Un paso más para privatizar la universidad pública

El MEC se dispone a reformar la universidad para potenciar su privatización, para encarecerla, y para dificultar el acceso y movilidad del profesorado universitario.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar su última afrenta a la enseñanza pública en forma de reforma universitaria.

Con esta aprobación, sin dar tiempo a la implementación y evaluación de los diferentes estudios de grado impuestos por la aplicación del denostado Plan Bolonia, el ministerio pretende a través del «proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el RD 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado» modificar los estudios de Grado (cuatro años y 240 créditos) y de Máster (un año y 60 créditos), permitiendo que las universidades cambien a su antojo la duración de grados y máster, implantando grados de tres años y máster de dos.  El objetivo es claro: encarecer los estudios universitarios, pues las tasas de las matrículas de los máster son bastante más elevadas que las de los grados. Esta media, a la que hay que unir la disminución del número y cuantía de las becas, parece destinada claramente a endurecer el acceso a la universidad por cuestiones económicas;  claramente se expulsa de la universidad a las hijas e hijos de las familias que no pueden pagar estos desorbitados precios.

La actividad docente sigue infravalorada en el «proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios», pues los nuevos procedimientos de evaluación de los méritos y competencias dirigidos a obtener la acreditación necesaria para acceder a los cuerpos docentes universitarios son menos claros e imparciales que los actuales, endureciendo los requisitos que facilitan el acceso y la movilidad del profesorado universitario, permitiendo valorar el trabajo externo a la universidad cuando los méritos de docencia e investigación sean insuficientes.

SUATEA entiende que la defensa de la universidad pública pasa por luchar contra la implantación  de estos reales decretos, pues su aplicación contribuiría al desmantelamiento progresivo de la universidad pública en el que está embarcado el actual gobierno con ministro Wert como punta de lanza.  En los últimos cuatro años ha disminuido la inversión universitaria en más 1.500 millones de euros; las plantillas han disminuido en más de ocho mil personas (entre Profesorado y PAS) por despido, jubilación y por el mantenimiento de la tasa de reposición de efectivos en el 10%; han subido las tasas, en algunas comunidades más del 50%, y han disminuido las becas del MEC en un 15%; el alumnado se matricula en menos créditos, y el curso pasado hubo 45.000 estudiantes universitarios menos que el anterior (de este no hay datos todavía).

Es necesario también recuperar la inversión en la educación superior, acabar con la tasa de reposición, aumentar el número de becas y disminuir las tasas para permitir que a la universidad pública pueda accederse en función de los méritos y conocimientos y no de la disponibilidad económica de las familias.

SUATEA se opondrá con todas sus fuerzas a esta nueva agresión a la escuela pública y hace un llamamiento a toda la sociedad para que rechace esta política educativa que como la LOMCE solo beneficia a los enemigos de la enseñanza pública.