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En la mañana de hoy, miércoles 21, se han reunido en el Senado representantes de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) y miembros de diferentes organizaciones sindicales alternativas con los portavoces de la Comisión de Función Pública del Senado. En esa reunión ha estado presente SUATEA junto con nuestra Confederación Intersindical (CI). El objeto de la reunión ha sido trasladar el conjunto de argumentaciones que respaldan la petición de poner fin a la política de abuso de contratación en fraude de ley que afecta a miles de personas en todo el país.
Con todas estas acciones, el personal interino en fraude de ley vuelve a denunciar que las Administraciones Públicas siguen sin reparar el abuso que llevan décadas cometiendo al cubrir con trabajadores temporales plazas fijas, sobrepasando el límite legal de tres años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió solucionar esta cuestión hace ya más de un año, estableciendo sanciones a las administraciones infractoras. En este sentido, los grupos de la Cámara Alta ya aprobaron en octubre una moción que instaba a dar “respuestas legales de estabilización de los empleados públicos”.
Esta reunión se inscribe en el conjunto de movilizaciones convocadas para estos días en Madrid que incluyen una concentración frente al Senado coincidiendo con una comparecencia del ministro Miquel Iceta. Igualmente, esta tarde habrá una concentración frente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Con estos nuevos actos, las organizaciones de personal interino ponen de manifiesto que van a luchar por todas las vías posibles para defender sus derechos, frente a la inacción de las administraciones, buscando respuestas legales de estabilización de los empleados públicos.
Tanto el Gobierno central, como los autonómicos, solo contemplan la convocatoria de oposiciones para cubrir de forma definitiva las plazas ocupadas por el personal abusado. Pero de esta forma, los temporales que no superen el proceso se verán cesados sin derecho a ninguna compensación, lo que no supone ninguna sanción para los culpables del abuso, es decir, las Administraciones. Por eso, Europa dio a elegir entre dos soluciones: indemnizaciones disuasorias o la fijeza del personal, solución defendida por la Confederación Intersindical (CI) y SUATEA, porque supone coste cero para las arcas públicas y mantener a miles de empleados de probada experiencia.
Los convocantes recuerdan también que solicitaron una reunión con Miquel Iceta, que este rechazó, y se ha pedido otra al secretario de Estado de la Función Pública; pero, a la espera de recibir alguna respuesta, también se estudian la posibilidad de nuevas concentraciones, querellas judiciales contra los responsables de las contrataciones y convocatorias de huelga.
Uviéu 21 de marzo 2021
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