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- Dotación presupuestaria adecuada para el sistema educativo público: aumento de su financiación hasta un 7% del PIB. El gasto educativo actual representa el 3,8 % y la media en la UE es del 5,3 % del PIB.
- Negociación de una red pública de centros para satisfacer todas las necesidades en las etapas y enseñanzas, obligatorias y no obligatorias.
- Prioridad absoluta de la escolarización en centros públicos frente al pretendido derecho de “elección de centro”.
- Eliminación de conciertos educativos con empresas privadas, la mayoría en manos de órdenes religiosas, y ampliación de la red pública para cubrir la escolarización de todo el alumnado.
- Eliminación inmediata de los conciertos a los centros que segregan al alumnado en función del sexo o de cualquier otra circunstancia. Eliminación progresiva del resto de conciertos educativos.
- No a la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de centros escolares.
- Derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Reversión de todos los recortes impuestos.
- Rechazo a la Ley de Evaluación y sus incentivos. Transformación de los mismos en una subida lineal igual para todo el profesorado que recupere y mejore el poder adquisitivo perdido. Homologación retributiva.
- La evaluación debe ser una tarea interna, orientada a la detección y superación de las dificultades y problemas planteados, es decir, a la mejora y perfeccionamiento del sistema educativo público.
- Por una escuela democrática, crítica, que favorezca el trabajo en equipo. Rechazamos la competitividad entre los centros y entre el profesorado, así como y cualquier tipo de desregulación laboral o económica.
- Elaboración, en el marco de la Mesa Sectorial, de un plan de centros y equipamientos escolares, con el objetivo de establecer una dotación digna para todos los centros escolares en cuanto a infraestructuras y dotaciones materiales.
- Exigimos la dotación necesaria de personal docente y no docente en los centros educativos para adecuar las plantillas a sus necesidades educativas y asistenciales, garantizando el apoyo a la integración del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), la compensación educativa, así como la atención a la diversidad.
- Sustitución ágil e inmediata de las ausencias del profesorado.
- Establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes.
- No a las reválidas que desvirtúan la evaluación continua, y no a los “rankings” de centros. Equilibrio distributivo del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), evitando la proliferación de centros “gueto”. No a las evaluaciones externas del sistema educativo, subordinadas a objetivos de mercantilización, privatización y precarización laboral.
- Fortalecimiento de una enseñanza pública y gratuita, que refuerce las diferentes ramas del conocimiento, el espíritu crítico y la laicidad: la religión fuera de la escuela. Acabar con la enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa en el currículo escolar. Desaparición de todos los símbolos y actos religiosos en todos los centros de enseñanza.
- Uso de software libre en la Administración y en todos los centros educativos. Dotación del personal necesario y con cualificación, tanto para la formación del profesorado en las TICs como para la gestión de los sistemas informáticos en los centros educativos, liberando en consecuencia a los coordinadores TICs de funciones de carácter meramente informático y no educativo.
- Por una escuela coeducativa e igualitaria, basada en el principio de equidad.
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