Vuelve la polémica con las desgravaciones de la concertada

Vuelve la polémica con las desgravaciones de la concertada

El pasado mes de noviembre saltó a los medios de comunicación la polémica de las deducciones fiscales de aquellas familias que, durante años, han venido desgravando en su Declaración de la Renta unas cantidades económicas, alegando que se trataba de un derecho reconocido que les permitía desgravar por unas supuestas donaciones, que se hacían de manera altruista, a los centros concertados.

En aquellas fechas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que en esos casos, no se podía utilizar el concepto de “donación” ya que, en realidad, se encubría una contraprestación, es decir, que las donaciones servían para financiar actividades en aquellos centros concertados.

La posición de Hacienda quedó muy clara. Si esas donaciones no se ajustaban a la legalidad, las familias tendrían que efectuar una Declaración complementaria para devolver a la Agencia Tributaria el dinero que se hubiera desgravado de forma inadecuada.

Esta semana el tema ha vuelto a salir en los medios de comunicación al reafirmarse en sus posiciones tanto el Ministerio como la propia Agencia Tributaria quienes  han insistido en la irregularidad de esas deducciones fiscales que podrían suponer  en total una cantidad superior a los mil millones de euros, según las declaraciones de la propia ministra.

Desde SUATEA creemos que:

Este asunto encubre una forma de financiación opaca de la escuela concertada. La elevada cantidad que habría que devolver a Hacienda es lo suficientemente significativa como para poner en evidencia la importancia de la red concertada en nuestro país que, además de financiarse con dinero público, acude a subterfugios legales para camuflar fuentes extras de financiación, algo que las familias con menores matriculados en la Escuela pública no pueden hacer.

En realidad, creemos que esas donaciones de las familias que optan por la Escuela concertada, por muy voluntarias que se quieran presentar, forman parte del pago por una contraprestación recibida. Es así mismo, un elemento segregador que determina los orígenes sociales de los usuarios de una u otra red escolar en función de sus posibilidades económicas.

Creemos que estos hechos ponen en evidencia mecanismos utilizados por algunos centros concertados para tener una vía extra de financiación. Si ahora se confirma la irregularidad de tal práctica, desde SUATEA pensamos que es necesario adoptar disposiciones legales que permitan clarificar la utilización de esas figuras a la hora de realizar la Declaración de la Renta.

El Secretariado de SUATEA

Uviéu, 6 de febrero de 2019