No aptos?

La Consejería de Educación ha publicado recientemente una lista de personas que deben concursar obligatoriamente. Entre las personas incluidas en esta lista se encuentran varios funcionarios en prácticas. Lo que resulta especialmente sorprendente es que algunos de estos funcionarios ya habían completado satisfactoriamente su curso de prácticas, concursado en su debido momento y recibido su destino definitivo. Ahora, sin previo aviso ni explicación clara, se les está informando de que deben volver a concursar, pero esta vez para repetir el año de prácticas.

La situación ha generado una gran confusión y desconcierto entre los afectados, quienes, al verse en esta lista, sienten que han sido devueltos sin motivo justificado al punto de partida. Ante esta circunstancia, algunos de ellos han solicitado explicaciones a la Administración para entender el porqué de esta decisión. En respuesta, la Administración les ha comunicado que serán calificados como no aptos en su curso de prácticas.

Este proceder administrativo es, sin lugar a dudas, un despropósito. La expresión «van a ser calificados» es incomprensible para ningún docente. Un aspirante debe ser calificado como apto o no apto. Además, ante una calificación de este tipo, el aspirante debe tener las garantías jurídicas necesarias que le permitan reclamar dicha calificación si la considera injusta o incorrecta. Es fundamental que el proceso de calificación sea transparente y que los aspirantes tengan la oportunidad de defender su posición.

Solo cuando la calificación de no apto sea definitiva, se podría considerar la posibilidad de remover al aspirante del destino obtenido en el concurso de traslados y obligarle a repetir el curso en prácticas. La idea de filtrar anticipadamente que un aspirante no es apto es totalmente inapropiada y carece de fundamento. ¿Qué implica esto? ¿Que se da por sentado que no habrá alegaciones o que, en caso de haberlas, no serán tenidas en cuenta? Este tipo de suposiciones son inaceptables en un proceso administrativo que debería ser riguroso y respetuoso con los derechos de los implicados.

La actuación de la Consejería en este caso refleja claramente un desprecio hacia el procedimiento administrativo y hacia los derechos y garantías jurídicas de los aspirantes. No es la primera vez que la Consejería actúa de manera precipitada y sin la debida consideración hacia los afectados. De hecho, esta situación es solo un ejemplo más de lo que parece ser una larga serie de decisiones cuestionables y apresuradas.

La Consejería de Educación lleva décadas operando sin una dirección clara y efectiva. Pareciera que la gestión se realiza en piloto automático, sin que nadie asuma realmente el control ni la responsabilidad de las decisiones tomadas. Esta falta de dirección y liderazgo se refleja en actuaciones como esta, donde el lema parece ser «tira que libres».

Los afectados merecen una explicación detallada y justificada sobre esta decisión. Es crucial que se revisen los procedimientos y que se garantice que los derechos de los aspirantes sean respetados. La Administración debe asegurar que cualquier decisión que afecte a los funcionarios en prácticas se tome de manera justa, transparente y con el debido proceso. Los aspirantes tienen derecho a saber por qué se les está obligando a repetir el curso de prácticas y deben tener la oportunidad de apelar la decisión si la consideran injusta.