SUATEA contra el retroceso de la Escuela inclusiva

En un curso especialmente complicado, desde SUATEA queremos denunciar que la atención al alumnado más vulnerable está sufriendo no uno, sino varios recortes que atentan directamente contra el principio de equidad y que comprometen la Escuela Pública en tanto que garante de los derechos fundamentales del alumnado, porque a estas alturas la educación o es inclusiva, o es injusta.

Desde la ratificación por parte de España de la Convención de Nueva York en el año 2007, pasando por el artículo 71 de la LOMCE – “corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse  incorporado tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones  personales o  de  historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.”-  hasta llegar al Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la que tanto alardean nuestros representantes políticos, y que consiste en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad –“en particular, los niños y niñas con discapacidad requieren y necesitan un apoyo técnico, material y humano garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo redunda negativamente en su actividad diaria en el aula y en las actividades extraescolares y en la convivencia, más allá del estudio, así como en las situaciones de acoso escolar que, sin duda, hay que erradicar”, podemos constatar que, efectivamente, ha habido una elaboración de normas inclusivas.

Y, sin embargo, como tantos otros grandes principios, la inclusión real sigue siendo un derecho inalcanzable que se ha ido tergiversando, en su puesta en práctica, hasta quedar casi vacío.

Así,  en  Asturias,  donde  han  visto  la  luz  proyectos  admirables  -como  la  modalidad  de escolarización combinada o las aulas abiertas- ideados y puestos en marcha gracias al esfuerzo y la voluntariedad del profesorado bajo la consigna de “coste cero”, asistimos ahora al retroceso de las incipientes prácticas inclusivas con la crisis sanitaria como telón de fondo, que no ha hecho sino agravar los problemas estructurales preexistentes. Y todo ello, a pesar de que la Consejería de Educación cuenta con un Servicio de Equidad que, se supone, debe velar por la igualdad de oportunidades.

Hagamos un recorrido temporal a través de este desmantelamiento:

1. El primer recorte se produjo el pasado mes de mayo y pasó prácticamente desapercibido para la comunidad educativa. Es en ese momento cuando se publican las instrucciones para los Servicios Especializados de Orientación Educativa y desaparece la potestad de las Unidades de Orientación de cada centro para elaborar el dictamen de escolarización en  el mismo momento en que se detecta la necesidad del alumnado. Lo que durante un breve lapsus de dos años,  ha permitido ofrecer los recursos de apoyo de  manera  inmediata.  En  consecuencia,  retrocedemos  al  procedimiento  anterior  que supone la demora en la dotación necesaria hasta el curso siguiente.
2. El segundo recorte se constata en el mes de julio, cuando se elimina la convocatoria a través de la cual los centros podían solicitar un aumento de la plantilla de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje argumentando la concesión de apoyo intensivo para algún alumno o alguna alumna.
   El apoyo intensivo es un recurso excepcional, y a la vez imprescindible, para el alumnado que requiere atención individual de PT y/o AL, dentro o fuera del aula, hasta un máximo de 10 horas por semana. Pues bien, tras haber concedido estos apoyos, e informar de ello a las familias, los hacen desaparecer de un plumazo. Es ahora, en estos días de inicio de curso, cuando esas familias se están enterando, a través de los centros educativos, de que sus hijos e hijas ya no disponen de apoyo intensivo.
3. El tercer recorte llega, también, a finales de ese mismo mes, con la Resolución de 30 de julio, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases. Concretamente, a través del Artículo 9.5 de  Atención a la Diversidad que dispone, entre otras, las siguientes medidas:Docencia compartida, con la recomendación de que sea el tutor o la tutora de Primaria quien preste la atención individualizada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Por lo que ya se intuye lo que más adelante constataremos: que este alumnado, que puede presentar trastorno de aprendizaje en la lectura, la escritura y el cálculo, TDAH, etc. no dispondrá de atención especializada de PT o AL.
   La atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales se realizará dentro del aula […] como medida de inclusión. Primera tergiversación: “siempre dentro del aula” no siempre equivale a “inclusión”.
   Las intervenciones individuales o específicas se realizarán en sesiones de 15 a 20 minutos dentro del aula (habilitando, en la medida de lo posible, rincones en el aula) previa coordinación con la tutoría a fin de evitar interferencias entre ambos profesionales. Segunda tergiversación: un rincón del aula evitando posibles interferencias no es inclusión. Tercera tergiversación: sesiones de 15 a 20 minutos de duración, no permiten un apoyo especializado de calidad.
   Esta última medida resulta especialmente demencial, no solo por la insuficiencia horaria para la atención a cada alumno y alumna, o la imposibilidad de coordinarse con el resto de docentes implicadas para programar cada sesión de manera conjunta y satisfactoria, si no por la repercusión sanitaria: la ausencia de equipos y medidas de protección adecuados convierte a PT y AL en vectores de propagación y diseminación , en caso de existir un brote, por todo el centro e, incluso, por varios centros si la plaza es itinerante.
4. El  cuarto  recorte  supone,  por  el  momento,  la  culminación  de  esta  larga  lista  de despropósitos perpetrados contra la inclusión y la equidad educativas. Aparece el 10 de septiembre, cuando se publica la Circular de inicio de curso. En ella figuran, por primera vez en un texto escrito, las instrucciones para elaborar los horarios de PT y AL, ratificando las medidas anteriores y añadiendo otras que siguen en la línea de atentar contra la educación inclusiva, sino también contra  las condiciones laborales del profesorado.
   
   

Nos estamos refiriendo a las ya de por sí escuetas plantillas orgánicas de los centros en lo que a puestos de PT y AL se refiere, y a las que ahora se imponen nuevas restricciones para poder solicitar un aumento de este tipo de profesionales. Dichas restricciones limitan a 1 hora semanal la atención de AL para cada alumno o alumna con necesidades educativas especiales, siempre y cuando el número de acnees sea inferior al número de unidades del centro. En cambio, cuando el alumnado con nee supere el número de unidades del centro, se multiplicará cada unidad por 1h 30.

Llegados a este punto, resulta imprescindible destacar dos cosas:

1. La primera es que sólo se tendrá en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales. Desaparecen oficialmente los apoyos para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tal y como advertimos anteriormente.
2. La segunda es la variación del coeficiente multiplicador -en el primer caso es el número de alumnos y alumnas con nee; en el segundo es el número de unidades del centro-. De tal manera que, por mucho que aumente el número de alumnado con nee, mientras no se amplíen las unidades del centro, las horas asignadas para dar apoyo, no aumentarán.

Por tanto, el profesorado,  de AL en este caso porque para PT las cifras son distintas, que trabaja en un centro de 15 unidades dispondría del mismo número de horas lectivas – un total de 22,5-  para atender a 16 alumnos y alumnas o a 20, o incluso hasta 30. Lo cual empeora tanto sus condiciones laborales (sobrecarga burocrática para programar y redactar informes de evaluación cualitativos individuales trimestralmente), como el tiempo de atención que corresponde a cada  niño o niña. Por cierto, para estos cálculos no se tendrán en cuenta el número de unidades COVID.

Además, esta asignación lineal de horas en función de cualquiera de los dos criterios, ignora por completo la individualización del apoyo, ya que no tiene en cuenta las condiciones particulares de cada alumna o alumno: hay el mismo tiempo para todos y todas, independientemente de sus características.

Todo apunta a que el tema presupuestario, otra vez y como siempre, es la causa principal por la que Asturias es una de las pocas Comunidades Autónomas que todavía no tiene un Decreto de Equidad propio desde que en 2012 apareciese el primer borrador.

Por tanto, exigimos la apertura de un proceso de negociación que lleve a tener, por fin, un Decreto de Equidad que tenga en cuenta las necesidades y condiciones de cada persona, y que permita arreglar el actual Sistema Educativo para que la Escuela Pública pueda garantizar, realmente, el mismo acceso a las herramientas y a las oportunidades. 2 de octubre de 2020