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Celáa no aclara totalmente el comienzo del curso 20/21

Celáa siguie creando más incertidumbres que certezas en relación con el comienzo del curso escolar 2020/21

Para la confederación de STEs, de la que forma parte SUATEA, la ausencia de ratios definidas, la insuficiencia de financiación, la falta de concreción respecto al destino de los 2.000 millones que se transfieren a la educación y el incumplimiento permanente de sus obligaciones con el profesorado certifican que la Ministra Celaá es ya un lastre para la enseñanza pública y para su propio gobierno.

Esta cuarta Conferencia Sectorial de Educación desde que se proclamó el Estado de Alarma, que han celebrado hoy el Ministerio de Educación y las Consejerías de las Comunidades Autónomas ha aportado alguna novedad, muchas incertidumbres, la insolidaridad de dos Comunidades Autónomas y la constatación, una vez más, que el actual Ministerio de Educación y Formación Profesional no es capaz de establecer criterios claros y permanentes que sean asumidos por las Comunidades Autónomas que como ha recordado la propia Ministra- mantienen las competencias en educación, por lo que, en una gestión, cada vez más a la deriva, va proponiendo sucesivas medidas que son modificadas a un ritmo vertiginoso. La novedad de la reunión de hoy se refiere al acuerdo alcanzado con las Consejerías de Educación de las distintas Autonomías, con la excepción de la Comunidad de Madrid y el País Vasco, en el que se establecen 14 puntos para el desarrollo del próximo curso, que incluyen aspectos positivos como son la vuelta a la actividad lectiva presencial, el inicio y el desarrollo del curso en sus fechas habituales, planes de seguimiento para el alumnado con mayores déficits educativos, trabajo cooperativo, la reducción de la brecha digital y -como no puede ser de otra manera- el compromiso de seguimiento de las recomendaciones sanitarias establecidas en el Real Decreto ley 21/2020 de 9 junio que hacen referencia al mantenimiento de la distancia de seguridad en los centros educativos, el uso de la mascarilla o la limpieza y proceso de desinfección de los centros educativos. Sin embargo, a la hora de concretar las medidas que establece este Real Decreto, empiezan los problemas. Para mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros que se establece desde 5º de primaria, es necesario reducir el número máximo de alumnas y alumnos que puedan estar al mismo tiempo en un aula. Eso supone, lo quiera la Ministra o no, reducir las ratios. Pues bien, pese a ello, la Sra Celaá señala que hay que hablar de “agrupaciones flexibles convivenciales  que no tiene nada que ver con la ratio”. Todo ello para enmascarar que la cifra anunciada el pasado domingo por el Presidente del Gobierno para dedicar a las nuevas necesidades educativas,2.000 millones de euros, es insuficiente para asegurar el cumplimiento a que obliga la citada norma.

Desde SUATEA llevamos  varias semanas esperando que se hagan públicas las instrucciones del Ministerio para empezar a pensar en cuestiones concretas que afectan a la planificación del próximo curso 2020-21. Vemos con satisfacción el hecho de que se haya decidido priorizar la enseñanza presencial porque entendemos que es la base desde la que hay que partir para garantizar una verdadera integración social que disminuya las diferentes brechas a las que nos hemos referido durante la pandemia.

Ahora bien, nos preocupa que los criterios que se fijen para la presencia en las aulas estén marcados por criterios económicos y no de garantías sanitarias. En efecto, en días anteriores se hablaba de organizar las aulas con ratios de 15 alumnos y alumnas. Hoy, sin embargo, se ha fijado esa ratio  en 20. Si las aulas siguen repletas, será complicado garantizar que las mismas no se conviertan en nuevos focos de contagio.

SUATEA se suma a la petición de los STEs-i para reclamar al Ministerio que establezca un  mecanismo normativo que asegure  que los recursos extraordinarios de financiación se dediquen  al único tipo de enseñanza que asegura la inclusión de todo el alumnado, la Escuela Pública. No se puede dejar al capricho de alguna Comunidad Autónoma el destino de ese dinero, cuando ya han demostrado con hechos, que priorizan el negocio de algunos frente a las necesidades de la mayoría, como es el caso de la Comunidad de Madrid. En este sentido, es especialmente lamentable el anuncio de su Consejero de Educación de abordar la programación del próximo curso sin tener en cuenta la distancia necesaria de 1,5 metros entre estudiantes y apostar por volver a las aulas con “normalidad”. La Ministra Celaá debería velar por el cumplimiento de la legalidad en todo el ámbito educativo y en todo el territorio estatal.

Desde SUATEA apostamos por un incremento de plantillas que garantice el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria. Es la única opción para garantizar el cumplimiento de las ratios previstas al tiempo que podrá funcionar como estímulo para garantizar una mejora de la calidad educativa y paliar las carencias producidas en este anómalo curso que ahora termina.

Sentimos que, después de dos años de gestión al frente del Ministerio de Educación, la actuación de la Ministra no ha estado a la altura de las necesidades. Ha defraudado al personal interino al incumplir el compromiso que su propio partido político había asumido con la aprobación de la PNL en el Congreso de los Diputados en 2017 respecto a las Oposiciones. Ha defraudado a la representación del profesorado, a la que ningunea una vez sí y otra también y que debemos enterarnos de sus iniciativas y resoluciones a través de los medios de comunicación y, ahora, está defraudando a su propio gobierno con una gestión que pone en entredicho el trabajo que, desde otras áreas ministeriales, se está llevando a cabo para evitar que esta crisis la paguen los sectores sociales más débiles y vulnerables.

SUATEA

11 de junio de 2020.


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