SUATEA reclama una atención urgente para los centros de educación especial

SUATEA denuncia la falta de atención que están recibiendo los centros de educación especial y exige a la Consejería de Educación que adopte medidas urgentes para garantizar unas condiciones adecuadas tanto para el alumnado como para los y las profesionales que trabajan en ellos.

El Centro Público de Educación Especial de Llatores se encuentra saturado y presenta importantes deficiencias estructurales que deben ser solucionadas. Algunas de estas carencias ya habían sido denunciadas por el sindicato sin que, hasta el momento, se haya ofrecido una respuesta adecuada. Es el caso, por ejemplo, de la ausencia de toldos que protejan del calor, una medida básica y especialmente necesaria ante los episodios de altas temperaturas.

Por su parte, el CPEE Juan Luis Iglesias Prada continúa sin recibir respuesta a su petición de personal, pese a la creciente demanda de plazas y a la especial intensidad de la atención que requiere el alumnado de estos centros. Esto evidencia una falta de planificación por parte de la Consejería de Educación que no es capaz de dar respuesta en tiempo y forma al aumento de la matrícula.

SUATEA recuerda que el profesorado y el resto de profesionales de la educación especial desarrollan una labor de enorme valor en condiciones particularmente exigentes. Su trabajo implica, en numerosas ocasiones, un importante esfuerzo físico para ayudar a movilizar o atender al alumnado en las actividades cotidianas. También deben intervenir ante situaciones de desregulación o crisis conductuales que, de manera involuntaria, pueden dar lugar a golpes, caídas o lesiones. Estas situaciones forman parte de una realidad compleja que debe abordarse con profesionalidad y sin estigmatizar al alumnado, pero que tampoco puede ser ignorada por la Administración.

La consecuencia de todo esto es la derivación del alumnado a centros privados-subvencionados que, para más inri, están especializados en afecciones concretas y no están preparados para atender a la diversidad de necesidades que presenta el alumnado. A todo esto, hay que sumar también la incertidumbre que genera en las familias y en el propio alumnado no saber dónde será su escolarización.

 La educación especial no puede quedar relegada a un segundo plano. La Consejería debe escuchar a los centros, responder a sus peticiones y proporcionar el personal, las instalaciones y los recursos necesarios para garantizar una educación pública digna y de calidad, así como unas condiciones laborales seguras para quienes la hacen posible. No puede ser que, a día de hoy, los Centros de Educación Especial sigan sin contar con una normativa propia que regule su funcionamiento. Lo especial de esta educación no puede ser su perpetuo estado de marginación.