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SUATEA LLAMA A OPONERSE AL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA LEY
Acaba de publicarse el Informe PISA 2012 y determinados sectores, entre los que se encuentra el PP y el ministro Wert, aprovechan para arremeter contra el sistema educativo español y vendernos la LOMCE como la panacea que solucionará todos los problemas y nos pondrá a la cabeza del ránking europeo.
Si nos atenemos a los resultados publicados, las variaciones más significativas no se refieren tanto a las puntuaciones obtenidas como al empeoramiento de la equidad que parece ir generando una brecha social que, de seguir la misma tendencia, tendría consecuencias nefastas en nuestra sociedad.
Que las diferencias socioeconómicas del alumnado son un elemento determinante en los resultados académicos es una realidad bien conocida. Desde muchos sectores de la comunidad educativa manifestamos el papel trascendental de la educación como factor de compensación social y por ello ha constituido uno de los argumentos que fundamentan la oposición a la LOMCE.
Los datos con los que nos encontramos ahora muestran un incremento de las diferencias de rendimiento en función de la extracción social y el entorno cultural, un dato que hay que asociar con la necesidad de incrementar la atención a la diversidad y los apoyos educativos, nada que pueda llevarse a cabo con una política de recortes que aumenta las ratio, disminuye el número de profesorado y elimina parte de los recursos educativos de los centros.
De hecho, el estancamiento en los resultados en el conjunto del Estado Español, cuando en los últimos años se venía mejorando ligeramente, hay que interpretarlo como una consecuencia directa de los recortes y el consiguiente aumento de la desigualdad. Si bien somos escépticos sobre la utilidad de las pruebas PISA para evaluar realmente la calidad del sistema educativo, no deja de ser significativo que el nuestro llevaba años mejorando de forma continua desde un punto de partida muy por debajo de otros estados europeos.
La LOMCE traerá mayor segregación, ausencia de participación democrática, recortes en la atención individualizada al alumnado y peores condiciones laborales para el profesorado. Todos estos elementos contradicen las necesidades evidenciadas por el informe que se acaba de publicar y que constituyen otro argumento más para oponerse a la nueva Ley. Por ello seguimos pidiendo a los docentes y al resto de la comunidad educativa que manifiesten su rechazo y hagan lo posible para que no se implante la sinrazón en el día a día de los centros.
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