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En la mañana de hoy, 18 de septiembre de 2020 se celbró una rueda de prensa conjunta de Comisiones Obreras y SUATEA cuyo manifiesto es el que sigue a continuación.
En tiempos de pandemia, más recursos para la Escuela Pública
El inicio del curso 2020-21, en un contexto de pandemia, va a suponer un enorme esfuerzo al profesorado, comparable al que viene realizando desde hace meses el personal sanitario, que ha demostrado en todo momento una gran responsabilidad y entrega profesional.
Otros sectores como el personal del transporte, de distribución de alimentación, de recogida de producción agrícola, de limpieza, etc. han dado muestras similares de compromiso con la sociedad. Del mismo modo, el personal docente, durante los primeros meses de la pandemia, cumplió con su cometido de forma ejemplar, acomodándose a la nueva situación para garantizar la continuidad del aprendizaje.
En este inicio de curso, los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza nos disponemos a dar un paso al frente para lograr que la actividad escolar se ponga en marcha a pesar de las dificultades previstas. Dar clase, en la situación actual, supone un ejercicio de responsabilidad no exento de riesgos. Sabemos que es el momento de arrimar el hombro.
La crisis sanitaria generada por la aparición del virus Sars Cov-2 ha puesto de manifiesto la necesidad de promover el estado social que tanto se había cuestionado desde los dogmas neoliberales. En los contextos de crisis, se demuestra que solo la intervención pública tiene la capacidad necesaria para hacer frente a los efectos de situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo.
Esta crisis ha visibilizado, asimismo, las desigualdades existentes: contradiciendo la visión idílica que se suele ofrecer de la sociedad de consumo, se ha visto que, en todo el Estado, y también en Asturies, sigue habiendo enormes bolsas de pobreza y exclusión.
La situación de la Escuela Pública, afectada durante más de una década por recortes y por las mal llamadas políticas de “racionalización del gasto”, antes del inicio de la pandemia ya no era la mejor. Disponíamos de los recursos justos para funcionar con normalidad aparente a costa de la dedicación del profesorado, quien, a pesar de las elevadas tasas de temporalidad y la precarización creciente que padece, suplía las carencias con su esfuerzo. La irrupción de la COVID19 ha puesto de manifiesto que la inversión educativa en España es tan exigua que no ha sido posible ni siquiera cumplir con las prescripciones sanitarias que el propio Gobierno había fijado la pasada primavera como condición para una vuelta segura a las aulas. Poco a poco, hemos visto cómo las ratios han ido subiendo, la distancia social ha disminuido, en las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo se están proponiendo unas adaptaciones cada vez más laxas y la posibilidad de una mayor financiación para los centros educativos finalmente se ha esfumado.
Por una escuela presencial
La escuela no es únicamente un lugar donde se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos curriculares. Los aprendizajes que propicia la educación van más allá de esta visión reduccionista y utilitaria de la enseñanza.
La escuela es un espacio de socialización, de transmisión de valores democráticos, de afecto,
de diversidad, de igualdad, de
resolución pacífica de
los
conflictos, de compensación de las diferencias socioeconómicas y
culturales… Su papel es determinante para asegurar una mínima
igualdad de oportunidades para todas y todos
Por ello, no podemos renunciar a la presencialidad de la educación. Sin embargo, no debemos aceptar que esto se haga a cualquier precio. La Administración ha de garantizar que los centros educativos sean espacios seguros. Es imprescindible contar con unos protocolos rigurosos, formar al profesorado en materia de prevención y salud laboral y dotar a nuestros centros del personal y de los recursos necesarios para afrontar con garantías de éxito la gestión escolar de la pandemia.
En defensa de la atención a la diversidad
La atención a la diversidad es uno de los ejes fundamentales para conseguir una escuela y, por extensión, una sociedad inclusivas. La atención a la diversidad debe garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado con independencia de su origen o situación personal, tratando de eliminar las barreras para el aprendizaje que puedan encontrar a lo largo de la escolaridad y facilitando el acceso a todas las experiencias, curriculares y sociales, que brinda la educación.
Sin embargo, no se construye una escuela inclusiva recortando el gasto en atención a la diversidad, precarizando el empleo mediante medias jornadas en los perfiles asociados a esta cuestión o cuadrando partidas presupuestarias mediante retrasos en las contrataciones del personal de los servicios de Orientación.
Asturias sigue sin contar con un Decreto de Equidad que regule las líneas de actuación en este ámbito y que garantice que, al margen de los vaivenes políticos, los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para impulsar la prevención de problemas y la atención temprana, dotando a la intervención educativa de un carácter compensador.
Más profesorado, menos ratio: prevención y seguridad frente a la COVID19
Durante el Estado de Alarma, la cuestión educativa se convirtió en uno de los temas más tratados en los medios de comunicación, siendo objeto de un gran debate político y social.
La ausencia de un verdadero Estado del bienestar que afronte de manera decidida cuestiones como la conciliación de la vida laboral y familiar situaron al sistema educativo en el punto de mira, como si la responsabilidad sobre la conciliación fuera competencia de la escuela, y no de las empresas o de una Administración que debería intervenir activamente en esta problemática de evidentes implicaciones sociales.
Rechazamos una vuelta a las aulas condicionada a una visión de la escuela como un lugar de custodia para los menores durante el tiempo en el que las familias cumplen con sus obligaciones laborales. La enseñanza presencial, ya lo hemos dicho antes, debe realizarse garantizando la seguridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, dos medidas son necesarias:
La primera es la reducción de la ratio de alumnado por grupo. No es de recibo que el Gobierno asturiano pretenda que hasta 33 estudiantes compartan el reducido espacio de un aula en el Bachillerato, cuando hace menos de cuatro meses el Gobierno de España proponía una ratio de
15 estudiantes por aula. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, sobre el alumnado de 3º y 4º de ESO, dado que los agrupamientos previstos no supondrán desdoble alguno hasta que se sobrepase la cifra de 27 estudiantes por grupo.
La única razón para que la ratio no sea menor es la negativa del Gobierno asturiano a destinar más recursos presupuestarios a la educación.
Queremos recordar
que las plantillas docentes ya
eran insuficientes antes de esta
emergencia sanitaria. Como ya
se ha
dicho, los recortes sufridos por la educación durante los últimos años las han
dejado reducidas a
mínimos. A día
de hoy, aun teniendo en
cuenta las
partidas
extraordinarias aprobadas
para hacer frente
a la pandemia, el presupuesto de la
Consejería de Educación sigue estando por debajo del existente antes de la última crisis económica.
La segunda, en relación con la anterior, es la contratación del profesorado necesario para hacer efectiva la reducción de ratios. Pese al anuncio del Gobierno asturiano sobre la contratación de varios cientos de docentes -en torno a 600 en la red pública- el número sigue siendo insuficiente para acometer la vuelta a las aulas con las mínimas garantías sanitarias.
Reclamamos que la salud prime frente a la austeridad de quienes pretenden salir de esta crisis sin invertir ni un euro más en educación. Exigimos la contratación de todo el profesorado necesario para que nuestras aulas sean seguras.
Las organizaciones firmantes promoveremos movilizaciones durante el mes de octubre si estas reivindicaciones no son tenidas en cuenta.
¡Contra la brecha social, en defensa de la escuela pública asturiana!
18 de septiembre de 2020
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