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Oposiciones docentes: equidad, objetividad y realidad

Aula Tras conocer, en marzo, que la administración del Principado de Asturies había decidido hacer oferta de empleo público en el ámbito educativo se dispararon las expectativas e ilusiones de muchas personas que, desde dentro o desde fuera del sistema, aspiran a formar parte de los cuerpos docentes en Asturies.

Como en casa del pobre dura poco el pan, las primeras decepciones llegaron muy pronto, pocas plazas, indefinición en los criterios, rechazo de las propuestas planteadas por SUATEA…

Nuestro planteamiento, igual que en ocasiones anteriores, fue demandar el 100% de las plazas conjuntamente con cuestiones como: sorteo único para todos los tribunales de la misma especialidad, publicación de los criterios de calificación, corrección o valoración, garantizar el anonimato, no repartir las plazas por tribunales, establecer los mecanismos necesarios de revisión o reclamación, entrega de las programaciones después de hacerse públicos los resultados de la primera prueba, eliminar la figura del voluntario para evitar que se “cuelen” preparadores en los tribunales o establecer una prueba de conocimientos sobre nuestra comunidad autónoma, tal y como se hace en otros territorios.

Además de la escasa disponibilidad de la administración para aceptar en aquel momento las mencionadas propuestas, nos encontramos ahora con un proceso que dista mucho de tener la transparencia y agilidad que correspondería.

La primera sorpresa nos la encontramos con la publicación de una ratio de opositores por tribunales que está lejos de facilitar la necesaria objetividad a la hora de adjudicar las calificaciones. Por respeto a las personas que se están jugando su futuro laboral después de meses de esfuerzo y dedicación y por consideración al profesorado que tendrá la labor de evaluar a más de 6.000 aspirantes, la administración debería reconsiderar el número de tribunales que propone, de manera que se permitiera disponer del tiempo suficiente para valorar justamente a todos los que se examinen sin la presión de ver cómo todo el proceso puede alargarse y ser extenuante para todos los implicados.

Por otro lado nos encontramos con las filtraciones de las sedes y las fechas de comienzo de las pruebas. Rumores que no sabemos si están fundados en la realidad o no pero que generan desconcierto y contribuyen a crear un clima de oscurantismo, que no ofrece la confianza y seguridad que deben dominar unas oposiciones a la función pública. La administración debe publicar todas estas cuestiones y agilizar la información necesaria para que prime la transparencia y no propicie el oportunismo de alguna organización sindical que “vende” el esta información como si tuviera algún privilegio en el acceso a la misma.

Por último, desde SUATEA queremos recordar que algunos de estos problemas que nos encontramos son consecuencia directa del actual acuerdo de aspirantes a interinidad. El obligar a realizar la matrícula (y pagar las tasas correspondientes) en todas las especialidades a las que se pertenece para no decaer de las mismas o la imposibilidad de ampliar los perfiles profesionales a los que quisieran presentarse a otra especialidad distinta a la lista en la que se encuentran son inconvenientes que justifican la derogación de ese acuerdo y abrir un proceso participativo que defienda la estabilidad, tanto de los que ya están dentro del sistema como de los que vaya entrando de aquí en adelante.

Uviéu, 21 de mayo de 2015.

Información sobre Oposiciones 2015

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