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¿Es acaso el profesorado el responsable?
En los últimos tiempos, han surgido en diferentes medios de comunicación diversas opiniones y propuestas para el mundo educativo. Curiosamente, los diferentes planteamientos han puesto la atención en el profesorado, dejando fuera del análisis los problemas reales que acucian a la enseñanza pública.
El mundo de la enseñanza, fundamentalmente en el campo de la educación pública, ha sido sometida en las últimas legislaturas, y sobre todo en la que ahora finaliza, a un auténtico descalabro. Los recortes, principalmente los dictados por el Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, han dejado la educación pública exangüe. Recortes tan significativos como el aumento de las ratios de alumnado por aula, la supresión de unidades escolares, la congelación de ofertas de empleo, el abandono de la atención a la diversidad (alumnado con especiales dificultades), la minoración de las partidas para becas, el aumento de las tasas universitarias, la disminución de las plantillas docentes con la destrucción de miles de puestos de trabajo, disminución de recursos a los centros educativos, el incremento de la carga horaria y degradación de las condiciones laborales del profesorado, etc., han lacrado la educación pública de una forma alarmante. Toda una serie de recortes que ha repercutido en las condiciones de trabajo del profesorado, y también en los intereses del alumnado y las familias, que han visto menoscabados sus derechos. Todo este retroceso no puede justificarse con argumentos meramente economicistas, sino que responden a un plan de degradación diseñado a conciencia para potenciar la privatización y beneficiar a las élites con la sumisión de la comunidad educativa. No nos cansaremos de recordar, como hemos hecho en todo momento, que la educación es un derecho fundamental e inalienable de las personas y no una mercancía o servicio sujeto a las reglas del mercado.
Ante estas próximas elecciones, el análisis fundamental que desde los diferentes partidos se debe hacer de la educación debería estar enfocado principalmente en los efectos provocados por todo la política de recortes de los últimos años y la forma de revertirlos. Para ello, se debería revocar el compromiso de reducción del PIB en materia de educación adquirido ante Bruselas, que es de un 3.7%, e incrementarlo hasta el 7 %. Plantear, como dice el señor José Antonio Marina, que el problema de la enseñanza reside en el profesorado es eludir la responsabilidad y desviar la atención de forma intencionada.
Estamos en un momento en el que es necesario manifestar que, gracias a la profesionalidad del profesorado, a su dedicación, su compromiso y su perseverancia, la enseñanza pública ha resistido y soportado todos estos envites en los que se ha visto envuelta en los últimos tiempos. Sin embargo, el nuevo ministro de Educación, tratando de eludir la responsabilidad del gobierno en el deterioro de la enseñanza pública como consecuencia de los profundos recortes, continúa la línea de su predecesor con la demonización del profesorado a través de la elaboración de un supuesto Libro Blanco, que ha encargado al señor Marina, que contiene viejas recetas neoliberales, como la introducción del pago al profesorado en función de sus méritos y sus resultados. Se trata de una concepción mercantilista y arbitraria de la función docente que se aleja del necesario fomento del trabajo en equipo y que intenta ocultar los recortes y los despidos de miles de docentes interinos poniendo sobre la mesa soluciones demagógicas como las evaluaciones que responsabilizan directamente al profesorado de los problemas que sufre en estos momentos la educación.
Las próximas elecciones generales deben servir para saldar cuentas. En la historia reciente, la comunidad educativa y la sociedad en general han levantado la voz como nunca lo habían hecho reclamando la educación que nos merecemos: una educación pública de calidad, gratuita, democrática y participativa, inclusiva, laica y respetuosa con las diversidades. SUATEA y la Confederación de STEs-intersindical demandan a los partidos políticos que concurren a estos comicios que el cambio educativo tiene que ser inexcusable con la nueva legislatura. La retirada de los recortes, la derogación de la LOMCE y la reforma universitaria del ministro Wert son inaplazables.
Uviéu, 23 d’ochobre de 2015
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