrementar. El argumento siempre es el mismo: cuestionar y demonizar el trabajo realizado en los centros relacionado con la educación para la igualdad y la diversidad. Este cuestionamiento tiene varios frentes: en lugar de ser el profesorado quien organice y adapte las propuestas educativas en función de la realidad de cada centro, exigen que sean las familias quienes autoricen que sus hijos e hijas reciban esta formación y quieren intervenir en el diseño de estas actividades. La legislación estatal, a través de Leyes Orgánicas, es de obligado cumplimiento. La legislación autonómica, las diferentes normativas de la Consejería de Educación, los currículos oficiales de cada nivel educativo, las resoluciones internacionales de organismos como la ONU, UNESCO, así como los principios aprobados en la Conferencia mundial de Yogyakarta, etc. obligan, y a su vez protegen, al profesorado para que  la igualdad y el respeto a la diversidad sexual sea parte de la formación en valores que se ofrece al alumnado en el aula. De esta manera, si bien no se ha generalizado de manera sistemática la coeducación, esta es obligatoria en cuantos documentos relativos a educación podamos encontrar. INTRODUCCIÓN   Nos últimos tiempos, venimos viendo dellos ataques y agresiones a la escuela y al profesoráu que coeduca y que, polo tanto, cumple la llei como ta prescrita. La situación vien creando alarma ente la comunidá educativa y un sentimientu de desproteición énte colectivos reaccionarios que tienen la capacidá económica de llevar al profesoráu a los tribunales.   L’ascensu de les posiciones d’ultraderecha , y el so averamientu al poder en dellos territorios, llévanos a pensar qu’esti tipu d’ataques van dir a más. L’argumentu siempres ye’l mesmu: cuestionar y demonizar el trabayu que se fai nos centros rellacionáu cola educación pa la igualdá y la diversidá. Esti cuestionamientu tien dellos frentes: en vez de ser el profesoráu quien entame y adaute  les propuestes educatives  según la realidá de cada centru, esixen que sían les families quien autoricen que los sos fíos y fíes reciban esta formación y quieren intervenir nel diseñu d’estes actividaes.   La lexislación estatal, al traviés de Lleis Orgániques, ye d’obligáu cumplimientu. La llexislación autonómica, les distintes normatives de la Conseyería d’Educación, los currículos oficiales de cada nivel educativu, les resoluciones internacionales d’organismos como la ONU, UNESCO, según los principios aprobaos na Conferencia mundial de Yogyakarta, etc. obliguen, y a la vez protexen, al profesoráu pa que la igualdá y  el respetu a la diversidá sexual sía parte de la formación en valores que s’ufierta al alumnáu na aula . D’esta manera, magar nun se xeneralizó de mou sistemáticu la coeducación, esta ye obligatoria en tolos documentos relativos a educación que podamos atopar.
  El sindicato SUATEA se caracteriza por trabajar  a favor de una escuela coeducadora, como así lo expone ya desde su propio lema: «Escuela pública, laica, asturiana y coeducadora». A lo largo de los más de cuarenta años de existencia de este sindicato, han sido muchas las acciones coeducativas llevadas a cabo, dentro de sus posibilidades (puesto que recordamos que es un sindicato que vive exclusivamente de las cuotas de su afiliación): aplicación de la perspectiva de género en todas sus acciones y comunicaciones; publicación de unidades didácticas coeducativas, tanto para el 25N como para el 8M; publicación anual, desde hace ya 15 años, de un calendario coeducativo: «Tiempo de Mujeres, Mujeres en el tiempo«, con sus correspondientes recursos y actividades sobre igualdad y diversidad; lucha activa por mejorar las condiciones laborales y los derechos por embarazo y lactancia; apoyo a las profesoras para la Huelga del 8M; colaboración activa con el movimiento feminista de Asturias, etc. Por todo ello, este sindicato no puede mantenerse ajeno a la cultura del miedo que quieren imponer los sectores reaccionarios de esta sociedad y que afectan directamente a la función docente del profesorado, ya de por sí bastante castigado en Asturias. SUATEA advierte del peligro que puede suponer la autocensura en el profesorado que realmente coeduca, ante el miedo a la desprotección en caso de agresión o denuncia por llevar la igualdad y la diversidad al aula. SUATEA estará presente en la defensa del profesorado de la escuela pública que sea atacado, agredido o amenazado por cumplir con su labor docente en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. .     El sindicatu SUATEA carauterízase por trabayar  a favor d’una escuela coeducadora, como s’espón  yá dende’l so propiu lema: «Escuela pública, llaica, asturiana y coeducadora». A lo llargo de los más de cuarenta años d’esistencia d’esti sindicatu, fueron munches les acciones coeducatives llevaes a cabu, dientro de les sos posibilidaes (recordando que ye un sindicatu que vive puramente de les cuotes de la so afiliacion): aplicación de la perspectiva de xéneru en toles sos acciones y comunicaciones; publicación d’unidaes didáctiques coeducatives, tanto pal 25N como pal 8M; publicación añal, dende fai yá 15 años, d’un calendariu coeducativu: «Tiempu de Muyeres, Muyeres nel tiempu», colos sos correspondientes recursos y actividaes sobre igualdá y diversidá; llucha activa por ameyorar les condiciones llaborales y los derechos por embaranzu y lactancia; sofitu a les profesores pa la Fuelga del 8M; collaboración activa col movimientu feminista d’Asturies, etc.   Por too ello, esti sindicatu nun puede caltenese ayenu a la cultura del mieu que quieren imponer los sectores reaccionarios d’esta sociedá y qu’afeuten directamente a la función docente del profesoráu, yá de por sí bastante castigáu n’Asturies. SUATEA alvierte del peligru que puee suponer la autocensura nel profesoráu que realmente coeduca, énte’l mieu a la desproteición en casu d’agresión o denuncia por llevar la igualdá y la diversidá a l’aula. SUATEA va tar presente na defensa del profesoráu de la escuela pública que sía atacáu, afrelláu o amenaciáu por cumplir col so llabor docente na construcción d’una sociedá más xusta, equitativa ya igualitaria.  
JUSTIFICACIÓN Los ataques de los sectores reaccionarios a la escuela pública,  a la igualdad y a la diversidad no son ciencia ficción, son ya una realidad que tenemos presente en nuestra vida social cotidiana. Estos sectores, que se manifiestan en contra de una convivencia pacífica e igualitaria en nuestra sociedad,  han focalizado sus ataques, entre otros sectores profesionales, en el profesorado y en la escuela pública: denuncia del programa Skolae de Navarra ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, además de acoso y agresiones verbales al equipo redactor de Skolae; denuncia a un IES de Huelva por llevar la igualdad a las aulas; denuncia a la Directora General de Educación de Valladolid por unas charlas de Cristina Almeida contra la violencia machista; el famoso  pin parental;  los folletos de Hazte Oír que han llegado a los centros educativos, etc. La estrategia es clara: imponer la cultura del miedo entre el personal docente, de forma que llegue un momento en el que ni siquiera se necesiten las denuncias ni las agresiones porque habrán conseguido que nos callemos y que no trabajemos la igualdad en las aulas (recordemos que a día de hoy quienes trabajamos la igualdad en la enseñanza lo hacemos, en la mayoría de los casos, por voluntarismo, porque  las autoridades educativas no han tenido la valentía política, en general,  de hacer cumplir sus propias leyes). Pretenden que nos retiremos de este espacio de igualdad que hemos creado en algunas aulas con mucho esfuerzo, mucha formación y muchos obstáculos dentro de los propios centros educativos, tanto del profesorado reaccionario como de equipos directivos nada receptivos a los planes de igualdad y diversidad. XUSTIFICACIÓN
Los ataques de los sectores reaccionarios a la escuela pública, a la igualdá y  a la diversidá nun son ciencia ficción, son yá una realidá que tenemos presente na nuesa vida social cotidiana. Estos sectores, que se manifiesten en contra d’una convivencia pacífica ya igualitaria na nuesa sociedá, tán enfocando los sos ataques, ente otros sectores profesionales, nel profesoráu y na escuela pública: denuncia del programa Skolae de Navarra énte’l Tribunal Superior de Xusticia de Navarra, amás d’acosu y agresiones verbales al equipu redactor de Skolae; denuncia a un IES d’Huelva por llevar la igualdá a les aules; denuncia a la Directora Xeneral d’Educación de Valladolid por unes charres de Cristina Almeida contra la violencia machista; el famosu pin  parental;  los folletos de Hazte Oír que llegaron a los centros educativos, etc.   La estratexa ye clara: imponer la cultura del mieu ente’l personal docente, de forma que llegue un momentu nel que nin siquier se precisen les denuncies nin les agresiones porque yá tendríen llograo  que callemos y que nun trabayemos la igualdá nes aules (recordemos pel momentu quien trabayamos la igualdá na enseñanza facémoslo, na mayoría de los casos, por voluntarismu, porque les  autoridaes educatives nun tuvieron la valentía política, polo xeneral, de facer  cumplir les sos propies lleis). Pretenden que mos retiremos d’esti espaciu d’igualdá que creemos en delles aules con muncho esfuerzu, muncha formación y munches torgues dientro de los mesmos centros educativos, tanto del profesoráu reaccionariu como d’equipos directivos nada receptivos a los planes d’igualdá y diversidá.

Desde SUATEA, consideramos imprescindible dotar al profesorado que cumple las leyes relativas a la educación para la igualdad, de recursos y estrategias para su defensa en caso de agresión o denuncia. Por ello, publicamos este compendio de legislación, normativa y documentación internacional, estatal y autonómica, para que la Escuela Pública haga valer sus derechos de igualdad, su deber de educar hacia una sociedad igualitaria que prevenga las violencias machistas, su esencia de escuela equitativa y equilibradora de desigualdades y su carácter de universal e integradora de todas las realidades. SUATEA siempre estará presente en la defensa de la coeducación. Por ello, hacemos una llamada a la unión del profesorado para lograr una sociedad mejor y para que hagamos frente a estos ataques. Haremos lo posible para que ninguna profesora o profesor tenga miedo a coeducar, porque además de estar cumpliendo la ley y tiene el apoyo, la ayuda y la protección de esta comunidad educativa. Para conseguir esto, lo primero que hay que hacer es conocer nuestros derechos y nuestros deberes, tener conocimiento del fundamento legal y normativo que nos respalda, nos protege y nos defiende de las agresiones reaccionarias que quieren minar la democracia, la igualdad, la equidad, la diversidad y la transformación social. COEDUCAR ES AVANZAR EN DERECHOS HUMANOS, COEDUCAR ES UN DERECHO DE NUESTRO ALUMNADO, COEDUCAR ES UN DEBER DE LA ESCUELA. NO A LAS AGRESIONES REACCIONARIAS. FRENTE AL ATAQUE, LA COEDUCACIÓN  
  Dende SUATEA, consideramos imprescindible dotar al profesoráu que cumple les lleis relatives a la educación pa la igualdá, de recursos y estratexes pa la so defensa en casu d’agresión o denuncia. Por ello, publicamos esti compendiu de llexislación, normativa y documentación internacional, estatal y autonómica, pa que la Escuela Pública faiga valir los sos derechos d’igualdá, el so deber d’educar hacia una sociedá igualitaria que prevenga les violencies machistes, la so esencia d’escuela equitativa y equilibradora de desigualdaes y el so calter d’universal ya integradora de toles realidaes.   SUATEA siempres va tar presente na defensa de la coeducación. Por ello, facemos una llamada a la unión del profesoráu pa llograr una sociedá meyor y pa que faigamos frente a estos ataques. Vamos facer lo posible pa que nenguna profesora o profesor tenga mieu a coeducar, porque amás de tar cumpliendo la llei y tien el sofitu, l’ayuda y la protección d’esta comunidá educativa. Pa consiguir esto, lo primero qu’hai que facer ye conocer los nuesos derechos y los nuesos deberes, tener conocencia del fundamentu llegal y normativu que mos sofita, mos protexe y mos defiende de les agresiones reaccionaries que quieren minar la democracia, la igualdá, la equidá, la diversidá y el tresformamientu social.   COEDUCAR YE AVANZAR EN DERECHOS HUMANOS, COEDUCAR YE UN DERECHU DEL NUESU ALUMNÁU, COEDUCAR YE UN DEBER DE LA ESCUELA.   NON A LES AGRESIONES REACCIONARIES. FRENTE AL ATAQUE, LA COEDUCACIÓN.  

LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

  • DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU)

Art 1:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

  • CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Art 21:

Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Art 9.2:

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Art. 10:

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Art. 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

Art.  27:

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

  • UNESCO 2011:

Documento: «La UNESCO y la educación»:

El compromiso de la UNESCO con el derecho a la educación está consagrado en tres documentos normativos fundamentales. Suscrita en 1948, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su Artículo 26 que: “Toda persona tiene derecho a la educación”. En 1960, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, declaró que incumbe a la Organización “no sólo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera”. Esta Convención fue y sigue siendo el primer instrumento vinculante del derecho internacional que desarrolla el concepto del derecho a la educación en todas sus dimensiones.

Los seis objetivos de la Educación para Todos Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la vida activa para jóvenes y adultos Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación

Las cinco instituciones multilaterales que auspiciaron la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos siguen siendo los principales copartícipes de la iniciativa: la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial.

Educación para una ciudadanía mundial La Educación para una ciudadanía mundial abarca los conceptos de paz, tolerancia y comprensión mutuas, la educación en derechos humanos y los temas educativos conexos. Es una modalidad de educación que da un marco para prevenir la violencia en las escuelas y promover la comprensión intercultural, el diálogo interreligioso, el respeto de la diversidad y la empatía.

 
  • LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAPÍTULO I En el ámbito educativo

Art 4. Principios y valores del sistema educativo.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.

 3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

 
  • LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 

Art 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Art 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.

 1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones:

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

 f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

 
  • LEY 2/2010 DE 3 DE MARZO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

CAPÍTULO III  Medidas en el ámbito educativo

Art 9. Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo. El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral que contribuya a:

La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales.

El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.

El desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes.

La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del VIH.

La prevención de embarazos no deseados, en el marco de una sexualidad responsable.

En la incorporación de la formación en salud y salud sexual y reproductiva al sistema educativo, se tendrán en cuenta la realidad y las necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las personas con discapacidad proporcionando, en todo caso, a este alumnado información y materiales accesibles, adecuados a su edad.

Art 10. Actividades formativas. Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando información adecuada a los padres y las madres.

 
  • LA LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

PREÁMBULO: Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio.

Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

Art 1:

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género

El apartado 3 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera: «3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art  124.2

Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.

Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública.

Art 127. Competencias del Consejo Escolar.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.

Art 132. Competencias del director

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

  • LEY 2/2011, DE 11 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ASTURIAS

Art 14. La igualdad entre mujeres y hombres en la educación

El Principado de Asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a través de una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.

Art 15. La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la educación.

El modelo educativo asturiano, a fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, perseguirá los siguientes fines:

a) Eliminar y rechazar los comportamientos y contenidos sexistas y roles, estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre mujeres y hombres.

b) Fomentar en el alumnado la autonomía personal y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y domésticas.

c) Incorporar el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la diversidad y a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

d) Prevenir la violencia de género.

e) Promover una educación afectiva y sexual basada en la igualdad entre mujeres y hombres, la responsabilidad compartida y el respeto hacia las distintas orientaciones sexuales e identidades de género.

f) Incluir como principios de calidad del modelo educativo asturiano la supresión de los obstáculos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el fomento de esa igualdad plena.

g) Incorporar en los currículos y en todas las etapas educativas el principio de igualdad entre mujeres y hombres, haciendo visible y reconociendo la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

h) Proporcionar una orientación académica y profesional no sexista que contribuya a que el alumnado pueda elegir sin sesgos de género entre las distintas opciones académicas.

i) Promover la cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

j) Potenciar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección y en los equipos directivos de los centros educativos.

Art 16. Materiales didácticos.

La Administración educativa asturiana y, en particular, los centros docentes emplearán materiales didácticos que integren los fines recogidos en el artículo anterior.

Art 17. Formación del profesorado.

La Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas necesarias para integrar la perspectiva de género en la formación inicial y continua del profesorado, tanto de modo transversal en los distintos contenidos como de manera específica.

Articulo 18. Formación de los miembros de los consejos escolares.

Las Consejerías competentes en materia de educación y de igualdad promoverán la coordinación y la formación en materia de igualdad y prevención de la violencia de género de las personas designadas por los consejos escolares de los centros docentes públicos para el impulso de las medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

  • DECRETO 113/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, emocional, afectivo, social e intelectual de las niñas y los niños en estrecha cooperación con las familias. En esta etapa, el alumnado pasa de la dependencia de las personas adultas a la progresiva autonomía en la vida cotidiana, y de la individualidad a la relación con las demás personas a través de diversos aprendizajes. En la educación infantil se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes favorecedores de la adquisición de competencias para un desarrollo equilibrado, sólido e integral de la infancia, alejado de estereotipos sexistas y fundamentado en la igualdad de derechos y oportunidades.

  • DECRETO 82/2014, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN Y ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el Principado de Asturias desarrolla la Educación Primaria adaptando estas enseñanzas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles de calidad educativa para todos los alumnos y las alumnas.

  • DECRETO 43/2015, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el Principado de Asturias desarrolla la Educación Secundaria Obligatoria adaptando estas enseñanzas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles de calidad educativa para todo el alumnado.

En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos y las alumnas en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la y/o actividades que se planifiquen desde dicho Pacto.convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud, la educación ambiental y la educación vial.

  • DECRETO 42/2015, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, destacando la importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de los niveles de calidad educativa para todos los alumnos y las alumnas.

En idéntico sentido, se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos y de las alumnas en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la salud, la educación ambiental y la educación vial.

 
  • DECRETO 49/2016, DE 10 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE QUINCE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Por otro lado, se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Además la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 24, y la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en su artículo 15, establecen la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

  • CIRCULAR POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020 PARA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Se plantean los siguientes objetivos de la educación asturiana que han de servir de obligada referencia para la propia administración educativa y para el trabajo en los centros:

– Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.

– Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.

3.4.3. Prevención de la violencia de género

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recoge un conjunto de propuestas de actuación para los próximos años entre las que se incluye, específicamente, la educación como un campo ineludible para trabajar la igualdad contra la violencia de género, como factor clave en la necesaria transformación social. La Consejería de Educación participará en las acciones

LA EDUCACIÓN RESPECTO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y AL ALUMNADO LGBTI

Ya en el apartado de igualdad entre hombres y mujeres muchos de los documentos, leyes y normativas citadas se refieren al respeto a la diversidad sexual y a una educación que vele por la no discriminación de las personas. Más en concreto, respecto a las personas lgbti podemos añadir:

  • PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA: 

Principio 6: El derecho a la privacidad: Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho la privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Incluyendo el derecho a optar por revelar o no la propia orientación sexual o identidad de género, así como también las decisiones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas con otras personas.

Principio 16: El derecho a la educación: Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas.

  • LEY 2/2010 DE 3 DE MARZO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

 CAPÍTULO III  Medidas en el ámbito educativo

El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.

El desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes.

La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del VIH.

  • LEY 27/2005, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE LA PAZ.

 • Art 4. El Gobierno deberá:

1. Promover las acciones y actuaciones necesarias para desarrollar los contenidos de las Convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, discriminación contra la mujer y discriminación derivada de la orientación sexual.

  • LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN (LOMCE), 

Art 78. Normas de organización, funcionamiento y convivencia aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociadas como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.

En algunas Comunidades Autónomas ya se han desarrollado leyes de protección para las personas LGBTI.

 

Acuerdos de Paz en Colombia: ni cumplimiento, ni paz

10/04/2019

Jesús de la Roza (Corresponsable de Internacional de SUATEA-Confederación Intersindical). Miembro de la XV visita asturiana de verificación de los Derechos Humanos en Colombia

Tuve ocasión de visitar Colombia hace dos años formando parte de la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos[1]. Hacía apenas cuatro meses que se habían firmado los Acuerdos de Paz (noviembre de 2016) entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ya entonces pudimos comprobar la lentitud y dificultad con la que arrancaba el cumplimiento de dichos acuerdos, los primeros indicios de corrupción en el manejo de fondos relacionados con los mismos, la ocupación por parte de paramilitares de zonas previamente controladas por las FARC, las dificultades del campesinado para hacer efectivo su derecho a la recuperación de tierras de las que habían sido despojados, la persistencia de los desplazamientos forzados de personas, el riesgo que corrían y las amenazas que pesaban sobre líderes y lideresas sociales –especialmente en lo tocante a la restitución de tierras-, las dificultades para ejercer el sindicalismo,… Pero, con todo, había una gran esperanza de que los acuerdos recién firmados, pese a la enorme y poderosa oposición de importantes sectores de la oligarquía colombiana comandada por el ex-narcopresidente  Álvaro Uribe Vélez, podrían, por fin, traer la paz a Colombia tras más de 50 años de conflicto armado, decenas de miles de muertos y, todavía a día de hoy, siete millones de personas desplazadas (en una población que no llega a los 50 millones). Tal vez el mejor ejemplo de esa esperanza eran los denominados “niños de la paz”, los hijos e hijas  recién nacidos de ex-guerrilleros.

El entonces presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque (una marioneta de Uribe) han tenido éxito en hacer creer al mundo que en Colombia se está en una etapa que llaman de “post-conflicto” y que la situación es prácticamente de paz, gracias a los acuerdos, obviando que siguen operativas tres guerrillas en el país (el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, el Ejército Popular de Liberación –EPL- más las disidencias de las FARC) y que los acuerdos no se están cumpliendo. La realidad es que, pese al vergonzoso silencio de los medios de comunicación, el número de líderes y lideresas asesinados en Colombia ha aumentado, especialmente desde la elección de Duque como presidente el pasado mes de agosto. Según la Defensoría del Pueblo, con quien nos reunimos el 1 de marzo, entre 2016 y 2018 habían sido asesinados 461 líderes y lideresas sociales; 29 en los dos primeros meses de 2019. Además, también habían sido asesinados más de 90 ex-combatientes de las FARC.

Una mujer sostiene una bandera las FARC durante una manifestación en apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá. REUTERS
Una mujer sostiene una bandera las FARC durante una manifestación en apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá. REUTERS

Dos años después, volví a Colombia formando parte de la XV Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos. El objetivo de esta Delegación era comprobar la situación derivada del conflicto en torno a la posesión y titularidad de tierras, así como de comprobar si se estaban cumpliendo los acuerdos, en particular el relativo al  “capítulo étnico” y a la sustitución de los denominados cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola). Así, durante una semana realizamos un intenso trabajo de campo visitando comunidades, fundamentalmente indígenas, negras (afrocolombianas) y campesinas, en dos departamentos del suroeste de Colombia (Nariño y Cauca), y dos del norte (sur de Córdoba y Sucre).

En tierras del pueblo “Awá”

Lo primero que me llamó la atención en el momento de aterrizar en Tumaco –una ciudad con un alto porcentaje de población negra-, departamento de Nariño, fue el enorme barrio de chabolas que se extendía a ambos lados del aeropuerto, así como la presencia de dos helicópteros de combate “black hawk” en la pista compartida de uso civil y militar; anticipo de dos de los elementos presentes en toda la región: la pobreza a la que está sometida una gran parte de la población y la alta militarización del territorio. Tuvimos ocasión de comprobar ambas cosas, incluida la presencia de militares frente a centros escolares, en flagrante violación del derecho internacional humanitario.

Tras varias horas de carretera nos fuimos adentrando en la selva, cerca de la frontera con Ecuador, hacia tierras donde habitan varias comunidades del pueblo indígena Awá, (uno de los más de 80 pueblos indígenas de Colombia) con algunos de cuyos líderes (gobernadores y guardia indígena) mantuvimos dos reuniones, una en un centro social inacabado, cuyos soportales son utilizados como escuela, en el resguardo Tortugaña-Telembí y otra en El Diviso (Barbacoas).

El pueblo Awá, como tantos otros, ha sido víctima de desplazamientos forzados desde hace años. En nuestro encuentro van desgranando un rosario de penalidades que están grabadas a fuego en su memoria. Los datos, si bien fríos, son terriblemente contundentes: 109 nueve líderes indígenas han sido asesinados desde los acuerdos (a fecha 20 de febrero), 53 desde las elecciones presidenciales de agosto de 2018; solo del pueblo Awá han sido asesinados más de 400 líderes desde 1990. Muy presentes en su memoria están las 9 masacres de las que han sido objeto. Rescato dos por su relevancia. Una porque fue perpetrada por las FARC en 2009 en la que fueron asesinados 11 indígenas (incluidas dos mujeres embarazadas), crimen por el que las FARC han pedido perdón; la otra por su cercanía en el tiempo y por la relevancia de la misma: en un resguardo llamado el Palmar, Ricaurte, fueron asesinados delante de la comunidad la persona que acababa de ser elegida gobernador del resguardo y su padre. El hijo y nieto, muy joven, apenas puede contener las lágrimas cuando nos narra los hechos asumiendo que ahora le toca a él, que ejerce de guarda indígena, continuar el trabajo de sus mayores a riesgo de su vida. Para el ejército se trató de una mera pelea familiar, una de las típicas excusas para no investigar y por lo que la mayoría de estos asesinatos quedan impunes.

Esta zona, antes bajo el control de las FARC, es una zona donde se cultiva coca y constituye un importante corredor para el narcotráfico, por su proximidad con la frontera con Ecuador, la existencia de ríos navegables y con puertos próximos en el Pacífico. Los Awá mostraron su disposición a proceder a la sustitución de cultivos, pero no han podido hacerlo por falta de ayudas y de garantías. Temen que el gobierno decida fumigar con glifosato, que no distingue entre coca y otros cultivos como la yuca o el plátano.

Ya no están las FARC, pero han ido llegando otros actores armados: el ELN, distintas disidencias de las FARC[2]  y diferentes grupos paramilitares. Ello, unido a la presencia del ejército y la policía, con quienes a veces actúan en connivencia, hace que hayan aumentado las amenazas y la inseguridad hasta el punto de que en algunos resguardos no se puede salir sólo o adentrarse en determinados lugares. Hay resguardos a los que se les ha impuesto el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, se controla el movimiento de sus habitantes, incluso restringen o prohíben el uso del teléfono móvil, hay zonas que han sido nuevamente minadas,… También quieren que hagan de informantes, poniéndoles en peligro frente a uno u otro actor armado. Lo sorprendente es que, según nos cuentan, el 80 % del territorio está militarizado, pese a lo cual, no cesan las amenazas ni los asesinatos.

A todo ello hay que sumar los atentados al medio ambiente derivados de la minería y de los continuos ataques del ELN al oleoducto transandino que causa graves problemas de contaminación en los ríos.

No obstante, pese al miedo y pese al incumplimiento por parte del gobierno de más de 300 acuerdos que los Awá han ido arrancando a lo largo de los años, su lucha en defensa del territorio continuará porque, como nos decía uno de sus líderes, “un awá sin territorio no es nadie”.

Con las comunidades negras de Tumaco

Al igual que la dirigencia social en las zonas rurales es objeto de atentados, otro tanto ocurre en la ciudad de Tumaco donde hablamos con líderes y lideresas negras amenazadas (se ha puesto precio a su vida por poco más de 1.000 €) .Muchos ya no denuncian o lo hacen en otras ciudades por miedo, especialmente desde que una fiscala de la audiencia nacional (de la que facilitaron nombre  y apellidos) declarara que “los líderes no deberían existir, son lo peor de la sociedad”. Esta desprotección judicial es una de las mayores quejas, al punto de que a “ningún reclamante de tierras en Tumaco se las han restituido. Además, muchas personas no reclaman por miedo”. A ello hay que sumar la desconfianza en la policía y fuerzas armadas a los que acusan de connivencia con muchos grupos armados. Este clima de violencia es el que ha llevado a considerar las condiciones de vida de la población como de crisis humanitaria.

Tumaco, una ciudad en la que hace 20 años apenas existía la coca, es considerada hoy en Colombia como ciudad de mafiosos, droga y narcotráfico. “La droga mueve el 70% de la economía de la zona”, lo que hace que en Tumaco operen al menos 10 grupos armados que luchan por su control. Tampoco funciona la sustitución de cultivos por falta de apoyos reales que permitan subsistir durante el período de transición. Se probó a cultivar cacao, pero los costes de producción superaban los de ventas; también se probó con pimientos, pero pudrían en una tierra que no era adecuada para ello. Las propuestas que elevan a la administración sobre erradicación y sustitución son rechazadas por lo que, a mucha gente, no le queda otra que volver a los cultivos ilícitos para poder subsistir, sea de manera voluntaria, u obligada por los paramilitares.

Las escasas ayudas, se quejan, tampoco son pactadas con la comunidad. A menudo se reducen a cursos de capacitación (“estamos hartos de cursos, estamos más que capacitados”), de peluquería si son para mujeres, que sólo sirven para aumentar las cuentas de beneficios de las empresas encargadas de impartirlos.

Ejemplo del abandono y la pobreza es el hecho de que solamente hay luz eléctrica en el 15 % de las 365 aldeas que pertenecen el municipio, o que un mes después del inicio oficial del curso escolar no se hayan iniciado aun las clases en 16 escuelas. Esto les preocupa especialmente ya que otro de los grandes problemas es el reclutamiento de niños y niñas por parte de los diferentes actores armados, máxime teniendo en cuenta la práctica inexistencia de empleo formal y legal. En el caso de las niñas, la prostitución puede ser vista como la única salida a la pobreza, o son directamente forzadas a ella.

En este clima de temor en el que “el delito más grande es decir la verdad y oponerse a la privatización de lo público” hay cierta añoranza de los tiempos en que las FARC eran el poder real en la zona. Al menos “sabíamos quién era el enemigo, ahora no”. Un líder lo resumía de la siguiente manera: “Con las FARC dormíamos con un ojo abierto, desde que llegaron los militares tenemos que dormir con los dos ojos abiertos”.

Con el pueblo indígena Nasa y las comunidades negras del Norte del Cauca

De Nariño nos dirigimos al Cauca, también en el suroeste, donde nos reunimos en Santander de Quilichao con líderes del pueblo indígena Nasa que nos describieron una situación no muy diferente de la existente en Nariño. El vacío dejado por las FARC está siendo cubierto progresivamente por el EPL, el ELN, grupos paramilitares, disidencias de las FARC, narcotraficantes y una presencia creciente del ejército. Los siete actores armados activos en el Norte del Cauca, con enfrentamientos entre ellos en su lucha por el control territorial, han hecho que la situación a partir de 2018 recuerde lo ocurrido años atrás. Se han producido desplazamientos de población, se reclutan jóvenes, se producen restricciones a la movilidad, se ha puesto precio a la cabeza de líderes y lideresas (todos los líderes Nasa han sido amenazados). Denuncian 46 homicidios en territorio indígena, de los cuales 26 son comuneros.

Problemas similares denuncian las comunidades negras agrupadas en la muy potente organización ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca). La situación estratégica de la zona (en las vías panamericana y bolivariana), su riqueza hídrica, la fertilidad del suelo y la abundancia de minerales, hacen que éste sea un territorio en disputa entre las comunidades (indígenas, negras y campesinas) y los intereses de las multinacionales extractivas, los terratenientes locales y el narcotráfico.

La situación ha empeorado gravemente desde 2016 (año de la firma de los acuerdos) con la llegada de varios grupos paramilitares a la zona con lo que comenzaron las amenazas a la dirigencia comunitaria poniendo precio a sus cabezas. A partir de 2017 llega el ELN al territorio donde también hay presencia de las disidencias de las FARC (“al menos 7 grupos de no más de 30 personas cada uno”). Con ello, junto con las amenazas, llegaron las restricciones a la movilidad, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad. No se atreven a denunciar las amenazas  porque no se fían de la fiscalía (“toman copas con los agresores”). Preocupa mucho el reclutamiento de jóvenes porque “en el conflicto hemos perdido dos generaciones, tenemos miedo perder una tercera”.

Denuncian que varias empresas atacan directamente los derechos territoriales, como la empresa de huevos Kikes que atenta contra las autoridades por denunciar la grave contaminación que produce. También Cervalle, acusada de malcriar cerdos causando graves problemas de contaminación en las proximidades, y que ha establecido en su interior un batallón militar supuestamente para proteger, además de tener seguridad privada que hace patrullajes ilegales. La presencia de tanto varón también supone un peligro para las mujeres y niñas de la zona.

Por último, además de denunciar más de 350 acuerdos incumplidos por el gobierno, denuncian el intento de enfrentar a indígenas con afro-colombianos en la disputa por la tierra por lo que se ha creado un consejo interétnico al objeto de solucionar los problemas que se están generando.

Finca “La Emperatriz”: lucha por la tierra y represión

Antes de irnos de la zona, tuvimos conocimiento de un nuevo intento de desalojo de la finca La Emperatriz por parte del temido ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La finca de La Emperatriz es un ejemplo de lucha del pueblo Nasa por la posesión, uso y disfrute de una tierra que es suya por derecho. No obstante, la finca la pretende una terrateniente vecino que cuenta con policía antidisturbios en su terreno. Dos días antes de nuestra llegada, la ESMAD entro en la finca a sangre y fuego dejando dos personas heridas de bala. Pudimos comprobar el resultado: campos de cultivo arrasados, modestas construcciones de madera derribadas y abundantes botes de humo disparados por la policía (“cargados con metralla”, nos dicen). Pese al ataque y al miedo, la finca sigue en manos campesinas y, durante nuestra visita, ya habían comenzado las labores de reconstrucción.

 Por tierras del Norte (Córdoba y Sucre)

Pasamos de las grandes tormentas e inundaciones (con graves consecuencias para la economía e infraestructuras) de Popayán y Quilichao (Cauca), en el Pacífico, con suspensión de vuelo incluido, a la sequía del departamento de Córdoba, en la Costa Atlántica. Nos dirigimos a Puerto Libertador, Montería, en un largo viaje de cuatro horas y, por primera vez en los 15 años que se llevan realizando estas visitas de verificación, escoltados por la policía, a sugerencia de las propias comunidades que íbamos a visitar.  Nos reunimos con el sindicato agrario y sus muy jóvenes dirigentes, autoridades indígenas zenú, y las Juntas de Acción Comunal, y con presencia del ejército que se mantenía a una prudente distancia.

La zona, que nuestros interlocutores definen como “zona de resistencia campesina” vive bajo el fuego e intereses cruzados de muchos actores. Una vez que se fueron las FARC, ocurrió los mismo que vimos en otras partes: llegó el ELN, los paramilitares (“aquí domina el Clan del Golfo”), disidencias de las FARC (el autodenominado Nuevo Frente  18), la policía y el ejército (acusado de asesinar a un campesino el día de Nochebuena). Como consecuencia de los enfrentamientos entre unos y otros se han producido desplazamientos de población (que se dirigen a las núcleos de población más grandes) así como bloqueo económico, alimentario (“controlan la cantidad de comida que puede subir cada familia”) y comunicativo: se restringe y controla el uso del móvil y les han cerrado una página web; las disidencias establecen censos de población, se ha reminado el territorio, se promueven los reclutamientos forzados de jóvenes para el narcotráfico o la prostitución,… Un mes después del comienzo oficial del curso, aun no han empezado las clases en ninguna de las 13 veredas (aldeas) de la zona. Se encargará de la educación una empresa-ONG denominada “Jehová Edifica”, en una clara muestra de privatización e ideologización religiosa de un servicio público fundamental.

Pese al miedo, que hace que mucha gente no quiera ser líder o lideresa  de acción comunal, utilizan la denuncia pública como mecanismo de defensa. El miedo no es gratuito, además de las numerosas amenazas han sido asesinados en el departamento 28 líderes desde 2016, 20 de ellos en esta zona del sur de Córdoba. De esos 20, 6 en este pequeño corregimiento de Puerto Libertador, lo que supone el mayor porcentaje de crímenes de líderes sociales y defensores de todo el país.

Aseguran que apostaron por el proceso de paz y la erradicación de cultivos ilícitos, llegando a arrancar el 95% de la coca en el territorio, pero ante la negativa del gobierno a convertir la zona en “reserva campesina” y ante la presión de tantos actores armados que obligan a muchos campesinos a plantar coca se muestran resignados: “tendremos que plantar coca porque no tenemos otro modo de subsistencia. Es la base de la economía del sur de Córdoba”.

Como grave incumplimiento señalan que nunca todavía hayan preguntado a los pobladores de la zona para la elaboración en curso del trabajo de la Comisión de la Verdad, por lo que el relato de la guerra no tendrá los aportes de esta zona que ha sufrido intensa actividad guerrera, que todavía padece, al ser un nudo y corredor estratégico entre varias regiones.

Con preocupación señalan que la Red de Cooperantes de Uribe, establecida para que hubiera cientos de miles de informantes, ahora se reproduce de nuevo en un programa llamado Mil Cooperantes ofreciendo dinero a activistas de las Juntas de Acción Comunal y poniendo en peligro su integridad al involucrarlos en la guerra.

Con decisión y énfasis aseguran que estos territorios continuarán resistiendo y preparan movilizaciones frente a las traiciones e incumplimientos del gobierno de Iván Duque.

Finca “La Alemania”: ejemplo de lucha campesina

De Montería viajamos al vecino departamento de Sucre. Nos dirigimos a la finca “La Alemania” que  tiene una larga historia de disputa territorial, de asesinatos (diez en doce años), desplazamientos forzados por los grupos paramilitares, de resistencia y lucha por la tierra. Pese a la inseguridad y al miedo (hablamos en voz baja para que no nos oyeran las fuerzas policiales visiblemente presentes en las cercanías) se mantienen en la finca tras doce años de lucha. Se trata, nos decía un campesino de “insistir, resistir, persistir”, y ello pese a no tener agua, ni luz, ni escuela, ni centro de salud,  “ni siquiera tecnología para trabajar la tierra”.

Denuncian  que los paramilitares, que nunca se han ido de la zona, se sienten más fuertes con el nuevo gobierno, que quieren establecer su base en la finca por lo que, poco a poco, tratan de ir echando a la gente de sus casa para ir ocupándolas ellos, a la par que amenazan a toda la dirigencia social. Antes de irnos, volvemos a escuchar esa petición (que empieza a adquirir tintes desgarradores: “no  nos abandonéis”) de acompañamiento y ayuda internacional, de presencia de observadores de manera permanente porque eso les da mayores garantías de supervivencia.

Además de los problemas específicos de la finca, denuncian lo que ocurre en San Onofre (municipio al que pertenece “La Alemania”), donde se da la conjunción perfecta de intereses comunes de la administración pública, los paramilitares (los auténticos amos), el ejército y la policía. La connivencia llega a tal punto que ya no se atreven a denunciar puesto que son los paramilitares los primeros en conocer las denuncias e interesarse por ellas. Conviene recordar la crueldad e intensidad de la represión paramilitar en San Onofre, donde ya se han realizado 84 exhumaciones de fosas y donde el terror tuvo un centro neurálgico por muchos años, historia que se vuelve a repetir en el presente, como en Guaranda y Puerto Pajón donde los campesinos deben pedir permiso a los ilegales para pasar o salir. Denuncian igualmente el uso que se hace de menores para el narcotráfico –a riesgo de perder la vida si se oponen-, así como una “terrible violencia sexual” que deja, además, a muchas niñas embarazadas.

A modo de conclusión

Dos años y medio después de la firma de los acuerdos de paz la situación de los derechos humanos ha empeorado en Colombia. El incremento de asesinatos de miembros de la dirigencia social así lo atestigua.

Los territorios abandonados por las FARC han sido ocupados por paramilitares, disidencias y, en parte, por el ELN. La relativa calma que se produjo con la firma de los acuerdos ha desaparecido. Se está volviendo a los momentos más duros de la pasada década: desplazamientos de población, usurpación de tierras, reclutamiento de menores, acoso sexual a niñas, exilios forzados y asesinatos.

El que haya territorios en los que el estado no garantiza la vida de sus habitantes podría considerarse como el resultado de un estado parcialmente fallido o, lo que es peor y posiblemente más cierto: se mantiene la connivencia de sectores del estado con los intereses del gran capital (extractivo, agro-industrial, energético, ganadero) a costa de los pobladores de esos territorios. Los paramilitares serían los encargados de realizar el trabajo sucio que “despeje” dichos territorios.

El desinterés del nuevo gobierno en cumplir los acuerdos dificulta enormemente el avance en el proceso de paz pretendido con la firma de los mismos. De hecho, está dando pasos muy preocupantes al tratar de modificar o hacer inefectivos algunos de los elementos más importantes de los acuerdos, como la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tampoco parece tener interés en reanudar las conversaciones con el ELN, por lo que el conflicto armado entre guerrilla y Estado se mantiene vivo, pese a la desmovilización de las FARC.

Las ayudas internacionales están sirviendo para que muchos intermediarios llenen sus bolsillos, pero no sirven a los intereses de la comunidad; uno, porque una buena parte de los mismos se pierde por el camino; otro, porque su utilización no ha sido negociada con las comunidades  receptoras de los mismos.

La esperanza que había en los acuerdos está desapareciendo, como ha desaparecido la confianza en prácticamente todas las instituciones del Estado, en particular la Fiscalía.

Es una opinión compartida por los miembros de esta XV Comisión que sólo la movilización interna (como la que, en el momento de escribir estas líneas,  se está dando desde hace días con los bloqueos de la Vía Panamericana), junto con la presión internacional (que las comunidades que visitamos reclaman con insistencia) pueden salvar el proceso de paz, hoy seriamente comprometido.


NOTAS
[1] Ver https://www.atlanticaxxii.com/colombia-la-guerrilla-las-farc-i/ y https://www.atlanticaxxii.com/colombia-vida-muerte-la-lucha-la-tierra-ii/ 
[2] El partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) heredero de la guerrilla FARC, con quien nos reunimos en Bogotá al final de nuestro recorrido, no reconoce la existencia de disidencias, que supondría una visión política diferente a la suya, sino que habla de “desertores”.

Visita de la XIII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia

INFORME PARA EL SECRETARIADO DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL

Visita de la XIII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, realizada entre el 20 de febrero y 5 de marzo de 2017

Jesús de la Roza (Secretariado de SUATEA)  Marzo 2017

 

Sin nombreUna de las numerosas pintadas a favor de la paz en una calle de Bogotá 



 

Índice

  1. Artículos publicados en “Público”.
  2. XIII DELEGACIÓN ASTURIANA – DDHH – COLOMBIA: Informe preliminar.
  3. Actividades realizadas durante la visita.
  4. Integrantes de la Delegación.
  5. Objetivos.
  6. Introducción.
    1. El proceso de paz, desde los campamentos de las FARC Colombia, la paz atascada en el barro.
    2. Proceso de paz en Colombia Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz.
  7. Artículos publicados en “Atlántica XXII”.
    1. Colombia: con la guerrilla de las FARC (I).
    2. Esperanza y muerte en Colombia.


1.  Introducción

Tal y como se aprobó en el Secretariado de la CI de fecha 12 de enero de 2017 , entre los días 20 de febrero y 5 de marzo de 2017, en representación de la Confederación, formé parte de la XIII Delegación Asturiana de DD.HH en Colombia. Lo que sigue es un informe sobre los objetivos, participantes, actividades realizadas, informe preliminar de la visita, artículos de prensa derivados de la visita y memoria económica.


2.  Objetivos

  • Establecer el estado de los Derechos Humanos en Colombia, y en particular en las regiones definidas por el Comité de Selección del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia: Cauca, Tolima, Sucre, Córdoba, Magdalena Medio, Bolívar, Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Bogotá y Cundinamarca, mediante entrevistas con autoridades nacionales y locales, así como con responsables de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos con presencia en el país, y mediante Audiencias públicas con comunidades locales, organizaciones sociales del orden nacional y local, de Derechos Humanos y de víctimas.
  • Expresar apoyo al proceso de terminación del conflicto armado con las FARC  e impulsar el cumplimiento de los Acuerdos suscritos, visitando algunas zonas veredales de encuentro (lugares de concentración de las FARC, previo al desarme e integración en la vida civil).
  • Apoyar el inicio del proceso de diálogo para la terminación del conflicto armado con el ELN y
  • Estimular la apertura de conversaciones con el EPL.
  • Difundir en Europa los hallazgos de la Delegación Asturiana y profundizar las actividades de Diplomacia Política-Parlamentaria y de Diplomacia Ciudadana por la Paz y los Derechos Humanos para Colombia en la Unión Europea y en sus Estados miembros.
  • Publicar en papel y en medio magnético el 13 Informe Asturiano de Verificación del estado de los Derechos humanos en Colombia, que se presenta ante la sociedad a través de los medios de comunicación y de reuniones y charlas públicas en Europa, y que se difunde a través de las redes sociales y en entrevistas con gobiernos y Parlamentos de Asturias y en otras comunidades autonómicas de España, así como ante el Parlamento Europeo y ante los sistemas de DDHH y DIH de la ONU y de la OEA.

 

3.  Integrantes de la Delegación

  1. Tania González Peña. Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
  2. Javier Couso Permuy. Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
  3. Mario José Suárez del Fueyo. Concejal del Ayuntamiento de Gijón/Asturias. Secretario General de Xixón Si Puede.
  4. Celestina Intriago Fernández. Presidenta de la Coordinadora de Ongs. De Asturias.
  5. Carmen Alonso Villaseñor. Vicepresidenta de Ingeniería Sin Fronteras Asturias
  6. Jesús de la Roza Braga. Representante de la Confederación Intersindical/España.
  7. Ana María Andrés Ablanedo. Coordinadora de la Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
  8. Daniel Busto Gutiérrez. Delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.
  9. Francisco Javier Arjona Muñoz. Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
  10. Carlos María Meana Suárez. Abogado laboralista.
  11. Javier Alfonso Orozco peñaranda. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.
  12. Javier Vargas. Periodista del diario “Público”

Miembros de la delegación con mandos de las FARC (“La Elvira”, Buenos Aires, Cauca)

4.  Actividades realizadas durante la visita

Durante los primeros diez días realizamos un intenso, exigente y agotador trabajo de campo que nos llevó por los departamentos señalados más arriba. Para ello, hubimos de tomar seis vuelos diferentes y realizar miles de kilómetros en furgonetas, todoterrenos, lancha (por el río Magdalena), etc. Tuvimos dos encuentros con guerrilleros de las FARC en dos de las 26 “zonas veredales de transición” (campamentos de estancia provisional) en las que están ubicados), visitamos a presos políticos en la cárcel de Picaleña (Ibagué, Tolima), y tuvimos numerosos encuentros (audiencias) con comunidades campesinas, negras, asociaciones de víctimas y desaparecidos, sindicatos, líderes sociales, miembros de la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, etc.

Durante los tres últimos días, realizamos visitas institucionales en Bogotá: Embajada española, Comité Tripartido de Verificación (formado por representantes del Gobierno, de las FARC y de la ONU), Unidad de Protección de Víctimas, miembros del comité tripartito de las FARC, Viceministro de Defensa… y realizamos una rueda de prensa en la que presentamos un informe provisional sobre las conclusiones extraídas durante la visita.

En el Anexo que figura al final de este informe, figura el plan de trabajo previsto y, felizmente, realizado con la salvedad citada y con cambios en los horarios de las visitas institucionales realizadas, a petición suya.

CCCampesinos en una asamblea con la Delegación

 

 

5.  XIII DELEGACIÓN ASTURIANA – DDHH – COLOMBIA: Informe preliminar[1]

Durante los últimos once días, la Delegación Asturiana ha recorrido las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, de Córdoba, de Sucre y Cartagena. Ha escuchado a las comunidades, organizaciones sociales y de víctimas; a campesinos y pescadores; a prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué y ha visitado las Zonas Veredales de Transición de guerrilleros-as de las FARC en La Elvira (Buenos Aires/Cauca) y La Fila (Icononzo-Tolima), recabando la versión de esta guerrilla sobre la implementación de los Acuerdos de Paz.

Tras sostener reuniones y contrastar informaciones con autoridades civiles y militares en Bogotá y con las misiones diplomáticas de la ONU, la Unión Europea y España, esta delegación expresa:

  1. Su satisfacción por el inicio de la fase pública de las conversaciones de paz entre gobierno y ELN. También por la constatación del cumplimiento del cese del fuego entre las FARC y la fuerza pública.
  2. No obstante, alerta de los atrasos y graves insuficiencias que ha constatado en su visita a las Zonas Veredales de la Fila y La Elvira, que se unen a los testimonios recibidos de la de Gallo (Tierralta/Córdoba) y Planadas (Tolima). Hay incumplimientos en materia de infraestructura (de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización), y en la Ley de Amnistía e Indultos para guerrilleras/os. Nos preocupan los obstáculos que están poniendo los jueces de ejecución de penas para cumplir con las excarcelaciones pactadas. Nos preocupa el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a la guerrilla y para evitar el acceso de la población estas zonas transitorias. De hecho, nuestra Delegación sufrió esta actitud del Gobierno al ser retenida durante tres horas cuando intentaba acceder a La Elvira por orden del Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo. Lo mismo les ocurrió a los estudiantes que conforman el Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Policía a regresar a Icononzo. Alarma a la Delegación las condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales visitadas, que afectan de manera especial a las personas de las FARC que están enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebés nacidos en los últimos meses. No se está dando participación a las regiones en el proceso de abastecimiento de la Zonas Veredales, y se ha denunciado la corrupción en la adjudicación de las obras a empresas no especializadas en construcción. La prioridad del gobierno parece ser sólo la entrega de armas. Estas circunstancias son un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado y generan escepticismo sobre la intención del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC.
  3. La Delegación también expresa temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que ahora dejan libres las FARC, a pesar de que el Ministro de Defensa niega su existencia. Esta Delegación ha recibido informaciones sobre su presencia en todos los territorios visitados. La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pública y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz. Las informaciones que recibió nuestra Delegación dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Aguilas Negras adelantan campañas de reclutamiento de menores; hay paramilitares en Puente Cauca que atracan y amenazan a menos de 200 metros de un puesto del ejército; las llamadas Autodefensas Gaitanistas están desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel (Putumayo); hay paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indìgenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejército no actúa; hay paramilitares en el Sur de Bolívar, en Buena Vista por ejemplo están haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan; también recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habrían penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, así como en los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el río Magdalena y en el entorno de las mineras del carbón. Hay denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Córdoba donde extorsionan a maestros de escuela y amenazan a la dirigencia social. Hay paramilitares alrededor de Punto de Concentración de las FARC en Gallo (Tierralta-Córdoba). Las organizaciones sociales denuncian que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejército amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento de Sucre. Es la misma situación que se repite en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, donde el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madrevieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operan con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el río San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitución por los campesinos, hay presencia paramilitar. También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, y en el Cacarica, lugar en el que el pasado 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Zona Humanitaria-Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejército está encargado de la protección perimetral.
  4. La paz en Colombia sigue siendo una aspiración, no es una realidad en muchas regiones. Durante el 2016 y los dos primeros meses del 2017 los asesinatos de militantes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, las amenazas, los desplazamientos forzados y otras vulneraciones de Derechos Humanos contra a líderes sociales persisten y se agudizan. La Delegación ha constatado que los crímenes contra la dirigencia social tienen el carácter de sistemáticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social, a desestimular mediante el terror la exigencia de restitución de las tierras usurpadas, a acelerar el proceso de apropiación de las tierras baldías en las ciénagas de los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú, a acallar a quienes se manifiestan contra los grandes proyectos minero-energéticos, a silenciar los reclamos de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indígenas y de las comunidades LGBTI.
  5. La orden del gobierno de erradicación forzada de los cultivos ilegales va en sentido contrario de lo acordado con las FARC y agudiza el conflicto social pues las comunidades exigen planes de estructurales de cambio para el campo.
  6. Preocupan los testimonios sobre el cierre de vías y el uso de paramilitares por algunas empresas de palma aceitera que extienden sus dominios con violencia sobre tierras de titularidad pública y comunal, entre ellas Indupalma.
  7. En Cajamarca/Tolima las comunidades expresaron su rechazo a los convenios confidenciales entre la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Ejército colombiano por valor de más de $20.000 millones. Se desconoce el contenido de los convenios y se denuncia que, de facto, supedita a la fuerza pública a los intereses de la empresa foránea en contra de los pobladores que expresan su oposición a la mina. El Gobierno confirma la existencia de éste y de otros convenios destinados, según dice, al aumento de la coordinación para asegurar sectores económicos estratégicos que generarían empleo y progreso.
  8. Nos inquieta el Plan Atrato-Gran Darien que alarma a las comunidades quienes ven venir una nueva fuente de peligro para sus vidas y de despojo territorial, que implicaría desplazamientos masivos y forzados de las comunidades campesinas, indígenas y afro-colombianas.
  9. Nos preocupan los reportes de amenazas a ambientalistas e integrantes de la USO por su oposición a la extracción vía fracking en San Martín.
  10. Se ha producido un gran deterioro de los derechos laborales, según denuncian los sindicatos de la CUT. Algo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la ENS), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al nuevo Código de Policía, al parecer pensadas para reprimir la legítima movilización ciudadana. Existe un alto grado de sub-contratación laboral para evadir obligaciones patronales, algo que repercute en salarios de hambre y en la negación patronal de las prestaciones sociales. Esto contrasta con las promesas gubernamentales en el seno de OIT de mejorar esas condiciones de la clase trabajadora. Buen ejemplo de lo anterior es un Informe del 2011, avalado por varias Embajadas, cuyas conclusiones indican la persistencia de la violencia antisindical, en un 99% impune.
  11. La Delegación Asturiana muestra su admiración y respeto a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrodescendientes, de mujeres, y de derechos humanos y de los sectores populares de Colombia, sometidas a una persecución sistemática, impune. Su esfuerzo y su valor son una base firme para la construcción de paz y justicia social.
  12. La Delegación Asturiana con base en las 13 visitas realizadas y en el acumulado de relaciones solidarias construidas desde el Programa Asturiano de Derechos Humanos de acogida temporal defensores/as perseguidas, se permite solicitar al gobierno colombiano que ofrezca garantías y proteja de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.
  13. Trasladamos a las agencias de la ONU, a la Delegación de la Unión Europea y a las agencias de cooperación la necesidad de priorizar durante el llamado posconflicto el apoyo a los planes de desarrollo social y económico de las comunidades, contando siempre con su participación directa y evitando que dichos recursos sean manejados por la misma casta que implementó la violencia y que comienza a robarse los recursos destinados a impulsar la paz.
  14. Instamos al gobierno colombiano a atender las demandas del movimiento sindical, las demandas de tierras del campesinado, a impulsar las Zonas de Reserva Campesina, a atender las demandas territoriales de las comunidades negras y los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, así como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
  15. Instamos al Ejecutivo a llenar el vacío de poder que dejan las FARC con obras sociales, escuelas, vías, puestos de salud, programas sociales, para hacer una presencia que no sea sólo de fuerza pública y para ser consecuente con lo acordado en La Habana.
  16. Instamos al gobierno a liberar en los términos acordados a los presos políticos y de guerra que ya deberían estar en las zonas veredales con sus compañeros/as desmovilizados/as.
  17. Unimos nuestras voces y esfuerzos a los de millones de personas que desean la paz y la justicia social para Colombia.


6. Artículos publicados en “Público”

1. El proceso de paz, desde los campamentos de las FARC Colombia, la paz atascada en el barro

Dos meses después de que los miembros de las FARC abandonaran la selva para empezar su transición a la vida civil y política, el Gobierno no está cumpliendo lo pactado. Cientos de guerrilleros viven en cabañas improvisadas sin agua corriente, expuestos al barro y la lluvia y desconfían de que las infraestructuras prometidas lleguen algún día. El retraso en la aplicación de los acuerdos de La Habana, denuncian, es generalizado.

 

Un guerrillero de las FARC camina entre el barro en la zona veredal de transición de La Fila, en la región de Tolima.- JAIRO VARGAS

 

11/03/2017 23:15

JAIRO VARGAS

Aunque es temprano y hace frío en la cordillera central colombiana, Güérima Maheche se afana en su higiene. Un pilón de agua turbia le sirve para afeitarse cabeza y barba y para cepillarse los dientes. Lleva haciéndolo así 22 años, desde que tenía 15. Toda una vida con el rifle a cuestas, aunque ahora puede colgarlo. Es uno de los 7.000 guerrilleros de las FARC que ha salido de la selva para concentrarse en una de las 26 zonas veredales donde los insurgentes esperan a ser considerados ciudadanos de pleno derecho.

Güérima deja la guerra sin ningún miedo y sin cansancio, “porque, cuando uno hace las cosas por amor, no se cansa. Hay que dejar las armas porque para eso hemos luchado tanto tiempo, para utilizar la palabra”, apunta. Su vida civil se la imagina similar a la actual, trabajando desde la política y junto a las comunidades abandonadas por el Estado para mejorar la calidad de vida de los suyos, explica. Le acompaña Héctor Estiven, su hijo de 12 años, al que hacía cuatro que no veía. En la vereda de La Fila, en la región de Tolima, centro del país, no hay bombardeos ni disparos ni explosiones de minas. Todo eso quedó atrás el 26 de septiembre del pasado año, cuando las FARC y el Gobierno colombiano pusieron fin a una guerra que ha durado 52 años, la más larga de América Latina. Héctor Estiven puede visitar a su padre sin temor, aunque le toque ducharse con agua fría en medio de la montaña. Parece contento, aunque se queje cada vez que Güérima le vierte una cacerola helada encima. Son las alegrías que trae la paz, pero todas las partes insisten en que ésta no se firma, se construye. Y en esas están, aunque el proceso es mucho más lento que el jurado del Premio Nobel, que ya ha otorgado el galardón al presidente Juan Manuel Santos.

Basta con subir un kilómetro desde la feliz escena del baño para comprobar que el Gobierno no está cumpliendo lo pactado. Allí no hay nada salvo un inmenso claro entre árboles que, cuando llueve, se convierte en una ciénaga; y la lluvia es frecuente en las montañas de Tolima. Gracias a ella pueden cocinar, lavar la ropa y los platos, porque aún no tienen agua corriente, ni duchas. Ni siquiera un retrete. Cada paso sin resbalar ya es una victoria, más aún si se carga con varios kilos de arroz o con tu propio hijo de pocos meses. No era lo que esperaban cuando hace dos meses avanzaban en columnas desde la jungla a los puntos de transición para no volver a pegar un tiro.

“Estamos empeñados en la paz, aunque ahora intenten desmoralizarnos. No nos vencieron, no hemos perdido la guerra, tuvieron que sentarse a negociar”, recuerda Carlos Alberto, al mando de la tropa desmovilizada en La Fila. El tono que emplea es algo más duro que el de algunos de sus colegas que dirigen las otras 25 zonas transitorias en las que los guerrilleros pasan su particular cuarentena de 180 días. A este paso, puede que sea más tiempo. Quizás hable así porque su vereda es una de las peor acondicionadas por parte del Gobierno. Quizás lo diga porque esa situación ─rodeados de barro y en chozas improvisadas expuestos a todo─ sí parece una derrota ante los ojos de cualquiera.

Allí, a una hora en coche desde Icononzo, la población más cercana, no hay nada más que barro y pequeñas chozas de plástico y bambú que han levantado los propios guerrilleros. La mayoría son para para dormir, algunas más amplias hacen las veces de peluquería, otra es una enfermería y otras sirven para apilar sus fusiles de asalto. Ahí viven como pueden alrededor de 350 personas que no paran de reparar lo que el clima va destruyendo. Tienen 38 enfermos, siete guerrilleras están embarazadas y hay una decena de bebés, enumera el comandante. El baby boom posterior a los acuerdos se ha hecho notar. La mayoría de los guerrilleros entraron a filas a edades tempranas, siendo niños y niñas que, en muchos casos, han encontrado en su compañero de armas a su compañero de vida. Hoy son jóvenes que, con la tranquilidad del cese al fuego, han decidido formar una familia. Los hijos de la paz, les llaman ellos.

 

Cabañas de plástico en las que viven los guerrilleros desmovilizados de las FARC en la zona veredal de La Fila, en la región de Tolima.- JAIRO VARGAS

 «Peor que en la selva»

Pero denuncian que la asistencia sanitaria que les prometió Santos, al menos en su campamento, brilla por su ausencia. Las condiciones, dicen varios guerrilleros, son peores que cuando estaban en la selva, donde la vegetación les protegía del viento y la lluvia. No están acostumbrados a la fría humedad que dejan las nubes atascadas en la montaña, mucho menos cuando contaban con un techo, aunque fuera básico. Sigue operando su medicina de guerra que, aunque no es mala, ahora adolece de escasez de medicamentos. Las veredas no son un buen lugar para dar a luz, y el hospital más cercano está a varias horas de los campamentos, en un viaje lleno de baches y peligros.

“No hemos peleado 52 años para que ahora nos tiren en cartones, como animales”, se queja el comandante insurgente ante el abandono del Gobierno. Pero ya no hay vuelta atrás. La guerrilla está decidida a dejar las armas y convertirse en partido político. Medio siglo de guerra cansa a cualquiera, y más aún si los avances en tecnología militar decantaban la balanza del lado del Estado. En mayo tendrá lugar la conferencia política de la que saldrá su propuesta para las elecciones de 2018. Aquel abrazo en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, líder de las FARC, marcaba una senda sin retorno. El camino hacia la paz es ya definitivo, aunque por momentos se atasque en el barro, como los guerrilleros de La Fila.

Aún queda mucho por hacer, como el desarme total o la amnistía e indultos para muchos guerrilleros presos, que son dos de los aspectos que más preocupan a los medios de comunicación, a los políticos y la población colombiana, sobre todo a la urbana, donde el no al acuerdo arrasó en el plebiscito. “Cumpliremos con la dejación de armas”, aseguraba a El Tiempo en una entrevista reciente Iván Márquez, uno de los máximos líderes de las FARC. Ningún guerrillero lo duda, pero lo que está en el aire son los plazos.

Walter Mendoza, comandante del bloque occidental Alfonso Cano de las FARC, afirma que entregarán las últimas armas cuando el Gobierno cumpla su parte del trato. “Cuando se construyan las instalaciones, cuando se aplique la ley de amnistía y de justicia especial para la paz, cuando el último guerrillero preso por delitos políticos salga de la cárcel y, sobre todo, cuando haya garantías políticas y de seguridad para nosotros”, enumera. Mendoza, que luce gorra del Che Guevara y una camiseta con un lema por la paz, dirige a los desmovilizados en la vereda de La Elvira, en el departamento de Cauca, 700 kilómetros al suroeste del barrizal de Tolima. Ni siquiera se han colocado aún los contenedores para depositar las armas que debe verificar la ONU, aunque ya se ha anunciado oficialmente el inicio del desarme.

Fuentes de Naciones Unidas que supervisan el proceso aseguran que “los retrasos en los acuerdos existen”. “Los sufrimos todos, tanto las FARC como el Gobierno y la ONU. Nos cuesta mucho avanzar y tenemos problemas, pero lo que sí es cierto es que la predisposición a resolver diferencias es total por ambas partes. Discutimos, consensuamos y avanzamos, así se resume el día a día”, explica uno de los observadores de la ONU, que achaca a un excesivo centralismo político la descoordinación en los territorios. “Es comprensible, no es una tarea fácil poner fin a medio siglo de guerra. Algunos campamentos que sí están en buenas condiciones”, apunta.

La situación es algo mejor en esta región, los insurgentes han podido aprovechar los cobertizos que dejó en el lugar una empresa maderera y el campamento, también precario y levantado por los guerrilleros, se extiende alrededor de una cancha de fútbol sala cubierta. Es de las pocas cosas que ha construido el Estado recientemente para las comunidades de la zona. Algunas excavadoras aplanan el suelo y varios obreros de una empresa contratista esparcen los cimientos de alguna de las futuras casas de los guerrilleros. Falta mucho trabajo, teniendo en cuenta que son casi 300 personas y que ya han pasado dos meses desde que los milicianos de las FARC empezaron a llegar a las zonas de transición. Las infraestructuras deberían haber estado listas etonces, pero no fue así. Temen que nunca acaben las obras y, lo que es más grave, que parte del dinero de la paz se pierda en los cajones de la corrupción, otro mal endémico del país. «Si nos dieran a nosotros los materiales no nos falta disposición ni conocimientos para construirlo todo nosotros mismos», explica Mendoza.

Máquinas y obreros contratistas trabajan en la zona veredal de La Elvira, donde viven casi 300 guerrilleros de las FARC, en el departamento de Cauca, Colombia.- JAIRO VARGAS

Hasta La Elvira no se llega por casualidad. Hay que subir durante horas por estrechas pistas forestales, rozar precipicios de miles de metros de altura, bordear alguna plantación de coca y tener la suerte de que el batallón del Ejército que “protege” el campamento fariano te deje pasar. Tras dos horas de retención y la bronca pertinente entre un cabo veinteañero y el comandante de la guerrilla Francisco González, alias Pacho Chino, que participa en el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del proceso de paz, el viaje continúa una hora más esquivando motocicletas con hasta cinco personas encima. Un gran cartel con los retratos de los “guerrilleros legendarios” da la bienvenida al campamento. Alrededor del rostro del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, se extienden las de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano; Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, y la de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, cuyo ordenador sirvió al Gobierno colombiano para tratar de vincular a las FARC con el narcotráfico y, en España, con ETA.

La confianza en que esté todo listo en algún momento empieza a decaer, aunque la tropa lo asume con la disciplina militar que les caracteriza. Es el caso de Adán, de 33 años. Entró en la guerrilla a los 14, en la región del Meta, al sur de la capital. “Estaba pelao, había necesidad y no había muchas oportunidades de prosperar en mi aldea”, explica. La decisión no fue fácil y llegó muy forzada por la pobreza y por el miedo. Era la época de los “falsos positivos”, un eufemismo macabro bajo el que se esconde el asesinato de civiles inocentes que el Ejército hacía pasar en sus informes por guerrilleros abatidos en combate. Podía tocarle a cualquiera que se cruzara con un batallón, porque había compensación económica por estas muertes.

Hasta 2015, la Fiscalía ha investigado más de 3.000 de estos casos, pero la impunidad es el denominador común de la inmensa mayoría. “Para morir y pasar por guerrillero sin serlo, preferí serlo directamente”, recuerda. “Mi papá estuvo de acuerdo, mi mamá lloró mucho, pero fue mi decisión y la respetaron”, recuerda el joven. No sostuvo un arma hasta pasados los años. Al principio tuvo que instruirse en lo militar y en lo político. Lo primero fue aprender a leer. “Era como trabajar en una finca”, detalla.

Pero creció y pasó a ser insurgente en el otro extremo del país. “Hubo una época muy dura, de combates diarios”, rememora. Teníamos hasta cuatro frentes abiertos contra nosotros. Los paramilitares por un lado, el Ejército por otro y también los elenos”, que no son griegos, sino guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla que hoy sigue activa en Colombia y se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno. Pero ese tiempo quedó atrás y, hoy, Adán puede sentarse a charlar con sus compañeros o recoger los huevos del gallinero del campamento sin miedo a que un avión le tire encima un racimo de bombas. Confía en el proceso de paz, pero sobre todo porque confía sus superiores. Le guste o no, hará lo que le manden, como siempre ha hecho. No cuestiona ninguna acción de la guerrilla, ni admite errores. Pero entre la tranquilidad del campamento, Adán no baja la guardia, recuerda el “engaño” del Gobierno a la guerrilla del M-19, que pasó de las armas a la política en 1990, y vive con “cierto temor” porque está aumentando el número de asesinatos a líderes campesinos, sindicales, ambientalistas y de movimientos sociales. Ellos, los guerrilleros desmovilizados, podrían ser los siguientes.

Temor a los paramilitares

Como no ha llovido, los insurgentes deambulan por la cancha y alrededores, donde varios de ellos representan una obra de teatro con tintes de educación en igualdad de género. No hay mucho que hacer allí más que pasar las horas, charlar en corrillos y esperar al almuerzo. Armas se ven pocas y todos visten de civil. Sólo en la parte norte del campamento, en el final de la zona, tres guerrilleros armados con fusiles de asalto montan guardia. No se fían de la protección del Gobierno y aseguran que las áreas abandonadas por la guerrilla están siendo copadas por los paramilitares, grupos armados de extrema derecha que extorsionan, matan y se lucran con las plantaciones de coca, marihuana y amapola, pero que para el Gobierno son agua pasada. En Bogotá, la capital, los ministros prefieren hablar de bandas criminales (Badcrim), pero los campesinos y los propios guerrilleros no ven ninguna diferencia entre éstas y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que firmaron su propio proceso de paz en tiempos de Álvaro Uribe, hace una década.

Varios guerrilleros de las FARC charlan en la zona veredal de transición de La Elvira, en el Cauca.- JAIRO VARGAS

Entre la tropa y el alto mando sobrevuela el fantasma de la Unión Patriótica (UP), el partido político que en los años 80 conformaron sectores de varios grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, y que fueron literalmente exterminados por el paramilitarismo. Alrededor de 5.000 personas, entre cargos electos y militantes de la UP, fueron asesinadas por las AUC en connivencia con sectores del Ejército y la Policía, según varias condenas. Un exterminio ideológico que, si el Estado no lo evita, podría repetirse con el partido de las FARC y sus aliados en la perseguida izquierda colombiana.

“La transición hacia la paz no tiene sentido si no garantizamos la seguridad de los desmovilizados, sobre todo de los que se van a dedicar a la vida pública”, reconoce el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Afirma que es “una prioridad del Gobierno” y pide confianza en un Ejecutivo que ha conseguido lo que ningún otro ha logrado hasta el momento. Fernández, al igual que el ministro, niega la mayor en cuanto al paramilitarismo. “Son bandas de crimen organizado, la página del paramilitarismo ya está pasada en este país”, insiste. No quiere una “guerra de términos lingüísticos” porque es “cierto que este crimen organizado busca ocupar el territorio dejado por las FARC cometiendo crímenes, con la extracción minera y con los cultivos ilegales”, expone. Es una “gran preocupación” para el Gobierno, pero afirma que se están “redoblando los esfuerzos” para combatirlos. “El paramilitarismo del que se habla hoy no es contrainsurgencia, sólo tiene afán de lucro, no de exterminio político y, lo que es fundamental, no hay permisividad del Ejército con sus acciones. Hoy se les combate y se investiga a los militares al más mínimo indicio de relación con las bandas criminales”, arguye reconociendo, de paso, la oscura y atroz época del uribismo en el país.

Respecto al estado de los acuerdos, Fernández de Soto lamenta los retrasos, pero los achaca a la falta de recursos y al esquema de prioridades del Gobierno. “Hay que establecer prioridades porque unas zonas son más urgentes que otras”, dice refiriéndose a regiones que han padecido más violencia, donde el único Estado real era la propia guerrilla y en las que hay insurgentes de las FARC disidentes del proceso de paz que se niegan a entregar las armas. Son un 5% de la guerrilla, estima el viceministro. No obstante, insiste en que “el proceso está mostrando sus frutos”.

No lo ve así Andrés París, otro comandante de las FARC que recibe a Público a en un edificio cercano al del despacho del viceministro, en Bogotá. La paz también es eso, compartir espacios. París, cuyo nombre real es Jesús Emilio Carvajalino, participó en las conversaciones de La Habana y se encarga de supervisar el estado de las zonas de transición, sobre todo en cuanto a la atención sanitaria. Cree que la esta actitud “dilatoria” por parte del Gobierno responde a una estrategia clara: “Que el partido político que resulte en mayo y sus posibles alianzas en la izquierda nazca sin fuerzas, sin posibilidad de impactar». “Si los acuerdos más básicos como la logística no se cumplen, qué podemos esperar de los fundamentales como la amnistía para los presos o la reorganización agraria que hemos pactado para las áreas rurales e incomunicadas del país”, se pregunta retóricamente. La paz está firmada. Sólo falta construirla.

Una guerrillera de las FARC pasa delante de un mural en favor de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, en la zona veredal de transición de La Elvira, en el Cauca.- JAIRO VARGAS

 

 

2. Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado.

Un hombre coloca flores durante una vigilia en Bogotá, en homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia.- MARCHA PATRIÓTICA

17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 16:51

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.

“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.

Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.

El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.

Monumento al maestro caído, en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia.- JAIRO VARGAS

Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.

Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza

sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

 

Negar la realidad

Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.

No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.

Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.

“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.

“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.

Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.

Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.

“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.

Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.

El engaño de los paramilitares desmovilizados

Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.


7.  Artículos publicados en “Atlántica XXII”

1. Colombia: con la guerrilla de las FARC (I)

Publicado el 30 de Marzo, 2017

Un guerrillero de las FARC con las armas reposadas en el campamento de La Fila (Iconozco, Tolima). Foto / Jesús de la Roza.

 

A principios de este mes de marzo regresó del país latinoamericano, tras dos semanas de intenso trabajo, la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. Una docena de personas, entre ellos eurodiputados, sindicalistas y representantes de la sociedad civil, recorrieron miles de kilómetros y estuvieron en dos de las 26 zonas veredales, donde se agrupan los guerrilleros de las FARC en proceso de desarme e integración. También se entrevistaron con miembros del Gobierno y estuvieron en la embajada española. Uno de los expedicionarios, Jesús de la Roza, cuenta en dos artículos la experiencia y sus reflexiones sobre la situación en Colombia.

Jesús de la Roza / Confederación Intersindical, SUATEA (Campamento de la Elvira, Cauca, Colombia).

Apenas unas horas después de aterrizar en Bogotá, la Delegación Asturiana de Derechos Humanos dejaba atrás la ciudad de Cali, las llanuras del Valle del Cauca y ascendía en microbús por sinuosas y remotas carreteras de tierra en las montañas del departamento del Cauca, camino de nuestro primer encuentro con las FARC, en la zona veredal de “La Elvira” (uno de los 26 puntos de concentración de la guerrilla previo a su desarme, integración en la vida civil y transformación en fuerza política). Unos kilómetros antes de llegar a nuestro destino la delegación fue retenida en un puesto militar que nos impidió continuar. En una clara violación de los acuerdos de paz de La Habana, el Alto Comisionado para la Paz, había ordenado que no se nos dejara pasar. Tras tres horas de retención e intensas negociaciones telefónicas, se nos permitió seguir nuestro camino “bajo nuestra responsabilidad”. Parecía que alguien estuviera interesado en que una delegación internacional, que incluía dos eurodiputados, no fuera testigo de los incumplimientos del Gobierno.

Cuando llegamos a la zona de recepción de visitantes de La Elvira nos encontramos con una explanada en la que había una pequeña cancha deportiva recientemente construida por la comunidad y dos antiguas construcciones. Eso fue todo lo que los 292 guerrilleros se encontraron cuando llegaron unas semanas antes a esta zona veredal. El Gobierno tenía que haber construido en estas 26 “zonas veredales” campamentos habitables con construcciones dignas, agua, luz, servicios médicos… y facilitar el progresivo contacto entre guerrilleros y comunidades vecinas y visitantes en general. Las FARC cumplieron y sus 7.000 hombres y mujeres (que suponen un 30% de la guerrilla) se establecieron en los campamentos, pero el Gobierno apenas comenzó las obras hasta tiempo después de la llegada de la guerrilla: ”En algunos sitios, no han puesto ni una piedra”. En La Elvira, un kilómetro más arriba del punto de recepción, pudimos comprobar la presencia de algunos obreros y unas pocas máquinas allanando terrenos anunciando futuras construcciones. “Como mucho el 10 o 15 % de la obra prevista”, nos indica Walter Mendoza, comandante del Bloque Occidental “Alfonso Cano”. Sin luz, sin agua, sin servicios médicos, los guerrilleros sobreviven estoicamente y “con paciencia revolucionaria” en las cabañas de madera y plásticos que ellos mismos se han construido. “Vivimos peor que en la selva”, nos confesaba un guerrillero.

Pese a todo, el anhelo de construir y vivir en una Colombia en paz se refleja en todo el campamento, en las palabras de guerrilleras y guerrilleros, en los grafitis que adornan algunas cabañas con permanentes alusiones a la paz, en la bandera blanca que ondea a la entrada del campamento, en la actitud tranquila de jóvenes y no tan jóvenes guerrilleros y guerrilleras que, pese a las dificultades, sueñan con la paz y saben que podrán dormir tranquilos sin el temor a que los despierte el sonido de una bomba. No temen que el proceso se dilate, unos meses no son nada tras casi 53 años de guerra.

El penal de Picaleña

Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.

Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.

El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.

Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?

Una guerrillera con su hija en el campamento La Elvira (Cauca). Foto / Jesús de la Roza.

En que la apuesta de las FARC por la paz es inequívoca coinciden todos y así nos lo manifestaron los mandos con los que nos reunimos en La Elvira. Tanto el mencionado Walter Mendoza, como Francisco González, del “Alto Estado Mayor”, como Rolando Cauca (34 años en la guerrilla), como Pacho (uno de los jefes en el campamento) nos confirmaron estar “comprometidos 100% con el proceso”, dispuestos a “jugárselo todo por la paz” y “hacer todo lo que esté en su mano” para que esto llegue a buen término, porque, apostillaba el comandante Mendoza, “la guerra es la peor pandemia de la Humanidad”.

Campamento de La Fila

Días después, tras un largo viaje en todoterrenos, visitamos la vereda de “La Fila”, también situada en un lugar remoto de las montañas Iconozco, Tolima. La dificultad para llegar al campamento, levantado en una ladera, no la puso la policía que vigilaba el acceso, sino el barro. Había llovido la noche anterior y seguía lloviznando cuando comenzamos a caminar por la cuesta que nos llevaba al punto de recepción del campamento. Seguidamente, otro kilómetro de subida por un sendero cada vez más impracticable. Por fin, entre la arboleda y la incipiente niebla que comenzaba a descender por los altos, divisamos las primeras cabañas de caña, madera y plástico construidas por la guerrilla.

Si en La Elvira las obras no habían avanzado un 15%, en La Fila ni siquiera habían comenzado. Tras un inhumano viaje de 32 horas en autobús, sin que la ONU les facilitase comida, ni posibilidad de asearse, llegaron a una vereda sin habilitar. Todo el campamento fue levantado por la guerrilla. Cuando llegaron los contratistas a decir que iban a construir unas casas prefabricadas de 3 metros cuadrados, los guerrilleros rechazaron esas “casitas de cartón” y les hicieron dar la vuelta “por dignidad” y “porque no es lo que está firmado en los acuerdos”, como nos recordaba Carlos Alberto, uno de los mandos de las FARC en el lugar.

Llegar a La Fila y ascender por la ladera viendo el campamento, con sus cabañas repartidas por el claro es como llegar a una aldea un domingo en el que no hay otra actividad que el cotidiano cocinar, lavar, fregar, limpiar (tareas que vimos realizar siempre a guerrilleras, pese a que las FARC procuran integrar el feminismo en su discurso y llegar a presumir de que “igual que ellas cogen las armas, ellos trabajan en la cocina”).

Era emocionante ver a padres y madres con sus bebés de pocos meses en brazos a los que mostraban con orgullo. Son “los hijos de la paz”, nos decían. Así conocimos a Alejandro, un bebé de dos meses que su mamá nos mostraba embelesada, o a Mikel, un bebé de seis meses que había encontrado un juguete en las gafas de la activista de derechos humanos que la sostenía en brazos. Había otros 5 niños en el campamento.

También pudimos observar la alegría de una familia que se lavaban en un pilón de agua helada. El niño se quejaba del agua, pero se mostraba feliz de reencontrarse con su padre tras cuatro años sin verle. Escenas que parecen cotidianas, pero que entrañan un momento especial: los niños de la paz, el reencuentro de guerrilleras y guerrilleros con sus hijas e hijos.

Pero no todo es tan idílico. Además de un clima muy diferente al clima caluroso al que estaban acostumbrados, el campamento carece de agua, luz, y asistencia médica. Además de 7 niñas y niños, hay 9 mujeres embarazadas y más de 30 heridos que necesitan atención médica de la que carecen. Han habilitado una cabaña como enfermería, pero apenas disponen de medicinas y el personal consiste en un guerrillero/enfermero que se formó en la guerra.

Son conscientes de los incumplimientos del Gobierno, denuncian el aislamiento al que se les quiere someter dificultando el que lleguen visitas (a menudo son identificadas y fotografiadas por la policía) pero, al igual que en La Elvira, se muestran firmes en su decisión de lograr una paz con justicia, como rezan (dicen) las banderas blancas que ondean repartidas por todo el campamento. Sabedores de las dificultades que obstaculizan el proceso de paz desde su inicio, y sabedores de que “no hay marcha atrás”, hay tres cosas en las que insisten y que dan vueltas en mi cabeza, una y otra vez, según voy bajando la embarrada ladera al final de la visita. Una, la necesidad de que la comunidad internacional conozca la realidad de la situación del país, se involucre, apoye, vigile y contribuya a que se cumplan los acuerdos. Otra es la imperiosa necesidad de contar con la más amplia movilización social colombiana posible en su apoyo y defensa (“los acuerdos son para la sociedad colombiana, no para las FARC”, nos decían). Por último, siempre que hablan de acuerdos y de incumplimientos, mantienen vivo el recuerdo de sus presos, a los que siempre ponen por delante. Presos que malviven en las cárceles, como pudimos comprobar en nuestra visita al penal de Picaleña, y que esperan por las leyes de amnistía e indulto previstas en los acuerdos. De este incumplimiento y de la visita a la cárcel de Picaleña, Ibagué, Tolima, os contaré en la próxima entrega.

El penal de Picaleña

Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.

Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.

El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.

Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?


2. Esperanza y muerte en Colombia

El paramilitarismo que no existe, pero que sigue matando

“Es muy contradictorio: estamos en un momento de post-conflicto y cese el fuego, pero no hay garantías para el trabajo social, político, sindical y de derechos humanos”, nos decía en Popayán (Cauca) un miembro de la “Red por la vida y los derechos humanos”. Y no le falta razón. A lo largo de 2016, fueron asesinados 120 líderes y lideresas sociales, campesinos, docentes, sanitarios, estudiantes…, 40 de ellos sólo en la región del Cauca. En lo que va de año, ya son más de 20 los asesinatos cometidos, 5 durante las dos semanas de nuestra visita, cumpliéndose el macabro ritmo de un defensor o defensora de derechos humanos asesinado cada tres días.

El gobierno niega la existencia del paramilitarismo. Así nos lo hizo saber el Viceministro de defensa Aníbal Fernández de Soto en nuestro encuentro con él. El gobierno habla de bandas armadas organizadas que ocupan territorios abandonados por las FARC con ánimo lucrativo: minería ilegal y narcotráfico. El asesinato de líderes sería consecuencia de esos intereses económicos comprometidos por la defensa del territorio por parte de los campesinos; pero, según él, no serían crímenes políticos, ni habría conexión con el estado, ni las bandas forman parte de una única estructura. Implícitamente, el viceministro reconoce un grave problema denunciado por las organizaciones sociales con las que nos reunimos por todo el país y por las FARC: pese al despliegue de más de 60.000 soldados, el gobierno no tiene el control de todo el territorio nacional. Donde las FARC era un estado “de facto”, había normas y reglas de convivencia. La llegada de las bandas paramilitares ha disparado el número de homicidios y asesinatos selectivos.

En nuestras asambleas con las comunidades, tanto en las regiones del Cauca y Valle del Cauca, como en el sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Tolima, Córdoba, Sucre y Cartagena, en los numerosos encuentros con campesinos, sindicalistas, docentes, desplazados, amenazados y víctimas en general, los testimonios sobre la presencia paramilitar en numerosas zonas del país fue abrumadora. “Águilas Negras”, “La Constructora”, “Los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Clan del Golfo”, son nombres de otras tantas organizaciones paramilitares de las que oímos hablar. Escuchamos relatos de nuevos desplazamientos forzados, de panfletos y amenazas, de nombres y lugares por los que campean, de connivencia con fuerzas armadas, fiscalía y autoridades. Escuchamos la relación pormenorizada de líderes sociales asesinados, sus nombres y circunstancias. Asistimos a la impotencia de campesinos a quienes se les impide recuperar sus tierras, del dolor de personas que perdieron a un padre, una madre, a una hija,… Nos hablaron del miedo de algunos que renuncian a sus derechos y se van de la tierra por temor a perder la vida; pero también pudimos comprobar el compromiso de comunidades rurales organizadas en defensa de su territorio para las que “ya no cabe el miedo”, el tejido organizativo que se desarrolla en la búsqueda de una soberanía alimentaria, la capacidad de recuperar cultivos y crear cooperativas comunitarias, el papel decisivo de la mujer en esta lucha por la tierra. Su capacidad para “crear vida”, como tantas veces escuchamos.

Porque en el fondo, se trata de un conflicto por la posesión y uso de la tierra: la lucha del campesinado por  recuperar y/o mantener las tierras ancestrales de las comunidades, contra los intereses de las multinacionales que necesitan cada vez de más y más tierras para desarrollar sus proyectos o ejecutar otros nuevos. Los sectores más denunciados fueron el minero energético (oro, fraking, petróleo…), agroindustrial (sobre todo el arrasador cultivo de la palma) y ganadero. Todo ellos mezclado con los intereses del narcotráfico y las bandas paramilitares, que son quienes realizan el trabajo sucio en beneficio de los anteriores.

 “Vamos a mandar, ahora que la guerrilla se va”

Un día, tras cinco horas de navegación por el río Magdalena, llegamos a Arenal (Sur del Bolívar), otra zona castigada por la guerra y el paramilitarismo al que responsabilizan de 11 asesinatos en la zona en 2016. Han vuelto las amenazas, los desplazamientos y la presencia de encapuchados en una zona que constituye un corredor del narcotráfico y en el que la explotación de la palma ha convertido a campesinos en obreros agrícolas con salarios de hambre. El abandono del estado es tal que “en una de las veredas, la escuela son dos aulas debajo de un árbol. En otras han sido construidas por los campesinos; a veces incluso la comunidad tiene que hacerse cargo de pagar al maestro”.

Pese a todo, las comunidades se organizan y luchan. Se muestran orgullosos de estar “rescatando la soberanía alimentaria” y “recuperando cultivos que como la yuca o el plátano habían llegado a desaparecer”. Nos muestran con orgullos su cooperativa y los productos que elaboran cinco mujeres a las que da empleo: mermeladas, vino de frutas,… en un proceso integral que abarca desde la siembra y la recolección, hasta el envasado y la comercialización. Visitamos su radio comunitaria “La Negrita”, una radio que pretende dar la voz al pueblo; pero todo lo tienen que pelear: de la radio se apoderó la policía, aunque la recuperó la comunidad, y de la cooperativa quisieron apoderare las autoridades locales.

Aguachica, sin agua pero con lágrimas de sangre

Al día siguiente nos dirigimos a Aguachica, ya en el departamento del Cesar una polvorienta ciudad que, pese a su nombre, sólo dispone de agua corriente cada 15 días. En cambio, los uniformes de los niños y niñas de la escuela privada religiosa en la que nos reunimos lucían limpios. Las comunidades de Aguachica sufren la doble amenaza del incremento del cultivo de la palma que expulsa a los campesinos de sus tierras y de los terratenientes ganaderos, que “cortan las alambres de los cultivos para que el ganado entre y lo destruya”, como nos decía resignado el campesino Alirio Díaz. Este apoderamiento de tierras se hace también a costa de desecar los humedales del río para ganar terreno para la palma y el ganado, lo que también ha contribuido a una disminución drástica de la pesca. Están amenazados también por proyectos industriales de hidrocarburos (gas y petróleo) y por megaproyectos como la carretera “Ruta del Sol”. Igualmente, se encuentra en un corredor de narcotráfico, con lo que la proliferación de las bandas paramilitares y las amenazas a los líderes comunitarios han ido en aumento.

La lucha por la defensa de la tierra contra la expansión del cultivo de palma “nos ha costado lágrimas de sangre”, nos decía un campesino. Otros agricultores, despojados de sus tierras, acabaron convertidos en pobres asalariados explotados en empresas de palma, donde hacer sindicalismo es sinónimo de peligro de muerte (en Colombia han asesinado a más de 3.000 sindicalistas en los últimos treinta años, causando que el porcentaje de afiliación sindical no llegue al 4%). Encima, quieren que estos trabajadores de la palma pasen a ser subcontratarlos y precarizar aún más su situación en una región con más de un 90% de trabajo informal (venta ambulante, etc.), donde está privatizado el alumbrado, la recogida de basuras…, y donde la nueva tarifa de agua, ese agua que solo disfrutan cada dos semanas, supone el 15 o 20% del salario mínimo. “Podríamos tener agua cada dos días, pero tememos que lo quieren privatizar culpando al mal servicio público”, remarcan.

“Yo quiero mucho a mi tierra, la recuerdo todos los días”

Andrés Narváez es un campesino, analfabeto, compositor de letras y, a poco que se lo pidas, cantante; pero también es un líder comunitario en la restitución de las tierras de la finca “La Europa”, municipio de Ovejas, departamento de Sucre. La lucha por recuperar esta tierra, que les corresponde tras una reforma agraria de hace años, ha costado la vida de 15 campesinos, 6 desapariciones y 90 familia desplazadas. A Andrés Narváez le pegaron cuatro tiros en 2015, sobreviviendo de milagro. Tuve el gusto de conocerle en Asturias, donde pasó seis meses como refugiado ante el peligro que corría su vida, y nos reencontramos en su tierra, en la finca “La Europa”, en los Montes de María, tierra a la que compuso bellas canciones desde su refugio en España. Al despedir a sus “hermanos asturianos”, volvió a cantarnos esos versos que aún resuenan en mi cabeza y que comienzan:

Pero, pese a su porte sereno, la vida de Andrés sigue en peligro, como la de su amigo Argimiro, contra el que atentaron el pasado noviembre y que salvó su vida gracias a la rápida intervención del escolta. El sicario que disparó a Andrés fue detenido y juzgado, pero ya está libre, acusado sólo de un delito de lesiones, en un país donde la impunidad es la gran aliada de la violencia. Según el propio Fiscal General, más del 90% de los crímenes permanecen impunes.

“El problema no son los cultivadores, sino el narcotráfico”

A los problemas a los que se enfrenta el campesinado colombiano vistos hasta ahora, hay que añadir uno más: el de la sustitución de los cultivos ilegales de coca, marihuana y amapola. Los acuerdos contemplan la sustitución de dichos cultivos en un proceso organizado con la participación de las comunidades. Pese a ello, el gobierno ha continuado con la erradicación de dichos cultivos, llevando a la indigencia a las personas cuya subsistencia depende de ellos. Esta política, que puede llevar a situaciones explosivas en las zonas afectadas, constituye otro incumplimiento más por parte del gobierno. Como nos decía un miembro del sindicato campesino Fensuagro, “el problema no es la coca, sino el narcotráfico; es necesario cambiar la estructura agraria, pero contando con la comunidad.

“Monumento al maestro caído”

Nada más llegar al edificio del sindicato docente Ademacor-Fecode, en Montería, departamento de Sucre, sorprende el enorme monolito de seis metros de altura dedicado “Al maestro caído”. Deja de sorprender cuando el presidente del sindicato informa de que en los últimos 30 años han sido asesinados más de 1000 maestros y maestras en Colombia, muchos de ellos en Córdoba, departamento en que se haya Montería. Algunos de sus familiares, viudas, hijos e hijas, hermanas, padres… estaban presentes. A día de hoy siguen las amenazas y extorsiones. Sólo en los dos primeros meses de este año hubo 10 denuncias. “Y eso, los valientes que se atreven a denunciar, que seguro que hay muchos más que tiene miedo”, subraya el sindicalista. Un ejemplo más de que el terror paramilitar se extiende por todo el tejido social: enseñanza, sanidad, industria, campesinado,…

A modo de reflexión final

Tras dos intensas semanas de recorrido por diferentes departamentos colombianos, hemos podido comprobar el firme e inquebrantable compromiso con la paz de las FARC, así como el apoyo de las comunidades campesinas, de asociaciones de derechos humanos, y organizaciones de base, en general, a los acuerdos de La Habana. También la desconfianza hacia un gobierno que está incumpliendo los plazos establecidos.

Pero la paz también tiene poderosos enemigos: multinacionales de la energía, la minería, la agroindustria, así como terratenientes y narcotraficantes, junto con sectores de la policía, el ejército y las diferentes administraciones públicas ponen palos en las ruedas de un proceso que, de cumplirse, afectaría gravemente a sus intereses económicos mafiosos. El propio gobierno está dividido, como nos reconocía Todd Howland, Alto Comisionado de Naciones Unida para Colombia.

La incapacidad del gobierno para cumplir los plazos de los acuerdos, para acabar con el paramilitarismo y para proteger la vida de los líderes sociales de todos los sectores dificulta el proceso de paz. Todos los colectivos con los que nos reunimos son conscientes de que es necesaria una fuerte movilización social en Colombia en su defensa que rompa las barreras mediáticas con las que el gobierno oculta los problemas reales del país; pero también es necesaria la vigilancia de la comunidad internacional como garante del mismo. Es especialmente importante que los fondos económicos para la paz sean gestionados por las propias comunidades beneficiarias de los mismos. En diferentes ocasiones manifestaron su temor a que sean gestionados por administraciones corruptas que acabarían favoreciendo “a las mismas mafias de siempre”.

En medio de la desconfianza, el temor y la muerte, la esperanza comienza a formar parte del horizonte político colombiano.

Jesús de la Roza

[1]Informe presentado en rueda de prensa en Bogotá el 3 de marzo de 2017