La nueva Ley de FP sin decretos de currículos ni evaluación

Comienza la implantación de la nueva Ley de FP sin la publicación de los Decretos de los currículos de los ciclos formativos ni la normativa para evaluar al alumnado 

Con fecha de 30/8/24 se publicaron las orientaciones para el inicio de curso en Formación Profesional pero no están publicados los nuevos Decretos con los currículos ni la regulación de la ordenación y evaluación de las enseñanzas: FALTA por tanto, la normativa autonómica para iniciar la implantación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional por la que se convierte a toda la FP en Dual, con alternancia de formación en centros educativos y empresas desde el primer curso.

Los decretos autonómicos pendientes de elaboración y publicación son los siguientes:

• Decreto por el que se regula el diseño, la organización general y el currículo de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional en el Principado de Asturias.
• Decreto por el que se regula la ordenación de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional impartidas en centros docentes en el Principado de Asturias y la evaluación del alumnado.

Mientras se espera la publicación de esta normativa autonómica pendiente, desde la Consejería de educación remiten al profesorado de FP a aplicar normativa básica, anterior y aportan una documentación en obras para poder poner en marcha el curso. Piden al profesorado que elabore ya dos aspectos para poder funcionar:

• Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
• Los procedimientos y criterios para asignar al alumnado para la formación en empresas.

El resto (programaciones, proyecto educativo…) se pospone para fin de curso, momento en el que esperan tener la normativa autonómica.

En estas instrucciones de inicio de curso para la FP, no aportan una planificación de cuándo han de ser las evaluaciones ni la formación en empresa, dejando la organización de dichos aspectos a cada centro. Asimismo, no ha habido ningún tipo de negociación ni mesa sectorial para tratar los nuevos Decretos de cada título de FP, como sí ocurre en el resto de territorios. Cuando Javier Cueli, Director General de la Planificación de Formación Profesional, afirmó en una jornada informativa que “la FP ye diferente” no suponíamos que se refería a procrastinar la legislación pertinente.

Recordemos que la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional y el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional es un cambio tras 25 años de la actual Formación profesional con novedades tales como:

• La formación en empresa se introduce en el primer curso además de en el segundo, y convierte a algunos profesionales de las empresas en profesores que imparten currículum reglado, en vez de ser una parte práctica complementaria como era antes. Por lo tanto, aumentan las horas de formación del alumnado, de 380 horas a 500 horas en el régimen general y a 700 horas, si es intensivo. La Consejería de Educación presume de la alternancia que hará el alumnado: ir a la empresa y luego al centro educativo, desde el primer curso. Pero este cambio de eje que prioriza la satisfacción del mercado laboral y el enfoque neoliberal de la educación puede restar a esta su tarea transformadora, de formación crítica e integral.

• Se introducen adaptaciones para alumnado con necesidades educativas especiales pero no dicen que apenas hay refuerzo en Orientación para apoyar que el profesorado introduzca tales adaptaciones. El curso pasado, por primera vez, introdujeron orientadores en los Centros Integrados de FP (CIFPs) y este curso han reforzado con solo 4 orientadores más en algunos IES con varios ciclos formativos y más de 1000 alumnos. No obstante, muchos centros con ciclos de FP continúan con un solo orientador a pesar de que se incrementa su carga laboral, como el IES Roces, IES Emilio Alarcos en Xixón, IES Cuenca del Nalón, IES de Llanes, IES Sánchez Lastra e IES El Batán en Mieres, o el IES Aramo en Uviéu, por poner solo unos ejemplos. No dotar de facto de los recursos necesarios para implementar estas nuevas medidas es el termómetro para testar su compromiso real con ellas.

• No dicen que los requisitos en titulación para que los profesionales de las empresas sean profesores son mucho menores que los exigidos al profesorado de la Consejería de Educación, con lo que se infravalora la formación pedagógica por un lado, y se cuestiona el acceso al empleo por mérito y capacidad, por otro, lo que influirá en la consiguiente pérdida de la calidad educativa.
• No dicen que van a reducir las horas asignadas al profesor/a tutor/a del centro educativo para conseguir empresas y tutorizar al alumnado (hasta ahora 6 periodos lectivos). Este primer curso de transición permanece similar, pero se prevé una drástica reducción en el futuro inmediato, lo que supone una merma de recursos y de apoyo al alumnado en su estancia formativa.

• No dicen que se corre el riesgo de que sean las empresas las que seleccionen al alumnado que mejor les convenga y rechacen al que tiene más dificultades, lo que supondría proporcionarles a las propias empresas un servicio de empleo a la carta.

• No dicen que se han sacrificado horas de los módulos específicos de cada ciclo que son el esqueleto esencial de cada formación para incluir nuevos módulos transversales como Sostenibilidad aplicada al sistema productivo cuyo currículum corre a cargo de Naturgy y desarrolla una visión acrítica de la Agenda 2030.
• No dicen que el profesorado del cuerpo de Profesores Técnicos a extinguir (cuerpo 591) y el profesorado Especialista en Sectores Singulares (cuerpo 598) realizan las mismas funciones e imparten los mismos módulos que otros compañeros/as que se han integrado en el cuerpo de Secundaria (590) por tener una titulación de grado y hay una discriminación salarial que, en muchas CCAA, se ha compensado con un complemento económico.

• No dicen que la nueva Ley abre la puerta a los conciertos educativos en FP ya que academias privadas pueden ser autorizadas para recibir fondos públicos e impartir Formación Profesional, incluida la modalidad online; lo que supone no apostar por una formación pública robusta en recursos y excelsa en calidad.

• No dicen que se ha disparado la FP privada en un 460% en la última década por falta de plazas en la educación pública, principalmente en Grados superiores y en su modalidad a distancia lo que pone de relevancia un gran problema de equidad porque la educación pública no responde al aumento de demanda facilitando así la privatización de la FP.