El chantaje de la evaluación del profesorado

La ministra de Educación ha participado en el Foro «Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas» y ha generado sorpresa e indignación con el anuncio efectuado en dicho Foro de vincular una parte de las retribuciones del profesorado a que sean evaluados de forma voluntaria por agentes externos. Llama la atención que haga este tipo de propuestas sin haber convocado la Mesa Sectorial de Educación, único ámbito de negociación por afectar esta propuesta a las condiciones laborales del profesorado. No deja de resultar sorprendente que en los últimos años se ha impuesto la costumbre de hacer los grandes anuncios en foros que nada tienen que ver con los ámbitos de negociación a los que se pretende vaciar de contenido.

En SUATEA creemos que de las declaraciones de la ministra se puede deducir que los problemas y carencias del sistema educativo son responsabilidad del profesorado y que todo sería mejor si los docentes fueran sometidos a evaluación.  En este sentido, da a entender que el profesorado es poco profesional y que nadie le pide cuentas sobre el trabajo que desarrolla, algo absolutamente falso porque el profesorado, de una u otra forma, siempre está sometido a evaluación a través de sus diferentes actuaciones: las programaciones y el grado de cumplimiento de las mismas a lo largo de cada curso, los resultados de evaluaciones del alumnado, los informes, las memorias de fin de curso, etc.

Sin embargo, la Sra. Ministra parece olvidar y de hecho no hace ni una sola referencia a cómo y en qué circunstancias están trabajando los docentes, especialmente tras los recortes de 2012, y cómo han minado sus condiciones laborales y la calidad del sistema educativo: jornadas laborales interminables, ratios de alumno/a por aula inasumibles, incremento de tareas burocráticas, desaparición en la práctica de programas educativos, mayores dificultades para la formación del profesorado, la atención a la diversidad bajo mínimos, reducción de las becas al alumnado, y, por si fuera poco, nunca entran a reconocer los efectos de la congelación salarial a la que nos han sometido y la correspondiente pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los últimos diez años.

Nos hablan de evaluación voluntaria y no deja de resultar chocante porque ¿Significa eso que quien no acepte someterse a evaluación puede hacer lo que quiera y nadie le va a pedir que rinda cuentas por el trabajo que realiza? ¿O que quien no se someta a la evaluación es profesorado de segunda clase? ¿Y en consecuencia habrá alumnado que reciba una educación devaluada? Es totalmente absurdo pensar así y lo saben bien porque el sistema educativo ya tiene sus propios métodos de control y evaluación y nadie los puede eludir.

En otro sentido, se quiere vincular la supuesta evaluación, que proponen que sea voluntaria, al cobro de incentivos salariales. En Asturias sabemos muy bien lo que ha supuesto vincular un complemento retributivo a la evaluación voluntaria del profesorado, de hecho es la única Comunidad en que hay una Ley de Incentivos a la Evaluación del profesorado. Desde SUATEA, como bien sabe el profesorado asturiano, nos manifestamos desde el primer momento absolutamente en contra de la evaluación del profesorado y de vincularla  al cobro de incentivos salariales, porque marginó a docentes que no cumplían los requisitos (entre otros, el profesorado interino) y porque, además, supone un sistema retributivo basado en la arbitrariedad, en el clientelismo y en la consideración de la función docente no como un trabajo en equipo (condición inexcusable) sino como una competición en la que podría ocurrir que unos, los mejor vistos por la dirección del centro, pueden alcanzar subidas salariales, mientras que quienes sean críticos o no se plieguen a sus dictados se pueden ver relegados profesional y salarialmente.

Desde SUATEA venimos denunciando desde hace años que la Ley de evaluación del profesorado asturiano supuso un chantaje para los docentes, pues supuso vincular la evaluación voluntaria al cobro de un complemento salarial en lugar de universalizar la homologación salarial al resto de CCAA, que sería lo esperable y lo más justo. De hecho, sólo en Asturies se planteó de esta forma. Y todo ello con la aquiescencia de algunos sindicatos que se quisieron apuntar el tanto de una pequeño incremento salarial selectivo y discriminador (dejó fuera la profesorado interino, al proviniente de otros territorios, al que no tuviera más de cinco años de antigüedad en el cuerpo), sin importarles lo que la evaluación supone de chantaje para el profesorado.

Nuestra obligación como sindicato es mostrar los peligros que supone esta propuesta, que es discriminatoria y potencialmente destructora de buena parte de las condiciones laborales del profesorado de las todavía existentes. A lo que realmente aspiramos es a recuperar un salario digno que nos han arrebatado con la excusa de la crisis y para ello no necesitamos ningún tipo evaluación voluntaria ni de chantaje sino un aumento lineal sin condiciones para todo el profesorado.

Uviéu, 6-11-2018