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SUATEA ante las oposiciones de Secundaria y FP

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El próximo día 23 se inicia el proceso de oposiciones convocadas desde la Consejería de Educación. Es de sobra conocida cuál ha sido la posición de SUATEA durante todo el proceso de negociación previo a esta convocatoria. Desde el mes de septiembre del pasado año hasta marzo, se celebraron diversas reuniones en las que manifestamos, de forma reiterada y en solitario, nuestro temor a que las oposiciones se conviertan en un ERE encubierto que dé como resultado el despido de buena parte del personal interino que hasta ahora vienen desarrollando su trabajo en Asturias. A pesar de las advertencias de SUATEA, en algunas especialidades se convocan el 80 %, o más, de las vacantes existentes ocupadas hasta ahora por interinos, lo que implicará que quienes no aprueben quedarán sin trabajo. Precisamente por esto, nuestro sindicato no firmó la OPE presentada por la Administración. A todo ello hay que sumar las consecuencias del acuerdo de interinidad en vigor, que rebarema las listas después de cada procedimiento selectivo, y que puede significar el despido para personas con hasta 30 años trabajados y /o que superan los 50 años de edad.

Esta Oferta de Empleo Público prevé la convocatoria sucesiva de oposiciones para los siguientes años, en diferentes niveles, comenzando este año con Secundaria y Profesorado Técnico de Formación Profesional. Seguimos pensando que estamos ante una situación muy compleja en la que se está decidiendo el futuro del colectivo de profesorado interino y, desde SUATEA, seguiremos defendiendo un plan de estabilidad para el profesorado interino de Asturias.

En otro orden de cosas y de cara a las bases de la convocatoria de las oposiciones, SUATEA presentó una serie de propuestas encaminadas a mejorar el desarrollo del proceso. Planteamos cuestiones como la conciliación familiar como motivo de exención para formar parte de los tribunales; que se ampliaran las causas de fuerza mayor como  justificación para no presentarse a las oposiciones (ahora sólo incluyen la  hospitalización por motivos de embarazo y/o parto); en relación con la prueba práctica, planteamos que ésta se relacionase con el currículo vigente de la especialidad, más ligado a la práctica docente, y no con el temario, y que se diesen varias opciones para elegir (así es en la mayoría de las CCAA); que  se garantizase el anonimato de los opositores en la primera prueba con un sistema de plicas (tal y como sucede en la mayoría de CCAA, y en la EBAU) y que se activase un sistema de claves o similar que proteja los datos de las personas aspirantes y las notas obtenidas en los procesos selectivos; que se estableciese un plazo de reclamación a las puntuaciones de la primera prueba, teniendo en cuenta que, al ser eliminatoria, quien no la supere queda eliminado; etc.

Todas estas propuestas, hasta un total de dieciséis, tenían como objetivo mejorar las condiciones para la realización de las pruebas, pero fueron rechazadas por la Administración en su totalidad, algo que ilustra con claridad la actitud arrogante y autoritaria existente en la Consejería de Educación. Nos resulta llamativo que ante nuestra propuesta de garantizar el anonimato y preservar la protección de datos de las personas aspirantes, la Consejería alegase motivos técnicos y, sin embargo, han aparecido convocatorias para otros ámbitos en los que, ahora sí, existen garantías de anonimato para quienes se presenten a ellas.

También nos preocupan los aspectos relacionados con la conciliación familiar, tanto de los aspirantes, como de quienes integran los diferentes tribunales así como sus condiciones laborales. Hay que recordar que esos profesionales, nombrados por sorteo, salen de un estresante final de curso en sus centros respectivos, colofón final de toda una serie de tareas de carácter extraordinario que han afectado a buena parte de ellos: pruebas diagnóstico, programas como Talis o Pisa, más allá de las Tutorías cuyo trabajo burocrático ocupa cada año más tiempo. Nos preocupa el hecho de que, en estas condiciones, vayan a someterse a una presión extra, puesto que de sus decisiones dependerá el futuro laboral de muchas personas.  Todavía más: se reduce el número de profesores que vigilan el desarrollo de las pruebas y el trabajo de los tribunales se comprime en días, teniendo que finalizar el día 14 de julio como tope, todo ello por evidentes criterios presupuestarios, ya que cuanto primero se acaben las lecturas y deliberaciones mayor será el ahorro de la Administración, que dejará de pagar los haberes correspondientes a esa tarea. Todo ello sin olvidar que la mayoría de aspirantes que se examinan siguen desarrollando su horario laboral, llevan todo el año preparando las oposiciones y aún están corrigiendo y evaluando por las tardes, ya que el año escolar aún no ha llegado a su fin.

 

Oviedo, 20 junio 2018

 

 

 

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