SUATEA denuncia la ineficiente gestión económica del Principado en la doble red

Más del 70% de las unidades concertadas en las Cuencas Mineras están siendo subvencionadas sin necesidad. El alumnado podría ser asumido por los centros públicos existentes sin incrementar la financiación, lo que supondría un ahorro aproximado de 24 millones de euros.

SUATEA sostiene que este repago dificulta la sostenibilidad económica del sistema educativo a medio plazo.

Desde SUATEA, tras analizar los datos que emanan de las comisiones de escolarización y los presupuestos generales del Principado, hemos descubierto que se está realizando una gestión tremendamente ineficiente de los recursos públicos.

Concretamente, hemos observado que entre la Cuenca del Nalón y la del Caudal se vienen concertando 79 unidades entre primaria y ESO que no son necesarias, puesto que ese alumnado tiene cabida dentro de las unidades actualmente existentes en los centros públicos, sin necesidad de ampliar unidades, construir nuevos espacios ni de contratar más profesorado, es decir, a coste cero. Esto significa que se ha gastado dinero público en mantener personal e infraestructuras de centros de titularidad privada cuando no hacía falta.

SUATEA ha realizado este análisis concejo a concejo, a partir de los datos de las comisiones de escolarización territoriales a las que el sindicato ha tenido acceso, obteniéndose los datos que se muestran en la tabla siguiente:

Fuente: SUATEA, a partir de datos obtenidos de las comisiones de escolarización.

Además de lo llamativo que resulta ver que en Llangréu hay más unidades en la concertada que en la pública, podemos ver que, en total, de las 109 unidades concertadas entre ambas Cuencas, 79 están siendo financiadas innecesariamente, es decir, un 72% de las unidades concertadas están siendo financiadas sin necesidad, pues el alumnado tiene cabida en la pública sin aumentar costes. Estamos pagando por el mismo servicio dos veces. Pagamos unidades en la pública que quedan sin llenar, y luego pagamos unidades en la red de centros privados sostenidos con fondos públicos para escolarizar alumnado que tiene perfecta cabida en la red pública. Es un despilfarro de fondos públicos que pondrá en riesgo la estabilidad del sistema educativo a medio plazo. Porque que los servicios públicos deban ser gratuitos y no han de estar sujetos al criterio de rentabilidad, no significa que no deban regirse por los principios de eficiencia económica y ser sostenibles en el tiempo, y para ello, la planificación económica de los servicios públicos ha de realizarse atendiendo a criterios de racionalidad económica. No es racional ni sostenible gastar dinero en 79 unidades que no hacen falta. A partir de los datos publicados en los presupuestos generales, hemos podido calcular una cifra para este despilfarro de recursos públicos: 24 millones de euros aproximadamente, en 6 años.

Denunciamos esta situación ahora, pues es el momento en el que la administración educativa está renovando los conciertos y esperamos que el Gobierno no decida mirar para otro lado y no tener en cuenta estas cifras.