Primero lo público: el CEPA se defiende

SUATEA condena el doble rasero del Ayuntamiento de Siero: desalojando al CEPA, que lleva ya dos cursos sin sede y ofreciendo espacios a las universidades privadas

En Siero estamos asistiendo a una decisión política que retrata con crudeza cuáles son las prioridades del Ayuntamiento: mientras el alcalde se muestra dispuesto a ceder suelo público para las universidades privadas, el Centro de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA) fue desalojado sin que se ofreciera una alternativa real. Resultado: más de un año sin sede, parcheando su actividad en un espacio reducido del IES Río Nora, con el perjuicio añadido de que el propio instituto pierde aulas y dependencias necesarias para su alumnado y su trabajo diario.

No hablamos de ladrillo ni de “reordenaciones”. Hablamos de derechos. El CEPA no es un capricho: es una herramienta esencial de justicia social. Es el lugar donde muchas personas trabajadoras —y también personas en paro, cuidadoras, migrantes, jóvenes que tuvieron que dejar los estudios y mayores que quieren retomar su formación— encuentran una segunda oportunidad. Es un servicio público que combate la exclusión, mejora la empleabilidad y dignifica la vida. El CEPA es un pilar necesario del ascensor social. Dejarlo en el aire durante meses, sin un espacio propio y adecuado, es condenarlo a la precariedad y enviar un mensaje inequívoco: La educación pública estorba, la igualdad de oportunidades no interesa.

Y, sin embargo, lo que se pone sobre la mesa es justo lo contrario: regalar suelo para que entren proyectos privados que se presentan con el envoltorio de “universidad” pero que, en demasiados casos, operan como negocios educativos. Y es que la universidad, si merece ese nombre, se sostiene sobre docencia de calidad, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social. Cuando el objetivo central es captar matrículas como quien vende un producto, lo que se alimenta es un modelo de mercantilización: títulos como mercancía, campus como reclamo y precariedad laboral para el personal que sostiene el tinglado.

Desde el SUATEA denunciamos esta política de doble rasero: para lo público, abandono y recortes encubiertos; para lo privado, facilidades y alfombra roja.

Por todo ello, desde SUATEA exigimos:

1. Ubicación inmediata, digna y estable para el CEPA, con espacios suficientes, accesibles y adaptados a su actividad.
2. Compromiso presupuestario para garantizar el funcionamiento del CEPA en condiciones (aulas, recursos, equipamientos…).
3. Fin de la “solución parche” que carga sobre el IES Río Nora una pérdida de espacios que necesita para su alumnado y su proyecto educativo.
4. Transparencia total sobre cualquier operación de cesión de suelo: criterios, condiciones, contraprestaciones, impacto urbanístico y educativo.
5. Una apuesta clara por la educación pública como eje de cohesión social, también en la formación de personas adultas.

Siero tiene que decidir si quiere ser un concejo que cuida lo común o un concejo que convierte lo común en moneda de cambio. Porque cuando se desprecia un centro de enseñanza de adultos, lo que se desprecia no es un edificio: se desprecia a la gente que lo necesita. Y esa gente tiene nombre y apellidos: trabajadoras y trabajadores que no pudieron terminar sus estudios; mujeres que sostuvieron cuidados y vuelven a formarse; personas que buscan un título para mejorar su empleo; vecinos y vecinas que quieren aprender para vivir con más autonomía; migrantes sin escolarizar, o que no han tenido la oportunidad de escolarizarse en ninguna de las lenguas de España.

La educación pública no es un gasto. Es una inversión social que devuelve dignidad, oportunidades y futuro. Lo privado, cuando entra como negocio, no llega para “complementar”: llega para competir, segmentar y lucrarse.

Por eso lo decimos alto y claro: si hay suelo y hay voluntad política, primero para lo público. Primero para el CEPA. Primero para garantizar derechos. Y, si el Ayuntamiento quiere hablar de “progreso”, que empiece por no dejar a la educación de personas adultas sin casa.

Desde SUATEA nos ponemos a la expropiación de edificios a la enseñanza pública mientras se regala el suelo a quien trafica con un derecho. La educación pública no se desaloja: se defiende.