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El Ministerio deja a las Autonomías las condiciones en que se desarrollará el curso próximo

Tras varios cambios de posición en cuanto a la ratio por aula, ahora se limita a establecer una serie de recomendaciones que tampoco se van a poder cumplir

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho públicas las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19 en los centros educativos para el curso 2020-21. En la práctica, se trata de una serie de recomendaciones para las Comunidades Autónomas que difícilmente se van a llevar a efecto. 

Desde SUATEA y los STEs-i, consideramos que el Ministerio ha renunciado a la capacidad que tiene de establecer legislación normativa básica que obliga a todo el Estado, en temas fundamentales como el número máximo de estudiantes que puede haber al mismo tiempo en un aula, que es una medida clave desde el punto de vista pedagógico para la mejora de la calidad de la enseñanza y que, en esta situación de crisis sanitaria, se convierte también en una herramienta imprescindible para evitar la propagación de posibles casos de contagios. 

Es evidente que el Ministerio que dirige Isabel Celaá comparte esta reflexión, ya que este ha sido uno de los puntos principales sobre el que han girado las propuestas ministeriales: de sostener que había que limitar la presencia en el aula a 15 alumnas y alumnos, pasó a mantener que podían ser 20 y finalmente a hablar de “agrupaciones convivenciales que funcionen a modo de familias”, que pueden incluir a un número de alumnado que llegue a 25. Es decir, en realidad se trata de la limitación legal actual. 

En definitiva, para el próximo curso, la única novedad legislativa será la establecida en el Real Decreto ley 21/2020 de 9 junio que hace referencia al mantenimiento de la distancia de seguridad en los centros educativos, el uso de la mascarilla o la limpieza y proceso de desinfección de los centros educativos. 

Y, al renunciar a legislar sobre aspectos tan determinantes como ratios o el destino de los 2.000 millones de euros que el gobierno de España pondrá a disposición de las Comunidades Autónomas para educación en septiembre, el Ministerio está posibilitando que las condiciones en los que se desarrolle la enseñanza el próximo curso no sean las adecuadas. Algunas administraciones autonómicas, como las de la Comunidad de Madrid o de Andalucía, ya han anunciado su intención de eliminar unidades de los centros públicos: es decir, ni siquiera sobre el papel manifiestan una intención de mejorar las condiciones, sino al contrario, pues muestran claramente su intención de empeorarlas en función de criterios que el Ministerio debería impedir. 

Pero, además, estas medidas que el Ministerio de Educación propone a las Autonomías, tienen otra gran dificultad: no se van a poder cumplir. En efecto, esas agrupaciones convivenciales de las que habla, no van a poder funcionar de manera aislada, sin relacionarse con el resto de personas del centro educativo. Por ejemplo, un colegio de Infantil y Primaria de 2 líneas, cuenta con 18 clases. Para que cada una de ellas pudiese funcionar como una agrupación independiente sin contacto con las demás, ese colegio debería establecer 18 turnos distintos de entrada, veinte recreos diferentes o 18 turnos de salida: algo completamente imposible.

En cuanto a Asturias, la Administración ha comunicado la intención de ratios máximas de 15, pero todavía está por determinar y esperamos que en próximas fechas se convoque la Mesa Sectorial. Somos conscientes de que la reducción de ratios genera problemas de espacios en algunos centros educativos, especialmente los de zonas urbanas, y obligará a tomar medidas, como el uso de espacios municipales o de otra índole que estén cercanos a los centros; también se han planteado establecer turnos de clase, aunque generaría problemas de organización para los centros y problemas de conciliación familiar. Desde SUATEA, defenderemos que se destine una partida presupuestaria extraordinaria a contratar más docentes para poder mantener ratios de 12/15 como máximo, pues esa será la clave que permitirá afrontar la pandemia de forma equilibrada y con las medidas de seguridad necesarias.

Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos quedarían resueltos si el nivel de inversión en educación en nuestro estado fuese el del resto de los estados europeos: una media del 5% del PIB (nosotros venimos reivindicando un 7%). La educación pública no puede quedar postergada una vez más en una situación de crisis. Si se dedican 2.000 millones a educación (y el Ministerio renuncia a legislar que esa partida tenga un destino exclusivo para la enseñanza pública) y para el sector del automóvil o del turismo se dedican partidas que duplican o triplican esa cantidad, el mensaje es claro: la educación pública no es una prioridad y eso es algo que no se puede permitir una sociedad que pretenda ser equitativa, justa y con un futuro alentador.

El Secretariado de SUATEA

N’Uviéu a de junio de 2020

Esta entrada también está disponible en: Asturiano


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