La vuelta a la normalidad no será inmediata

La decisión oficial de eliminar la utilización de las mascarillas en espacios cerrados había sido anunciada semanas antes y, ayer, el Consejo de Ministros la ha hecho oficial. Se trata pues de una noticia anunciada de antemano. No por ello pierde interés y trascendencia puesto que el reconocimiento de una serie de excepciones confirma la idea, avanzada por algunos expertos, de que podría ser interesante posponer esta decisión hasta conocer cuál será el impacto de la movilidad vacacional de la Semana Santa. 

En todo caso, el Gobierno central siempre ha señalado que las decisiones en materia sanitaria las adoptan los expertos en Salud y, en el caso de Asturias,  lo que hace el Gobierno autónomo es ceñirse a las instrucciones que emanan del SESPA. Con estos datos, la Consejería de Educación asturiana anunció  el final de la obligatoriedad de su uso en las aulas para todo el alumnado y el profesorado, señalando al mismo tiempo que esa decisión no implica ninguna obligatoriedad, refiriéndose así a los posibles casos de familias que puedan decidir que sus menores continúen acudiendo al centro con las mascarillas o también a casos similares entre el profesorado.

La adopción de esta decisión hay que saludarla desde la perspectiva de un proceso de vuelta a la normalidad post-pandémica, pero conviene no llamarse a engaño porque la amenaza del virus va a seguir presente en nuestra sociedad. En adelante, en los centros habrá personas que sean portadoras del virus, en la mayoría de los casos sin síntomas y  sin ningún tipo de protección por lo que el riesgo de contagio será muy elevado. La apuesta de tratar al covid como si fuera una gripe tiene sus riesgos y habrá quienes decidan continuar asistiendo a los centros de trabajo con la mascarilla. Entre el profesorado, quienes sean más vulnerables o convivan con personas de riesgo deberán seguir utilizando esta medida de protección que sigue siendo la que mayor protección ofrece. 

Hasta ahora, en los centros existía una partida económica que permitía financiar la compra de mascarillas. Queda por saber si la Consejería va a continuar ofreciéndolas al profesorado que las necesite y a quien decida seguir usándolas o si, por el contrario, a partir de este momento su compra va a suponer un gasto más que ayude a redondear la inflación en torno al 10% que se carcome día a día nuestro poder adquisitivo.

Por todo ello, desde SUATEA mantenemos que la Consejería de Educación debe seguir financiando la compra de mascarillas para el personal que trabaja en los centros educativos conforme a las necesidades que estos planteen.

Oviedo, 21 de abril 2022