Escuela Pública, centros de capacitación digital y privatización

El 2 de diciembre de 2022, la Conferencia Sectorial de Educación aprobaba la propuesta de distribución y criterios de reparto de los créditos destinados a la creación de una Red de Centros de Capacitación Digital, en el marco de la Red Nacional de Competencias Digitales, por un importe de 29.505.000 €, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los objetivos pasan por flexibilizar la formación, para hacerla accesible a toda la población en cualquier momento, y que toda la población del estado adquiera las capacidades digitales que le permitan interactuar como usuaria independiente con entidades financieras, administraciones, organismos y otras entidades, al tiempo que se complementan estas capacidades en los sistemas educativo y formativo. El plan priorizará que se pueda llegar a los colectivos más vulnerables.

En el propio acuerdo se afirma que el valor añadido de la actuación está en la capacidad de poner al servicio de la ciudadanía las infraestructuras y dotaciones de los centros dependientes de las administraciones públicas, a través de la dedicación de aulas y otros espacios con dotación de servicio educativo, para las actuaciones de capacitación digital. 

La Consejería de Educación de Asturias decidió que serán los centros de educación de personas adultas (CEPA) los encargados de aplicar este programa y, por lo tanto, pondrán  su espacios y recursos a su disposición.

En los compromisos de aplicación del programa educativo se reseña como valor añadido poner al servicio de la ciudadanía infraestructuras educativas, algo que es engañoso,  ya que  de hecho  las infraestructuras ya existen y están a su servicio en los centros de adultos, incluso ofertando programas de enseñanzas no formales con contenidos asemejados a los propuestos como una gran novedad. La diferencia es que ahora hay una partida económica extraordinaria con la que mejorar los espacios y los recursos materiales que una vez acabado el programa quedarán a disposición de los centros educativos. En cambio, esta inversión dejará buenas ganancias a las empresas tecnológicas de hardware y software. En este último caso  tenemos el precedente de que la Consejería opta por sistemas operativos y aplicaciones privativos que suponen un gasto munchísimo mayor que los libres a los que pueden optar.

La implantación del plan supone aceptar el compromiso de contratar a personal generando nuevos puestos de trabajo. Considerando que la formación que se va  a impartir no es formal, podrá contratarse a personal no docente. Es decir, se le abre la puerta a la externalización de servicios educativos, educativos aunque no sean educación formal, y que pueden dar lugar a la contratación de empresas  que pongan el personal y la programación de los contenidos, regiendo buenas y fáciles ganancias  sin ninguna inversión en recursos materiales.

Los principios de calidad de la educación y la concepción de ella como un proceso permanente que se desarrolla a lo largo toda la vida  recogidos en la ley deberían blindar esa posibilidad de externalización de los servicios educativos. Garantizaría estos principios que la formación en competencia digital la imparta el personal docente especialista de los centros de adultos que, como obliga el plan, debe ser contratado, generando así nuevos puestos para personal interino.

Para acabar, denunciar desde SUATEA la sistemática erosión que está sufriendo el sistema educativo público al verse gravemente amenazado :

• Por el desvío de fondos europeos hacia entidades privadas disfrazados de servicio público: una privatización encubierta.  
• Por la falta  de planificación e inversión educativas que  los hacen depender cada vez más de los fondos extraordinarios europeos  con los que dotar de recursos materiales y personales al sistema educativo público.
• Por la imposición de los intereses de los poderes económicos  sobre los  valores educativos que hacen que, paulatinamente, perdamos nuestra soberanía de gestión.

El Secretariado de SUATEA.

En Oviedo a 22 de junio de 2023.