SUATEA pide una reflexión a la Consejería sobre los nocivos efectos de sus prácticas

El sindicato educativo SUATEA pide a la Consejería de Educación y a sus responsables que hagan una evaluación seria, responsable y crítica de sus actuaciones y prácticas a lo largo de este mandato que ahora acaba.

Estamos asistiendo a un proceso de oposiciones donde todo parece ser fruto de la improvisación y la incompetencia de los máximos responsables de la Consejería, que en muchas ocasiones tuvieron que rectificar decisiones por el caos generado y en muchos casos siguen insistiendo con sus prácticas, que llevamos años sufriendo tanto en el plano sindical como en el laboral.

Partimos de una convocatoria de oposiciones con una oferta pública de empleo insuficiente para atender a las necesidades de los centros educativos y cumplir con los principios de equidad, inclusión, coeducación, y atención a la diversidad dentro del sistema educativo pública.

Esta convocatoria de oposiciones era un proceso viciado de antemano por la presencia del Acuerdo de Interinos firmado ente la administración y los sindicatos ANPE y FETE-UGT que se está demostrando, tal y como anticipó y denunció SUATEA, una trampa a todos los opositores.

Este Acuerdo de Interinos tiene como principal finalidad abortar las posibilidades de ampliar perfiles profesionales de los docentes al obligar a presentarse en la especialidad en la que se esté en lista sin permitir probar en especialidades distintas.

Si esto es grave, más lo es la presencia de tribunales masificados con más de 200 integrantes como es el caso de la Especialidad de Infantil, imponiendo un corte en el paso a la segunda fase en un número limitado de personas por tribunal sin atender a las capacidades de mérito e igualad, de ahí la presencia de numerosos casos de docentes interinos con notas entre el 4’5 y el 4’9, que es la forma que buscaron varios tribunales para dejar constancia y manifestar que esas notas serían aprobados en condiciones más justas.

El Acuerdo de Interinos excluye de las listas a todos aquellos que no teniendo la especialidad non alcancen el 5 en la primera fase de la oposición, siendo una suma importante de casos los que se encuentran en esta casuística tal y como se ve en el elevado número de consultas que se están recibiendo en la sede de nuestro sindicato en relación a ello. Al mismo tiempo corta la posibilidad de acceso a la función pública a los docentes que sin experiencia y no llegando a ese requisito mínima quieran ir entrando poco a poco en el sistema, condenándolos al desierto laboral.

Al mismo tiempo hay numerosas críticas a cómo se está desarrollando todo el proceso, con situaciones como la no actualización vía web de las convocatorias de llamamientos para leer, obligando a los participantes a crear redes de colaboración entre ellos para evitar tener que hacer una visita presencial a las sedes de los tribunales para conocer cuándo eran llamados. Situaciones esperpénticas como la propiciada por la administración en los tribunales de Infantil recomendando a los integrantes de los tribunales capturar los exámenes durante la lectura de estos con sus propios dispositivos móviles, lo que supone un atentado a la privacidad de los participantes, recomendación que debieron rectificar.

O lo que está sucediendo estos últimos días con el llamamiento para la entrega de las Programaciones Docentes que tampoco se publica en la página de Educastur lo que obliga a las personas que superen la primera fase a tener que acudir a las sedes para confirmar los horarios de entrega, todo ello con menos de 24 horas de margen, y sin permitir las reclamaciones hasta que acabe el proceso, generando una clara indefensión en los opositores.

Tampoco se sabe, a día de hoy, las plazas que corresponden a cada tribunal, cuando es algo que debería ser público y accesible. De esta manera estamos abocados al oscurantismo por parte de la administración que sigue negándose a facilitar y exponer los criterios de evaluación de los temas, de los supuestos o de la parte práctica. Obligando a los concurrentes a examinarse sin conocer en base a qué criterios van a ser calificados.

No son solamente las oposiciones, la Consejería de Educación sigue con su estrategia de denostar la Ley Wert, pero de puertas adentro la aplica y ejecuta con frialdad y sin hacer uso de las medidas a su alcance para impedir las funestas consecuencias que va tener para el sistema educativo pública asturiano. Mientras en comunidades gobernadas por el PSOE, o que cuentan con su apoyo, se está tejiendo una red contra de la aplicación de la Ley de Educación, en Asturies tal parece que quieran ser los alumnos aventajados del ex-ministro de Educación.

Los centros educativos de secundaria están inmersos en un proceso de matriculación en los que siguen sin estar claros los nuevos itinerarios educativos, y teniendo que hacer frente a unos currícula aprobados a pocos días de acabar el actual curso escolar para una Ley a la que previsiblemente no le quedan más que unos meses de vida.

Y por si fuera poco, llega IU de la mano de Gaspar Llamazares para firmar un Acuerdo de investidura con el actual equipo de la FSA-PSOE en el que la educación no figura como eje central, avalando con ello las prácticas privatizadoras de los últimos años del gobierno de Javier Fernández y Ana González, sin contraponer ninguna medida de aplicación inmediata para salvaguardar el sistema educativo público asturiano.

No contentos con todo esto, la Consejería publica un calendario de adjudicaciones de interinos que parece una burla al colectivo de profesorado interino. Viendo los plazos que aparecen en ese calendario a quien se le adjudique plaza tendrá que incorporarse a los centros educativos al día siguiente de la adjudicación con todo lo que ello conlleva en cuando a la conciliación familiar y la planificación de la vida personal de las personas. Hay tiempo suficiente a lo largo de todo el verano para no tener que esperar al 31 de agosto para saber dónde te tendrás que incorporar a trabajar el 1 de setiembre.

Tampoco la administración tiene intención de resolver la situación de indefensión en la que queda el alumnado de Secundaria y Bachillerato, a los que se sigue ninguneando y negando la evaluación de setiembre en condiciones de justicia y equidad por parte de los mismos docentes que les impartieron clase durante el curso académico.