¿Estamos seguros?

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Ayer se difundió rápidamente una noticia preocupante: el seguro de responsabilidad civil suscrito por la administración para la cobertura de los centros educativos había caducado en febrero de 2023. En respuesta a esta información alarmante, el sindicato SUATEA realizó consultas para verificar la veracidad de la situación. Se confirmó que el seguro de responsabilidad civil contratado por la Consejería ya no está vigente.

La propia Consejería, unas horas más tarde, respondía, en educastur, con un comunicado en el que,  después de mencionar los seguros existentes para los edificios, así como el seguro escolar que obligatoriamente suscribe el alumnado, terminaba reconociendo que existió un seguro de responsabilidad civil, cuya finalidad no deja realmente clara, y del que, en ningún momento, se dice de manera explícita que esté caducado; se puede inferir, eso sí, por el tiempo verbal utilizado -“tenía” un seguro- que el mismo ya no está en vigor. Una vez pasado, muy por alto, el fin de la vigencia del seguro sin llegar siquiera a mencionarlo y, menos aún, sin explicar las causas por las que ya no se dispone ya contratado, se intenta calmar los ánimos explicando que la Consejería cubrirá responsablemente las consecuencias de un posible suceso. Para evitar la alarma, podría haber añadido: “aunque ya no haya seguro”, pero ha preferido mantener el suspense hasta esta mañana, cuando, en un nuevo intento de calmar los ánimos, las direcciones de los centros educativos asturianos recibieron un correo electrónico firmado por la Consejera de Educación, donde finalmente se reconoce abiertamente que el seguro de responsabilidad civil estuvo en vigor hasta febrero del año pasado. A partir de entonces, la Administración  asegura que se hará cargo de la cobertura de cualquier  suceso.

Todo este proceso plantea gran cantidad de interrogantes: si el seguro no hacía falta porque la Consejería podía asumir el coste de los posibles sucesos ¿para qué estábamos pagando un seguro? En caso contrario, si el seguro resultaba útil porque el pago de la cuota compensaba los gastos derivados de algún accidente ¿por qué se rescindió su contrato? ¿O es que simplemente caducó y no se renovó por error de la Administración? ¿Por qué no conocemos, ni están publicados en ningún sitio,  los contratados y sus coberturas? ¿Por qué tenemos que enterarnos de estas noticias por incidencias acaecidas y comunicadas desde los centros docentes o por la prensa? ¿Por qué, cuando la prensa publica que dicho seguro ha caducado (lo que hoy se reconoció definitivamente como algo cierto) y las centrales sindicales informan de esa noticia al profesorado, la Consejería (la misma Consejería que ha sustituido el BOPA por la prensa) responde dando explicaciones poco rigurosas? La Consejería afirma que, sin este seguro, la Administración es responsable de los posibles sucesos. Efectivamente es así porque la ley lo regula. Pero, sin un seguro específico de responsabilidad civil ¿está cubierto el alumnado y la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la administración educativa contra los daños causados por el ejercicio de sus funciones? ¿Estamos seguros?

Ante esta duda y la falta de claridad de nuesta administración, desde el sindicato SUATEA hemos solicitado a la Consejería de Educación: “se nos facilite, como representantes legítimos de la enseñanza pública asturiana, copia del seguro o seguros que la administración tenga contratados y que afecten a la comunidad educativa, así como el o los documentos donde  vengan referenciadas las responsabilidades asumidas por la administración al no disponer, según se nos indica, de un seguro específico de responsabilidad civil.”

El Secretariado de SUATEA

En Uviéu a 25 de enero de 2024

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