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Los Sindicatos de Clase continuarán con movilizaciones, huelgas y otras acciones reivindicativas en los diferentes territorios hasta conseguir la estabilización real del personal temporal en abuso de las administraciones públicas conforme a la directiva y jurisprudencia europea y piden a los partidos políticos responsabilidad y voluntad para que la nueva ley para la reducción de la temporalidad se adapte a las diretrices europeas, evite la inseguridad jurídica y solucione definitivamente el problema
Los sindicatos firmantes apostamos por la ESTABILIDAD mediante la consolidación del personal temporal en abuso en sus puestos, sin dejar a nadie atras, solución legal que ya se ha aplicado en otros momentos y que permite aprovechar la experiencia laboral de las victimas, y no supone coste alguno para nuestras menguadas arcas públicas.
Estas enmiendas, no cumplen en absoluto con los principales objetivos marcados por este colectivo a pesar de que en tanto son aprobadas por la correspondiente Comisión, Senado y Congreso, suponen, eso sí, son un pequeño avance en la dirección emprendida en distintos ámbitos por los colectivos de trabajadores y trabajadoras precarizadas en las Administraciones Públicas desde hace años. Además, como ya decíamos, su anuncio/filtración no deja de suponer una maniobra de división y desmovilización de este colectivo, así como un intento por espoliar las posiciones más reaccionarias hoy representadas por una buena parte de la judicatura, por el sindicalismo institucionalizado y pactista, por formaciones políticas instaladas en el posibilismo y por el propio sistema, interesado en mantener un amplio destacamento de trabajadores y trabajadoras precarias en las Administraciones Públicas listas para engrosar las plantillas de los nuevos nichos de negocio que a cada paso surgen de la incesante privatización de los servicios públicos.
Además pedimos que los procesos selectivos no convocados y los que publicadas sus bases no se hayan iniciado, se deberán adaptar a la nueva legislación.
Reconocer que el concurso de méritos es el sistema legal de provisión de plazas que debe aplicarse para solucionar el fraude en el sector público es un cambio de actitud, insuficiente pero un pequeño paso. Es necesario recordar que este instrumento conto con la firme oposición del sindicalismo amarillo de CCOO, UGT e CSIF que se mantuvieron de espaldas a los intereses del personal temporal durante todos estos años. El concurso de méritos aparece como un proceso abierto, no restringido y por lo tanto incierto, por lo que debería acotarse únicamente al personal en fraude de ley y como último recurso, anteponiendo la Fijeza como Sanción o la figura del Fijo a extinguir.
Queremos insistir en la necesidad de mantener la movilización porque será durante esta fase de concreción del acuerdo cuando tengamos que redoblar nuestros esfuerzos por la consolidación del personal interino, laboral y estatutario para que esa concreción sectorial se haga siguiendo la hoja de ruta de la consolidación de quien lleva más de 3 años. Solo la lucha conseguirá impedir que se impongan soluciones intermedias que no resuelvan el problema tal y como debe hacerse según los parámetros europeos (Directiva EU 70/1999).
Por tanto, seguiremos insistiendo en que lo que pedimos es lo más justo y sencillo: trasladar al sector público lo que es de obligado cumplimiento en el privado en materia de contratación. También queremos hacer un reconocimiento a todo el personal que se viene movilizando contra viento y marea. Hemos demostrado que las cosas pueden cambiar y que no han sido esfuerzos en vano.
Ahora, más que nunca debemos estar al tanto de la evolución de los próximos acontecimientos para reaccionar rápidamente si se produjera cualquier contratiempo.
En este sentido sugerimos al personal afectado estar pendientes de cualquier convocatoria que propongamos.
Pedimos:
- Consolidación en el empleo de todas las personas en situación de interinidad o temporalidad abusiva en las Administraciones Públicas acorde con la normativa europea.
- Modificaciones normativas que posibiliten la estabilización que se reclama.
- Que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público transponga definitivamente la directiva 1999/70/CE al sector público sin desvirtuar el objeto y finalidad de la misma.
- Determinar las personas que se encuentran en abuso de temporalidad en las Administraciones y Empresas públicasy que no se produzca ningún cese de las mismas hasta que se establezcan los mecanismos necesarios para su consolidación real.
- Los procesos selectivos no convocados y los que publicadas sus bases no se hayan iniciado, se deberán adaptar a la nueva legislación.
- En Enseñanza y Sanidad la Ley, debe recoger de forma explícita la posibilidad de la aplicación del concurso a las plazas ocupadas con contratos o nombramientos de carácter temporal interrumpido y plazas estructurales con destino cambiante.
- Fomentar las Ofertas de Empleo Público de Reposición.
- Sanción a los responsables de la situación de abuso de la temporalidad del personal interino y temporal.
- Potenciación y refuerzo de los Servicios Públicos.
Concluír que: la estabilidad debe ser acorde a la norma europea, que realmente sancione el abuso y que pase por la voluntad política real de resolver el problema
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